La República 21 7 11. Por Loreley Nicrosi.
El presidente del Centro de Oficiales Retirados de las FFAA coronel Puente, presentó el escrito de revocación contra la decisión de anular los actos de archivo de gobiernos anteriores.
Junto al también coronel retirado Walter Forischi, Puente presentó el recurso de revocación en Presidencia de la República el pasado 12 de julio.
En el extenso texto al que tuvo acceso LA REPÚBLICA, se señala que la resolución "que se recurre, atenta contra los derechos humanos consagrados constitucional y legalmente, de un importante sector de nuestra ciudadanía, dentro de los cuales, podrían encontrarse asociados de mi representada", expresa en alusión al centro social.
Añade que "debería recordarse que en las dos convocatorias que se efectuaron al pueblo oriental respecto a la continuidad de la aplicabilidad de la ley (de Caducidad), en ambas ocasiones el cuerpo electoral dispuso el mantenimiento íntegro de la normativa que el gobierno pretendía anular".
Puente subrayó que el recurso apunta a amparar a los socios que puedan estar eventualmente incluidos en los 88 actos administrativos dictados por las administraciones blancas y coloradas, que fueron anulados por Mujica.
En el recurso presentado a título personal, se afirma que "no puede el Poder Ejecutivo desconocer dichos pronunciamientos definitorios e irrevocables del máximo órgano soberano, que tienen fuerza constitucional, y mucho menos tratar de hacerlo violando la Constitución y las leyes utilizando una simple resolución administrativa".
Luego de explicitar los contenidos de la Ley de Caducidad y su alcance, el texto añade que "todo lo que está pretendiendo hacer el Poder Ejecutivo con la resolución que se recurre atenta contra la separación de poderes, es violatorio de la Constitución y de nuestro régimen legal y por supuesto involucra en las responsabilidades que correspondan: a) a quienes hayan dispuesto la resolución que se recurre, y a todos aquellos funcionarios del Poder Ejecutivo que tengan intervención en el intento de eludir lo que dispone la norma legal, hecho que, guste o no guste, deberá ser calificado como un fraude. b) A el, o los funcionarios del Poder Judicial que intervengan en el fraude, ya que la obligación que la ley impone a los magistrados es la de clausurar el caso y archivar los antecedentes".
Por otra parte, cuestiona que a través de un sólo decreto se hayan anulado los 88 casos.
"(...) el Poder Ejecutivo debe tener presente que en su oportunidad se requiere el estudio de cada caso en forma individual, lo que no se ha hecho en el acto administrativo que se recurre", indica.
EL DECRETO
* El 30 de junio, el presidente José Mujica firmó el decreto que anula los 88 actos administrativos aprobados por los gobiernos de los lemas tradiciones, por entender que estaban comprendidos en la Ley de Caducidad.
La resolución presidencial permitirá la reapertura de casos de denuncias de violación a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura. En el texto, el mandatario planteó que anula las anteriores resoluciones por "razones de legitimidad".
La mayoría de los casos fueron desestimados por el ex presidente Julio María Sanguinetti. El decreto firmado por Mujica hace hincapié en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Uruguay por el caso Gelman.
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