La República 23 7 11
El ex dictador Juan María Bordaberry fue condenado a 30 años de penitenciaría por el homicidio de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, 17 días antes de su muerte. El fallo no llegó a ser notificado por su muerte.
El juez Penal de 11º Turno, Roberto Timbal, condenó el 30 de junio al ex dictador Juan María Bordaberry y el ex canciller Juan Carlos Blanco a 30 años de penitenciaría, por el crimen de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los ex militantes del MLN Rosario Barredo y William Whitelaw.
El magistrado analizó el voluminoso expediente IUE 100-10592/1985 y dispuso el enjuiciamiento de Bordaberry y Blanco como "coautores responsables de un delito de homicidio en concurso, muy especialmente y especialmente agravado", por los crímenes perpetrados en mayo de 1976. El magistrado accedió así a la requisitoria de la fiscal Mirtha Guianze.
Empero, el fallo solo fue notificado al ex canciller Blanco, por cuanto Bordaberry falleció el domingo 17, dos días antes del reinicio de la actividad judicial. La muerte de Bordaberry supuso la inmediata clausura de las actuaciones en su contra, en atención de lo dispuesto por el artículo 122 del CPP.
"Compartió plenamente"
"Ha quedado demostrado que los crímenes analizados fueron planificados y llevados a cabo mediante un operativo 'oficial' en la República Argentina (...) descartándose un ajuste de cuentas entre sectores de un movimiento guerrillero, como se pretendió hacer creer a la opinión pública de la época con los volantes dejados junto a los cuerpos de las víctimas", expresa la sentencia del juez Timbal, a la cual accedió LA REPÚBLICA.
Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron secuestrados en dos operativos desarrollados en Buenos Aires, en el marco de la coordinación represiva del "Plan Cóndor". Los cuerpos de ambos legisladores, y de los ex militantes tupamaros Barredo y Whitelaw, aparecieron sin vida el 21 de mayo, en un automóvil abandonado, "con claros signos de muerte violenta".
La conjunción de legisladores y ex militantes que "habían abandonado la lucha armada", procuró mostrar el crimen como parte de una disputa interna del MLN; con el tiempo se comprobó que el crimen fue perpetrado por agentes oficiales del Estado uruguayo, con nexos en Argentina.
En este sentido, el juez Timbal recuerda que en Argentina se encontraban cuatro políticos uruguayos que "estorbaban al gobierno de facto cívico-militar uruguayo con su ayuda a exiliados adversarios al mismo y su continua denuncia de los actos arbitrarios" perpetrados en Uruguay. Enrique Erro terminó recluido en la cárcel de Villa Dolores; los tres restantes, Michelini, Gutiérrez Ruiz y Wilson Ferreira Aldunate, "eran a todas luces objetivos del gobierno uruguayo".
Por tanto, el operativo de detención de los legisladores, del cual escapó Ferreira Aldunate, y su posterior homicidio, respondió a la "coordinación represiva" del "Plan Cóndor". "Es indudable que los secuestros y eliminación de las víctimas estuvo determinado por decisiones que se tomaron al más alto nivel en el gobierno uruguayo", expresa.
"La pretendida desvinculación o desconocimiento de los hechos que alegaron los enjuiciados, no es de recibo", porque "si bien la conducción de la lucha antisubversiva estuvo encomendada (...) a los mandos militares, la responsabilidad política de dicha lucha estuvo radicada en el gobierno cívico militar que encabezó Bordaberry", señala el fallo.
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