De izquierda a derecha: Gastón Grisoni, Dr. Juan Raúl Ferreira, Amerigo Incalcaterra, Baldemar Taroco y Uberfil Martínez
En
la tarde de ayer una delegación de Crysol se entrevistó con Amerigo
Incalcaterra, Representante Regional de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos.
La breve reunión se llevó a cabo en la sede
de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
(INDDHH).
Crysol
manifestó su respaldo a la Institución Nacional de DDHH y su preocupación por
el desconocimiento de algunas de sus recomendaciones por parte de algunas
instancias del Estado uruguayo y se le solicitó su apoyo.
Especialmente,
Crysol expresó su inquietud por la no implementación de la Resolución del 6 de
diciembre de 2012, acerca de las leyes reparatorias, por parte del Poder
Ejecutivo y la falta de compromiso, al respecto, del partido gobernante, que
hasta el momento no se ha pronunciado claramente en cuanto a la necesidad de
hacerlo, desvalorizando a la INDDHH por la vía de los hechos.
Con
el propósito de afirmar en la vida misma las normas de DDHH, asimismo se le
informó que Crysol se presentó formalmente ante el Consejo de DDHH de la
Organización de las Naciones Unidas solicitando al mismo que se expida al
respecto y observe al Estado uruguayo por desconocer a la INDDHH y sus
recomendaciones orientadas a dar cumplimiento a la Resolución 60/147 de la ONU.
La
INDDHH es el órgano de la democracia uruguaya con el cometido específico y
exclusivo de proteger, defender y promover los derechos humanos de todos los
ciudadanos.
La
creación de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH),
en el año 2009, fue una gran conquista de la sociedad uruguaya, en cuya
gestación, con nuestros esfuerzos,
participamos activamente.
Con
la creación de la INDDHH se modernizó positivamente la institucionalidad
democrática y se profundizó la democracia reconquistada con la resistencia y la
lucha de los trabajadores y del pueblo uruguayo.
Las
instituciones nacionales de DDHH son escudos para los débiles, para los
ciudadanos más vulnerables y más desprotegidos de las sociedades. Los
banqueros, los grandes industriales y terratenientes, los dueños de los medios
de comunicación, las transnacionales, tienen los recursos, los medios, para
proteger y defender sus intereses, sin tener que recurrir a órganos como la
INDDHH.
El
capitalismo ya ha demostrado que no es
alternativa para el futuro de la humanidad. El régimen que lo sustituya
se asentará en la plena vigencia de los principios democráticos, de la libertad, en su profundización,
desarrollo y extensión. Las normas de derechos humanos son y serán el pilar
básico y esencial de dicha sociedad.
El
fortalecimiento, desarrollo y potenciación de la INDDHH es imprescindible para
afirmar y profundizar la democracia uruguaya, para afirmar la libertad y los
derechos de los ciudadanos frente al gobierno, los poderes y la burocracia
estatal. Es muy veleidosa la probidad de los hombres. Los 200 años de historia
de nuestro país lo han demostrado.
EL TESTIMONIO DE IVONNE TRIAS EN EL JUICIO POR LA
COORDINACION REPRESIVA DE LAS DICTADURAS
Página 12 - 21 8 13 - Por Alejandra Dandan
La periodista uruguaya habló del secuestro y la desaparición
en Buenos Aires de su esposo, Carlos Rodríguez Mercader; de su hermana Cecilia
y su compañero Washington Cram González. “Lo que pasó fue como acuchillar el
vínculo entre las generaciones”, dijo.
Ivonne Trías
Ivonne Trías es periodista uruguaya y fue directora de Brecha. Ayer declaró en el juicio oral que, en Buenos Aires, juzga a parte de los responsables del Plan Cóndor. “Vengo a decir lo que sé y lo que no sé y quiero saber acerca del secuestro y desaparición de mi hermana Cecilia, de 22 años; de su compañero, Washington Cram González, de 27, y de mi esposo, Carlos Alfredo Rodríguez Mercader, de 26 años, los tres secuestrados y desaparecidos aquí. También quisiera hablar de lo que sé y no sé de otros compañeros y amigos muy queridos que desaparecieron en circunstancias similares. Y en tercer lugar, hablar de algunos de los imputados en esta causa. A uno lo conozco hace más de cuarenta años, siempre en circunstancias de torturas y apremios físicos, tratos degradantes. Y contar por qué estaba mi familia aquí.”
Ivonne y Carlos militaron en la Federación Anarquista Uruguaya (FAU), que generó más tarde al movimiento de Resistencia Obrera Estudiantil (ROE). Cecilia se sumó al sector estudiantil del ROE con una militancia periférica. En 1972, Ivonne quedó detenida en Uruguay, situación en la que permaneció hasta 1985. A fines de 1972, su familia viajó para refugiarse en Buenos Aires, mientras se acentuaban la represión y las persecuciones en Uruguay. Primero salió su esposo. En 1973, salieron Cecilia y Washington, que aquí tuvieron un hijo, estaban legalizados y con trabajo en blanco. Entre septiembre y octubre de 1976, Carlos, Cecilia y Washington fueron secuestrados por la coordinación represiva de los dos países en el marco del Plan Cóndor. Se cree que pasaron por el centro clandestino de Automotores Orletti y partieron a Uruguay entre los prisioneros del llamado “segundo vuelo” que permanecen desaparecidos. El hijo de Cecilia y Washington se salvó porque su abuela María Irma Hernández estaba en esos días de visita en Buenos Aires.
“Todos ellos vinieron de Uruguay porque estaban perseguidos, porque eran militantes políticos o estudiantiles, como mi hermana y su compañero.” “¿Por qué éramos todos militantes?”, preguntó Ivonne en la sala. “Porque en Uruguay ya en los años ’65 o ’66 empezó un ajuste que puedo describir como conservador, que puso por primera vez a los representantes directos de los grupos financieros en los puestos del gobierno para llevar adelante las medidas de carácter antipopular, la represión más fuerte que se había conocido. Y eso chocó con unas organizaciones populares muy fuertes también: había una organización de los trabajadores unificada; partidos de izquierda fuertes, como el Partido Comunista o el Movimiento de izquierda de Liberación nacional (Tupamaros).” Un escenario que no permitía imponer esas “medidas antipopulares sin chocar con una resistencia muy fuerte”.
Ivonne relató el avance del proceso año a año hasta llegar al golpe de junio de 1973. Las primeras militarizaciones y el contexto de conflictividad en el que “la mayor parte de los jóvenes de mi generación decidimos militar”. “No tuvimos que pensar si íbamos a intervenir en política o no –dijo–, ya en nuestra formación todos tempranamente sabíamos que la realidad había que cambiarla, participar era natural.” Ante las “ofertas” vigentes, el PC o el MLN, su grupo optó por otra “salida”: la FAU, una organización “con raíces históricas profundas” que “estaba acercándose a los movimientos de liberación de toda América, a la rebelión de las orillas, como la llamábamos”. En el relato, la FAU apareció así como punto de origen del movimiento que continuó en el MOR y, ya en 1975, entre los refugiados en Buenos Aires, con la organización del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP), del que formaban parte la mayoría de los uruguayos secuestrados y desaparecidos aquí.
En Buenos Aires
Con el golpe de Estado uruguayo “se declara una huelga general” y empieza el “revanchismo de despidos, persecuciones, y es cuando mucha gente que ya estaba requerida y era perseguida empieza a ver que Argentina era el refugio (...) Se vienen muchos de mis compañeros y se instalan con intenciones de seguir lo iniciado en Uruguay en un proceso de discusión interna, recuperar fuerzas para volver y luchar contra la dictadura”.
Carlos viajó antes del golpe, a fines de 1972. Cecilia y Washington, en 1973. “Yo me comunicaba con mi hermana. Ella no tenía impedimento legal, nos escribíamos habitualmente. Sabía que estaba muy contenta y que estaban tratando de tener su primer hijo. Con mi marido, clandestino, nos enviábamos cartas ocultas en las que se podía decir muy poca cosa más que frases o ‘estamos bien’. O ‘te amo’ o ‘te espero’.”
Durante su estadía en la cárcel supo de los secuestros. Luego de un período de castigo empezaron a recibir visitas. “Vienen todos los familiares, pero no viene mi madre, cosa muy extraña porque no había faltado jamás. Faltó a la segunda visita, lo cual me alarmó, y a la tercera la noté demudada. Me dijo que mi hermana había salido a encontrarse con su compañero, ella estaba ahí porque había ido a cuidar a su niño. Me contó que no habían vuelto. Me contó que mi marido tampoco estaba y me decía entre lágrimas y medias frases cosas que no podía entender muy bien –dijo–. En parte por un bloqueo emocional, en parte porque no eran conceptos ni experiencias que teníamos como uruguayos.” Su madre le decía: “Todo fue un desastre, se llevaron a todos, están todos muertos”. Ivonne todavía pensaba que podían estar clandestinos.
De acuerdo con la reconstrucción que hizo después, supo que Cecilia, Washington y su hijo vivían en la calle Vicente López 2273, en Morón. El 28 de septiembre de 1976 dejaron al niño con la abuela. Primero salió uno, después el otro. Tenían como destino un bar en Juramento y Ciudad de la Paz. “Pasaron las horas. Mi hermana estaba amamantando a su bebé, por lo cual tenía horarios muy rígidos. Cuando no volvió, mi madre se puso muy nerviosa y más nerviosa hasta que llega mi marido y le dice: ‘Vieja, hay que salir de acá, ya, ya, ya. Llevamos al niño porque cayeron los chiquilines.” Carlos Rodríguez Mercader, a esa altura, estaba a cargo de la dirección de emergencia del PVP. Lo secuestraron el 1º de octubre.
Uno de los represores uruguayos juzgados en este juicio es Manuel Cordero. Es uno de los más mencionados por los sobrevivientes de Orletti. Estaba encargado de los enlaces de prisioneros entre Argentina y Uruguay.
Ivonne lo conoció en agosto de 1972, en el cuartel Quinto de Artillería: “Mi primer impacto fue una actitud inolvidable, porque estaban todas las presas en una habitación común y Cordero entraba y lo primero que hacía era pasar la mano por todas las bombachas que estaban en la primera cuerda y después iba y se sentaba en la cama de una detenida, una pobre muchacha de 18 años a la que le habían matado a su esposo. Manoseo y un oprobio, violaciones elementales al derecho de ella y todas las que estaban alrededor. Cuando traían al bebé de esta chica a visitarla lo tomaba en brazos y se paseaba como si fuera un trofeo. Fue tal la indignación que todo esto me produjo que cuando el comandante del cuartel me preguntó si tenía un problema particular con Cordero, le relaté los hechos.”
En 1974, Cordero intervino en el asesinato de Iván Morales Generali, un militante que llegó a Uruguay con volantes y documentos. En 1975, encabezó una suerte de negociación para intercambiar presos por una reliquia. Y fue quien le dijo a Ivonne los detalles de dónde y qué hacía su familia en Buenos Aires, situación que reflejaba la persecución. En 1976, aparece en la “lista infinita” de todos los detenidos de Orletti, dijo Ivonne. Y en particular en el testimonio de Sergio López Burgos, quien relató “escenas escalofriantes, en que dirigía no sólo los interrogatorios sino la tortura”. Señaló que Cordero violó a Ana C. en medio de la tortura, “que en el momento en el que termina de cometer ese acto de tortura sigue con su aparato, el disyuntor, y sigue con la tortura a López Burgos: ésa es la pintura de uno de los imputados según mi propia experiencia y la experiencia de muchas personas que entrevisté para realizar una investigación que culminó en un libro. Ninguno de los que declaran se ha retractado”.
En la sala, una de las querellas le preguntó a Ivonne si podía decir algo de los efectos de la dictadura en su familia. “En un momento de 1972, la familia era una familia que prometía –dijo ella–. Eramos mi padre, mi madre y mi marido y yo; mi hermana con su pareja y una idea del mundo y de nietos. Cuando yo salí de la cárcel quedaba mi madre y el hijo de mi hermana, nada más. Yo pienso que todos necesitamos formar parte de una historia, no digo de la Historia con mayúscula, de una historia chiquita, de familia. Ser hijos de algo, como dice Marcelo Viñals, de alguien, abuelo de alguien, nieto de alguien. Y lo que pasó fue como acuchillar el vínculo entre las generaciones y dejar un poco como que todo empieza de nuevo cada vez. Esto es para mí un sentimiento de lealtad con mi historia, con mi familia. Me parece que tiene algo de terrible esto de venir a contar historias espantosas, pero tiene algo de recomponer ese vínculo cortado, esa genealogía que quedó trunca y eso me parece que es algo positivo.”
VICTOR
ABRAMOVICH DIO DETALLES DEL PRIMER CATALOGO REGIONAL
SOBRE LA REPRESION.
Página 12 - 18 08 13 - Por Alejandra Dandán
Dr. Vìctor Abramovich
El catálogo,
al que se accede a través de Internet, contiene archivos de varios países que
reúnen información sobre el Plan Cóndor. Lo hizo el Instituto de Políticas
Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, coordinado por Abramovich.
El Instituto
de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (Ippdh) acaba de poner
on line el primer catálogo de fondos documentales que contienen archivos sobre
las acciones y políticas represivas vinculadas a la Operación Cóndor.
El catálogo
es una guía que reúne la información de 155 fondos situados en los distintos
países de la región. En general, son de las fuerzas de seguridad, aunque hay
algunos vínculos hacia archivos privados como el caso de Emilio Mignone del
CELS. No son los archivos de las dictaduras sino un mapa que muestra cuáles son
las instituciones o lugares que los custodian o los administran.
La iniciativa
es importante porque por primera vez articula en un mismo espacio virtual a la
región y las políticas de Estado que impulsan la organización y apertura de
archivos. También muestra quiénes están más avanzados y dónde hay cuestiones
pendientes. A la vez, es una herramienta que puede contribuir a potenciar los
procesos de justicia en aquellos países en los que están pendientes y los
reclamos de desclasificación donde esos procesos avanzaron, como el caso
argentino, pero muchos de los fondos documentales siguen sin desclasificar.
Víctor
Abramovich, coordinador del Ippdh, describe la iniciativa y sus sentidos
políticos: “Antes se construía memoria desde enfrentar al Estado, las
organizaciones de derechos humanos tenían sus archivos. Como director del
archivo del CELS, me acuerdo que era un archivo de la resistencia, estaba
atrás, cerrado con llave, nadie entraba porque era el archivo con el cual uno
iba a impugnar un ascenso, a presentar un juicio.
Pero ahora, la idea es buscar
documentos para salir a la esfera pública para generar debates sociales. Me
parece clave que esté ocurriendo. Y esto creo que es porque hay un punto común:
hay políticas de archivo. Lo novedoso es el intento de coordinarlo en el
espacio del Mercosur”.
–La guía
no son los documentos, sino un muestrario de dónde están. ¿Cuál es su
potencialidad?
–Es una
herramienta para acceder más fácilmente a la información sobre los archivos que
contienen, o podrían contener, datos relevantes respecto del Cóndor y, más allá
del Cóndor, sobre la coordinación represiva del Mercosur. No concentra
documentos, es una guía con la descripción de los principales centros documentales.
Orienta al historiador, a un investigador, un fiscal o a las comisiones por la
Verdad que tienen que tener pistas para saber dónde buscar.
Pone en un único
espacio virtual toda esa información: cuáles son los fondos, qué tipo de
documentos e información tienen o qué institución la produjo para que uno pueda
comparar. Por lo general, producen información instituciones de seguridad,
Ejército o Inteligencia. Pero también, hay organizaciones vinculadas a los
trabajos de resistencias, como organizaciones sociales o de personas. Está el
dato sobre el fondo de archivo de Mignone, de dirigentes sociales brasileños.
El mapa permite a su vez reconstruir la historia de las coordinaciones
represivas porque cruza varios fondos sobre una misma información. No está el documento
que cuente cómo se mató a una persona, pero sí los datos de contexto aunque no
quiere decir que a futuro esto también esté.
–¿Cuál es
la importancia en términos políticos?
–Tiene
también un análisis de cómo acceder y los niveles de acceso: si son reservados,
si hay un procedimiento para acceder a ellos. Muchos, sobre todo los
brasileños, están más adelantados en cuanto a digitalización. Cuelgan todos los
documentos en la web, un proceso que acá nunca se dio de esa manera. Hay un
link a los archivos que están desclasificados.
En ese sentido, la guía puede
pensarse que orienta pedidos de exhorto o a los investigadores de las
comisiones por la Verdad o los intercambios entre distintos países. Detrás hay
un objetivo político que es apuntalar el proceso que se está dando en los
países de la región y no es tan conocido como el proceso de justicia, pero es
el relevamiento, ordenamiento y desclasificación de archivos. Es menos conocido
porque es más burocrático, más lento. Los archivos se ordenan, pero no se
publican. Quedan archivos localizados, muchos son confidenciales, pero un juez
o una comisión podría pedirlos.
–Los
fiscales de la región pidieron articular espacios de investigación sobre el
Cóndor. ¿Esto es otra cosa o plantea alguna relación?
–Creo que
son procesos que se van retroalimentando. El archivo tiene un valor, es
evidencia para los procesos judiciales. Los procesos tienen testimonios y
archivo. Como se investigan hechos que ocurrieron hace 30 o 40 años, los
testimonios cada vez son menos y los archivos tienen un peso de evidencia muy
fuerte. En las causas de las dictaduras, cuando aparece un archivo es decisivo.
A veces, no tiene la prueba de un crimen pero cuenta relaciones, destinos de
funcionarios, aparatos burocráticos, quién ordena a quién. Eso es clave para
construir las cadenas de mando para la autoría mediata en materia penal. Tienen
peso de evidencia. Ahora bien, hay países que no están juzgando.
Por ejemplo,
Brasil no juzga pero tiene el proceso de verdad, de memoria muy fuerte. Allí los
archivos están teniendo un peso muy fuerte en la discusión pública sobre la
dictadura. Aparece un archivo y dispara un debate, como cuando aparece un
cuerpo y se identifica no podés frenar la discusión sobre quién era la victima.
Por un lado, entonces, está esa Comisión por la Verdad que funciona con reglas
de confidencialidad reservadas pero los archivos disparan discusión pública:
ese valor político que tienen los archivos para el debate público es muy
importante.
–¿Cómo
están los otros países?
–En
Argentina, desde que se abrieron los juicios, hay una política de ordenamiento
de archivos así como hay una política de sitios de memoria. Y existe la mejor
política: unidades de búsqueda de documentos que combinan gente con formación
archivística con quien sabe qué buscar porque tiene conocimiento histórico que
le viene de su propia militancia política. Eso permite hacer búsquedas, armar
colecciones, fondos documentales. Se está haciendo en muchos lugares. La (ex)
Dipba, Córdoba, Mendoza.
Los archivos de las Fuerzas Armadas en Defensa. En
Cancillería, en Seguridad. En Uruguay se hizo en el Ministerio de Relaciones
Exteriores y algunos archivos policiales. En Chile hay un trabajo de archivos
en varios espacios. Los archivos funcionan para distintos propósitos, pero para
que existan tiene que haber una decisión política y una política de archivo. Yo
creo que ese es un cambio importante. Hay políticas de archivo impulsadas desde
el propio Estado.
–En ese
sentido, también permite ver lo que falta.
–La guía es
también una forma de ver qué está pasando en la política de archivos. Hay
campos en los que no se empezó a buscar y ordenar documentos que pueden ser
importantes para el tema de la coordinación represiva. El de las organizaciones
sociales, las iglesias. Memoria Abierta armó una guía de archivos de
organizaciones no gubernamentales. También hay áreas estatales que será clave
que estén como Migraciones. Y, por supuesto, el trabajo que acá hace Seguridad
y Defensa en Brasil no se hace. Son otros los archivos que aparecen, algunos de
policía que hacía control político. Pero hay otras áreas que todavía faltan.
–Al poner
a todos los países juntos, los compara. ¿Es como una línea que marca hacia
dónde hay que ir?
–Otra
cuestión que surge son debates todavía abiertos sobre las reglas de acceso.
Toda documentación vinculada con violación grave de derechos humanos tiene que
ser pública en principio. Es cierto que hay información de seguridad o defensa
que son más sensibles. Ahí empiezan a cruzarse intereses que son contrapuestos.
Lo que señalamos es que hay países que tienen legislación o decretos que
parecerían propiciar mayor apertura, pero cuando llegás a la institución con el
archivo no tiene un protocolo claro de cómo es el criterio de reserva, cuándo o
cómo desclasificar. No tiene procedimiento estandarizado.
–¿Es un
primer paso hacia la apertura definitiva?
–Exactamente.
Pueden existir causales de reserva, pero la reserva tiene que estar sujeta a
una interpretación muy estricta, ante la duda tienen que estar por la
publicidad. Muchas veces la inercia burocrática hace lo opuesto: por lo general
reservan todo cuando podría haber sólo algo para reservar y abrir el resto.
–Ahora
bien, así como en Brasil una desclasificación genera debates, ¿puede pensarse
que ese debate empuje procesos de justicia?
–Como en
todo, como pasaba acá. En Brasil hay actores refractarios a la apertura de los
juicios y otros sociales y políticos que quieren que se juzgue. La
regionalización del debate no es neutral, tiene impacto. Las sociedades son
distintas, las transiciones fueron distintas, pero llevar esto al espacio
regional tiene peso sobre los procesos nacionales.
Por otra parte, el
juzgamiento está vinculado con principios internacionales y regionales. El
principio de que estos crímenes tienen que ser juzgados es un principio
internacional que los países van incorporando en sus sistemas nacionales. Creo
que cada país atraviesa procesos distintos pero tienen una dimensión regional
que influye en lo local. Qué puede pasar en Brasil, es difícil anticiparlo,
pero si uno mira para atrás creo que el tema está mucho más fuerte. Uno puede
decir que optan por informes de la Comisión de la Verdad, pero los procesos de
Verdad no son inocuos en términos de justicia, porque más verdad hace más difícil
justificar que no vas a juzgar como si nada hubiera pasado.
–Una de
las demandas de los fiscales respecto del Cóndor era cómo pensar en términos de
imputación el rol de Estados Unidos. ¿Esta guía cómo incluye ese rol?
–Las
instituciones que relevamos son de países de Mercosur y Chile. Pero no hay
ninguna investigación en la región que no muestre el papel central sobre el rol
de Estados Unidos en el Mercosur. Pero también estamos discutiendo ampliar
dentro de los fondos los documentos desclasificados, por ejemplo, de la
National Security o de organizaciones que siguieron estos procesos y su
coordinación represiva. O los del Acnur sobre los casos de exiliados.
* La guía
puede consultarse en la página web del Ippdh. O en
¿Por qué surge en 2011 la idea de hacer el catálogo?
–Dentro de la región, se creó una comisión para contar lo que
hacía cada país en materia de políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Empieza
a discutirse el tema de la Comisión de la Verdad de Brasil. En ese contexto,
Argentina, Uruguay y Brasil plantean generar una iniciativa de coordinación
sobre este tema de los archivos.
Pero cada vez más, el Mercosur funciona no
sólo como un lugar de intercambio de información sino de coordinación de
políticas y en algunos casos de fijar posiciones comunes ante foros. En el
campo de derechos humanos, cada vez más se constituye un espacio de discusión
de políticas regionales que a veces son iniciativas para apuntalar el proceso
regional. No hay solo un Mercosur económico sino un ámbito cada vez más válido,
legítimo, de trabajo en otros espacios.
Es interesante porque los gobiernos son
los que deciden llevar estos temas a esos ámbitos. No son los mismos modelos de
política que se aplican a otras regiones. Hay un elemento diferencial: casi
todos los países sufrieron graves dictaduras o terrorismo de Estado y es como
algo compartido. Ahí construyen. La relación entre derechos humanos y
democracia no es lo mismo en el Cono Sur que en otras regiones, porque está muy
vinculado a un pasado en común. Después hay otros ámbitos en los que comienzan
a construirse acuerdos.
Migraciones, con un enfoque basado en el reconocimiento
del migrante como sujeto de derecho que tiene que tener acceso controlado y
demás, pero a los mercados de trabajo, a los sistemas sociales. Es decir,
valorizar el aspecto positivo es una contracara con la mirada de las
migraciones como tema de seguridad, de control de fronteras o hasta de
preservación de identidades culturales.
El ex integrante
del OCOA, mayor (r ) Antranig Ohannessian, es buscado por la Causa Cóndor
abierta en Italia. Fue capturado antes de viajar.
El mayor (r
) uruguayo Antranig Ohannessian, requerido por la Justicia italiana en la Cuasa
Cóndor abierta en ese país, fue detenido en Montevideo antes de emprender un
viaje para dejar Uruguay, informó La República.
El ex
integrante del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) era
buscado desde Italia, donde un fiscal lo acusa de participar en la en la
desaparición de los uruguayos Gerardo Gatti, Bernardo Arnone, Juan Pablo
Recagno y María Emilia Gatti de Islas, todos secuestrados en Buenos Aires en
setiembre y octubre de 1976 y recluidos en el centro clandestino de detención
“Automotores Orletti”, agregó el matutino.
La
investigación se abrió hace más de 15 años luego de que familiares de los
desparecidos hicieran las denuncias de los casos.
En el
Buceo
Ohannessian
fue detenido el pasado domingo, cuando se disponía a viajar fuera del país. En
Uruguay era buscado desde hace pocas semanas por Interpol y la Dirección
General contra el Crimen Organizado.
Tras
investigaciones, se determinó que el requerido estuvo un tiempo desempeñándose
en un establecimiento agropecuario del interior, informó La República.
Luego, se
obtuvieron datos que indicaban que el militar vivía en un lujoso edificio de la
rambla del Buceo de Montevideo, donde finalmente fue detenido.
Tras ser
interrogado, se dispuso prisión administrativa en la Cárcel Central con miras a
extradición y se informó a la Justicia italiana, desde donde se espera que
lleguen los documentos correspondientes.
En la tarde de ayer, martes 13 de
agosto, Crysol realizó una concentración frente a la Torre Ejecutiva, en Plaza
Independencia, reclamando se cumpla con la recomendación formulada por la
Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) de que se promulgue
una nueva ley, antes del 25 de octubre de este año, que subsane las carencias y
omisiones de las leyes reparatorias aprobadas durante el gobierno anterior.
A pesar del frío reinante, alrededor
de un centenar de expresos políticos se congregaron a las 15 horas y se
retiraron, luego de entonar las estrofas del Himno Nacional a las 16 horas.
Juan Carlos Valledor, pronunció un
mensaje expresando los puntos de vista de Crysol en la actual coyuntura que
reproducimos a continuación.
Cumplir con las recomendaciones de la INDDHH
Nos hemos concentrado nuevamente en
el día de hoy frente a esta Torre, sede del Poder Ejecutivo, para reiterar, en
forma militante y participativa, nuestro reclamo de que el Presidente de la
República envíe al Parlamento, a la mayor brevedad, un proyecto de ley
destinado a ser promulgado antes del 25 de octubre de este año, que subsane las
principales carencias y omisiones de las leyes reparatorias aprobadas hasta el
momento, tal como lo recomendó, en el marco de sus legítimas atribuciones, el 6
de diciembre del año pasado, la Institución Nacional de Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo, (INDDHH).
Lo hacemos, además, porque el envío
de una ley de esta naturaleza es una prerrogativa exclusiva del titular del
Poder Ejecutivo.
Juan Carlos Valledor
Cumplir con la recomendación formulada por la INDDHH es el
camino para hacer justicia con decenas y, tal vez, centenares, de ex presos
políticos que no han sido alcanzados por los beneficios de la Ley 18 033 y con
centenares de expresos políticos que han debido renunciar a sus legítimos
derechos jubilatorios y pensionarios, consagrados en las normas
constitucionales, para acogerse a dicha ley.
No le reclamamos al Presidente de la República que
modifique sus puntos de vista u opiniones personales si ellos fueran contrarios
a lo establecido por la recomendación de la INDDHH y siendo conscientes de su
natural incomodidad de tener que propiciar un proyecto de ley que lo involucra
personalmente.
Le reclamamos que considere la institucionalidad de
DDHH y el pronunciamiento de la INDDHH para no sentar el precedente de
que las recomendaciones de la misma pasen a ser “papel pintado” para
los órganos, agentes y funcionarios involucrados en sus resoluciones.
La INDDHH es el órgano de la democracia uruguaya con el
cometido específico y exclusivo de proteger, defender y promover los derechos
humanos de todos los ciudadanos, incluyendo los nuestros, los que nos
conciernen por haber sufrido en carne propia graves atropellos violentando las
normas internacionales de Derechos Humanos.
INDDHH: proteger y defender las normas de DDHH.
Uruguay fue en su momento, tal como lo denunciara a nivel
internacional Wilson Ferreira Aldunate, el país con la mayor cantidad de presos
políticos en proporción a su población. La prisión política prolongada y la
tortura fueron la metodología represiva deliberadamente seleccionada por la
dictadura para gobernar y mantenerse en el poder.
Diez mil ciudadanos fueron sometidos inconstitucionalmente
a tribunales militares, cinco mil de ellos fueron formalmente procesados sin
pruebas, en base a testimonios incriminatorios propios o de terceros,
formulados bajo apremios, tormentos, torturas, físicas y psicológicas, sin
garantías de ningún tipo, en procesos absolutamente viciados de nulidad desde
una óptica constitucional, democrática y legal.
Baste considerar, al respecto, que la presentación ante
los tribunales militares se produjo ante jueces sumariantes en los propios
recintos de interrogatorio, luego de 102 días de detención e
incomunicación en promedio, aunque en muchos casos los plazos fueron,
aún, mayores.
Cuando planteamos nuestros puntos de vista no “trabajamos
de víctimas” como afirman quienes niegan o minimizan las graves violaciones a
los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Fuimos, y
somos, luchadores sociales y políticos, por la libertad, la justicia y la
liberación nacional con horizontes socialistas.
Por eso creamos Crysol, por eso militamos en Crysol,
por eso Crysol es nuestra organización y levantamos las banderas de Verdad,
Justicia, Memoria y Reparación de acuerdo a las directrices de la Resolución
60/147 de la Organización de las Naciones Unidas, para que Nunca Más haya
terrorismo de Estado.
La INDDHH fue una gran conquista y un avance de la
sociedad.
La creación de la Institución Nacional de DDHH y
Defensoría del Pueblo (INDDHH), en el año 2009, fue una gran conquista de la
sociedad uruguaya, en cuya gestación, con nuestros esfuerzos,
participamos activamente. Se modernizó positivamente la institucionalidad
democrática y se profundizó la democracia reconquistada con la resistencia y la
lucha de los trabajadores y del pueblo uruguayo.
Las instituciones nacionales de DDHH son escudos para los
débiles, para los ciudadanos más vulnerables y más desprotegidos de las
sociedades. Los banqueros, los grandes industriales y terratenientes, los
dueños de los medios de comunicación, las transnacionales, tienen los recursos,
los medios, para proteger y defender sus intereses, sin tener que recurrir a
órganos como la INDDHH.
El capitalismo ya ha demostrado que no es
alternativa para el futuro de la humanidad. El régimen que lo sustituya se
asentará en la plena vigencia de los principios democráticos, de la
libertad, en su profundización, desarrollo y extensión. Las normas de derechos
humanos son y serán el pilar básico y esencial de dicha sociedad.
El fortalecimiento, desarrollo y potenciación de la INDDHH
es imprescindible para afirmar y profundizar la democracia uruguaya, para
afirmar la libertad y los derechos de los ciudadanos frente al gobierno, los
poderes y la burocracia estatal. Es muy veleidosa la probidad de los hombres.
Los 200 años de historia de nuestro país lo han demostrado.
Por lo mismo, convocamos a todas las organizaciones de la
sociedad civil, a los gremios y sindicatos, al sistema político todo, a
trabajar para que la INDDHH sea respetada por todos los órganos del Estado y a
bregar por generar una auténtica cultura de acatamiento a sus disposiciones.
Las resoluciones de la INDDHH y su consideración por parte
del Estado uruguayo, aunque se denominen “recomendaciones” aún sin
carácter jurídico vinculante, si lo tienen desde el punto de vista político y
moral. Por lo menos para quienes estamos convencidos de que las normas de
derechos humanos son la base indispensable de una convivencia democrática,
pacífica, civilizada, humana y justa.
La pretensión punitiva del Estado fue restablecida
Los sostenedores de la impunidad, con los grandes medios
de comunicación a su servicio, han extendido la versión a nivel de la sociedad,
para confundir a la opinión pública, para que no se movilice y entre otras
cosas para presionar a los jueces, fiscales y operadores judiciales, de que la
Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional lo que denominan “ley
interpretativa” de la Ley de Caducidad.
La ley 18 831 no es una ley “interpretativa” de la ley de
caducidad. La ley 18 831 restableció plenamente la pretensión
punitiva del Estado para todas las graves violaciones a los derechos humanos en
concordancia con lo establecido por la Corte Interamericana de DDHH en la
Sentencia Gelman vs. Uruguay de febrero de 2011.
La ley de caducidad, la maldita ley de impunidad que
estuvo vigente durante dos décadas, ya no es un obstáculo legal para que el
Estado investigue, esclarezca y sancione todas las graves violaciones a los
derechos humanos para impedir que ellas vuelvan a repetirse.
El fallo de la Corte IDH en el caso Gelman vs. Uruguay
declaró la nulidad fáctica de la Ley 15 848 y el apartado 254 mandató al Estado
uruguayo a que no haya obstáculos para la investigación y sanción de los
responsables de las graves violaciones a los DDHH y que, ninguna otra norma
análoga a ella, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa
juzgada, ne bis in idem o cualquier otro excluyente similar de responsabilidad
sean considerados al diligenciar las causas.
Ya sea que se las considere crímenes de Lesa Humanidad,
que lo son, o no, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas
durante el terrorismo de Estado no han prescripto.
Las graves violaciones a los DDHH no prescribieron
El instituto de la prescripción de los delitos, por el
transcurso del tiempo supone el pleno Estado de derecho, el
funcionamiento de los órganos constitucionales y la plena vigencia de las
garantías legales de un sistema democrático. Si estas condiciones no se dan, si
los poderes del Estado no pueden actuar libremente y si los ciudadanos no
pueden ejercer sus derechos, ya sea porque ponen en riesgo su propia integridad
física o su libertad o porque existen impedimentos legales para hacerlo, el
plazo prescripcional de los delitos no se aplica por el mero transcurrir del
tiempo.
El tiempo en que estuvo vigente la Ley de Caducidad no se
puede computar a los efectos del plazo de prescripción. Las desapariciones
forzadas, los crímenes, asesinatos, las torturas, pueden y deben, ser
investigadas, esclarecidas y sancionadas como corresponde.
Es obligación del poder judicial que ello se realice, ya
que ese es el cometido constitucional, por el cual cobran sus sueldos y
beneficios. No queremos que los miembros de la Suprema Corte de Justicia
sean los principales “ñoquis” del Estado: cobran sin trabajar, sin cumplir con
sus funciones básicas de impartir justicia hacia el pasado reciente.
Solidaridad y respaldo a los indagados por los sucesos del
15 de febrero.
Expresamos nuestra total solidaridad y nuestro respaldo a
todos los ciudadanos que están siendo indagados judicialmente por los
incidentes ocurridos en la sede de la Suprema Corte de Justicia en el mes de
febrero, por negarse a salir de un acto público en base a métodos prepotentes y
autoritarios, al concurrir a respaldar a la Dra. Mariana Mota y expresar su
rechazo a una decisión de la Suprema Corte que ha sido condenada y repudiada,
incluso a nivel internacional.
La investigación judicial acerca de los sucesos del 15 de febrero
debe ser archivada sin más trámite y el poder judicial debe abocarse a
perseguir a los criminales seriales que aún están en libertad y que son una
verdadera afrenta a la libertad, a la democracia y los derechos humanos.
Crysol se presentó ante el Consejo de DDHH de la ONU.
En enero del año próximo, Uruguay será sometido al Examen
Periódico Universal por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de
las Naciones Unidas. Crysol ya se ha presentado formalmente ante dicho órgano
internacional reclamando que el Estado cumpla con la recomendación de la INDDHH
con respecto a las leyes reparatorias en un pronunciamiento claro y explícito.
Más tarde o más temprano, el Poder Ejecutivo tendrá que
enviar al Parlamento un proyecto de ley al respecto. Aspiramos a que lo haga a
la brevedad, para que sea promulgado antes del 25 de octubre de este año,
puesto que se mantiene una situación injusta, para un colectivo cuyo promedio
de edad es de 69 años.
Es lo que le reclamos al Presidente de la República y,
también, al partido de gobierno que tiene las mayorías parlamentarias para
concretarlo.
¡Viva la
unidad de todas y de todos los expresos políticos!
Cumplir con la
recomendación de la INDDHH ya!
Una ley sin
exclusiones, con plenos derechos jubilatorios y pensionarios
