BUENOS
AIRES (IPS/Marcela Valente) - 24 12 12
Sin gran impacto mediático, la justicia de
Argentina finaliza el año de mayor actividad respecto de las actuaciones por
los crímenes contra la humanidad perpetrados por la última dictadura, tres
décadas después de su fin. Represores de toda la escala de responsabilidades
fueron condenados por decenas.
Datos de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas
por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de
Estado indican que casi 400 represores fueron llevados ante los
tribunales este año, 86 de los cuales recibieron sentencia, 72 por primera vez.
Los acusados, en su mayoría exmilitares y expolicías, responden por delitos
contra la humanidad, como secuestros, detenciones ilegales, torturas, ataques
sexuales, apropiaciones de menores, homicidios y desapariciones forzosas.
"La política de acumulación (de casos) que implementamos está dando resultado",
dijo a IPS el fiscal coordinador de la Unidad, Pablo Parenti. "Más que la
cantidad de juicios, lo importante es que aumentó la cantidad de acusados en
cada causa", remarcó.
El enjuiciamiento a la represión dictatorial, iniciado apenas se recuperó la
democracia en 1983, se reanudó solo en 2006 luego de que se declararon
inconstitucionales las leyes de "obediencia debida" y "punto
final", promulgadas en la segunda mitad de la década del 80 y de los
indultos firmados por el presidente Carlos Menem (1989-1999) apenas comenzado
su mandato.
La lista oficial de personas detenidas desaparecidas entre 1976 y 1983, que se
mantiene siempre abierta por la continua suma de nuevas denuncias, indica que
ya superan las 12.000, aunque organizaciones defensoras de los derechos humanos
sostienen desde siempre que rondan las 30.000.
Los primeros casos que pudieron ser pasados a juicio oral y público, tras las
investigaciones e instrucciones, tenían uno o muy pocos acusados y por una
reducida cantidad de víctimas, todos rasgos que desvirtuaban y alargaban el
proceso y fatigaban a testigos y sobrevivientes.
Este año, sin embargo, se resolvió en diversas causas acumular expedientes de
delitos cometidos dentro del mismo centro clandestino de detención o de un mismo
distrito militar y, entonces, los acusados pasaron a ser decenas en cada
juicio.
"Cuando se puso en marcha la Unidad (en 2007), había mucha
dispersión", contó el fiscal Parenti. "Algunos juicios tenían el
valor de ser los primeros y había que apoyarlos, pero eran contra uno o dos
acusados", añadió.
Frente a ese
panorama y con instrucciones de la Procuraduría General de la Nación, la Unidad
diseñó una serie de medidas para acumular expedientes conexos de manera de
lograr juicios significativos en plazos razonables, añadió.
"Hubo resistencia de jueces y fiscales, porque nuestra administración de
justicia está acostumbrada a trabajar en pequeña escala, con menores volúmenes
de prueba, pero al final se está avanzando y eso lo vimos reflejado este
año", remarcó Parenti.
Uno de los juicios más grandes y emblemáticos que comenzó en noviembre fue el
que reúne todas las atrocidades cometidas en la hoy desactivada Escuela de
Mecánica de la Armada (ESMA), el centro clandestino de detención que tenía la
marina de guerra en la ciudad de Buenos Aires y por donde pasaron unos 5.000
prisioneros.
En 2007 había sido elevado a juicio oral el caso de un solo acusado de la ESMA,
el prefecto Héctor Febres, quien se suicidó en vísperas del veredicto. En 2011
fueron condenados otros 16 represores de ese centro en un segundo juicio.
Pero el proceso de este año sentó en el banquillo a 68 imputados, entre ellos
seis ex oficiales que pilotaron aviones en los "vuelos de la muerte",
como se llamó al transporte aéreo de detenidos que eran arrojados vivos al Río
de la Plata o al océano Atlántico.
En ese proceso actualmente en curso, identificado por el tribunal como causa
"ESMA unificada", se está enjuiciado a ese más vasto número de
represores por delitos cometidos contra 796 víctimas, una cantidad acumulada
sin precedentes.
A comienzos de este mes arrancó en la provincia central de Córdoba otro proceso
a gran escala en el que se unieron 16 expedientes contra 46 represores y por
450 víctimas. Este juicio, como el de la ESMA, culminará en 2013.
El tercer juicio oral de gran magnitud que comenzó en las últimas semanas de
este año se tramita en la noroccidental provincia de Tucumán, con 43 acusados y
235 víctimas. La justicia unificó los casos de detenidos en dos grandes centros
de detención.
Finalizó esta semana con 23 condenas, 16 de ellas a cadena perpetua, el juicio
contra represores de la oriental provincia de Buenos Aires, que aglutinó los
casos de 280 víctimas en seis prisiones ilegales, en un proceso llamado
Circuito Camps, por el nombre del entonces jefe de la policía del distrito, el
ya fallecido Ramón Camps.
Según datos de la Unidad Fiscal, actualmente están en curso 20 juicios por
delitos de lesa humanidad. "Hasta 2008 solo había 70 condenados y ahora ya
hay 339" hasta noviembre, detalló Parenti. No obstante, el fiscal no está
conforme con el ritmo de los procesos.
"Se avanza, pero ojo con creer que ya está. Falta mucho, tenemos casi
1.000 procesados y, si bien se están haciendo juicios más grandes, el ritmo
deja mucho que desear. Hay procesos con audiencias dos veces por semana",
protestó.
Parenti remarcó que la acumulación de causas sirve para dar a la cosa juzgada
una visibilidad más acorde al delito. "Al ver el conjunto y no las partes
sueltas, se pone en escena la magnitud del terrorismo de Estado", subrayó.
El fiscal consideró que la suma de casos también ayuda a reconstruir el
fenómeno en un contexto amplio. "No es lo mismo acusar a 50 que a uno o
dos". La valoración de la prueba se vuelve, además, más sencilla con más
casos que refuerzan testimonios.
La Unidad se apoyó mucho también en una serie de reglas prácticas fijadas este
año por la Cámara de Casación Penal para agilizar juicios complejos, con muchas
víctimas. Esas reglas recomiendan cómo proceder.
Una de las cuestiones en las que más se insiste es en el traslado de prueba a
través de versiones en video, de manera de no revictimizar a testigos y
sobrevivientes que están declarando una y otra vez en múltiples causas desde
hace más de tres décadas.
En otro orden, el fiscal mencionó que está preocupado por la falta de control
eficaz sobre los condenados con prisión domiciliaria por razones de edad o
enfermedad -38 por ciento del total de condenados- que suelen ser vistos en la
calle en salidas que no cuentan con el debido permiso.
Por último, mencionó que, si bien "se agilizó un poco" el proceso de
revisión de sentencias, aún son pocas las que quedan firmes. De 339 condenados,
solo a 50 no le quedan instancias de apelación, mientras que el resto aguarda
la confirmación, en algunos casos desde 2009.
"Ese es otro gran desafío en el que tenemos que trabajar. Para que una vez
finalizado el juicio oral, la sentencia definitiva, que debe venir de
instancias superiores, llegue lo antes posible", definió.
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