40 años: Nunca Más terrorismo de Estado (*)
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Enrique Chalar, integrante de la Directiva de Crysol |
El 27 junio se cumplen 40 años de la disolución del
Parlamento y del inicio de la huelga general con la cual los
trabajadores, los estudiantes y los sectores populares democráticos enfrentaron
y resistieron las medidas que conducirían al terrorismo de Estado.
La dictadura cívico militar, el proceso, fue una
auténtica tragedia nacional cuyos efectos y daños colaterales se mantienen y
perduran hasta el día de hoy en la sociedad. La deuda externa que entorpece y
dificulta el desarrollo del país creció exponencialmente en dicho período. Los
trabajadores vieron reducido en un 50% el poder adquisitivo de sus ingresos que
fue a engrosar, generosamente, las arcas de los sectores sociales que apoyaban
al régimen y que se beneficiaron con él. Los jubilados y pensionistas perdieron
el aguinaldo, nunca recuperado como tal hasta el día de hoy. La industria
nacional se debilitó frente a las transnacionales y se llevó a límites extremos
la concentración de la riqueza.
Para aplicar el
modelo económico del Ing. Vegh Villegas se suprimieron todas las libertades y
se reprimió salvajemente toda oposición. La tortura, abyecta, degradante, con
secuelas perdurables y sostenidas a largo plazo, junto con la prisión masiva y
prolongada fue la metodología deliberadamente seleccionada por las fuerzas
armadas para destruir a sus opositores, aterrorizar a la población y mantenerse
en el poder. Decenas y centenares de los integrantes de los aparatos represivos
estuvieron directamente involucrados en ellas, mientras el diario El país
y los grandes medios, radiales y televisivos, proveían la cobertura
publicitaria que presentaba como salvadores de la nación a quienes la
ejecutaban.
Las FFAA promovidas al escenario político desde el 13 de
junio de 1968 cuando el presidente Jorge Pacheco Areco decretó las Medidas
Prontas de Seguridad para congelar los salarios de los trabajadores y
militarizar a los bancarios y otros gremios, ya eran un factor de poder al
servicio de un proyecto político que pretendía descargar los efectos de la
crisis económica en las espaldas de los sectores populares.
La dictadura cívico militar no fue un producto autóctono de
los sectores conservadores y privilegiados del país. Tampoco fue el resultado,
directo o indirecto, del accionar de un grupo de jóvenes radicalizados que en
el invierno de 1963 robaron armas en el Tiro Suizo de Colonia como afirma el
Dr. Julio María Sanguinetti y otros defensores de la impunidad.
Las dictaduras que en las décadas de los 60 y de los 70
sacudieron a todo el continente latinoamericano, algunas con intervenciones
directas de tropas estadounidenses como en Santo Domingo, fueron la estrategia
diseñada por el Departamento de Estado para hacer frente a las movilizaciones y
reclamos de independencia, soberanía, libertad y transformaciones radicales en
las estructuras sociales para poner punto final al hambre, la miseria
generalizada, la pobreza y las indignas condiciones de vida que afectaban a la
mayoría de la población del continente.
La resistencia de los trabajadores y el pueblo, dentro y
fuera del país, incluso dentro de las cárceles, hirió de muerte a la dictadura.
La gesta épica del pueblo uruguayo, expresión de la cual fue la huelga general
del año 1973 y el triunfo del NO en el año 1980, condujo a que el 1° de marzo
de 1985 asumiera el Dr. Julio María Sanguinetti, resultado de un acto electoral
en el cual se prohibió la participación del Gral. Líber Seregni y de Wilson
Ferreira Aldunate. Se inició la transición democrática que restableció la
libertad y la vigencia de las garantías constitucionales y legales básicas
propias de un Estado de derecho.
A lo largo de estas décadas se han dado pasos constantes, en
un proceso complejo y de grandes obstáculos, con pronunciamientos militares
amenazantes de por medio, incluso, para erradicar el legado, traumas y secuelas
del pasado dictatorial. La transición como tal, desde la perspectiva de las
normas de DDHH que Uruguay ha ratificado, no plenamente vigentes en
cuanto al terrorismo de Estado, permanece inconclusa y con desafíos
importantes pendientes de implementar.
La Resolución 60/147 de la Organización de las
Naciones Unidas es el estándar de la calidad institucional al respecto junto
con la sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman vs Uruguay para evaluar el
estado de situación y los objetivos a lograr para afirmar y profundizar la
democracia.
Disculpas oficiales y públicas del Estado.
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| Foto tomada al mediodía en el Parque Vaz Ferreira. Luisa Cuesta y su nieta, al centro |
El Estado uruguayo
aún no ha asumido públicamente su responsabilidad, en una ceremonia
oficial, por las desapariciones forzadas, por los asesinatos, por las
ejecuciones extrajudiciales, por las torturas, por las privaciones agravadas de
la libertad, por los delitos que, desde el Tribunal de Nuremberg, la comunidad
internacional considera crímenes de Lesa Humanidad. Tampoco ha expresado sus
disculpas formales a todas las víctimas y/o a sus familiares, a la sociedad en
su conjunto como corresponde y se sabe que hay que hacerlo. Lo reclamamos al Poder
Ejecutivo, a todos los ministros, una vez más.
27 de junio: Día Nacional de la Memoria
Al mismo tiempo, demandamos que el Parlamento declare al 27
de junio de cada año, feriado no laborable, Día Nacional de la Memoria, por la
Verdad y la Justicia, en repudio al terrorismo de Estado, en homenaje a todas
las víctimas y también a la resistencia, dentro y fuera del país, que permitió
el regreso a la democracia.
Juzgados Especiales para los crímenes del terrorismo de
Estado
La investigación, el esclarecimiento de
todas las graves violaciones a los derechos humanos, la identificación de
los responsables de ellas, tanto materiales como intelectuales, la
sanción penal y administrativa, con las garantías del debido proceso, es la
única manera de evitar que ellas vuelvan a repetirse.
Con cárceles abarrotadas por delitos menores, en
Uruguay solo un puñado de criminales han sido juzgados y condenados penalmente
y continúan integrando los cuerpos de las FFAA por no haber sido
sometidos a los correspondientes Tribunales de Honor. El destino de los
detenidos desaparecidos sigue sin ser dilucidado, sigue siendo una herida
abierta de la sociedad uruguaya.
En las actuales circunstancias, dada la declaración de
inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la Ley 18 831 por parte de la
Suprema Corte de Justicia, el considerar delitos comunes los crímenes de Lesa
Humanidad, el desconocimiento de la sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman
y de los tratados ratificados por Uruguay desde décadas atrás, el desplazamiento
de la jueza Mariana Mota y el mensaje negativo hacia los jueces que cumplan con
sus cometidos, para que los delitos no queden impunes, para que haya justicia
como debe haber, en el marco de la vigencia de las disposiciones
constitucionales, demandamos al Poder Ejecutivo y al Parlamento, la creación
de Juzgados Especiales para los crímenes del terrorismo de Estado, para que
ellos concentren en forma especializada y diligente, con compromiso y energía,
con recursos y medios, todas las causas penales, se enfoquen en ellas y
eviten que queden sepultadas en la dinámica negativa y de impunidad que parece
prevalecer y que puede conducir incluso a que sea liberado uno de los
responsables del asesinato del maestro Julio Castro.
Unidad especializada de investigación al servicio de la
justicia
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| Homenaje a los Detenidos Desaparecidos en el Memorial Parque Vaz Ferreira: al mediodía se entonaron las estrofas del Himno Nacional en su honor y homenaje |
Al mismo tiempo
demandamos al Ministerio del Interior que se cree en forma inmediata una unidad
especial de investigación de dicho período, con participación de las
organizaciones de DDHH, al servicio de la justicia, de los jueces y magistrados
que en el pleno uso de su independencia técnica y de su compromiso
constitucional con la justicia pretendan llevar a cabo el diligenciamiento y la
investigación de las denuncias que han formulado las propias víctimas, tal cual
lo ha recomendado la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo
recientemente.
La plena implementación de las normas de DDHH y de los
compromisos asumidos por el país, para cerrar las heridas aún abiertas,
demandan, además, que el Estado asuma a cabalidad, sus obligaciones en el
ámbito reparatorio y que lo haga antes de fines de octubre.
Institución Nacional de DDHH (INDDHH): es imprescindible
una nueva ley a la brevedad
A instancias de una demanda presentada por Crysol, la
Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH), en diciembre del
año pasado, señaló que las leyes reparatorias aprobadas hasta el momento son
insuficientes, no cumplen con la normativa de DDHH que nuestro país ha
ratificado y por lo mismo, los derechos de las víctimas del terrorismo de
Estado continúan siendo violentados también en este plano. Hay centenares de
expresos políticos que no han sido reparados al no percibir la Pensión Especial
Reparatoria. Los que la reciben, injustamente, tienen que renunciar a sus
propias jubilaciones y pensiones o no pueden jubilarse, directamente, por dicho
motivo. Y tampoco tienen derecho a percibir las pensiones de sobrevivencia que
generan los cónyuges cuando fallecen.
Reclamamos al Presidente de la República que
implemente a la brevedad lo recomendado por la Institución Nacional de DDHH y
envíe el proyecto de ley que se le ha solicitado.
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Presidente de Crysol, Gastón Grisoni |
El incumplimiento por parte del Estado en cuanto a sus
obligaciones por el daño causado por sus agentes y funcionarios, se manifiesta
con especial intensidad en el caso de los niños y adolescentes de la época que
eran familiares directos de los expresos políticos y que no han sido
contemplados por ninguna ley, ni siquiera a nivel simbólico.
En materia de salud aún no se ha implementado, a dos años de la aprobación del decreto, los beneficios establecidos en él. La debida reparación a las víctimas sigue pendiente de resolución, de concreción efectiva, de compromiso militante por parte de las autoridades.
En materia de salud aún no se ha implementado, a dos años de la aprobación del decreto, los beneficios establecidos en él. La debida reparación a las víctimas sigue pendiente de resolución, de concreción efectiva, de compromiso militante por parte de las autoridades.
28 años y seguimos en la lucha
En el día de hoy se cumplen 28 años de la liberación de los
últimos presos políticos de la dictadura al reinstaurarse la institucionalidad
democrática en marzo de 1985.
La liberación de los presos políticos fue un hito en la
lucha del pueblo uruguayo por reconquistar la libertad y la democracia. Miles
de uruguayos salieron a las calles para celebrar su liberación, para recibirnos
y reintegrarnos a nuestras familias y a la sociedad.
El 14 de marzo, Día del Liberad@, es un día de
festejo, de conmemoración, de reencuentro. También es un día de reivindicación
colectiva de nuestro accionar, de nuestro protagonismo militante, de nuestra
lucha, de nuestro enfrentamiento al régimen autoritario de Pacheco Areco y al
terrorismo de Estado dentro y fuera del país.
¡Seguimos estando orgullosos de haber luchado y de haber
combatido!
Las expresas y los
expresos políticos, desde nuestra liberación hace 28 años, nos hemos
comprometido activamente, junto a los trabajadores, los sectores populares y
todas las organizaciones de DDHH, en contribuir a generar las condiciones
que impidan que la tragedia que vivió nuestro país, vuelva a repetirse.
Afirmar y profundizar la transición democrática iniciada en
1985 con la plena vigencia de las normas de DDHH, asumiendo y cumpliendo con
las recomendaciones de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del pueblo,
es la mayor y única garantía de que Uruguay podrá continuar el camino del
progreso, de la soberanía, de la justicia social, de la liberación
nacional en la perspectiva del socialismo, cualquiera sea la forma específica
que adopte en nuestra patria.
Es nuestro compromiso militante como colectivo. Mantenemos
en alto, bien en alto, las banderas que nos cobijaron, las de nuestros
detenidos desaparecidos, las de los asesinados y las de aquellos que no están
entre nosotros.
¡Viva la unidad y la movilización de todas y de todos los
expresos políticos!
¡Por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado!
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(*) Mensaje leído por Enrique Chalar a nombre de la
Comisión Directiva de Crysol
