El 27 junio se cumplen 40 años de
la disolución del Parlamento y del
inicio de la huelga general con la cual los trabajadores, los estudiantes y los
sectores populares democráticos enfrentaron y resistieron la medida que
conduciría al terrorismo de Estado.
Las FFAA promovidas al escenario
político desde el 13 de junio de 1968 cuando el presidente Jorge Pacheco Areco
decretó las Medidas Prontas de Seguridad para congelar los salarios de los
trabajadores y militarizar a los bancarios y otros gremios, ya eran un factor
de poder al servicio de un proyecto político que pretendía descargar los
efectos de la crisis económica en las espaldas de los sectores populares.
La dictadura cívico militar no
fue un producto autóctono de los sectores conservadores y privilegiados del
país. Tampoco fue el resultado, directo o indirecto, del accionar de un grupo
de jóvenes radicalizados que en el invierno de 1963 robaron armas en el Tiro
Suizo de Colonia en una interpretación histórica simplista e interesada
políticamente. Ya en esa época el Gral. Aguerrondo y el Gral. Ballestrino
estaqueaban trabajadores en el Cerro y comenzaban a esbozar sus planes
golpistas copiando el modelo brasileño que destituyó a Joao Goulart.
Las dictaduras que en las décadas
de los 60 y de los 70 sacudieron a todo el continente latinoamericano, algunas
con intervenciones directas de tropas estadounidenses como en Santo Domingo,
fueron la estrategia diseñada por el Departamento de Estado para hacer frente a
las movilizaciones y reclamos de independencia, soberanía, libertad y
transformaciones radicales en las estructuras sociales para poner punto final
al hambre, la miseria generalizada, la pobreza y las indignas condiciones de
vida que afectaban a la mayoría de la población del continente.
La dictadura cívico militar, el
proceso, que tuvo como presidentes a Juan María Bordaberry, el Dr. Aparicio
Méndez y al Tte. Gral. Gregorio Alvarez, fue una tragedia nacional cuyos
efectos y daños colaterales se mantienen y perduran hasta el día de hoy en la
sociedad. La deuda externa que entorpece y dificulta el desarrollo del país
creció exponencialmente en dicho período. Los trabajadores vieron reducido en
un 50% el poder adquisitivo de sus ingresos que fue engrosar las arcas de los
sectores sociales que apoyaban al régimen. Los jubilados y pensionistas
perdieron el aguinaldo, nunca recuperado como tal. La industria nacional se
debilitó frente a las transnacionales y se llevó a límites extremos la
concentración de la riqueza.
El modelo de Vegh Villegas y las violaciones a los DDHH.
Para aplicar el modelo económico
del Ing. Vegh Villegas se suprimieron todas las libertades y se reprimió
salvajemente toda oposición. La tortura, abyecta, degradante, con secuelas
perdurables y sostenidas a largo plazo, junto con la prisión masiva y
prolongada fue la metodología deliberadamente seleccionada por las fuerzas
armadas para destruir a sus opositores, aterrorizar a la población y mantenerse
en el poder. Decenas y centenares de los integrantes de los aparatos represivos
estuvieron directamente involucrados en ellas, mientras El país y los grandes medios, radiales y
televisivos, proveían la cobertura publicitaria que presentaba como salvadores
de la nación a quienes la ejecutaban.
En el marco del Plan Cóndor
centenares de uruguayos fueron detenidos-desaparecidos dentro y fuera de las
fronteras nacionales. Centenares fueron asesinados extrajudicialmente en hechos
presentados como enfrentamientos. Decenas murieron en la tortura, en los campos
de concentración como Punta de Rieles o el Penal de Libertad o fallecieron como
resultado directo de ella. Miles de niños y adolescentes, familiares directos
de los presos políticos fueron víctimas de un trato inhumano y degradante que
marcó sus vidas para siempre.
Por razones políticas, gremiales,
culturales o ideológicas, miles de uruguayos fueron despedidos del Estado y de
la actividad privada. Para preservar su vida y su libertad, miles de uruguayos
debieron emigrar del país y exiliarse.
Una transición democrática inconclusa.
La resistencia de los
trabajadores y el pueblo, dentro y fuera del país, incluso dentro de las
cárceles, hirió de muerte a la dictadura. La gesta épica del pueblo uruguayo,
expresión de la cual fue la huelga general del año 1973 y el triunfo del NO en
el año 1980, condujo a que el 1° de marzo de 1985 asumiera el Dr. Julio María
Sanguinetti, resultado de un acto electoral en el cual se prohibió la
participación del Gral. Líber Seregni y de Wilson Ferreira Aldunate. Se inició
la transición democrática que restableció la libertad y la plena vigencia de
las garantías constitucionales y legales, indispensables para una convivencia
democrática.
A lo largo de estas décadas se
han dado pasos constantes, en un proceso complejo y de grandes obstáculos, con
pronunciamientos militares amenazantes de por medio, para erradicar el legado,
traumas y secuelas del pasado dictatorial. La transición como tal, desde la
perspectiva de las normas de DDHH que Uruguay ha ratificado, no plenamente vigentes en cuanto al terrorismo
de Estado, permanece inconclusa y con
desafíos pendientes de implementar.
La investigación y el
esclarecimiento de todas las graves violaciones a los derechos
humanos, la identificación de los responsables de ellas, tanto materiales como
intelectuales, y la sanción penal y administrativa con las garantías del debido
proceso, es la única manera de evitar que ellas vuelvan a repetirse.
El cumplimiento de la Resolución
60/147 de las Naciones Unidas es el estándar de la calidad institucional al
respecto junto con la sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman vs Uruguay.
El Estado uruguayo aún no ha
expresado sus disculpas públicas y oficiales a todas las víctimas ni ha
establecido un día de homenaje y recordación a ellas condenando y repudiando a
los terroristas estatales. Las circunstancias de los detenidos-desaparecidos
aún están pendientes de esclarecimiento. Con cárceles abarrotadas por delitos
menores, solo un puñado de criminales han sido juzgados y condenados penalmente
aunque continúan integrando los cuerpos de las FFAA por no haber sido sometidos
a los correspondientes Tribunales de Honor. La debida reparación a las víctimas
sigue pendiente de resolución como lo ha manifestado recientemente la
Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo.
Hasta el momento, ante las
presiones explícitas y las encubiertas de los golpistas de ayer y de los
partidarios de la impunidad hoy, el sistema judicial no ha cumplido, salvo
excepciones, con su obligación de investigar, esclarecer y sancionar los
crímenes de Lesa Humanidad que son imprescriptibles e inamnistiables. Ha
tolerado incluso que puedan gozar de beneficios extraordinarios como la prisión
domiciliaria, cuando tienen todas las condiciones necesarias para preservar sus
vidas adecuadamente y recibir el tratamiento humanitario que merecen en el Hospital Militar aunque sean
asesinos seriales.
Afirmar y profundizar la
transición democrática iniciada en 1985 con la plena vigencia de las normas de
DDHH, asumiendo y cumpliendo con las recomendaciones de la Institución Nacional
de DDHH y Defensoría del pueblo es la mayor garantía de que Uruguay podrá
continuar el camino del progreso, del desarrollo de la soberanía, de la
justicia y de la liberación nacional con desarrollo en infraestructura, con
educación y convivencia civilizada y plena en el marco de las normas de DDHH.
La incorporación de la profundización
democrática es un punto básico e imprescindible en el orden del día de una
verdadera agenda hacia el desarrollo del país, que entusiasme y convoque a la
participación de la sociedad civil y de los ciudadanos. Declarar el 27 de junio
de cada año Día Nacional por la Memoria,
la Verdad y la Justicia, feriado no laborable, repudiando el terrorismo de
Estado, en homenaje a las víctimas del mismo, afirmando y promoviendo las
normas de DDHH, es una medida legislativa impostergable y afirmativa cuando se
cumplen 40 años.
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N° 29 - Año 2 - Jueves 31 de enero de 2013