Brecha. 9 12 11 . Por Samuel Blixen
El cúmulo de mentiras y pistas falsas que distribuyeron algunos militares para prolongar su impunidad se vuelve ahora en un arma contra ellos mismos si, como se promete, la orden es desenmascarar a los homicidas.¿Medio vacío o medio lleno? Ante la confirmación de la manera en que fue asesinado el educador y periodista Julio Castro, la determinación del comandante del Ejército, Pedro Aguerre, de revocar –"si ha existido o existiera"– un pacto de silencio –"del que no tengo conocimiento"– para encubrir delitos dentro de la fuerza, es un ejemplo acabado de ese deporte nacional que es la ambigüedad.
Puesto que en la misma declaración Aguerre fue enfático en que "el Ejército no aceptará, tolerará, ni encubrirá a homicidas o delincuentes en sus filas", esa pueril aclaración sobre el desconocimiento de la omertà militar debe interpretarse como una concesión a los comandantes que lo precedieron y que, ni por asomo, llegaron a los niveles de condena y de compromiso para enfrentar a "la horda o algo similar" que campeó durante el terrorismo de Estado. Es de estrategia elemental no abrir múltiples frentes de combate, de modo que, más allá de la ambigüedad, es de suponer que el acento principal de la declaración está en el rechazo frontal al "encubrimiento de homicidas", y de ahí que, algunos –entre ellos el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro– tienen la convicción de que, formalmente, el Ejército brindará nueva información que permita avanzar en la búsqueda de la verdad sobre qué pasó con las víctimas, y en el castigo a la "horda".
A menos que exista una disposición superior que ordene lo contrario, el Comando del Ejército podría empezar por buscar y entregar los archivos, parciales o totales, de los servicios de inteligencia, cuyos contenidos siguen vedados para los jueces y fiscales y sin embargo son utilizados en su página web por connotados inquilinos del penal de Domingo Arena; la imposibilidad de ubicar los documentos relevantes sobre las operaciones que culminaron con la desaparición y asesinato de unos 200 prisioneros de la dictadura es una forma de ese encubrimiento que Aguerre anuncia que combatirá.
El Comando podría tomar nota de las múltiples referencias en expedientes de la justicia penal al pacto de silencio, no para confirmar algo que se cae de maduro, sino para seguir la cadena del encubrimiento, que aporta pistas sobre el papel de los cómplices.
Un ejemplo acabado de ese encubrimiento lo brindó, en 2007, el general retirado Mario Aguerrondo (quien, incidentalmente, en 1993, siendo jefe del Servicio de Información de Defensa, encubrió a los asesinos del agente de la dictadura chilena Eugenio Berríos) cuando compareció ante el juez que indagaba la desaparición de prisioneros extraditados clandestinamente desde Buenos Aires en el llamado "segundo vuelo". Aguerrondo había sido el jefe del Batallón 13 de Infantería, en cuyos predios funcionó El Infierno o 300 Carlos, un centro clandestino de detención que utilizaba las instalaciones del Servicio de Materiales y Armamento.
Aunque por El Infierno pasaron cientos de detenidos, y muchos de ellos desaparecieron –como la maestra Elena Quinteros–, el entonces coronel Aguerrondo dijo ante el juez "que no sabe en qué período de tiempo estuvo operativo el 300 Carlos" en el Servicio de Material y Armamento, "porque un día aparecieron y así se fueron. Toda esa gente que había ahí, evidentemente era de algún servicio especializado", pero su ignorancia y recato eran muy profundos. Contó que en 1975 el comandante en jefe Julio César Vadora (convenientemente fallecido) "me dijo que iba a haber una operación de inteligencia, que yo no apoyara ni interviniera de manera alguna y que no iban a ir por el frente (...) se retiró un puesto de vigilancia, de los tres que había se retiró el del fondo (...) pensé que era algo muy grave, probablemente matar a alguno, pero no pensé mucho", afirmó en el juzgado, como si ese "no pensar mucho" atenuara su responsabilidad.
A diferencia de Aguerrondo, a quien el pienso le permitió admitir que en el Servicio de Material y Armamento funcionó un centro clandestino de detención, el jefe del sma, Lautaro May, apenas admitió que en el predio hubo un galpón que "por orden del comandante Vadora, fue desafectado del servicio del cuartel". Pero sostuvo que estaba permanentemente cerrado, que allí no iba nadie, y negó que se introdujeran en el terreno efectivos de inteligencia, ni prisioneros. El segundo jefe, Hugo Bértola, confirmó los dichos de May y agregó que "nunca vio a nadie, nunca tuvo indicios de que hubiera gente dentro"; ninguno de ellos llegó a escuchar, claro, los insultos que la maestra Elena Quinteros profería, en medio del dolor, a sus torturadores y que eran registrados por todos los que permanecían encapuchados en el galpón.
El encubrimiento impidió a la justicia determinar si la veintena larga de prisioneros que trajeron de Buenos Aires en el segundo vuelo (todos desaparecidos) fueron llevados al Batallón 13 o al Batallón 14. Según Gilberto Vázquez, el mediático torturador y asesino recluido en Domingo Arena, "en 1974 o 75 se dio la orden de que no podía aparecer ningún muerto, a mí me la dio el director del servicio (Amaury) Prantl, pero venía del comandante en jefe del Ejército, Vadora, era una orden verbal. Era por razones económicas del país, había una crisis económica y había que dar una sensación de estabilidad y tranquilidad". Ante una pregunta de los magistrados, contestó que "los enterramientos clandestinos se hacían en el marco de la orden de hacer desaparecer a todos los muertos".
Los miembros de la Comisión para la Paz abogados Carlos Ramela y Gonzalo Fernández se inclinaron por acepar la versión aportada por militares a los que entrevistaron en reserva, quienes afirmaban que los prisioneros del segundo vuelo fueron llevados directamente al Batallón 14, pero los jueces dejaron constancia de que todos los elementos sugieren que pasaron primero por El Infierno. En el expediente dejaron constancia de que "no pudo saberse, sin embargo, quienes eran esos informantes, fue imposible ahondar judicialmente sobre los puntos más importantes a esclarecer y el paradero de los posibles restos no tuvo respuesta válida".
Una posible vía de información eran los pilotos que condujeron los aviones. El brigadier general Enrique Bonelli admitió haber sido el copiloto del avión C 47 que efectuó un traslado el 24 de julio de 1976, conocido como el primer vuelo. Pero no recuerda quién le dio la orden verbal (fue "un superior que no recuerda"). Tampoco recuerda quiénes integraban la tripulación, "él era el copiloto pero no reveló quiénes eran el piloto principal y el ingeniero de vuelo", consigna el expediente. Bonelli, siendo comandante de la Fuerza Aérea, realizó una investigación sobre el segundo vuelo. Ante los magistrados afirmó que "fue un vuelo nocturno". No proporcionó los nombres de los tripulantes aduciendo que, "siguiendo el tenor de lo dispuesto por el Poder Ejecutivo en cuanto a continuar las actuaciones de la Comisión para la Paz, y lo expresamente dispuesto en su artículo 3 del decreto que la formó, orientó la investigación, no a conocer quiénes habían realizado el vuelo, sino a conocer si efectivamente éstos se habían llevado a cabo. Desconoce cuál fue el destino final de estas personas". La misma amnesia exhibieron otros oficiales pilotos: Walter Pintos, Mario Muñoz y José Pedro Malaquin (presunta tripulación del vuelo del 5 de octubre). Bonelli tuvo un desliz ante los magistrados; dijo no saber los nombres de los pilotos de los dos vuelos, pero afirmó que ninguno de la tripulación estuvo en ambos traslados.
En el expediente relativo a los traslados clandestinos se afirma que "el propósito de los autores de los ilícitos es ocultar o destruir las pruebas sobre la desaparición para mantener el crimen en la impunidad. Ese pacto de silencio se prolonga al presente". Y agregan los magistrados: "No sólo de silencio sino de construcción de pistas falsas, de estrategias urdidas para desviar la dirección de la indagatoria sobre el paradero de las víctimas".
Pasos en falso. El general Carlos Díaz podría aportar elementos, en caso de que el Ejército se ponga, efectivamente, a extirpar la complicidad con los homicidas. Díaz fue quien recabó la información que supuestamente indicaba el lugar exacto donde había sido enterrada María Claudia García de Gelman, y quien señaló el "árbol cortado" en el cuartel de Toledo, que supuestamente era la referencia del enterramiento. El general Ángel Bertolotti, confiando en la información recabada con criterios reservados, comunicó la novedad al presidente Tabaré Vázquez, y éste anunció el lugar exacto donde, "en un 99 por ciento", estaban los restos de María Claudia. Aún se sigue esa búsqueda que, imprevistamente, permitió rescatar los restos de Julio Castro.
Ni Bertolotti, ni Díaz, ni el general Pedro Barneix, revelaron quién o quiénes dieron las pistas falsas, los "sitios de interés" que impusieron recorridas extenuantes de autoridades judiciales, antropólogos y familiares por senderos de un monte que, después se supo, era donde se realizaban entrenamientos. El general Raúl Gloodotfsky, que oficiaba de maestro de ceremonias en el Batallón 14, nunca llegó a explicar quién le sugirió que mostrara simples trincheras como si fueran fosas de enterramientos, y a identificar como alteraciones del terreno de supuestas exhumaciones lo que eran pozos de tiradores. Los cuatro generales mencionados podrán aportar importantes insumos a la tarea de depurar al Ejército de "la horda".
Las informaciones falsas y las falsas pistas fueron aceptadas como válidas por la Comisión para la Paz, en la medida en que, salvo algunos contados casos, se incorporaban tales versiones en el informe final. Así ocurrió en el anexo referido a Julio Castro, donde se consignó que sus restos habían sido exhumados, incinerados y arrojados al mar. La misma versión se incluye en el anexo de Elena Quinteros y se detalla el mismo procedimiento –que Ramela confirmó en el juzgado, en función del "testimonio de múltiples fuentes militares y policiales" que "reconocieron expresamente haber participado en ese operativo".
Por su parte, Gonzalo Fernández declaró ante el juez: "Cuando se inaugura el Batallón número 14 con sede en Toledo, aproximadamente del 73 en adelante o principios del 74, se nos informó que todas las personas muertas en dependencias militares, cualesquiera fueren éstas, fueron sepultadas en el predio del 14 lindero o lindante con la ruta que lo atraviesa y que los militares identificaban con mordacidad como 'Arlington', en alusión al conocido cementerio militar estadounidense". Agregó: "Yo creo que quienes permanecían sepultados en el 14 fueron removidos sus restos en el marco de la llamada Operación Zanahoria en el año 1984". Los que Fernández señaló en noviembre de 2003 como "indicios objetivos y bastante significativos, a mi modesto entender, de que ella se realizó", aludiendo a la llamada Operación Zanahoria, no encuentran, según los magistrados, "sustento en la información obtenida".
El obrero de la construcción Horacio Gelós Bonilla fue torturado en el Batallón de Ingenieros de Laguna del Sauce y, según lo informado por Fernández, su tumba, abierta, fue encontrada por unos particulares en un predio cercano al aeropuerto de esa localidad, confirmando la versión de militares de que los restos fueron desenterrados, incinerados y arrojados al mar. Sin embargo el equipo de arqueólogos descartó esa información. Fernández también anunció "la desaparición (sic) de la tumba de Gomensoro Josman en el Cementerio de Paso de los Toros y la ubicación de una nueva sepultura de un niño exactamente en el mismo lugar". El expediente afirma que "esos datos tampoco son ciertos. La tumba de Gomensoro Josman no había sido nunca excavada entonces. Su cráneo fue hallado en poder de un médico que había practicado la autopsia en la época de la aparición del cuerpo. El antropólogo Horacio Solla excavó después en el lugar por orden del señor juez de Paso de los Toros, se localizaron restos óseos (pero no de un niño), que están depositados en el Instituto Técnico Forense".
La contradicción entre el informe final de la Comisión para la Paz y la realidad que dejó al descubierto el hallazgo de los restos de Julio Castro, promovió una intensa controversia entre los que respaldan la actuación de la Comisión y quienes afirman que el informe avaló flagrantes mentiras de militares. Ramela, quien recientemente denunció "canalladas" de quienes lo fustigan, resultó en última instancia extremadamente crédulo con sus informantes militares. Lo importante es que los equipos que investigan el destino final de los desaparecidos están recabando informaciones que, muy probablemente, permitan avanzar; será anecdótico si esas informaciones desmienten a los informantes de Ramela y Gonzalo Fernández. Y quizás, si los militares cumplen la orden de su comandante en jefe, el flujo de información podrá acelerarse, siempre y cuando no se reincida en la información falsa.
Disculpas y demoras
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, anunció ayer, en una conferencia de prensa de la que participaron además los ministros de Educación, Ricardo Ehrlich; de Interior, Eduardo Bonomi, y de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, la postergación para marzo de 2012 del acto público de disculpas del Estado uruguayo a la familia del poeta Juan Gelman ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh) en su sentencia dada a conocer en mayo pasado. En la misma rueda de prensa el gobierno hizo un balance de las medidas adoptadas en el área de los derechos humanos.
"Se ha dispuesto todo lo necesario y hemos entablado contactos permanentes con Macarena Gelman a los efectos de coordinar los detalles públicos de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado sobre los hechos de la dictadura", dijo Breccia. A su vez, afirmó que "está en vías de realizarse" la indemnización ordenada por la Corte como compensación del daño causado a Macarena Gelman. Sobre el final, Almagro dijo que el procedimiento de extradición del ex marino Jorge Tróccoli, requerido por la justicia de nuestro país, continúa, aunque por el momento "no hay una decisión final sobre ese tema".
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