Presagio de un entierro de lujo.
Las voces del sistema en torno a la delicada
situación de la jueza Mota
Escrito por: Walter Pernas - Brecha viernes 8 6 12
El poder corporativo ante quienes perturban el aire de impunidad en el que parecen moverse algunos grupos de elite. El papel que le cabe al gobierno y a la Suprema Corte en un "traslado" que resuena por los pasillos de las sedes judiciales.
En los corredores de los juzgados se suelen escuchar voces y temas variados. Algunos acumulan páginas del anecdotario cotidiano, pero otros son dignos de atención profunda, pues del rumor surge el dato y con el acopio mayor de información puede llegar a verificarse que algo importante ?focalizado desde el interés público? puede estar pasando en el sistema.
Cuando un abogado acodado en la llamada "baranda" (el mostrador) de una sede comenta a su colega que van a "correr" a tal o cual juez o jueza, es imposible que no se active la curiosidad.
Y cuando, un día después, en otro edificio judicial, un fiscal charla con otro sobre el mismo tema, y hay un nombre, el del candidato o candidata a "correr", que se repite, el asunto tiende a jerarquizarse, aun cuando no haya un documento probatorio.
Si estas conversaciones derivan en llamadas y reuniones de integrantes del sistema para analizar posibilidades y acciones que impidan o no lo que comienzan a denominar ya como una "corrida segura", el interés del caso aumenta. Y más si las voces resuenan también en las escalinatas, salas y patios iluminados del Palacio Piria, donde por las tardes los máximos jerarcas del Poder Judicial suelen adoptar decisiones.
No será la primera vez, ni probablemente la última, en que de este modo se configuren los momentos previos a lo que en el sistema de justicia se conoce como "entierro de lujo": traslado de un magistrado a un puesto considerado de mayor jerarquía, bajo el argumento, sobre el que pesará el cuestionamiento de "falaz", de brindar un mejor servicio a la sociedad.
Pues del entierro de lujo de Mariana Mota, jueza en lo penal que será "corrida" a una sede civil, es de lo que se habla en forma insistente en todos los lugares mencionados.
Por supuesto que no hay documento, al menos todavía, que compruebe tal decisión. Pero hasta en ámbitos políticos, y sobre todo en los de gobierno, se descuenta que el traslado "es un hecho".
En casos como este, la frontera que constitucionalmente consagra la independencia de poderes se vuelve borrosa, y por ello parece natural que en Uruguay algunos políticos, y no sólo políticos, sepan con antelación acerca de movimientos en el sistema de justicia.
De hecho, los senadores Pedro Bordaberry (Partido Colorado) y Jorge Larrañaga (Partido Nacional) admitieron en sus cuentas de Twitter saber de boca del propio Jorge Díaz ?entonces juez del crimen organizado y candidato a la Fiscalía de Corte? que de asumir el nuevo cargo que se le proponía por parte del gobierno, trasladaría al fiscal Ricardo Perciballe, quien intervenía en expedientes como el de la presunta conjunción del interés personal y del público del ex secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, y el de la eventual maniobra millonaria en casinos del Estado, que compromete a varios jerarcas del gobierno y de la oposición (véase Brecha, 11-V-12).
Perciballe fue al primero que se le construyó el sarcófago para un entierro de lujo. Y los funestos carpinteros parecen tener credenciales para hacer su trabajo tanto en el ámbito político como en el sistema de justicia.
Las tablas del puente sobre las que se estiró una alfombra de honor para el pasaje de Díaz, quien debía decidir en el caso Fernández, desde una silla de juez al sillón de jefe de los fiscales fueron ensambladas por algunos ebanistas conocidos: el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, el abogado del MPP, Homero Guerrero (hoy firme candidato a ocupar la secretaría de la Presidencia), y el ex diputado colorado Jorge Barrera, de buenas relaciones con personalidades del gobierno, mejores con los partidos tradicionales, y amigo de Díaz y de Fernández (véase Brecha, 3-II-12).
Si estas cosas sucedieron a los ojos de todo el mundo y el sistema político asumió una actitud de apoyo corporativo a la decisión oficial, es de esperar una actitud similar en el momento de ver a la jueza Mota en la pompa negra rumbo al juzgado civil.
Hace tiempo que colorados, blancos, más de un frenteamplista legisladores e integrantes del Poder Ejecutivo, militares presos y en libertad, abogados de represores presos (con Miguel Langón a la cabeza), y el semanario Búsqueda, piden la cabeza de la jueza Mota. Y ante cada declaración pública contra la magistrada, el ministro de la scj Jorge Chediak no ha tardado en salir a la prensa para lanzar advertencias más o menos directas sobre la sospechosa, pasible, muy pasible de condena.
El sistema se vuelve corporativo en el punto donde se entrelaza el poder, el económico y político con el de logias militares o masónicas, por ejemplo,, y la actuación de Mota en varios casos ha soliviantado el aire de impunidad del que parecen gozar ciertos grupos.
Sus decisiones en casos de derechos humanos vinculados a los gobiernos represores determinaron procesamientos históricos, como el del ex dictador Juan María Bordaberry, y de represores militares, integrantes de logias castrenses, y algunos de ellos masones.
Pero también actuó en el expediente de los hermanos Peirano, donde figura el dato revelado por Brecha que resultó determinante para la investigación contra Fernández, por alentar en el Parlamento la aprobación de una ley derogatoria de un delito, la que luego promulgó y posteriormente utilizó en el juzgado a fin de pedir la clausura del caso para su cliente procesado, el ex vicepresidente del Banco Montevideo Juan Ratti.
UN GRAN VACÍO.
Por su parte, Barrera recorrió los juzgados y fiscalías pertinentes para deslizar que el procesamiento de Fernández era "una locura", según varias fuentes del sistema penal consultadas por Brecha en las últimas semanas. Conversaciones similares, e íntimas, de acuerdo a otras fuentes, tuvieron a Chediak como participante, aunque es lógico que el ministro no saliera públicamente a defender a su colega, pues de hacerlo prejuzgaría.
Con este panorama, se puede apreciar que hay más de un carpintero interesado en desenfundar el martillo para asegurar las tablas del cadalso sobre el que se quiere ver a Mota.
Las diversas fuentes, abogados, magistrados, políticos, consultados por Brecha advierten que el "entierro de lujo" de Mota tendría lugar en medio de decenas de traslados que la scj piensa realizar en las próximas semanas, por "razones de servicio", y para resolver las problemáticas que generan algunas vacantes en las sedes.
El vacío que puede dejar Mota en la sede penal es muy importante, en tanto es la única jueza que aplica a rajatabla las convenciones internacionales de derechos humanos en cuanto a la aplicación del delito de desaparición forzada y a considerar que las conductas delictivas de los represores de los años setenta y ochenta constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo que son imprescriptibles e inamnistiables, por ejemplo.
De ocurrir su salida de la órbita penal, agrandaría el vacío que dejará la fiscal Mirtha Guianze, pionera de las arremetidas jurídicas más importantes contra la impunidad, quien obtuvo la venia parlamentaria para ocupar un puesto en el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
La Fiscalía Penal de 2º Turno, que hasta el 22 de junio ocupará Guianze, concentra la mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos vinculados con la dictadura. Por ello, de la decisión que se adopte para llenar esa vacante , Díaz y el gobierno tienen de nuevo la palabra, dependerá el rumbo que adquieran decenas de investigaciones.
Con Perciballe, y eventualmente Mota, en la órbita civil, y Guianze fuera del Ministerio Público, sólo quedaría Ana Tellechea como una magistrada destacada en la aplicación del derecho nacional e internacional en este tipo de casos. Sin embargo sus duros cuestionamientos al fiscal de Corte, por ejemplo cuando decidió el traslado de Perciballe, auguran momentos complicados para la magistrada en la interna del Ministerio Público.
Al menos eso ya es tema de conversación entre algunos abogados a los que se suele ver apoyados sobre la baranda de las sedes penales, mientras esperan que un funcionario ubique algún expediente, o se enteran de qué otra cosa puede estar sucediendo tras las bambalinas, por no decir mortajas, del sistema de justicia uruguayo.