Miércoles 7 de noviembre: elecciones en Crysol

Material sensible

Presentan denuncia contra el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, por desacato a la Justicia.

La diaria - 11 10 12

El doctor Federico Álvarez Petraglia y el periodista Rodolfo Porley presentaron ayer una denuncia ante el Juzgado Penal de 19º Turno por la “violación de una orden judicial” por parte del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, quien prohibió que se tomaran fotografías durante el reconocimiento del centro de detención de la dictadura 300 Carlos -conocido también como Infierno Grande-, que funcionaba dentro del Servicio de Material y Armamento del Ejército. Porley presentó en octubre de 2011 una denuncia por violaciones a los derechos humanos patrocinada por Álvarez Petraglia que involucra a este centro de torturas.

En el marco de esa denuncia, el 27 de setiembre la jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, dispuso una inspección ocular en esa unidad y en el Batallón de Infantería Blindado, ubicados en Instrucciones y Casavalle, con el objetivo de “ubicar en los predios” las instalaciones del 300 Carlos, se explica en el escrito presentado ayer. Se agrega que Mota pidió que se documentaran las pruebas con fotografías y croquis, para lo que concurrió personal de Policía Técnica. 

Además participaron la fiscal de 5º Turno, Ana María Tellechea, Petraglia, Porley y seis ex presos políticos que estuvieron detenidos en el lugar: Martha Valentini, Beatriz Weisman, Mario Ítalo Moreni, Albert Moreira, Dari Mendiondo y Clarel de los Santos, que fueron citados por la Justicia en calidad de testigos.

Petraglia y Porley expresan en la denuncia que se sorprendieron cuando intentaron ingresar a la unidad militar: la jueza “fue recibida por el coronel Raúl Lozano”, quien “le manifestó que habiéndose comunicado previamente con el general Nelson Pintos, éste le transmitió una orden del ministro de Defensa por la cual se disponía “que en dicho predio no se sacaban fotos”. La razón de la negativa “sería la supuesta existencia en el lugar de material sensible”. La jueza “reiteró in voce su orden”, acto que fue registrado por la actuaria presente.

El escrito agrega que se tuvo que realizar la inspección del lugar sin sacar fotografías y que una vez en el galpón donde funcionó el 300 Carlos “quedó en evidencia la sinrazón de la orden” del ministro de Defensa, “ya que lo único que se pudo observar fueron maquinas viejas, restos de metales, alguna madera, etc.”.

Ante estas circunstancias, “las conductas desplegadas” por los militares y el ministro “son claramente violatorias de una orden judicial”. La denuncia destaca que la negativa a permitir la documentación de un sitio donde se torturó durante la última dictadura “implica una flagrante violación” a la separación de poderes y también “a lo dispuesto en la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en el caso Gelman vs Uruguay, en la que se “ordena a todas las reparticiones del Estado uruguayo no obstaculizar en forma alguna el progreso de las causas como la que motivó esta inspección”. 

Finalmente, se solicita como prueba testimonial que se cite a declarar al coronel Raúl Lozano, al general Nelson Pintos, al ministro Fernández Huidobro, a la jueza Mota y a la actuaria Mabel Machado.

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Vieron luz

Ocho mil documentos sobre Uruguay fechados entre 1963 y 1973 fueron desclasificados en Estados Unidos y están a disposición en internet.

La diaria - 11 10 12 - Por Lourdes Rodríguez

Con fondos de la Universidad de la República (Udelar) y cancillería, los investigadores Nicolás Duffau y Aldo Marchesi, integrantes del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Pasado Reciente (Geipar), digitalizaron y establecieron las condiciones de acceso de un conjunto de archivos sobre nuestro país depositados en la National Archives and Records Administration (NARA), del departamento de Estado de Estados Unidos. La primera parte de la colección documental será presentada hoy en el marco de una jornada académica. La cita es en la sala Maggiolo del edificio central de la Udelar a partir de las 16.30.

La voluminosa documentación abarca la década 1963-1973 y tomó carácter público en el marco de los procesos de desclasificación rutinaria de la NARA, luego de un período de confidencialidad que en general es de 30 años. Esta colección de más de 8.000 textos tiene que ver con los intercambios que hubo en esa época entre la embajada en Uruguay y el gobierno de Estados Unidos.

“Política y defensa” es la categoría en la que se concentra la mayor cantidad de archivos, pero también hay otras menores como economía, sociedad y “especial”. Esta última incluye textos de organismos internacionales, que no necesariamente tienen relación con Uruguay. El criterio de trabajo fue copiar todos mediante la digitalización: “Lo que se busca como gran eje es democratizar información”, explicaron los investigadores. El internauta podrá acceder a la documentación en www.geipar.udelar. edu.uy.

“Permiten ver y reconstruir el papel de Estados Unidos, la vinculación con la política partidaria, con las organizaciones. Son observadores permanentes de todo el contexto uruguayo, están preocupados por la vida política pero también por las cuestiones legislativas en drogas, las políticas de territorialidad marítima, por el rol de la Iglesia, los sindicatos y el movimiento estudiantil”, resumieron Duffau y Marchesi.

Explicaron que los documentos no tienen valor si no se los contextualiza en el marco de la Guerra Fría y de la movilización política y social. “Hay que tener cuidado con pensar que los archivos son la fuente de verdad; es una mirada parcial. El archivo es una construcción: es lo que un Estado, sea cual sea, permite que se vea. Lo segundo es que es sólo una parte -nos queda por fuera de la CIA, por ejemplo- y lo tercero es la mirada de los funcionarios”, señalaron. Para poder reconstruir también es necesario cruzarlos con documentación uruguaya de la época -de la Policía, de Inteligencia militar- que no están a disposición de los investigadores.

Tuito

Al estar pautada por la Guerra Fría, la visión de la diplomacia estadounidense identificaba como “riesgo último” la posibilidad de una “amenaza comunista”. En los reportes políticos, según los investigadores, existe preocupación por la resistencia de los partidos tradicionales a proscribir al Partido Comunista del Uruguay (PCU). Incluso Jorge Pacheco Areco inhabilitó al Partido Socialista y otros grupos, pero no al PCU. “Uno de los trabajos de la embajada [de Estados Unidos] era promover el convencimiento de hacerlo entre los partidos tradicionales”, puntualizaron.

Los archivos reflejan un claro interés en las elecciones internas de esos partidos y en las desavenencias entre los colorados y los blancos. “La preocupación era mayor respecto de la izquierda legal que de la izquierda armada”, afirmó Marchesi. De esta última sólo temían por “la posibilidad de que se pusiera una bomba en la embajada”, ejemplificó.

La conformación del Frente Amplio era vista como una amenaza. Incluso hay un documento en el que se expresa que no sería “una situación revolucionaria”, pero que si esa situación y el clima de contexto social continuaban y los políticos tradicionales no lograban “resolver la crisis”, en el mediano plazo habría un “riesgo hacia la izquierda”. “Esto es explícito, sobre todo hacia los 70”, precisaron.

Otro aspecto a destacar es el seguimiento de toda la prensa, que se consideraba en la categoría “psicologic”. Allí se analizan temáticas de actualidad y cómo resuenan en la vida cotidiana: la llegada a la Luna, la muerte del Che Guevara o un editorial de Carlos Quijano que había repercutido en los sectores políticos. “Plantean el tema de Marcha, de cómo tiene una visión pesimista de la realidad uruguaya, y la necesidad de crear otra herramienta periodística que tenga influencias entre las elites uruguayas. Lo mismo ocurre con Peloduro riéndose de la clase política. Esto es importante porque da cuenta de hasta dónde estos diplomáticos están preocupados. Nada de la vida social, cultural ni política les es ajeno”, señalaron.

Tela por cortar

Duffau y Marchesi entienden que no toda la información que se incluyó en las comunicaciones era intencional. Muchas veces formaba parte de un trabajo sistematizado del country team -equipo diplomático- designado para esta tarea. “Tiene mucho de este lenguaje propio, pero son muy sólidos en materia de información. Es información muy calificada. Tienen informantes en todos lados y capacidad de diálogo con muchísima gente, con todos los actores, con sindicatos, con intelecuales de derecha y de izquierda, y relativa apertura para hacer un diagnóstico de lo que está pasando y para definir recomendaciones. Esto no se hacía sólo con Uruguay, sino con todos los países”, describieron.

Se informaba de la cita de un diplomático con un político, la realización de un ágape, las protestas, las exportaciones e importaciones, las ganancias que generó cada rama de la industria y la cantidad de votantes en las elecciones por departamento. “Más allá de la mirada, esos documentos, todavía vírgenes, son útiles para ver datos concretos del proceso político, porque a partir del 68 hay muchas proscripciones de prensa, períodos en los que no salen diarios. Hay documentos que consisten en seguir semanalmente todo lo que está ocurriendo en Uruguay sobre todos los procesos políticos, manifestaciones, y una evaluación de las situaciones en términos de nivel de riesgo de la política interna de Uruguay para Estados Unidos”, enumeraron.

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Estado de las cosas

Organizaciones crearon observatorio para el seguimiento de las causas penales vinculadas al pasado reciente.

La diaria - 10 10 12 - Por Lourdes Rodríguez

En los juzgados de Montevideo hay 138 causas por denuncias relacionadas a las violaciones de derechos humanos durante el terrorismo de Estado: sólo dos tienen sentencia firme. Además, hay otras 89 ingresadas en seccionales policiales que no están registradas en las sedes penales. 

Once organizaciones reunieron información de cada caso, elaboraron indicadores que permitan contextualizar el proceso de desarchivo, estado y evolución de los expedientes, y la sistematizaron para el acceso público.

71% de las causas está en presumario y 9% en sumario, es decir, hay una sentencia a consideración de Apelaciones o la Suprema Corte de Justicia. Según los datos del Observatorio a los que accedió la diaria, hubo 24 procesamientos. Uno fue por complicidad en homicidio especialmente agravado; uno por encubrimiento; uno por homicidio y uno por coautor de desaparición forzada en reiteración real; nueve por homicidio muy especialmente agravado y 11 por coautoría de homicidio muy especialmente agravado.

El sistema del Observatorio hace posible, entre otras cosas, obtener detalles del expediente, por ejemplo en qué juzgado se encuentra, el tipo de delito invocado por el denunciante. La mayoría de las causas son tramitadas en los juzgados de 7º turno (37) y 1º turno (19), a cargo de Mariana Mota y Juan Fernández Lecchini, respectivamente.

La base de datos abarca el período 1981-2012. En 1985 y 1986 hubo un pico de denuncias (46) previo a la aprobación de la Ley de Caducidad, y otro en 2011 (26), cuando la eventual prescripción de los delitos cometidos en dictadura dominaba el debate político y jurídico.

La información también está organizada en tres partes: 1981-1986 sin Ley de Caducidad, 1987-2004 con esta norma vigente durante los gobiernos blancos y colorados, y 2005-2012 con una aplicación diferente de la ley que posteriormente quedará sin efecto. Según el comparativo elaborado por el Observatorio, el período con menos denuncias fue el segundo (32); en los otros hubo 51 y 55, respectivamente.

Para su elaboración se utilizaron cuatro fuentes: los archivos de Familiares y el PIT-CNT, un informe del fiscal Ariel Cancela, integrante de la secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, y la respuesta de la Suprema Corte de Justicia a un pedido de informe del diputado Víctor Semproni. Al no ser documentos hechos para un registro de datos, hubo dificultades como expedientes sin fecha clara de inicio o la diversidad de criterios para caratular. Raúl Olivera, integrante del Observatorio por el PIT-CNT, explicó a la diaria que esto es un “mapa provisorio” y que su perfeccionamiento continuará 
mientras se abran más fuentes de información. “En esa medida será una herramienta que contribuirá al monitoreo de los resultados del cumplimiento de la sentencia [de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Gelman] y a perfeccionar la identificación de obstáculos”, señaló.

Las organizaciones que integran el Observatorio son Familiares, PIT-CNT, HIJOS, Crysol, ONAPJU, Fundación Mario Benedetti, SERPAJ, IELSUR, Mesa Permanente contra la Impunidad, Pro Derechos y Colectivo Denunciantes de Octubre de 2011.

Así las cosas

En febrero de 2011, la sentencia de la Corte Interamericana por el caso Gelman vs Uruguay puso de manifiesto responsabilidades y obligaciones del Estado en este tema. En junio el Ejecutivo revocó todos los actos administrativos por los cuales había determinado el amparo de casos en la Ley de Caducidad.

En octubre se sumaron 105 denuncias en seccionales policiales en los días previos a la entonces probable prescripción. El 26 de ese mes, luego de un intento fallido y varias idas y venidas, el Parlamento dio sanción definitiva a una ley que evitó los efectos de la prescripción a partir de ese 1º de noviembre y derogó la Ley de Caducidad.

Estos hechos cambiaron el escenario, principalmente, propiciaron un proceso de desarchivo de antiguas causas que estaban paralizadas. Ni el Poder Judicial, en tanto receptor de las denuncias, ni el Ejecutivo tienen información clara ni sistematizada que permita agilizar este proceso. Además, en el sistema penal uruguayo la víctima no tiene participación activa en el proceso, sin embargo, es esta misma o su entorno la que, en estas causas, realizan la investigación.

“La antigüedad de la mayoría de las causas, el tiempo transcurrido de los hechos que se denuncian y la falta de esa acción proactiva desde los distintos niveles del Estado tornan imprescindible, además de realizar un seguimiento de las causas, establecer una suerte de ‘centralidad’ de la acción de los operadores del sistema judicial que permita encarar en forma adecuada el encare de conductas que escapan a aquellas a las que están acostumbrados los juzgados penales. Sin una visión en ese sentido, superada la impunidad jurídica, caeremos en la impunidad fáctica”, reza el documento oficial del Observatorio Luz Ibarburu.

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Mil palabras

Reclusión en la ESMA de uruguayo desaparecido en Argentina en 1977 verificada al reconocerlo en una exposición de fotos en su ciudad.

La Diaria 3 10 12 Por Lourdes Rodríguez

El lunes de nochecita se inauguraba en Mercedes la muestra itinerante Fotos sacadas en y de la ESMA, del argentino Víctor Basterra, que concurrió al lugar. En ese contexto, el periodista local Aldo Difilippo reconoció, entre las imágenes de detenidos en ese centro de tortura, una foto de Luján Sosa, mercedario desaparecido en Argentina en 1977. Eso reveló uno de los paraderos de Sosa, cuyas circunstancias de detención prácticamente se desconocen, y disparó elementos para seguir investigando.

Basterra estuvo secuestrado en la Escuela Superior de Mécanica de la Armada (ESMA) entre agosto de 1979 y diciembre de 1983 por su militancia peronista. Mientras estuvo preso fue obligado a confeccionar documentación falsa para los represores y con ese fin debió tomar fotografías, de las que guardó copias. También se las ingenió para retirar de forma clandestina parte de dos negativos de fotos que los militares habían tomado a detenidos desaparecidos que pasaron por la ESMA.

Con el apoyo del Instituto Espacio para la Memoria de Argentina, este archivo se convirtió en una muestra itinerante que fue donada al Museo de la Memoria. Allí estará disponible desde el fin de semana, pero antes pasará por Carmelo y Maldonado. La inauguración tuvo lugar el lunes en la sede de la AEBU de Mercedes. La foto en la que el periodista identificó al uruguayo tenía una inscripción que decía: “¿Sosa? Detenido desaparecido”.

Luján Sosa vivía en Argentina: militaba en Montoneros y trabajaba en la imprenta Edmar. Fue secuestrado el 23 de abril de 1977 en la vía pública por personas armadas vestidas de particular que se identificaron como policías. Tenía 19 años.

De acuerdo a Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos, fue llevado a la pensión donde vivía con las manos atadas con alambre y allí le comunicaron a la dueña del lugar que “lo borrara del libro de huéspedes”, que retirarían todas sus pertenencias y que “no lo verían más”.

La información que manejaron sus familiares es que fue recluido en un centro clandestino que funcionó como base operativa del grupo OT 18 (Operaciones Tácticas), después del cierre de Automotores Orletti. La fotografía de Sosa que Basterra logró rescatar evidencia su paso por la ESMA. “Lo que llama la atención es que la foto está fechada en 1979, dos años después de su detención, así que su historia es más larga de lo que se conoce”, apuntó Difilippo.

La familia de Sosa vive en José Enrique Rodó, en Soriano, a 80 kilómetros de Mercedes, y anoche recién estaban “procesando” esta noticia. “Siempre lo buscamos, incluso en la clandestinidad. Mi madre [Chela Valdez] siempre ha estado estudiando documentos, viajando a Buenos Aires, poniendo su foto en todos lados, enviando cartas a Cruz Roja, al exilio, a las embajadas...”, enumeró en diálogo con la diaria Marbey Sosa, hermano de Luján.

Durante la jornada de ayer, los integrantes de la Comisión de Memoria y Justicia contra la Impunidad de Mercedes encargados de la inauguración de la muestra fotográfica trabajaron para confirmar que la persona de la foto sea efectivamente Sosa. Lilián Ohaco fue una de las personas claves. “No hay dudas de que es él”, afirmó a la diaria. Ohaco, oriunda de Mercedes, se fue a vivir a Buenos Aires a principios de los 70 “con una mano atrás y otra adelante” en busca de oportunidades laborales.

En ese contexto, compartió con Sosa y otros uruguayos el alquiler de dos casonas en diferentes barrios porteños hasta fines de 1976. Luego Sosa se mudó a la pensión cerca de la que fue secuestrado. Ohaco ya estaba de regreso en Mercedes cuando se enteró de la desaparición de Sosa. “Era un muchacho encantador, sano. Le encantaba la música”, recordó.

Uno de los referentes de la comisión, Sergio Frantchez, explicó a la diaria que los fragmentos de negativos rescatados por Basterra fueron dos. En uno había 12 fotos y en el otro tres. Una de éstas pertenecía a Sosa y otra a un sobreviviente que vive en Argentina y que ha trabajado estrechamente con el Instituto Espacio para la Memoria. Allí están puestas las expectativas ahora.

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Luis Michel Ceballos

Identifican a nueva víctima uruguaya del Cóndor en Buenos Aires

El militante desconocido

Brecha 28 9 12 - Por Samuel Blixen

La identificación de otra víctima del Cóndor confirma la existencia de un centro clandestino de detención en Buenos Aires para la tortura de ciudadanos extranjeros, anterior a Automotores Orletti.

La denuncia sobre el asesinato de un militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR), ocurrido en Buenos Aires en diciembre de 1975 y del que no existía noticia, permite reconstruir la historia de la represión de la dictadura uruguaya contra esa agrupación, que se inició en Montevideo en 1973 y se prolongó hasta 1978 cuando los últimos militantes secuestrados en Buenos Aires fueron trasladados hasta La Tablada, donde desaparecieron definitivamente. 

Luis Michel Ceballos, de 21 años, cuyo cuerpo presentaba una veintena de impactos de bala, fue ejecutado en un subsuelo de un hasta ahora desconocido centro clandestino de detención de la Policía Federal, donde muy probablemente fueron recluidos, interrogados, torturados y asesinados algunos de los uruguayos secuestrados en Buenos Aires antes de la instalación de Automotores Orletti, el centro de operaciones de los represores del Plan Cóndor.

Ceballos, un estudiante que militaba en el liceo número 8, donde en agosto de 1972 fue asesinado Santiago Rodríguez Muela, decidió refugiarse en Argentina a principios de 1975 para evitar la reiteración de periódicas detenciones, a pesar de ser menor de edad. 

Su vinculación a las Brigadas Rojas y al PCR era “periférica”, según confirmaron ex militantes de ese grupo político, pero mantenía una relación personal con Carlos Federico Cabezudo, un militante de ese partido secuestrado en Buenos Aires en diciembre de 1977, y cuya presencia en La Tablada, Uruguay, fue confirmada por testimonios de prisioneros sobrevivientes.

A comienzos de diciembre de 1975, Ceballos, que se había integrado a la estructura de los exiliados del PCR en Argentina, viajó fugazmente a Montevideo con documentos falsos para ver a su madre, gravemente enferma. Retornó a Buenos Aires, donde trabajaba como zapatero. 

Semanas más tarde, su hermana, Susana, recibió una llamada telefónica anónima, urgiéndola a que se trasladara a Buenos Aires porque su hermano estaba “muy grave”; le dieron un número telefónico para que se contactara en cuanto llegara.

Sospechando que su hermano había muerto, Susana viajó el 1 de enero de 1976 en compañía de su madre y su otro hermano, y al día siguiente concurrió a lo que supone era la morgue. Un funcionario, que no se identificó, le pidió que reconociera el cuerpo de un joven. Susana se descompuso y el funcionario le evitó el reconocimiento directo: le mostró numerosas fotos que guardaba en una carpeta de color verde. 

Michel Ceballos presentaba heridas de bala en el cráneo, en el tórax y en el abdomen, según consigna el documento del Registro de Estado Civil de la Municipalidad de Buenos Aires. Nadie le informó a Susana sobre las circunstancias de la muerte de su hermano, pero en el momento en que reconocía las fotografías alcanzó a leer la carátula de la carpeta: “Ocho muertos. Un herido grave. Nosiglia”. 

El funcionario señalaba con una lapicera las heridas que aparecían en las fotos del cuerpo desnudo de Michel: “23 orificios de bala, no sufrió nada”, dijo el funcionario, quien le entregó una tarjeta de una empresa fúnebre, alertándola de que no contratara a ninguna otra porque esa empresa –Canning, según recuerda– era la única autorizada.

Según relató a Brecha, Susana Ceballos recibió días después la visita de Carlos Cabezudo, quien desde 1973 se encontraba clandestino en Argentina: “Me recomendaba que no regresara a Montevideo, pero en ningún momento me explicó qué había pasado con mi hermano; deduje que Michel militaba con Cabezudo”.

GALERÍAS PACÍFICO

 A su regreso a Montevideo, Susana Ceballos recibió por correo una copia del certificado de defunción de su hermano. El documento contenía una valiosa información que no había sido explotada hasta ahora, y que vino a confirmar una denuncia presentada por un ciudadano portugués, en febrero pasado, en la megacausa del Plan Cóndor, que instruye el juez federal Daniel Rafecas.

Santana. Foto de Elina Gilmet

Arturo Santana, realizador de televisión, había sido detenido en marzo de 1976, requerido por su condición de militante montonero. Santana permaneció varios días en un centro de tortura, que él presumía que estaba en un lugar céntrico de Buenos Aires y que tenía tres subsuelos, uno donde se habían acondicionado celdas precarias, y un tercero donde se realizaban ejecuciones, a estar por las ráfagas y disparos que oían los detenidos.

Recién en 1987 Santana logró identificar el lugar donde estuvo detenido antes de ser trasladado a Campo de Mayo. Tal como relató a Brecha, en su condición de director de fotografía participaba ese año de la realización de una producción para la televisión: Ciudad de los pobres corazones, sobre el álbum de Fito Páez  y dirigida por Fernando Spiner, que se filmaba, en parte, en un edificio de la avenida Córdoba, entre Florida y San Martín, que acababa de ser declarado monumento histórico. 

Los dibujos de las baldosas del piso le trajeron a Santana ciertos recuerdos y al recorrer los subsuelos encontró en las paredes rastros del lugar donde había permanecido detenido en marzo de 1976.

El realizador hizo una denuncia judicial pero ésta fue archivada. Posteriormente el edificio sufrió importantes modificaciones cuando el gobierno de Carlos Menem autorizó su enajenación para su conversión en un centro comercial, las famosas Galerías Pacífico, que tomó el nombre de las dependencias que allí habían funcionado, las del Ferrocarril al Pacífico, que compartían espacios con la Superintendencia de Policía Ferroviaria y con Coordinación Federal.

En febrero pasado Santana inició una querella y en abril solicitó a la justicia “libre oficio a la Policía Federal para que responda si en el 76 operó desde ese señorial edificio una delegación, comisaría o dependencia de esa fuerza”  y si allí funcionó un polígono de tiro. El ciudadano portugués presume que en aquel edificio la policía interrogaba y recluía a extranjeros, porque eran de esa condición todos los que fueron trasladados desde allí a Campo de Mayo.

La denuncia de Santana coincide parcialmente con una afirmación del entonces fiscal de la Cámara Federal Luis Moreno Ocampo sobre la existencia, en las dependencias de la Policía Ferroviaria, de un centro clandestino de detención que había funcionado entre 1977 y 1981 perteneciente al circuito ABO (Atlético-Banco-Olimpo) bajo la tutela del general Guillermo Suárez Mason, por entonces jefe del Primer Cuerpo de Ejército. El testimonio de Santana adelanta la fecha de funcionamiento de ese centro de tortura a marzo de 1976.

Sin embargo, en el proceso de confirmación de la existencia de un centro clandestino de torturas hasta ahora desconocido, se convirtió en un elemento clave la partida de defunción en poder de Susana Ceballos. El documento detalla que la muerte de Luis Michel Ceballos ocurrió “en el interior de la finca sita en Córdoba 652 el 30 de diciembre de 1975 a las 16 horas”. El documento está firmado por el oficial del Registro de Estado Civil César Gutiérrez Eguía, según certificado médico de Mario Sebastián Rosenfeld.

Al recolectar los elementos para el inicio de una querella ante la justicia argentina por el asesinato de su hermano, Susana Ceballos hizo protocolizar el acta de defunción que había recibido por correo y, en compañía de la militante de derechos humanos Lile Caruso, concurrió a la dirección donde, según el documento, habían matado a Luis Michel. Ambas confirmaron que en Córdoba 652 radican las Galerías Pacífico. Simultáneamente, la publicación de una entrevista a Arturo Santana, en la edición de Página 12 del 14 de agosto pasado, permitió confrontar el testimonio del ciudadano portugués con la prueba documental.

La confirmación de la existencia de un centro operativo en el microcentro de Buenos Aires donde confluían detenidos extranjeros constituye una pista para determinar dónde fueron interrogados y torturados, por personal policial y militar uruguayo, algunos de los exilados desaparecidos o asesinados antes de la inauguración, en junio de 1976, del centro clandestino Automotores Orletti.

Hasta ahora ningún organismo oficial, argentino o uruguayo, consignaba el nombre de Luis Michel Ceballos como víctima de la coordinación represiva del Río de la Plata, en parte porque sus familiares habían postergado la denuncia. Pero en otros casos de uruguayos desaparecidos ocurridos en los primeros meses de 1976 las informaciones son en extremo parciales: Nebio Melo Cuesta y Winston Mazzuchi, ambos integrantes de la dirección del PCR, fueron detenidos el 8 de febrero de 1976 en un bar de la estación Belgrano por personas de particular que se identificaron como personal de Coordinación Federal; ambos permanecen desaparecidos y no se sabe a donde fueron trasladados.

El 5 de abril de 1976 fue detenido Ary Cabrera, militante del PVP, fue secuestrado el 17 de abril de 1976 junto a Telba Juárez, cuyo cuerpo apareció dos días después en la localidad de Barrancas. Hugo Gomensoro Josman – cuyo hermano Roberto fue asesinado en Paso de los Toros- fue detenido junto con su compañera María del Rosario Vallarino el 30 de abril; conducidos a un centro de torturas, María del Rosario fue liberada días después; el cuerpo de Hugo fue allado en aguñas del Río de la Plata un mes después. 

Finalmente, el 18 de mayo de 1976 fueron secuestrados Rosario Barredo, William Whitelaw, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz; sus cuerpos aparecieron dos días después en el interior de un auto abandonado. Nunca se supo dónde fueron torturados y asesinados.

                

Las decenas de uruguayos detenidos a partir de 1976 fueron todos recluidos en Automotores Orletti hasta que ese centro clandestino fue cerrado a finales de ese año. La existencia de un centro donde ahora funcionan las Galerías Pacífico destinado a prisioneros extranjeros podría revelar dónde operó el Cóndor antes de Orletti.

La represión contra el PCR

El “PETISO” Nebio Melo y el “PELADO” Winston Mazzuchi fueron secuestrados el 8 de febrero de 1976, un mes después del asesinato de Luis Michel Ceballos, por una patota que irrumpió en el bar Tala de la Estación Belgrano C. Melo y Mazzuchi eran Militantes del PCR, al igual que Ceballos; pero a diferencia de éste, aquellos nunca aparecieron.

Unos días más tarde, otra patota de unos 15 hombres fuertemente armados que se movilizaban en autos Ford Falcon y que se identificaron como de Coordinación Federal, allanaron la vivienda donde dos meses antes había residido Nebio Melo junto a su esposa y su pequeña hija. Los nuevos inquilinos de la casa formularon una denuncia en la comisaría de la zona. El comisario dijo desconocer el operativo y luego de unas consultas informales les dijo que no se preocuparan, que no había nada contra ellos. Y agregó: “Debe de tratarse de un grupo de uruguayos que andan jodiendo”.

La convicción de que, por regla general, los operativos en Buenos Aires contra refugiados uruguayos eran protagonizados por personal de la OCOA y del SID, policías y militares que se trasladaban a Argentina, termina siendo confirmada, tarde o temprano con el surgimiento de pruebas.

En el caso de la represión contra militantes del PCR refugiados en Buenos Aires, documentos recientemente conocidos revelan que, precisamente por las fechas en que fue asesinado Ceballos y desaparecidos Melo y Mazzuchi, estaba presente en la capital argentina un capitán de caballería que en 1973 –y probablemente antes- tenía como objeto prioritario de sus accionar la represión contra militantes del PCR.

La presencia en Buenos Aires del capitán Juan Carlos Gómez no habilita afirmar que estuvo involucrado en el asesinato y las desapariciones mencionadas. Pero su historial permite sospechar algún tipo de participación. Numerosos testimonios indican que Gómez tuvo participación activa en las torturas a las que fueron sometidos muchos prisioneros recluidos en el cuartel del Regimiento 6 de Caballería; también se presume que participó en los interrogatorios a que fue sometido a finales de 1974 Luis Eduardo González González, hasta hoy desaparecido.

Pero el hecho por el que está procesado y recluido en la cárcel de Domingo Arena es el asesinato de Roberto Gomensoro Josman. Según el testimonio de varios testigos, Gómez fue quien directamente asesinó a Gomensoro en la unidad militar de Paso de los Toros. Por ese hecho también está procesado José Nino Gavazzo.

El cuerpo de Gomensoro fue encontrado en el lago artificial de la represa de Rincón del Bonete por unos pescadores del lugar. Estaba envuelto en una malla de alambre que sostenía piedras. Fue enterrado en el Cementerio de Paso de los Toros como NN pero la cabeza fue conservada por el médico policial que realizó la autopsia. Muchos años después un estudio de ADN confirmó que el cráneo correspondía a Gomensoro, pero no pudo verificar la identidad del cuerpo sepultado porque, curiosamente, cuando el caso comenzó a ser ventilado, las tumbas fueron profanadas y los restos de aquel cuerpo hallado en el lago desaparecieron.

 La justicia procesó al hoy coronel Gómez, que permanece recluido pese a que, recientemente, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, difundió su convicción de que Gómez es inocente en el caso Gomensoro, quien habría sido, a su juicio, asesinado en una unidad de Montevideo.

Si finalmente se inicia una investigación sobre los muertos y desaparecidos del PCR, quizás pueda determinarse qué hacía el entonces capitán Gómez en Buenos Aires a fines de 1975 y comienzos de 1976.

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