Las confesiones de Gavazzo

Mi lucha

Montevideo Portal. 27.09.2012 

El teniente retirado José Gavazzo escribió un libro autobiográfico que saldrá a la venta en los próximos días. En él reconoce que aplicó apremios físicos porque "son inevitables en tiempos de guerra" y admite que "apretó el gañote" a presos porque había que obtener información rápidamente. Criticó a Sara Méndez por "reclamar como madre lo que había perdido como terrorista", en relación a su hijo Simón.

"José Nino Gavazzo: Mi testimonio", es el nombre del libro autobiográfico que el teniente coronel retirado José Gavazzo publicará en los próximos días a través de Artemisa. El semanario Búsqueda accedió a un adelanto del libro de 634 páginas, destacando en especial algunos fragmentos del capítulo dedicado a los apremios físicos en la época de la dictadura.

Gavazzo reconoce en ese capítulo que "apretó el gañote" e hizo lo necesario parta conseguir la información de presos detenidos. El militar asegura que "los años de silencio autoimpuesto por las Fuerzas Armadas de poco han servido para consolidar una paz duradera y auténtica, y por el contrario han contribuido a crear un clima de 'culpabilidad'' sobre muchos que lo único que han hecho, como yo, fue cumplir con el deber y defender a nuestros conciudadanos demócratas y republicanos de otros que no s querían imponer un régimen dictatorial similar al entonces vigente en los países del bloque comunista".

El militar, procesado en el 2006 por delitos de "homicidio muy especialmente agravado", estuvo "frente a la boca de los fusiles del enemigo mientras rebotaban alrededor". "Tuve suerte: ninguna dio en el blanco. A la inversa, también tuve a esos enemigos en la mira de la cabina y alguna vez herí a alguno", dijo.

Gavazzo explica que al detener a un integrante de la guerrilla, "el factor tiempo se tornó un elemento básico para poder obtener información del prisionero que permitiera llegar a los integrantes del resto de la célula antes de que se percataran de lo sucedido", según los adelantos de Búsqueda.

Entre los detenidos, "la mayoría (...) se doblegaba de inmediato, lo que nos permitía seguir su cadena de contactos". "Las mujeres eran mayoritariamente y en todos los aspectos mucho más duras de carácter y de comportamiento más inteligente que los hombres (...) Los obreros, absolutamente minoritarios en las organizaciones terroristas, eran por lejos más concientizados e inteligentes que los estudiantes".

Apremios

El militar excusa el hecho de haber aplicado apremios físicos al aclarar que "una demora en la obtención de la información podía haber significado la pérdida de una o más vidas humanas".

Luego compara la situación con la de un padre al que le secuestran un hijo, al que van a matar, y tiene la oportunidad de sacar la información a uno de los secuestradores. "¿Qué hace usted? ¿Se comporta éticamente en forma correcta y deja que su hijo muera o agota cualquier medio para que ese hombre le diga la forma de salvar la vida de su hijo?", inquiere al lector.

"Si usted, señor lector, me responde que no le salta arriba al secuestrador y le aprieta el gañote hasta que le diga dónde encontrar a su hijo, permítame decirle respetuosamente que no le creo, o que su sangre no es tal, sino sólo horchata". En esos momentos de la sociedad "agredida por las bombas y balas terroristas", Gavazzo, como integrante de las Fuerzas Armadas "tenía la responsabilidad legal, constitucional y moral de velar por todos esos hijos de desconocidos conciudadanos".

"La primera obligación fue sin dudas que ese terrorista nos dijese donde estaba ese hijo secuestrado y así poder salvarlo de una muerte segura. Yo procedí así, ya que el primero de los derechos humanos es el derecho a la vida y sin el mismo los demás dejan de tener sentido de existir", agrega en su libro.

El militar trata de mentirosos, cobardes e hipócritas a los magistrados "que ocultan la verdad" y "por supuesto sus cómplices encubiertos, los integrantes de ex organizaciones terroristas, hoy convertidos en testigos y denunciantes". "Y a los integrantes del PVP traídos por mí desde Argentina, les agrego que son unos desagradecidos relucientes de una gran pobreza de espíritu".

Gavazzo aclaró que a los presos que por cobardía entregaron a sus compañeros "jamás hubo que apretarles el gañote, ya que su voluntaria colaboración lo hacía innecesario". "Fueron muchos más de los que comúnmente se piensa los Amodio Pérez o las Pilar Nores", dice al respecto de aquellos que daban información a cambio de beneficios.

"Ni yo ni ningún camarada apretamos el gañote por o con placer a nadie. Fue una desagradable necesidad de la guerra", sentencia, agregando que métodos más cruentos fueron usados en la revolución mexicana o comunista. "Yo apreté a algunos enemigos de entonces, pero lo hice para prevenir el mal mayor, como un cirujano que corta una pierna gangrenada", afirma.

Finalmente, asegura que todas las personas detenidas, salvo María Claudia García de Gelman, integraban organizaciones subversivas y terroristas, criticando a Sara Méndez, que "prefirió ser terrorista antes que madre y luego pretendió reclamar como madre lo que perdió como terrorista"

--------------

La memoria en Chile

Página 12 – 13 9 12 - Por Mercedes López San Miguel

Desde Santiago, Chile.

Frente al parque Quinta Normal, de Santiago, se levantó un edificio revestido de vidrio cuya forma se parece un poco a un triángulo. Al lugar se llega en subterráneo y de hecho el terreno había sido pensado para una estación de subte. Pero el proyecto de la socialista Michelle Bachelet pudo más: acá se inauguró un espacio para la memoria colectiva en enero de 2010. 

Dos amplias escalinatas permiten descender a la puerta del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. En estos dos años, miles de jóvenes lo han visitado cada día, una generación que no había nacido cuando sucedieron los hechos que narra el museo. 

En 2011, de las 21.323 personas que pasaron por el museo en visitas guiadas, un 49 por ciento eran estudiantes. “Uno de los desafíos que enfrentábamos era atraer a un público joven y eso ha sucedido con éxito”, dirá Marcia Scantlebury, quien estuvo encargada del proyecto y fue ella misma, al igual que la ex presidenta Bachelet, víctima y sobreviviente del terrorismo de Estado chileno.

Comenzamos la recorrida a partir de la obra Geometría de la conciencia, de Alfredo Jaar. Tras bajar una escalera a un costado del edificio principal, la joven guía pregunta: “¿Alguien le tiene fobia a la oscuridad?”, y ante la negativa del grupo de unas quince personas señala una puerta por la que habrá que pasar. 

Adentro está oscuro. La primera sensación es de encierro. Sólo se oye la respiración de los otros. Nadie habla. Minutos después se enciende la luz y en una pared se ven siluetas de rostros recortadas en un fondo negro. Muchas siluetas blancas de caras sin facciones que se multiplican a lo largo y ancho de la pared. Se vuelve a apagar la luz. El tiempo parece aquietarse.

La guía comenta que el artista busca activar la memoria a través de la luz y que en total hay 500 siluetas, de las cuales la mitad son de detenidos desaparecidos, hechas con fotografías que están en el museo. 

A la salida, la guía –que por su edad no vivió en los tiempos de dictadura– pregunta qué se sintió hace unos minutos. Un joven chileno dice: “Una sensación hacia el infinito”. Una chica a su lado dice: “Falta de aire”. Pienso que son estos jóvenes chilenos de menos de 30 años los que no sólo indagan sobre la historia de su país, también exigen una educación gratuita. Fue la dictadura la que privatizó la enseñanza. Más de la mitad de la población no había nacido cuando se violaron los derechos humanos durante un largo período, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Adentro del edificio de tres pisos, lo primero que llama la atención en la planta baja es la pared en la que están señalados los memoriales que se crearon en todo Chile, con los nombres de los desaparecidos y las fechas en las que existieron los centros de detención. En esos lugares se recuerda a las víctimas: son 3200 los desaparecidos chilenos, 39 eran menores de edad. Un total de 28.459 presos políticos, 1244 menores. 

La negación y el relato mentiroso acompañaron la dictadura, por ejemplo, cuando cambió la dirección del centro de torturas ubicado en la calle Londres 38: si ese número se convertía en el 40, desaparecía el escenario de tormentos y muerte. Por eso es que se alzó un memorial en el número 38, en pleno centro de la capital.

En el primer piso el recorrido se vuelve audiovisual: en varias pantallas hay imágenes en blanco y negro del bombardeo al Palacio de La Moneda, con las últimas palabras grabadas de Salvador Allende sonando de fondo. Era el 11 de septiembre de 1973 y comenzaba un período siniestro en la historia de los chilenos. Entre las imágenes documentales me impactó una en particular: una mujer llora a la orilla del río la muerte de su hijo. Los militares de Pinochet mataban y arrojaban los cuerpos al río Mapocho como los militares argentinos lo hacían desde aviones al Río de la Plata.

En el caso de los museos que se sitúan en espacios físicos donde tuvieron lugar las prácticas brutales y represivas es posible encontrar huellas y marcas de lo sucedido, como en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires, hoy convertida en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. 

En el caso del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, son los objetos –cartas, fotos, videos, artículos de periódicos– y los testimonios grabados los que dan cuenta del pasado. Por eso, en la larga pared donde se exponen las fotos de las víctimas aún cuelgan marcos vacíos, que interpelan al visitante a preguntarse por los que todavía no están identificados. Es inevitable mirar los marcos vacíos iluminados desde abajo con velas y sentir emoción.

A lo largo de uno de los pasillos aparece material de la prensa de la época. Muchos diarios fueron censurados y los que pudieron publicar, que siguen siendo los principales medios impresos hoy en Chile –La Tercera, El Mercurio y La Segunda (del mismo grupo que El Mercurio)– ejercieron la autocensura y respaldaron activamente a la dictadura. 

“Exterminados como ratones”, tituló La Segunda la noticia de que militantes comunistas, socialistas y de la guerrilla MIR “fueron muertos en el extranjero”. Se trató de la Operación Colombo, en la que la dictadura mató e hizo desaparecer a 119 personas. El 13 de septiembre de 1973, El Mercurio titulaba “Junta Militar controla el país” en portada, y más abajo un titular decía: “Un cuantioso armamento se encontró en La Moneda”. Ese medio destacaba en tapa dos días después: “Unidad Popular Pensaba Liquidar a las FF.AA”. Y en la bajada se completaba la información: “Diez mil extremistas extranjeros en Chile”.

En una parte del recorrido por el museo aparecen varias pantallas chicas con los testimonios de los abusos, torturas y violaciones que padecieron y denunciaron los sobrevivientes de centros clandestinos. Un hombre cuenta que de tanto ser apaleado no podía caminar. Una mujer recuerda los gritos de otros presos como de animales. Otra dice que su cuerpo ya no le pertenecía, que estaba como enajenado. Los casos están detallados en los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991), la Corporación de Reparación y Reconciliación (1996) y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2004).

Debajo de las pantallas hay un catre sin colchón y en una de sus patas está apoyada una picana que se usaba en los interrogatorios. Varias mujeres que estaban embarazadas al momento de ser detenidas perdieron sus bebés por las torturas. En total fueron 229 las embarazadas detenidas. A la guía le pregunto si en Chile hubo robo sistemático de bebés. Ella contesta escuetamente que no, que no sucedió como en Argentina. “En Chile no existió el rapto o robo de menores de sus padres como mecanismo sistemático de represión” me dirá más tarde Francisco Ugas Tapia, jefe del área jurídica del Ministerio del Interior.

Después pasamos por un sector dedicado a los niños cuyos familiares fueron secuestrados. En la pared está pegada la carta manuscrita que una nena de nueve años le escribió a la esposa de Pinochet. “Lucía Hiriart, usted que es una persona buena, ¿podría devolverme a mis abuelitos?”. La nena vio cómo se llevaban a los golpes a sus abuelos, cuenta la guía ante la mirada en silencio de los jóvenes visitantes.

Los chilenos veinteañeros de hoy, que son hijos y nietos de los que vivieron la dictadura y la transición a la democracia, no temen saber. Son los que visitan a diario este paseo por la memoria porque, en el fondo, este museo fue hecho para ellos.

-----------

En busca de "la tumba del ómnibus"

NUEVA ZONA DE EXCAVACIÓN EN EL BATALLÓN 14

Caras y caretas - 31 8 12

En busca de la ‘tumba del ómnibus’

Se pidió al juez penal de 2° turno, Pedro Salazar, que autorice una nueva etapa de búsqueda. Las excavaciones se llevarán a cabo en un área señalada por testigos, denunciada por investigaciones periodísticas y en donde un comparativo de fotos aéreas desde 1966 confirma llamativas modificaciones del terreno. Se cree que en esa zona del campo de Vidiella pueda encontrarse la ‘tumba del ómnibus’, una fosa común en la que estarían las víctimas del segundo vuelo de Orletti, cuyos cuerpos no habrían sido exhumados en la denominada ‘Operación Zanahoria’.

TEXTO: ROGER RODRÍGUEZ / rogerrodriguez@adinet.com.uy

El equipo de técnicos a cargo del arqueólogo José López Mazz comenzará en los próximos días las excavaciones en un área del Batallón 14 de Infantería de Toledo, donde la existencia de múltiples testimonios sobre enterramientos abre nuevas expectativas en el eventual hallazgo de restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura uruguaya. 

En la nueva zona de trabajo –a trescientos metros de donde aparecieron los cuerpos de Julio Castro y Ricardo Blanco– se podría encontrar la ‘tumba del ómnibus’ donde habrían sido inhumados los pasajeros del llamado ‘segundo vuelo’ provenientes del centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti, que funcionó en Buenos Aires.

La búsqueda de esos restos se produce exactamente diez años después de que se hiciera público que militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) que habían sido secuestrados en Argentina en setiembre de 1976 y continuaban desaparecidos estuvieron detenidos en el centro de torturas Automotores Orletti y fueron trasladados a Uruguay el 5 de octubre de ese año en el vuelo 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU), piloteado por los mayores Walter Pintos y José Pedro Malaquín (comandante en jefe de la Fuerza Aérea en el momento de la publicación de la denuncia).

La causa del ‘segundo vuelo’ fue instruida por el juez penal de 19° turno, Luis Charles, quien seis años atrás, el 11 de setiembre de 2006, ordenó el procesamiento con prisión de los militares José Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y Ricardo Arab y de los policías Ricardo Medina y José Sande, por los delitos de privación de libertad y asociación para delinquir, que se contextualizaron en el marco de la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor. Charles, quien actuó con la fiscal Mirtha Guianze, no pudo avanzar entonces en la búsqueda de los cuerpos.

SEGUNDO VUELO

El llamado ‘segundo vuelo’, que fue denunciado el 2 de setiembre de 2002 en un artículo del diario La República, concluía una indagación de prensa de dos años, mediante la cual se habían conseguido los datos que en marzo de aquel año permitieron al senador Rafael Michelini encontrar en Buenos Aires el paradero de Simón Riquelo. El 13 de junio de 1976, cuando tenía 22 días de vida, Simón había sido separado de su madre, Sara Méndez, quien junto con otros uruguayos había estado en Orletti y fue trasladada a Uruguay en un primer vuelo cuyos pasajeros fueron ‘blanqueados’ y encarcelados por las Fuerzas Armadas.

La investigación periodística sobre el ‘segundo vuelo’ (confirmado por el informe sobre desaparecidos que la Fuerza Aérea le entregó al presidente Tabaré Vázquez tres años después, el 8 de agosto de 2005), incluyó un artículo publicado el 9 de junio de 2002, en el que se denunciaba que el ‘pacto de silencio’ que mantenían los militares sobre los desaparecidos escondía la existencia de un cementerio clandestino en el que podrían encontrarse fosas comunes con los restos de aquellos uruguayos trasladados desde Orletti y asesinados en Montevideo antes de ser enterrados.

La hipótesis de una fosa común surgió a partir de los dichos de un ex represor argentino quien confirmó que la veintena de trasladados en el ‘segundo vuelo’ permanecieron vivos en una unidad militar uruguaya hasta los primeros días de noviembre de 1976, cuando se tomó la decisión de matarlos (incluso a María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman, quien acababa de dar a luz a Macarena). Los argentinos se molestaron por la aparición pública de los del primer vuelo y no querían más testigos. Los del segundo vuelo fueron ejecutados en grupos y no se les hicieron tumbas individuales.

CAMPO DE VIDIELLA

El lunes 17 de julio de 2006, La República brindó una versión de lo que habría ocurrido con María Claudia. Sus fuentes militares dijeron que la joven argentina fue llevada a la unidad militar de Toledo y allí ejecutada y enterrada por Ricardo Medina, Jorge Silveira y Ricardo Arab. 

“Al llegar al Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14, los esperaba su comandante, el entonces teniente coronel Regino Burgueño. Por algún motivo que se desconoce, [Juan Antonio] Rodríguez Buratti (al mando del operativo) se bajó del vehículo, que siguió viaje hacia el interior del extenso predio. No habría soportado la situación y prefirió no asistir a la ejecución”. El coronel Rodríguez Buratti se suicidó en setiembre de 2006 cuando Interpol lo detenía para su extradición a Argentina.

El informe final de la Comisión para la Paz, creada durante el gobierno del colorado Jorge Batlle, ya había incluido la versión de que varios de los desaparecidos habían sido enterrados en el Batallón 14, cercano a la localidad de Toledo. La información también se incorporó al documento sobre desaparecidos que el ex comandante en jefe del Ejército Ángel Bertolotti encomendó en 2005 a los generales Carlos Díaz y Pedro Barneix, quienes señalaron un lugar donde, dijeron, con 99 por ciento de probabilidad se encontraría el cuerpo de María Claudia. La propia Macarena estuvo en el lugar, pero el dato resultó falso.

El predio donde fue instalado el Batallón 14 pertenecía a fines del siglo diecinueve a don Federico Vidiella, y lo compró el Ejército en 1972. Al oeste del amplio campo que atraviesa la Ruta 85 se construyó el casco de la unidad militar en la que hoy se forma un grupo de elite de paracaidistas. Del lado este se dejó un paisaje agreste para utilizarlo como zona de operaciones. El arroyo Meirelles cruza de noroeste a sureste el campo de maniobras que al norte está delimitado por una vía férrea. Al este del arroyo, cerca de la vía, se hallaron los restos de Julio Castro y Ricardo Blanco.

OPERACIÓN ZANAHORIA

La existencia de una ‘Operación Zanahoria’ en la que se habrían exhumado los cuerpos de los desaparecidos fue revelada por la revista Posdata el 16 de noviembre de 1996, con la publicación de una entrevista que Diego Achard le había realizado al general Alberto Ballestrino. El militar dijo que cuando el país volvía a la democracia se encomendó al coronel Alfredo Lamy la misión de encontrar los restos y reubicarlos en un mismo lugar. Los cuerpos se pusieron en toneles de 200 litros, enterrados verticalmente con un árbol plantado encima. Ésa era la zanahoria. Entre los militares, el lugar pasó a llamarse ‘Arlington’, en referencia al cementerio de combatientes estadounidenses.

En agosto de 2006 el verborrágico coronel Gilberto Vázquez, preso entonces en la Cárcel Central por requisitoria de extradición desde Argentina y sin que aún se le condenara en Uruguay por su participación en el Plan Cóndor, confirmó la Operación Zanahoria cuando en varias cartas a varios medios de comunicación sostuvo que en 1984, por “órdenes superiores […] desenterramos entre 20 y 30 cuerpos” del Batallón 14 de Toledo. “Limpiamos todo el terreno [y] cambiamos la geografía del lugar”, subrayó el oficial del Ejército, que se afiliaba a la conveniente hipótesis de que los restos exhumados fueron cremados y las cenizas arrojadas al mar.

Gilberto Pilín Vázquez advirtió en aquellas declaraciones que aunque algún militar quisiera aportar datos, podría equivocarse. “Ni yo me ubico en ese lugar, porque cambiamos su geografía y ningún militar ubicaría realmente los puntos donde hubo enterramientos”, dijo. Aclaró incluso: “A mí me lo dijo el general [Washington] Varela [director de Inteligencia de la época], que fue Sanguinetti quien dio las órdenes para borrar las huellas [en el Batallón 14] y para que Wilson [Ferreira Aldunate] no entrara en carrera [por el sillón presidencial]“, relató el militar.

‘LOS DEL ÓMNIBUS’

Pocos días después, trascendió otra versión en la que un suboficial del Ejército que cumplió funciones en el 300 Carlos, centro de torturas ubicado en el Servicio de Material y Armamentos (SMA) a los fondos del Batallón 13 de Infantería, dijo que la veintena de militantes del PVP que fueron secuestrados en Argentina y traídos a Uruguay en octubre de 1976 en el llamado ‘segundo vuelo’ de Orletti estuvieron detenidos en aquel centro clandestino de represión antes de ser masivamente asesinados y enterrados en el predio conocido como campo de Vidiella, frente al Batallón 14.

El nuevo testimonio, obtenido por quien suscribe este artículo y publicado en el diario La República el 27 de agosto de 2006, daba cuenta de que los que habían traído desde Buenos Aires, a quienes ellos conocían como ‘los del ómnibus’ porque fueron trasladados al 300 Carlos en el micro del SMA, fueron llevados para su “disposición final” en grupos de a cuatro o cinco en una camioneta blanca Pingo que el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) había ‘decomisado’ ese año en el puerto de Montevideo. Se publicó entonces una imagen aérea del lugar, donde se destacaban dos focos de interés.

Los detalles de esa información fueron entregados a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, en un informe en el que se explicó que el testigo (con quien se habló en repetidas ocasiones) no dudó al marcar en una foto aérea la zona en la que se habrían producido los enterramientos y detalló que la camioneta blanca, conducida por un policía que permaneció activo hasta los años noventa, ingresaba al campo de Vidiella por una huella lateral al camino principal y que la ‘tumba del ómnibus’ estaba frente a un horno de ladrillos, detrás de los espaldones de un polígono de tiro construido junto al arroyo Meirelles, cuyo curso había sido desviado (cambiando ‘la geografía’, al decir del locuaz coronel Gilberto Vázquez).

Ojos del Cielo

El ‘área de interés’ demarcada por el equipo de arqueólogos para realizar las nuevas excavaciones se concentra en el mismo lugar que había sido señalado por el suboficial del Ejército cuando marcó la llamada ‘tumba del ómnibus’. Sin embargo, aunque los investigadores reconocen que el testimonio del soldado fue retomado para realizar la planificación del trabajo, lo que más llamó les la atención de la zona fue el sorprendente hallazgo cuando efectuaron un análisis comparativo de planos aéreos tomados sobre el campo de Vidiella en los años 1966, 1982, 1985 y en la actualidad.

En la imagen aérea tomada en 1966, cuando el campo aún pertenecía a los Vidiella, se observa el agreste terreno y el curso natural del arroyo Meirelles. En la foto de 1982 (seis años después de los enterramientos del segundo vuelo), aparece un extraño lomo de tierra en un área desmalezada paralela al curso del arroyo. En la fotografía tomada en 1985 (cuando se habría producido la Operación Zanahoria), se encuentra un segundo y llamativo montículo detrás del polígono de tiro que los militares construyeron junto al arroyo, cuya modificación geográfica se observa claramente en las fotos extraídas en la actualidad de Google Earth.

----------

Causa reabierta

Falleció Universindo Rodríguez secuestrado por el Plan Cóndor

La república - 3 9 12

El fallecimiento en la jornada de Universindo Rodríguez, secuestrado en el marco del Plan Cóndor, en noviembre de 1978 en Brasil, y cuya causa se había reabierto este año.

Universindo y Lilián Celiberti, ambos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), fueron secuestrados junto a sus dos hijos de tres y ocho años por un comando del ejército uruguayo en Porto Alegre.

Sin embargo la presencia en aquel momento de periodistas brasileños, hizo que la denuncia por el secuestro alcanzara titulares en la prensa norteña, con lo cual el caso tuvo ribetes de escándalo internacional. Se supone que ello impidió que los dos fueran asesinados en la clandestinidad.

De todas formas Lilián y Universindo fueron torturados en Brasil y Uruguay, y los recluyeron durante cinco años en cárceles uruguayas. Fueron liberados en 1984.

Reconocimiento del horror

En 1980, la justicia brasileña condenó a dos policías riograndenses por el secuestro, en tanto fueron reconocidos por los periodistas y por el matrimonio uruguayo. Fue la confirmación judicial de que la Operación Cóndor para Latinoamérica se practicó en Uruguay, y había tenido sus ramificaciones también en Brasil.

De los cientos de acciones clandestinas de las dictaduras del cono sur latinoamericano, en el marco del Plan Cóndor, el único fracaso de repercusiones internacionales en su momento, fue el de la pareja uruguaya.

Pese a ello, su reclamo de justicia fue archivado con la Ley de Caducidad. No obstante en febrero pasado, la pareja pidió la reapertura de la causa. En la denuncia que ahora tramita la justicia uruguaya, están acusados el mayor Carlos Russel y el capitán José Walter Bassani.

-------

Brasil juzgará a represores de la dictadura

POR PRIMERA VEZ UN TRIBUNAL NO APLICA LA LEY DE AMNISTIA EN UN CASO DE SECUESTROS Y DESAPARICIONES CONTRA DOS MILITARES

Página 12 - 1° 9 12

Un tribunal federal del estado de Pará acogió las denuncias presentadas por el Ministerio Público contra un coronel y un mayor de la reserva, Licio Maciel, por la desaparición de cinco guerrilleros en septiembre de 1974.

Por primera vez, la Justicia de Brasil aceptó procesar a dos militares acusados de secuestros y desapariciones de personas durante la dictadura. Fue en una decisión inédita que permite sortear la Ley de Amnistía, que garantiza la impunidad para los ex represores.

El Segundo Tribunal Federal de Marabá, en el estado de Pará, acogió las denuncias presentadas por el Ministerio Público contra el coronel de la reserva Sebastiao Curió, de 77 años, y el mayor de la reserva Licio Maciel, de 82 años, que habían sido rechazadas en marzo, según reportaron la agencia de noticias Brasil y el diario Folha de Sao Paulo. 

Los militares están acusados de secuestrar y desaparecer entre enero y septiembre de 1974 a Maria Correa, Helio Navarro, Daniel Ribeiro, Antonio de Pádua Costa y Telma Cordeira, integrantes de la Guerrilla de Araguia, creada por el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) para combatir a la dictadura militar. 

La denuncia había sido rechazada en marzo bajo el amparo de la Ley de Amnistía, sancionada durante la dictadura en 1979 y refrendada el año pasado por el Supremo Tribunal Federal. Pero los fiscales federales –que sostenían que los cuerpos de los militantes de izquierda presuntamente asesinados por ellos no se encuentran, por lo que se puede considerar el delito– apelaron y se logró cambiar la decisión, indicó el diario Folha de Sao Paulo. 

Fue entonces la jueza Nair Pimienta de Castro, a cargo del juzgado, quien consideró válidos los argumentos del Ministerio Público de que en este caso no tendría aplicación la Ley de Amnistía, al no haber caducado el delito de secuestro y desaparición, ya que las víctimas aún no fueron encontradas, por lo que su status legal es de desaparecidos. La jueza sostuvo que, si el secuestro continúa hasta el momento, no se aplica en este caso la Ley de Amnistía porque “ultrapasó” el período de los crímenes amnistiados en la norma.

En su defensa, Maciel sostuvo que no puede ser acusado de secuestro porque uno de los guerrilleros que figura como secuestrado y desaparecido fue baleado en combate y llevado a una enfermería, y que otros militares le habían informado que luego había muerto. Curió y Maciel, quienes podrían ser condenados a entre dos y ocho años de cárcel por el delito de secuestro calificado, son los primeros procesados por la Justicia brasileña por crímenes cometidos durante la dictadura.

“La decisión judicial para procesar a los militares involucrados en los asesinatos y desapariciones en la Guerrilla Araguaia debe abrir caminos”, dijo ayer una representante de la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos de San Pablo, Crimea Almeida, citada por la agencia Brasil. “Es una vieja lucha nuestra. Se encontró una gran barrera, pero ahora surgió una nueva oportunidad. Vamos a esperar el juicio”, agregó. 

En tanto, como informó la misma agencia de noticias, para la directora del Instituto para el Estudio de la Violencia del Estado, Janaina Teles, el fallo demuestra que esos delitos no se limitan al pasado. “Según la ley internacional, la desaparición forzada es un delito permanente. Mientras que el cuerpo no se encuentra, el crimen sigue ocurriendo aquí y ahora. Y los culpables deben ser responsabilizados”, señaló la historiadora.

Todos los intentos anteriores de responsabilizar penalmente a acusados de violaciones a los derechos humanos encontraron la barrera de la Ley de Amnistía y la consideración de los jueces de que los delitos habían prescripto. Una demanda parecida fue rechazada el jueves en San Pablo por la Justicia Federal contra el coronel Carlos Brilhante Ustra sobre el amparo de la Ley de Amnistía. Brilhante Ustra fue el jefe de Doi-Codi, el principal órgano de represión de la dictadura, y está acusado de comandar prácticas de tortura contra presos políticos en la unidad, creada con el nombre de Operación Bandeirante (Oban).

El 14 de agosto, en otra decisión inédita, el Tribunal de Justicia de San Pablo había confirmado la sentencia de primera instancia que reconoce a Brilhante Ustra como torturador. El militar fue citado el lunes por la Comisión de la Verdad de la Cámara Municipal de San Pablo para que declare sobre las acusaciones en su contra, declaración que sólo puede utilizarse a título informativo y para conocer lo que ocurrió con las víctimas, pero que no deriva en sanciones penales.

---------