La República. 20 7 11
El máximo órgano del Poder Judicial consideró ayer la comunicación del Poder Ejecutivo con la resolución CM/323, por la cual se decidió revocar "por razones de legitimidad" todos los actos administrativos dictados por anteriores gobiernos al amparo de la Ley Nº 15.848, Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Los ministros de Corte resolvieron comunicar "a todos los juzgados con competencia en materia penal" la resolución del Ejecutivo, dijeron fuentes de la Corporación a LA REPÚBLICA. La decisión de la Corte será instrumentada por la Dirección General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, dijeron las fuentes.
"Los ministros resolvieron que se informará a todos los jueces penales del país. Ahora dependerá de cada juez, en cada expediente, determinar cómo procede en cada causa y si amerita la reapertura de los procesos archivados por decreto del Poder Ejecutivo u opera el principio de cosa juzgada", indicaron las fuentes.
En este sentido, la Corte resolvió comunicar a las sedes competentes en materia penal de todo el país, por cuanto la resolución "informa en forma genérica de la revocación de las decisiones administrativas".
El decreto "no identifica" en qué Sede se tramitan los procesos por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, por lo cual "cada Sede debería investigar en su despacho si existen expedientes archivados al amparo de actos administrativos de anteriores gobiernos", señalaron las fuentes.
El Poder Ejecutivo decidió el 30 de junio, en Consejo de Ministros, revocar por "razones de legitimidad" más de 80 casos amparados en la Ley de Caducidad por los gobiernos de Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle. La decisión fue adoptada en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la causa "Gelman vs Uruguay". La Corte IDH condenó al Estado uruguayo a "dejar sin efecto" la Ley de Caducidad.
En tanto, un comunicado de la SCJ clarificó las declaraciones del ministro Jorge Chediak, quien en una entrevista con LA REPÚBLICA aseguró que la Corte no había sido notificada de la resolución del Poder Ejecutivo. El ministro Chediak "no había recibido noticia formal del envío del documento por parte del Ejecutivo al momento de realizarse la correspondiente entrevista", dice un comunicado.
El mensaje llegó el 14 de julio, pero un "desencuentro" en la propia Corte, en virtud de la Feria Judicial Menor, impidió que el mismo fuera informado al ministro.
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