Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “Los torturadores serán llevados ante la justicia tarde o temprano”. El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea de la ONU, por recomendación del Consejo Económico y Social proclamó el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura con el fin de potenciar la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 26 de junio de 1987.
En el día ayer, 26 de junio, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, realiza la siguiente declaración para conmemorar esta fecha.
"Comenzando en 1976, durante el periodo de dictadura militar en la Argentina, el director de penal Abel Dupuy ordenó de manera sistemática la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de docenas –y posiblemente cientos- de prisioneros políticos.
Nuevos internos serían recibidos por una doble fila de guardias que los golpearían mientras eran ingresados a la prisión, esposados y encapuchados. A menudo, eran desvestidos antes de que las sesiones de tortura comenzaran.
Las víctimas sufrieron serios daños físicos y mentales, mientras el torturador jefe continuaba viviendo en Buenos Aires como un hombre libre –hasta que, décadas después, se cursara una orden de detención contra Dupuy. En octubre del año pasado, más de 30 años después de que se efectuaran los primeros golpes bajo sus órdenes, finalmente se hizo justicia cuando Dupuy fue encontrado culpable y sentenciado a prisión perpetua.
A lo largo de muchos lugares de América Latina y en otras partes del mundo, hemos estado viendo auspiciosos avances en la implementación de una prohibición estricta contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el derecho internacional, con frecuencia muchos años después de que se cometiera el crimen.
En Argentina, en octubre del año pasado, 748 personas habían sido acusadas por graves crímenes cometidos durante la era militar, y 81, incluyendo a Dupuy, habían sido encontrados culpables. En Colombia, una nueva ley de víctimas ha dispuesto provisiones para reparación, restitución y otras medidas para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto. El arresto de Radovan Karadžic y Ratko Mladic, además de las acusaciones en su contra por un gran número de violaciones y crímenes de lesa humanidad, incluyendo tortura, también han fortalecido la lucha global contra la impunidad. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ha sindicado a 161 personas y en muchos de estos casos, la tortura estaba incluida entre las acusaciones.
La tortura es ilegal, y si es efectuada de manera sistemática puede constituir un crimen de guerra o de lesa humanidad. Ninguna circunstancia, por excepcional que sea, justifica el uso de la tortura contra ninguna persona, por ninguna razón. Ni un estado de excepción o conflicto, ni la lucha contra el terrorismo o contra el crimen dispensa el uso de la tortura. Estas prácticas deshumanizan tanto a la víctima como al torturador, y dejan marcas en personas, comunidades y sociedades enteras que pueden ser muy difíciles de cicatrizar. El proceso de reparación comienza con la justicia e involucra una rehabilitación a largo plazo de las víctimas y de los victimarios, y también compensaciones. Estas medidas necesitan ir acompañadas con capacitación para los oficiales que hacen cumplir la ley y un enfoque de tolerancia cero frente al uso de la tortura.
Lamentablemente, a pesar de la prohibición total de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el derecho internacional, ejemplos terribles de su práctica continuada son documentadas a diario. El uso de la tortura, sintomático de gobernantes déspotas y de sistemas de justicia criminal disfuncionales, son demasiado comunes. Como hemos visto muy gráficamente en el Norte de África y en el Medio Oriente en los últimos meses, hombres, mujeres e incluso niños son torturados durante detención simplemente para expresar sus opiniones políticas, en busca de forzarlos a confesar o simplemente porque estaban en el lugar equivocado, a la hora equivocada.
Detrás de este uso común hay una expectativa de impunidad por parte de quienes dan las órdenes, de aquellos que de hecho materializan la tortura y de quienes deliberadamente hacen oídos sordos a estas situaciones.
Gracias al coraje y determinación de víctimas y sobrevivientes, y al esfuerzo incansable de defensores de derechos humanos, la rendición de cuenta está llevándose a cabo de manera progresiva, y los torturadores no deberían seguir esperando resultar impunes luego de cometer actos tan atroces.
Procesos del tipo que estamos presenciando ahora, décadas después de la perpetración del acto criminal de tortura, envían un poderoso mensaje. Casos como el de Dupuy demuestran que, con el tiempo, los regímenes también cambian, como sucedió en América Latina a fines del siglo 20 y como empieza a suceder ahora en África del Norte y el Medio Oriente. De hecho, una de las víctimas de Dupuy, Jorge Taiana, se convirtió en Ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina y atestiguó en el juicio de Dupuy el año pasado.
El fortalecimiento de los mecanismos internacionales de justicia, incluyendo la rápida maduración de la Corte Penal Internacional, significa que las oportunidades de que los torturadores sean capturados un día, ya sea a nivel nacional o internacional, han aumentado significativamente.
Que los gobiernos y oficiales déspotas tengan cuidado: la tortura es un crimen internacional grave y más torturadores serán llevados a la justicia, tarde o temprano".
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
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