GONZALO
AGUIRRE: ENTRE LOS INDAGABLES Y EL FALLO DE CHEDIAK
Caras y Caretas - 1 º de marzo 2013
Pocos
manifestantes reconocieron debajo de su sombrero negro y saco marrón, al
hombrecito que con un diario y un cuaderno rojo bajo el brazo, salía presuroso
del Palacio de Justicia en medio de la manifestación de apoyo a Mariana Motta.
El ex vicepresidente Gonzalo Aguirre estaba dentro del edificio en el que debía
jurar la jueza trasladada y donde el ministro Jorge Chediak daba los últimos ajustes
al relato de la sentencia que declaró inconstitucional la ley de prescripciones
y vuelve a imponer la impunidad en Uruguay.
ROGER RODRIGUEZ / rogerrodriguez@adinet.com.uy
El 4
de febrero de 2011, Caras y Caretas publicó un artículo titulado ‘La
ofensiva de los indagables’ en el que se exponía el plan de acción que para
liberar a sus camaradas presos había instrumentado el autodenominado Foro de
Libertad y Concordia que, integrado por militares retirados, había salido en
“maniobra general” con el “propósito” de lograr “formar opinión pública,
psicosocial y política” para alcanzar el objetivo de su misión, “en principio
por medios legales”. Veinte días más tarde, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos condenaba a Uruguay por el caso Gelman.
Entonces se
inició el proceso que concluye ahora con el traslado de la jueza Mariana Mota y
el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). En aquel artículo
también se explicaba que el vocero de la organización, coronel José Carlos
Araújo, había publicado en las páginas internas de la publicación de la
Cooperativa de Ahorro de Oficiales de las Fuerzas Armadas un plan de
operaciones que sería comandado por un “Grupo Coordinador” integrado por
representantes de las “tandas” (generaciones) de promoción, que se
subdividiría en “secciones” que incluían la “política y psicosocial”,
“propaganda”, “jurídica”, “prisioneros”, “organización”, “familia”,
“internacional”, “finanzas y logística”, “inteligencia” y “militar”.
Luego de un
primer embate propagandístico en las redes sociales, la organización Libertad
y Cambio pareció ir perdiendo fuerza en la medida en que quedó asociada a una
serie de organizaciones de confeso sello nazi a nivel internacional y de la
antichavista UnoAmérica cuyo líder, Alejandro Peña Esclusa, estaba preso en
Caracas por portar explosivos para atentados en los comicios legislativos de
aquel país. En el entorno del grupo de indagables se llegó incluso a editar un
video en el que se advertía de posibles acciones militares y también se
desarrollaron visitas a organizaciones internacionales en las que se planteó
que los militares eran “presos políticos”.
Sin
embargo, donde Libertad y Concordia fue desarrollando su mejor trabajo fue en
la sección “jurídica”, que debía cumplir el objetivo de “ejecutar acciones
para formar un equipo de abogados y juristas dispuestos a luchar contra el
derecho penal del enemigo, formando opinión pública (no para defender en los
estrados a los acusados)”. En ese escenario fue que comenzó jugando el ex
fiscal de Corte Miguel Langón, quien terminó siendo desplazado por el constitucionalista
Gonzalo Aguirre Ramírez, quien en marzo de 2011, junto al ex presidente Jorge
Batlle, se reunía con el presidente de la SCJ, Leslie van Rompaey, para
presionarlo en contra de la jueza Mota.
La
‘ofensiva’ de 2011 no pudo impedir el procesamiento del coronel Tranquilino
Machado por el homicidio del estudiante Juan Ramón Peré en 1973, ni el del
coronel Carlos Calcagno, por un delito de desaparición forzada
(Santana-Inzaurralde) que le tipificó la jueza Mariana Mota; pero,
particularmente, el grupo fracasó al no poder impedir la aprobación de una ley
que pospuso la prescripción de los delitos que se instauraba aquel 1° de
noviembre. En 2012 los “indagables” hicieron un cambio táctico y pasaron a una
“defensiva militar” (ver Caras y Caretas del 18 de febrero de 2012)
por la que todos los abogados se coordinaron con el objetivo de trancar los
expedientes, derivarlos a tribunales de alzada y, finalmente, plantear la
inconstitucionalidad de la Ley 18.831 ante la SCJ. Y así ocurrió…
SUPREMA PARA RATO
La historia, sin embargo, habría comenzado a
entretejerse un poco antes: el 19 de octubre de 2009, cuando a siete días de la
elección de legisladores y presidente, en comicios en los que se definían los
plebiscitos por el voto consular y el voto rosado, la SCJ reveló un inesperado
dictamen en el que cambió un fallo anterior y consideró inconstitucional la ley
de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado en el caso de Nibia
Sabalsagaray. El fallo tuvo dos efectos: por un lado, desalentó a quienes
dudaban del voto rosado y los impulsó a no sufragar ya que la caducidad había
terminado; por otro, aunque nadie lo suponía, se abría una indagatoria en la
que un general en actividad, Miguel Dalmao, sería procesado con prisión.
El proceso
de Dalmao, al que seguiría el de Machado, fue la antesala de una previsible
segunda ola de juicios sobre la dictadura, que se desprendían de la inicial
causa contra el dictador Juan María Bordaberry que estaba en manos de la jueza
Mota y la fiscal Ana María Telechea, quienes reabrieron los casos Gelós
Bonilla, fusilados de Soca, Leonardo de los Santos, un ‘paquete’ de
veinte muertes en prisión y nuevas denuncias que por torturas realizaban las
víctimas de cada unidad militar. La aparición de los cuerpos de Julio Castro y
Ricardo Blanco fue el corolario de esa serie de logros en la lucha por la
verdad y la justicia de quienes sufrieron violaciones a sus derechos humanos.
Pero dentro del Poder Judicial había comenzado a
visualizarse un proceso extraño, a partir de la asunción de nuevos ministros
de la SCJ en cuya designación el Frente Amplio tuvo que aceptar las propuestas
del Partido Nacional. Una SCJ que llegó para quedarse un tiempo. El ministro
Jorge Ruibal Pino ascendió por antigüedad en 2007 y se mantendrá hasta cumplir
70 años en 2015; Jorge Larrieux fue propuesto por los blancos en 2008 y
seguirá hasta 2016, cuando llegue a la edad máxima; Jorge Chediak, votado en
2009 con apoyo nacionalista, puede seguir como ministro hasta 2019; mientras
que las dos últimas incorporaciones, realizadas en diciembre de 2012, posibilitan
que Ricardo Pérez Manrique y Julio César Chalar permanezcan en el cargo hasta
2017.
Los tres
ministros más antiguos fueron los que el 13 de abril de 2011 votaron un
reacomodo del organigrama judicial y crearon el Tribunal de Apelaciones en lo
Penal de 4° Turno, que recibió prácticamente todos los recursos que los
abogados de los militares plantearon en cada causa judicial por delitos de la
dictadura. Ese tribunal, integrado por los doctores Ángel Cal Shaban, Alfredo
Gómez Tedeschi y Jorge Catenaccio, fue el que cambió la tipificación que el
juez Ruben Saravia había imputado al coronel Tranquilino Machado por la
muerte de Peré y decidió aplicar la Ley 18.831, que los jueces penales habían
evitado usar para eludir recursos de inconstitucionalidad que de inmediato
interpusieron los defensores. Así, se sumaron recursos ante la SCJ.
GONZALO EL MAGNO
Gonzalo
Aguirre Ramírez nació en Montevideo el 25 de enero de 1940. Nieto del caudillo
blanco Juan Andrés Ramírez Chaín, su vida quedó marcada desde que eligió la
carrera de derecho. Integrado al Movimiento Nacional de Rocha, en la
dictadura fue secretario del Triunvirato de Mario Heber, Carlos Julio Pereyra
y Dardo Ortiz, que dirigía al Partido Nacional en su semiclandestinidad. Pudo
ser víctima de los vinos envenenados que mataron a Cecilia Fontana de Heber en
1978, a cuyos responsables les dio la impunidad.
Hace treinta años, en 1983, Aguirre participó en
las negociaciones del Parque Hotel y cuando fracasaron redactó, junto al ex
vicepresidente colorado Enrique Tarigo, la proclama que el actor Alberto
Candeau leyó frente al Obelisco a los Constituyentes. Acompañó en la fórmula
presidencial a Alberto Zumarán en 1984, cuando Wilson Ferreira Aldunate quedó
proscripto, y terminó siendo el vicepresidente de Luis Alberto Lacalle en la
victoria blanca de 1989. Dos veces apoyó a su primo Juan Andrés Ramírez en los
siguientes comicios, pero no lo votaron. Frustrado, se dedicó al ejercicio de
su profesión y al periodismo.
A la salida de la dictadura fue el autor de la ley
15.738 que dio fuerza legal a las leyes del Consejo de Estado, arrogándose el
legislador facultades que reestablecieron la Constitución violada e incluso
interviniendo en el texto de la misma. Algún día se estudiará la
responsabilidad que tiene esta convalidación selectiva de algunas normas del
Consejo de Estado y de otros órganos del gobierno de facto en algunos de los
traspiés que hoy sufrimos en nuestro ordenamiento constitucional.
En este
tiempo Aguirre ha sido un referente de cuanta discusión constitucional se
produjo. Pergeñó el sistema de balotaje (que pospuso una elección el ascenso
al gobierno del FA), tildó de inconstitucionales el impuesto barométrico y el
aumento de la contribución de Montevideo, la superestructura de inteligencia de
Sanguinetti en 2000, el contrato de capitalización del Banco Comercial en 2003,
defendió el subsidio de Jorge Larrañaga en 2004, estuvo en contra de la ley de
procedimiento policial en 2008, rechazó el voto del senador Óscar López
Goldaracena por defender víctimas de la dictadura y hasta consideró fuera de
lo que parece ser su carta magna las recomendaciones contra la violencia en
televisión. Ahora volvió a facturar con la inconstitucionalidad del impuesto a
la tierra (ICIR).
Desde 2005 los militares se transformaron en
buenos clientes. Primero, fue asesor contra la interpretación de la ley de
caducidad impulsada por el secretario de Presidencia, Gonzalo Fernández, y en
2006 patrocinó a quince represores ante la exclusión de la caducidad en el caso
Gelman y en el homicidio de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. A
mediados de 2008 los asesoró en recursos contra el IRPF y logró una
declaración de inconstitucionalidad de la SCJ que le habría reportado una cuota
de tres mil pesos por cada uno de los 1.200 oficiales beneficiados (varios de
ellos denunciados por crímenes de la dictadura). Desde entonces asesora
instituciones castrenses.
Aguirre
pasó a tener el protagonismo en la estrategia de los defensores de los
militares a partir del contundente fallo internacional del caso Gelman y de una
serie de debates impulsados por organizaciones de derechos humanos en los que
se calificaban los delitos como crímenes de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles.
Ésa fue la batalla jurídica que se sustanció en el foro interno del Poder
Judicial, donde no resultan ajenas las medidas ejemplarizantes contra fiscales
y jueces que sintonizaban con las propuestas del derecho internacional.
Como antes había ocurrido con la fiscal Mirtha Guianze, la mira se puso en el
fiscal Ricardo Perciballe y en la jueza Mariana Mota. Ambos fueron sacados del
ámbito penal.
EL AMIGO DEL JUEZ
El 30 de
noviembre de 2010, cuando se cumplieron 30 años del plebiscito de 1980, el
Parlamento hizo un particular acto recordatorio en el que se rechazó aquel
intento de reforma constitucional de la dictadura. En uno de los palcos
quedaron juntos el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre Ramírez, el ex presidente
Julio Sanguinetti y el entonces presidente de la SCJ, Jorge Chediak. A los
márgenes del trío, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el presidente
José Mujica.
Aguirre,
Sanguinetti y Chediak tuvieron un animado diálogo que quedó registrado en
imágenes. Aguirre había sido el corredactor de la ley de caducidad de la
pretensión punitiva del Estado (ideada por el diputado blanco Héctor Martín
Sturla); Sanguinetti, el presidente que promulgó aquella ley de impunidad; y
Chediak, el ministro relator de la sentencia que en 2009 calificó de inconstitucional
a la Ley 15.848, permitiendo que el general Dalmao termirara preso por la
muerte de Sabalsagaray. Sólo diez días antes del encuentro en aquel acto,
Diputados había dado media sanción al proyecto de ley interpretativo de la
caducidad para dejarla sin efecto. Curiosamente, Chediak volvió a ser el
ministro relator en la acordada que ahora consideró inconstitucional la ley
contra las prescripciones votada en 2011 tras un año de idas y venidas durante
el cual el FA no logró imponer su disciplina partidaria para imponer la mayoría
de votos que tiene en ambas cámaras. Chediak utilizó en su recurso los mismos
fundamentos con que Aguirre había atacado la ley. Algunos, incluso, creen ver
la letra del constitucionalista en algunos de los alegatos del relator de la
SCJ, que también dio argumentos de fondo en contra del fallo de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman y se sumó a Aguirre en
la teoría de que el derecho interno se impone sobre las normativas internacionales.
La sentencia de Chediak parece un punto final.
Chediak había sido propuesto por el Partido
Nacional por su acercamiento al ex presidente Luis Alberto Lacalle, quien
durante el debate en el Senado nombró con particular afecto al juez de la SCJ:
“No sé cómo calificar la intervención del Poder Ejecutivo en el trámite de la
ley de caducidad cuando se le tiene que dar cuenta para que establezca si está
incluido o no ese concepto […] No obstante, puedo decir que una vez que se
excluye, la interlocutoria que decreta el archivo tiene valor de cosa juzgada.
¿Saben dónde se encuentra esto? En una sentencia redactada por un ministro y ex
presidente de la Suprema Corte de Justicia –gran amigo y jurista–, el doctor
Jorge Chediak, en la que se declara inconstitucional la ley en el caso
Sabalsagaray”, alegó el ex mandatario.
La buena
relación entre colegas y correligionarios podría tener otras repercusiones si,
como se menciona en corrillos judiciales, el abogado Gonzalo Aguirre Ramírez
estuvo visitando semanalmente al ministro Jorge Chediak en su despacho de la
sede del Poder Judicial antes de que se terminara de redactar y se divulgara
la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional la
ley de las prescripciones. Casualmente, Gonzalo Aguirre estaba dentro del
Palacio de Justicia el mismo viernes 15 de febrero cuando la jueza Mariana
Mota, acompañada por una multitud de personas, juraba como jueza en el área
civil. Aguirre, quien tropezó en las escaleras, fue captado por la cámara de la
fotógrafa Martha Passeggi cuando, con sonrisa nerviosa, se alejaba de la
manifestación en la que había quedado metido.
Paradójicamente,
en el ejercicio de la presidencia de la SCJ, el propio Chediak impulsó la
acordada N° 7.688, por la que la Justicia uruguaya asume los “Principios de la
Ética Judicial Iberoamericana”, cuyo artículo 3° señala que “el juez, con sus
actitudes y comportamientos, debe poner de manifiesto que no recibe influencias
–directas o indirectas– de ningún otro poder público o privado, bien sea
externo o interno al orden judicial” y en su artículo 15° impone que “el juez
debe procurar no mantener reuniones con una de las partes o sus abogados (en su
despacho o, con mayor razón, fuera del mismo) que las contrapartes y sus
abogados puedan razonablemente considerar injustificadas”.
Mota recurrió
La jueza
Mariana Mota presentó un recurso para que la SCJ revoque la resolución N°
70/2013 del 15 de febrero por la que fue trasladada del Juzgado Penal de 7°
Turno al Juzgado Civil de 1° Turno y rechaza que su cambio de destino obedezca
a “razones de mejor servicio”. “En mi caso no solicité en ningún momento el
cambio de materia o ser trasladada a otro juzgado. Por lo que debe buscarse en
otro lado la motivación del acto. Es más, considero que el traslado decidido
contraría el buen servicio que reclama la Constitución”, sostiene.
“La
decisión del traslado inmotivado afectará consecuentemente las causas en que
se investigan graves violaciones a los derechos humanos [que] se verán
demoradas por el necesario lapso que demande su conocimiento por parte de la
nueva titular. Esta paralización aún temporal es contraria a lo que dictaminó
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia que condenó al
Uruguay en el caso Gelman vs Uruguay que sostuvo en su fallo ‘que las
investigaciones en el Estado relativas a este caso han sobrepasado cualquier
parámetro de razonabilidad en la duración de los procedimientos aunado a que,
pese a tratarse de un caso de graves violaciones de derechos humanos, no ha
primado el principio de efectividad en la investigación de los hechos y
determinación y en su caso sanción de los responsables’”, dice la jueza.
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