Familares de desaparecidos exigen al gobierno de Brasil que participe en la búsqueda de sus restos.
La Diaria. Martes 5 de julio de 2011. Por Andrea Martínez.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional brasileño se disponen a bombardear Brasil con denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre delitos de lesa humanidad durante la dictadura hasta que el gobierno se vea obligado a rectificar la Ley de Amnistía. Sin embargo, el Estado brasileño no acató totalmente la última condena de esa corte.
Brasil estará nuevamente sentado en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este mes. Las familias del guerrillero Luiz José da Cunha y del periodista Vladimir Herzog recurrieron esa corte porque en su país no se investigó la desaparición forzosa de ninguno de los dos. El órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos tomará cartas en el asunto y comenzará un juicio a lo largo del mes, aseguró la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) en Brasil, Beatriz Affonso.
Cejil fue la organización que acusó a Brasil ante la CIDH por el asesinato de militantes comunistas de la guerrilla de Araguaia. La denuncia, que terminó en una condena al Estado, emitida a fines del año pasado, causó roces entre el gobierno brasileño y el organismo regional.
Recién en junio de este año Brasil aceptó el fallo y recordó que ya se estaba investigando la desaparición de los guerrilleros. Aun así, omitió mencionar la parte del fallo de la CIDH que critica la vigencia de la Ley de Amnistía, que fue ratificada recientemente por el Supremo Tribunal Federal, y pide que se condene a los responsables de las violaciones de los derechos humanos.
Affonso dijo al portal Carta Maior que la sentencia favorable a los familiares en el caso de Araguaia sirve de estímulo para que nuevos procesos sean llevados ante la CIDH: “Nuevos casos van a llegar a la Corte, se van a acumular [las condenas]; este problema para Brasil va a durar mucho tiempo”, hasta que el Supremo Tribunal Federal se vea obligado a revocar la Ley de Amnistía.
La activista dijo que se espera una nueva condena contra Brasil y su Ley de Amnistía, a más tardar, en un año. Una de las víctimas en la nueva denuncia es un guerrillero de Acción Libertadora Nacional, Da Cunha, que fue ejecutado en 1973 por un grupo militar claramente identificado, según la organización civil Tortura Nunca Más. La otra es el periodista Herzog, quien cuando murió, en 1975, dirigía el canal estadual TV Cultura y era afín al comunismo.
Las condiciones de la muerte de Herzog fueron extrañas: se lo llamó a la sede del Comando del Ejército para que diera una declaración y se lo encontró muerto en una celda y, si bien oficialmente se suicidó, hay consenso en que fue asesinado. Según algunos historiadores brasileños, las marchas que condenaron la muerte de Herzog fueron el puntapié inicial para la caída de la dictadura, diez años después.
La semana pasada Nadine Borges, vocera de la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosário, dijo en una audiencia pública que la sentencia de la Corte está siendo cumplida en la medida en que eso está al alcance del Ejecutivo. Agregó que el Estado “está realmente empeñado en cumplir la sentencia” y subrayó que la búsqueda por los restos de guerrilleros de Araguaia continúa y que, tal como lo pedía la CIDH, los familiares de las víctimas acompañan estas tareas de cerca.
En este sentido, la ex guerrillera Criméia de Almeida, presidenta de la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos de San Pablo, reclamó al gobierno que permita que los familiares participen en las búsquedas de los cuerpos de integrantes de la guerrilla de Araguaia. La activista, quien sobrevivió a la dictadura, durante la cual desaparecieron tres de sus familiares, señaló que, aunque el Ministerio de Defensa reconoció la legitimidad de los aportes de familiares a las búsquedas, no realizó las gestiones necesarias para que esa participación se concrete.
De Almeida recordó que dos de los cuerpos encontrados fueron hallados gracias a la información que hace años recaban los familiares y que facilitaron al Estado.
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