El caso del general Pedro Barneix
Brecha 21 6 13 - Por Walter Pernas
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Aldo Perrini |
Así como sucedió, en los hechos, con los represores que se escaparon de la
justicia uruguaya: Manuel Cordero, Jorge Tróccoli y Miguel Sofía, el temor de
que haya un nuevo prófugo se cierne en los corredores del sistema judicial, en
momentos decisivos de un proceso dilatado hasta el extremo.
En los días previos a que la jueza Beatriz Larrieu se pronuncie sobre si el
general Pedro Barneix debe o no ser encarcelado por el asesinato en 1974 del
comerciante Aldo Perrini, deambula por los pasillos del sistema judicial el
“fantasma de la fuga”, un “temor” o un “foco de atención” sobre la eventualidad
de un nuevo escape hacia otro país por parte de un indagado –en este caso un
militar en actividad– sobre el que pesa un pedido de procesamiento por graves
violaciones a los derechos humanos.
“Ya se fugaron varios que estaban en las mismas circunstancias, por supuesto
que es una posibilidad que debe tenernos a todos en alerta”, dijo una
magistrada ante una pregunta puntual de Brecha. Por su parte, uno de sus
colegas señaló que “en estos casos, esa posibilidad siempre está latente”. Este
ha sido tema de conversación en distintas oficinas, tanto del Poder Judicial
como del Ministerio Público, pero no se ha adoptado medida alguna que busque
impedir el eventual acto de elusión a la justicia.
Para dictar un cierre de fronteras –que sea efectivo es otro tema– se debe
contar con “indicios mayores” que la simple sospecha de que se puede escapar,
sostuvo por su parte un miembro del sistema judicial, sin desconocer que
Barneix en otras oportunidades ha dilatado su presencia en la sede judicial
argumentando estar enfermo, y se ha beneficiado luego por la extensión de los
plazos que supone la presentación de los recursos que formuló su defensa:
“Pudieron ser chicanas, pero se hizo dentro de lo permitido por el proceso”,
apuntó.
Ahora la fiscal Ana María Tellechea ha reiterado el pedido de procesamiento
contra Barneix, pero cambió la figura penal de “homicidio político” por la de
“homicidio muy especialmente agravado”.
El homicidio político es un delito contenido en la ley de crímenes de lesa
humanidad aprobada en 2006, que la Suprema Corte de Justicia (scj) considera
inaplicable para estos casos vinculados a los años setenta y ochenta al
entender que la norma no puede aplicarse con retroactividad a su entrada en
vigencia. Por esa razón, y para no demorar más el proceso –a pesar de estar en
contra del fallo de la corporación y esgrimirlo en sus presentaciones
jurídicas–, la magistrada decidió realizar la modificación y optó por una figura
que se encuentra en el Código Penal y cuya pena máxima (30 años de
penitenciaría) no varía con respecto a la esgrimida en su solicitud de
procesamiento anterior.
También le atribuye el delito de homicidio muy especialmente agravado al
coronel retirado José Puigvert. El otro indagado en este proceso era el coronel
retirado José Baudean, para quien la Fiscalía también había pedido
procesamiento, pero la dilatación del proceso, con su última arremetida en
junio del año pasado –como consecuencia de la presentación de recursos de
inconstitucionalidad contra la ley de crímenes de lesa humanidad y la que
declaró imprescriptibles los crímenes cometidos bajo terrorismo de Estado–,
determinó que este militar encontrara la muerte antes que el fallo judicial.
Murió el 5 de setiembre de 2012.
La jueza Larrieu aún no ha citado a Barneix ni a Puigvert a la audiencia en la
que dará a conocer su fallo, pero es posible que –en función de que la
magistrada se encontrará la semana próxima atendiendo los casos penales de
turno– la instancia tenga lugar pasada la feria judicial menor, que terminará
el 15 de julio.
Estas son las semanas en las que Barneix podrá decidir cuál será su próxima
movida. Antes fueron los certificados de enfermedad, las recusaciones contra la
jueza Mariana Mota –la predecesora de Larrieu, que fuera trasladada a un
juzgado civil en cuestionada decisión de la scj– y los recursos que, por
razones procesales, frenaron el fallo de primera instancia. Ahora se
verá...
A pesar de ciertos matices, todos los integrantes del sistema judicial
consultados por Brecha coincidieron en que “nadie” avisa cuando se va a
escapar, y que Uruguay cuenta con “precedentes” a tener en cuenta.
En 2006 el coronel retirado Manuel Cordero huyó hacia Brasil cuando se lo
indagaba por diversos graves crímenes contra los derechos humanos cometidos en
los años setenta. Luego de varios años de controversias de jurisdicción y
solicitudes de extradición –la justicia brasileña denegó el pedido de su par
uruguaya–, el militar retirado está siendo juzgado en Argentina en la megacausa
denominada Plan Cóndor.
El capitán de navío retirado Jorge Tróccoli se fugó en 2007 a Italia cuando
estaba a punto de ser procesado en Uruguay por delitos vinculados al traslado
clandestino de personas que resultaron desaparecidas durante la dictadura.
Desinteligencias diplomáticas impidieron que el pedido de extradición
prosperara, y el militar goza de libertad luego de que un tribunal italiano
concluyera que no había suficiente prueba para enjuiciarlo en aquel país.
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