Actuación ilegítima y terrorismo de Estado

Como lo establecen las normas continentales e internacionales de DDHH que Uruguay, libre y soberanamente, ha ratificado a través de sus órganos legítimos, los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar el libre ejercicio de las libertades y garantías fundamentales de todos los ciudadanos.

Cuando los Estados no cumplen con su responsabilidad básica y esencial de garantizar el usufructo de los derechos de las personas y además son ellos mismos quienes los violentan, tienen la obligación de reparar el daño ocasionado. La reparación a las víctimas debe llevarse a cabo de una manera integral, para resarcir y dignificar, en base a los principios de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición.

La acción reparadora del Estado incluye explícitamente la obligación de reconocer y de asumir públicamente la responsabilidad por las violaciones a los DDHH que hayan cometido sus órganos, agentes y funcionarios. El reconocimiento tiene el cometido de repudiar dichas prácticas y conductas, promover las normas y los valores violentados y dignificar ante el conjunto de la ciudadanía a quienes sufrieron dichos padecimientos o a sus familiares. El propósito es prevenir, con medidas en diferentes planos, que ellas vuelvan a repetirse.

La Ley de reparación 18 596, aprobada en setiembre de 2009, estableció que desde el 13 de junio de 1968, momento en que Jorge Pacheco Areco impuso las Medidas Prontas de Seguridad, mantenidas ininterrumpidamente hasta el final de su mandato, desconociendo reiteradamente la voluntad del Parlamento, el Estado comenzó a actuar de manera ilegítima, violentando en forma reiterada y ostensible los derechos esenciales de miles de uruguayos.

Asimismo establece que desde el 27 de junio de 1973, fecha en que Juan María Bordaberry disolvió las Cámaras, el Estado comenzó a actuar con la metodología del terrorismo de Estado,  dentro y fuera del territorio geográfico, para perseguir y destruir a todos los opositores a sus designios.

En función del texto de la ley, especialmente de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 9, todas las categorías de ciudadanos que se señalan en él, tienen derecho a un reconocimiento documental por parte del Estado de su condición de víctimas de la actuación ilegítima y/o del terrorismo de Estado.

Crysol impulsó la ley.

Mientras se movilizaba con otras organizaciones de DDHH y junto al Pit – Cnt para lograr desterrar la Ley de Caducidad que sometía al Poder Judicial a los designios del Poder Ejecutivo e impedía el acceso a la justicia a todos los damnificados, la demanda de que el gobierno aprobara una ley de reparación a todas las víctimas del pasado terrorista, que incluyera un reconocimiento público de lo actuado, fue una iniciativa reivindicada por Crysol desde julio de 2007.

En conferencia de prensa en la sede de APU,  nuestra organización presentó  un anteproyecto de ley, redactado con el concurso del Dr. Oscar López Goldaracena, basándose en la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas, que en líneas generales fue tenido en cuenta a los efectos de elaborar la ley que se aprobó aunque se eliminaron y redujeron sustancialmente aspectos que hasta el día de hoy siguen pendientes.

La propuesta de Crysol, entre otros aspectos, abordaba y resolvía de una manera adecuada y justa, las principales carencias e insuficiencias de la Ley 18 033, muy especialmente el tema de los “excluidos”, llevando a cabo en apoyo a la iniciativa importantes acciones y movilizaciones, incluso marchas callejeras durante más de dos años.

Golpe a la “cultura de la Impunidad”.

A 24 años del retorno a la vida democrática, la aprobación de la Ley 18 596 fue un enorme paso adelante en el camino de derrotar la impunidad, en momentos en que la Ley de Caducidad tenía plena vigencia y la Suprema Corte de Justicia aún no había declarado su inconstitucionalidad como hiciera semanas después.

Por primera vez, el Parlamento reconoció explícitamente el accionar ilegítimo y el terrorismo de Estado, dentro y fuera del país, al amparo de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

La ceremonia pública de reconocimiento de la responsabilidad del Estado que se llevará a cabo el lunes 4 de junio en el Palacio Legislativo será la expresión de dicha ley. Un paso más que ayudamos a concretar con nuestra lucha y nuestra movilización como colectivo organizado para lograr la Verdad, la Justicia y la Memoria. Para el presente y para el futuro. Especialmente para el futuro. Para construir una democracia sólida y sustentable.

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Nº 19 - Lunes 28 de mayo de 2012