Rico: “La Ley de Caducidad dejó como efecto una cultura de la impunidad y la pérdida del sentido de responsabilidad”
La diaria - 13 9 13
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Marcha del Silencio el 20/5 en Carmelo. Foto: Javier Calvelo |
Con motivo de la presentación
del libro de la editorial Trilce Ley de Caducidad, un tema inconcluso.
Momentos, actores y argumentos (1986-2013), coordinado por Aldo Marchesi y
escrito por Gianella Bardazano, Álvaro de Giorgi, Ana Laura de Giorgi y Diego
Sempol, con la colaboración de Nicolás Duffau y Diego Luján, ayer se desarrolló
una mesa redonda con la participación del presidente del Consejo Directivo de
la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Juan Raúl Ferreira,
el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro
Rico, y el catedrático de la Facultad de Derecho Óscar Sarlo. Si bien estaba
anunciada la presencia de la senadora del Frente Amplio (FA) Constanza Moreira,
la legisladora se excusó por problemas de agenda y envió una carta con sus
consideraciones sobre la obra.
La actividad se proponía,
además de presentar el libro, reflexionar sobre las consecuencias del proceso
político que se dio luego de aprobada la Ley de Caducidad en 1986 y cómo se vio
afectada la mirada de la sociedad sobre los derechos humanos y el sistema
jurídico.
En primer lugar se leyó la
nota de Moreira, que señalaba que el libro “constituye un aporte valiosísimo en
la agenda de derechos humanos” y destacaba que contiene “la intensa reflexión
que se dio en los años 80 sobre lo que estaba pasando”. Moreira escribió que
“la ley hoy no existe pero sí sus efectos” y que dejó de ser necesaria “porque
hizo todo lo que tenía que hacer”.
“De hecho, desaparece cuando los delitos
empiezan a prescribir y perduran los efectos que su espíritu robusto y
expansivo produjo en la inoperancia de todos los poderes del Estado mucho más
allá de lo que la ley efectivamente decía”. Para Moreira, “la doctrina de la
impunidad fue políticamente posible porque sólo afectaba a los derechos humanos
de las personas de izquierda” que en ese momento “no era un igual en el sistema
de partidos, sino un intruso”.
Pero aunque la ley ya no está, “estamos como al
principio”, ya que “no hay testimonios de las Fuerzas Armadas, son pocos los
procesos que encuentran causa en la Justicia” y se asiste “a los
desplazamientos de jueces comprometidos”, añadía Moreira. Se depende “de la
voluntad de operadores jurídicos valientes” pero que no pueden solos, a menos
que “el poder, incluyendo al gobierno, decida que la causa vale y que los
derechos están por encima de cálculos”, finalizaba.
Sarlo comenzó la ronda de exposiciones
destacando la producción como “una reconstrucción hasta preciosista de los
argumentos históricos como para seguir reflexionando sobre estos temas”. El
libro dedica un capítulo a los argumentos esgrimidos por los partidos
tradicionales, otro a los del FA, un tercero a los planteos de las
organizaciones de derechos humanos y no gubernamentales y, al final, uno sobre
cuestiones jurídicas. Sobre este último punto, Sarlo dijo que existía “una
carencia teórica” y explicó que la Ley de Caducidad “fracturó a la academia” y
la dejó “casi sin Cátedra de Derecho Constitucional”, porque “el derecho
terminó siendo absorbido por la política”.
Explicó algunas tesis que sostienen,
respecto de este tema, que los derechos humanos “no son gratuitos” porque “no salen
de una entidad sobrenatural”, sino que “tienen costos”, y puso como ejemplo que
“la base de los actuales” derechos “costó 60 millones de muertos en cinco
años”, en referencia a la Segunda Guerra Mundial. También expresó que “no hay
derechos humanos colgados de un texto”, sino que hay que “consolidar un sistema
confiable” y que “la causa de los derechos humanos se fortalece cuando se
fundamenta en cuestiones éticas y lejos de los escenarios electorales”.
Finalmente, preguntó si la sociedad uruguaya “está ajena a la impunidad, o será
que todos queremos mantener cierta cuota de impunidad”, y criticó la
“judicialización” de los derechos humanos, cuando en realidad se trata de un
“problema político”.
Por su parte,
Ferreira dijo que el libro tiene “una objetividad histórica admirable pero no
con falta de compromiso” y que “el de la Ley de Caducidad es un tema
inconcluso”. Ferreira contó que en el proceso que comenzó con su adhesión a la
campaña por la anulación de la ley se dio cuenta “del daño que había causado”
la norma y de “las cosas que había roto” en el país. Destacó como una de sus
consecuencias “la destrucción de un capital político importantísimo, como la
acumulación de fuerzas del frente antidictatorial.
Fue un punto de quiebre
fatal entre los que levantaron las mismas banderas”. Luego señaló que en la
actual integración del Directorio del Partido Nacional “son muchos más los que
no votaron la ley o integraron la comisión del voto verde”, y sin embargo
festejaron que no se alcanzaran los votos en el plebiscito de 2009. Ferreira
explicó que se fue instaurando “una deformación” de la historia, que proclama
que la Ley de Caducidad fue impulsada por “la teoría de los dos demonios”. “Eso
es una mentira”, añadió.
Rico señaló que los “efectos”
de la ley “son estructurantes del presente” y dijo que si bien no sabe si Julio
María Sanguinetti puede ser considerado “un príncipe”, la Ley de Caducidad “es
una ley fundante del Uruguay posdictadura”. Uno de los efectos “más
importantes” fue “instalar una cultura de impunidad” en el país, que está
presente “en la cotidianidad” en situaciones como manejar a alta velocidad
porque “no me va pasar nada”, y generar una “pérdida del sentido de
responsabilidad” que se percibe en las relaciones “laborales, vecinales, de
pareja”, cuando las personas “no asumen las consecuencias” de sus acciones,
añadió. La impunidad se ha trasformado en “un elemento cultural y cohesionador
en un sentido destructivo”, y si bien hay avances en materia legislativa, “se
da en un contexto cultural y social cada vez más conservador y dentro de un
sistema legal y penal cada vez más punitivo”, concluyó Rico.
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