HERMANA DEL CORONEL ASESINADO EN PARIS EN 1974 REVELA QUE SE LO QUEDÓ EL EMBAJADOR MARIO CÉSAR FERNÁNDEZ
Caras y Caretas. 23 12 10. Por Roger Rodríguez.
La hermana de Trabal afirma en Francia que el maletín negro se lo llevó el entonces embajador ante Unesco, quien lo habría dejado en un “lugar seguro”. Un sobrino investiga el homicidio del agregado militar. El caso Trabal resurge 36 años después del asesinato en documentos desclasificados por cancillería y ante el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia sobre los “Fusilados de Soca”, donde se planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.
María Luisa Trabal Usera, hermana del coronel Ramón Trabal, reveló días atrás en Francia que el famoso maletín negro donde el militar asesinado en París en 1974 guardaba importante documentación, fue entregado al entonces embajador uruguayo ante la UNESCO, Mario César Fernández, quien habría dejado la maleta y su contenido en un “lugar seguro”, aunque nunca se ha podido identificar con quién o dónde estaría guardado semejante material.
La confesión de “Cocó” Trabal, a 36 años del homicidio de su hermano, fue realizada a principios de diciembre en Aix en Provence, una comuna francesa del departamento Bocas del Ródano, al sur de Francia, donde actualmente vive, cuando fue entrevistada por su propio hijo, Gonzague Petit Trabal, quien indaga sobre la muerte de su tío con el objetivo de hacer un documental en el que intenta esclarecer aquel impune crimen.
“Cocó” Trabal, quien acaba de cumplir 80 años de edad, recordó a su hijo la noche de la muerte de su hermano y le contó que al día siguiente, con la ayuda de la policía francesa, “Ramoncito” (el hijo de Trabal, entonces alférez, quien viajó a Paris tras la muerte de su padre) fue quien se llevó los papeles del despacho del militar y a las cuatro de la mañana le devolvió a su tía las cartas que le había escrito a su padre.
“Mi madre me dijo que se recordaba que habían entregado la maleta negra de Ramón, donde estaban todos los documentos más calientes, al embajador uruguayo en la UNESCO en Paris en 1974, un tal Mario Fernández, quien después fue nombrado embajador en Brasil y, según mi madre, fue abogado y ministro”, narró Gonzague a este cronista de Caras&Caretas, que viene apoyando la investigación del sobrino de Trabal.
“En un lugar seguro”
María Luisa, nacida en 1930, un año después que su hermano Ramón, es la única mujer de los cuatro hijos que tuvieron María del Carmen Usera y el general José Esteban Trabal Daneri, quien a fines de los años veinte ocupó el mismo cargo de agregado militar ante los gobiernos de Gran Bretaña y Francia, que ejercía su hijo Ramón desde abril de 1974, luego de ser relegado de un ascenso al generalato en medio de una tensa interna militar en la dictadura.
“Cocó”, que como sus hermanos Ramón, José y Gonzalo, estudió en el British School, fue profesora de inglés en el Sagrado Corazón, hasta que se enamoró de Daniel Petit, un francés que trabajaba en una lanera, a quien conoció en un viaje a Montevideo. Mantuvieron durante un año una relación epistolar, hasta que convenció a sus padres de viajar a Francia donde se casaron en 1958. Vivió en Paris hasta 1974, poco antes del homicidio de su hermano, y se radicó en el sur porque su esposo sufría enfisema y requería un clima mediterráneo.
Gonzague Petit Trabal, quedó entonces viviendo durante semanas con su tío Ramón en París, en los días en que el flamante agregado militar no conseguía casa y habitaba una casona sin luz ni servicios. Desde entonces, Gonzague ha querido investigar la muerte del militar, pero se ha encontrado con un cerrado silencio de parte de su familia. “Mi madre le preguntó muchas veces sobre los papeles a Ramoncito y él la última vez le dijo que estaban en un lugar seguro”, explicó.
La posibilidad de encontrar el maletín de Trabal y su contenido tendría singular importancia cuando la Suprema Corte de Justicia vienen estudiando declarar inconstitucional la Ley de Caducidad para la causa del secuestro en Argentina, traslado a Uruguay y asesinato de cinco militantes tupamaros que fueron ejecutados por la dictadura en las cercanías de la localidad de Soca como supuesta represalia por el homicidio del coronel Trabal en Paris. La apertura del caso derivaría en una indagación judicial sobre la propia muerte del militar.
El embajador Fernández
El Embajador Mario César Fernández, quien se habría llevado el maletín negro de Ramón Trabal, fue un político colorado, periodista y diplomático que ocupó en la dictadura el cargo de representante uruguayo ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) con sede en París. Era junto al embajador Jorge Barreiro y el primer secretario Gonzalo García Lagos, uno de los funcionarios de mayor jerarquía en Francia cuando el homicidio del militar.
Mario César Fernández, se inició en el periodismo político en el vespertino “Acción” junto a Luis Batlle Berres, Maneco Flores Mora y Jorge Batlle, pero terminó constituyéndose en convencional de su partido por el sector Unidad y Reforma, liderado por Julio María Sanguinetti, y fue editor de la publicación “Correo de los Viernes” a la salida de la dictadura militar.
Con una trayectoria de cuarenta años en la cancillería, desde 1985, durante la primera presidencia de Sanguinetti, ocupó la subsecretaría de relaciones exteriores, que encabezaba el Contadorr Enrique Iglesias a quien suplantó como ministro interino. En 1995, durante su segunda gestión, Sanguinetti le designó como embajador en Brasil.
Luego de la dictadura, Mario César Fernández fue protagonista de un episodio de fuerte repercusión periodística cuando el 1º de agosto de 1985, siendo canciller interino, denunció por espionaje al cónsul en Porto Alegre, Raúl Liard, a quien implicó en un “seguimiento” a Wilson Ferreira Aldunate en una visita a la capital gaucha durante la dictadura. Por esa denuncia Liard fue sumariado y finalmente destituido en 1988.
En 1990, escribía en “El País” una columna titulada “Los cuadernos de Tabaré” en los que ejercía una fuerte crítica a la gestión municipal de Tabaré Vázquez; y en 1999, siendo embajador en Brasil, fue acusado de no atender advertencias de Brasil sobre la posibilidad de que desde la frontera se trasmitiera a Uruguay la fiebre aftosa. Se dijo que su posición procuraba evitar el protagonismo del entonces gobernador de Rio Grande do Sul, Olivio Dutra, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).
El enigma a decifrar
La importancia que tendría recuperar los documentos que el coronel Ramón Trabal llevaba siempre en su maletín personal, fue reconocida a Caras&Caretas por el hoy periodista del semanario Búsqueda, Sergio Israel, autor del libro “El enigma Trabal” (Ediciones Trilce, 2002), para el que investigó en Uruguay, Francia, Argentina e Inglaterra y consultó fuentes de Estados Unidos, Bolivia, Cuba e Israel, entre otras.
En su trabajo, Sergio Israel destaca que “el famoso maletín negro, sobre el cual tanto se ha hablado y especulado por su contenido comprometedor, no figura en el parte de la policía judicial” francesa que se hizo cargo de la investigación del homicidio de Trabal., cuyo cuerpo fue encontrado acribillado el 19 de diciembre de 1974 dentro de su Reanault 12 TL, en el garage del edificio que habitaba en el número 15 de la Rue du Recteur Poincaré de París.
En “El enigma Trabal”, Israel recoge amplia información que evidencia la preocupación que el coronel uruguayo tenía sobre la posibilidad de un atentado en su contra, como las diferentes hipótesis que se construyeron sobre la autoría de su muerte: desde el operativo de una supuesta “Brigada Raúl Sendic” (descartada desde un principio), a una acción de sicarios griegos contratados por grupos de extrema izquierda o derecha, a la cada vez más firme posibilidad de que su muerte la ordenara la propia dictadura uruguaya.
La investigación del periodista se inició en 1988 cuando el hoy senador Eleuterio Fernández Huidobro, durante un debate televisivo con el colorado Pablo Millor, afirmó que a Trabal lo habían matado las Fuerzas Armadas. Sus palabras llevaron a que los comandantes de las tres armas le iniciaran un juicio por difamación que encauzó el entonces fiscal Miguel Langón (hoy defensor de represores), donde no se llegó a abrir la prueba solicitada por los abogados defensores, Gonzalo Fernández y Helios Sarthou, quienes solicitaron el desarchivo del expediente sobre los fusilados en Soca.
Archivos que callan
Uno de los testigos en el juicio contra Fernández Huidobro fue el periodista Alberto Silva, quien junto a su colega Nelson Caula, habían indagado sobre la muerte de Trabal. Las actas de aquella instancia judicial muestran al fiscal Langón intentando contradecir la existencia de un “archivo Trabal” en el que existiera documentación que podría comprometer a la dictadura.
Alberto Silva, fue enfático al sostener que “Hay una serie de personas que hablan a propósito del archivo Trabal. Hay que recordar que Trabal estaba al frente de lo que era inteligencia militar, recababa información de la propia inteligencia militar y también de las que eran declaraciones con torturas y sin torturas a los presos políticos. En base a lo que eran todas esas declaraciones conforma el tan mentado archivo (…) Y hay que recordar que en su última actividad aquí en el país, él estuvo al frente de lo que fue la lucha contra los ilícitos económicos…”.
Distintos testimonios dan cuenta de la existencia de documentación importante en poder de Trabal y el hecho de que parte de ella estuviera en su maletín negro. “Con esto algún día haré un libro”, dijo en alguna oportunidad el militar, a quien obsesionaban los temas de seguridad, según confirma un documento desclasificado de la cancillería uruguaya al que accedió Caras&Caretas.
El material, una nota firmada por el propio Ramón Trabal el 26 de abril de 1974 en hoja membretada de la Embajada en Paris, da cuenta de que el coronel había enviado al ministerio de Relaciones Exteriores un documento fechado el 8 de enero “sobre problemas relativos a la seguridad Nacional” que parecía haberse extraviado cuando en realidad el original seguía en poder del militar, quien se excusa por la confusión y lo remite al gobierno a través de la Embajada en Londres. El informe no aparece en los archivos desclasificados.
Entre la documentación de la cancillería también surgen correspondencias del embajador Mario César Fernández, una en la que se evidencian sus diferencias con Trabal por su actuación como agregado militar, y otra, de fecha 6 de febrero de 1975 (dos semanas después del homicidio) en la que informa al Embajador Barreiro que recibió un anónimo (cuyo contenido adjunta, pero no aparece en el material desclasificado) que se niega a dar a la policía francesa en forma directa ya que sin advertencia le habían quitado la custodia policial que le habían puesto tras el asesinato del agregado militar.
Excusa para fusilar
El homicidio del coronel Ramón Trabal en Paris, sirvió de excusa para el fusilamiento de cinco uruguayos que habían sido secuestrados en Buenos Aires en noviembre de aquel 1974, quienes tras ser torturados en varios “pozos” porteños, fueron trasladados en avión a Montevideo y recluidos en la Casona de Punta Gorda hasta que se decidió su ejecución el 21 de diciembre.
Floreal García, su esposa Mirtha Hernández y su hijo Amaral, Héctor Brum y su esposa María de los Angeles Corbo, Graciela Estefanell y Julio Abreu fueron las victimas de lo que ya era una acción coordinada entre las fuerzas represivas de Argentina y Uruguay. Cinco de ellos fueron fusilados. El niño Amaral permaneció desaparecido diez años y Abreu, que no tenía militancia, liberado bajo amenaza para mantenerse callado.
Amaral García fue el primer niño recuperado en 1985 y Abreu rompió su silencio en 2004, para revelar los lugares donde estuvieron en Argentina, su traslado en el “vuelo cero” y las instancias que confirman que aquellas ejecuciones sumarias fueron una excusa de la dictadura para evitar sospechas ante el homicidio de Trabal.
El caso de los fusilados de Soca fue elevado a la Suprema Corte de Justicia por la fiscal Ana María Telechea y la jueza Mariana Motta, quienes piden un pronunciamiento del máximo órgano judicial sobre la constitucionalidad de la Ley de Caducidad que les impide continuar las actuaciones judiciales iniciadas en el marco del expediente contra el dictador Juan María Bordaberry.
La declaración de inconstitucionalidad, según supo Caras&Caretas no será dada –como se esperaba- en forma “anticipada”, como ocurrió con la causa sobre 19 muertes por tortura en la que se reiteró la sentencia del caso de Nybia Sabalsagaray. El episodio de los fusilados de Soca contiene dos elementos sobre los que los ministros se pronunciarían para asentar jurisprudencia: el traslado de prisioneros desde el exterior y la desaparición de niños.
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viernes, 24 de diciembre de 2010
miércoles, 22 de diciembre de 2010
Fueron doce los denunciantes de torturas en la base Boiso Lanza
Rapidez. La jueza Mota resolvió inmediata fijación de audiencia. La magistrada decidió conformar una pieza presumarial para indagar.La República. 22 12 10. Por Mauricio Pérez.
La jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, conformó un expediente separado, anexo a la causa madre por el secuestro y homicidio de Ubagesner Chaves Sosa en 1976, para investigar la denuncia penal por la práctica sistemática de torturas en la Base Aérea de Boiso Lanza, en los años de Dictadura.
La magistrada recibió la denuncia promovida por diez ex presos políticos, torturados en la Base Aérea de Boiso Lanza antes y durante la Dictadura cívico-militar, y decidió conformar una pieza presumarial para indagar los hechos, según explicó el abogado querellante Oscar López Goldaracena a LA REPUBLICA.
En este sentido, la jueza Mota dispuso la inmediata fijación de audiencia para tomar la declaración de una de las denunciantes. La ex detenida política reside en la ciudad de Lund (Suecia), por lo cual de prorrogarse su citación sería "extremadamente díficil" recabar su testimonio, señaló el abogado.
Asimismo, López Goldaracena informó a LA REPUBLICA que sobre las últimas horas del pasado lunes y las primeras horas de ayer, previo a la presentación del escrito, otros dos ex presos políticos adhirieron a la denuncia, con lo cual ascienden a doce el número de querellantes.
Sin embargo, López Goldaracena y el presidente de Crysol y denunciante en la causa, Baldemar Tarocco, tienen la certeza que en las próximas horas otros ex presos políticos acompañarán la denuncia. Además, ex presos políticos llamaron a LA REPUBLICA para manifestar su adhesión con el inicio de la acción penal y su interés en declarar como testigos o denunciantes en la causa.
La denuncia penal interpuesta ayer ante la jueza Mariana Mota promueve la investigación de las prácticas de tortura acaecidas en la Base Aérea de Boiso Lanza en los años de Dictadura e "incluso antes del Golpe de Estado de 1973", como informara ayer LA REPUBLICA.
La tortura "no fue algo casual", sino una práctica sistemática, en el marco de la represión desatada por el aparato estatal bajo la aplicación de las Medidas Prontas de Seguridad (1968-1973) y la propia Dictadura. "Las prácticas de tortura constituyen un muestrario de horror que perseguía la destrucción física y mental del detenido (...). El encapuchamiento, el plantón, la picana eléctrica, el submarino, el caballete, colgamientos, abusos sexuales, simulacros de fusilamiento y otros castigos corporales, son ejemplos de la reiterada violación de los derechos humanos del individuo privado de libertad", dice la denuncia.
En este sentido, las Fuerzas Armadas conformaron un "Estado Terrorista", cuyo objetivo era "la eliminación de cualquier expresión contraria a la política oficialista". La comprobación de "la intencionalidad de aniquilamiento de un sector o grupo de nuestra sociedad por intermedio de la aplicación de la tortura" implicaría, por tanto, ingresar en el supuesto de "crimen de genocidio", subraya el escrito.
"Que haya justicia"
El presidente de Crysol y denunciante en la causa por torturas en Boiso Lanza, Baldemar Tarocco, afirmó que el objetivo de la acción penal es que "haya Justicia" por las torturas y violaciones en los centros de detención antes y durante la Dictadura cívico-militar.
La denuncia fue presentada "sin ningún sentido de revanchismo, simplemente para que se investigue y se haga Justicia". La difusión pública de las torturas acaecidas en Boiso Lanza, durante la instrucción por el caso Chaves Sosa, fue el disparador de la acción judicial, como forma de "completar el caso", señaló Tarocco.
"Todos fuimos torturados (en Boiso Lanza); este es el momento para hacer la denuncia por tortura, genocidio, asesinato (y las) violaciones de todo tipo que hubieron ahí", dijo Tarocco. "Antes del Golpe de Estado ya se torturaba en Uruguay, en todos los lugares de detención tanto del Ejército, FAU, Armada y la Policía". Incluso, el primer ciudadano detenido-desaparecido fue el estudiante Abel Ayala, el 18 de julio de 1971, recordó Tarocco.
El dirigente destacó las dificultades internas para denunciar las torturas sufridas. "Hay compañeros a los que les cuesta mucho, han quedado secuelas muy profundas, a todos nos han quedado secuelas de lo que fue la tortura. Fue un período muy díficil, muy duro", dijo. Sin embargo, Tarocco reivindicó a "las compañeras que han tenido la valentía" de denunciar las violaciones a las cuales fueron sometidas.
El abogado querellante, en tanto, manifestó que la denuncia permitirá que "todos los torturados en Boiso Lanza tengan su día ante los Tribunales y eso es dignificante ante la sociedad".
"Los testigos y las víctimas perdieron el miedo, y la Justicia comienza a ser sanadora", dijo López Goldaracena.
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martes, 21 de diciembre de 2010
Diez ex presos políticos presentan denuncia por torturas en base Boiso Lanza
Imprescriptible. La tortura "no fue algo casual... perseguía la destrucción física y mental del detenido".
La República. 21 12 10. Por Mauricio Pérez.
La Justicia podría investigar la práctica sistemática de torturas en la Base Aérea de Boisso Lanza, de prosperar una denuncia penal a presentarse hoy a la hora 11.30 por diez ex detenidos políticos en dictadura. La denuncia solicita considerar estos delitos bajo la figura del "genocidio".
Diez ex presos políticos presentarán hoy ante la Justicia una denuncia penal por la práctica sistemática de torturas en la Base Aérea de Boisso Lanza, en los años de dictadura. El escrito será presentado ante la jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, como un anexo al expediente por el cual se indaga el "homicidio político" de Ubagesner Cháves Sosa, en 1976.
Los denunciantes tienen en común haber sido víctimas de tortura en la Base Aérea de Boisso Lanza, "incluso antes del golpe de Estado de 1973", y solicitan investigar y juzgar a los responsables por estarse ante un delito imprescriptible, en virtud de sus características, expresa el escrito patrocinado por el abogado Oscar López Goldaracena.
La práctica de torturas "no fue algo casual", en el marco de la represión desatada por el aparato estatal bajo la aplicación de las Medidas Prontas de Seguridad (1968-1973) y la propia dictadura. "Las prácticas de tortura constituyen un muestrario de horror que perseguía la destrucción física y mental del detenido mediante métodos que, en muchos aspectos, recuerdan las arbitrariedades de la Segunda Guerra (Mundial).
El encapuchamiento, el plantón, la picana eléctrica, el submarino, el caballete, colgamientos, abusos sexuales, simulacros de fusilamiento y otros castigos corporales, son ejemplos de la reiterada violación de los derechos humanos del individuo privado de libertad", agrega.
La denuncia penal solicita, por tanto, investigar a "los involucrados que a cualquier título, tengan responsabilidad por acción u omisión, ya sea en calidad de autores mediatos o de coautores, en el crimen de lesa humanidad de torturas o de genocidio, sufrido por los comparecientes cuando estuvimos detenidos en la Base Aérea de Boisso Lanza, en algunos casos desde antes de la dictadura cívico-militar que gobernó al país entre 1973 y 1985". Ningún integrante del aparato represivo del Estado fue juzgado por la tortura de presos políticos en dictadura.
"Estado terrorista"
"Durante la dictadura cívico-militar uruguaya se violaron sistemáticamente los derechos humanos y se detentó un autoritarismo totalitario que eliminó la separación de poderes y suprimió derechos y garantías individuales". "La actuación de las Fuerzas Armadas persiguió la eliminación de todo posible peligro para el orden interno, fundamentalmente la eliminación de cualquier expresión contraria a la política oficialista, no reparando en ningún límite", con lo cual "se fue edificando un verdadero 'Estado terrorista'", señala el escrito.
"Desde el gobierno y al amparo del mismo, se dirigían acciones para eliminar a cualquier opositor que cuestionara la política de la dictadura.
Se recurrió a la práctica sistemática de tortura, la prisión arbitraria e ilegítima, el homicidio y la desaparición forzada de personas, incluso de niños, como un patrón regular de represión en forma coordinada entre las dictaduras de la región", expresa la denuncia.
La comprobación de "la intencionalidad de aniquilamiento de un sector o grupo de nuestra sociedad por intermedio de la aplicación de la tortura" implicaría, por tanto, ingresar en el supuesto de "crimen de genocidio". En este sentido, "se tendrá presente por la Sede que la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 (art. II) fue aprobada por Uruguay por Ley Nº 13.482 de 30 de junio de 1966 y consecuentemente en la década del 70 del siglo pasado, existía para el Uruguay derecho vigente al momento de perpetrarse los hechos, que obligan a su castigo", señala el texto.
El escrito promueve la citación de denunciantes y testigos para asentar la existencia de torturas en Boisso Lanza, cuya "notoriedad" se hizo pública en la indagatoria por el "homicidio político" de Chaves Sosa. Asimismo, la denuncia copia extractos del libro "La Ira del Leviatán", escrito por el capitán da navío (r), Jorge Tróccoli (prófugo de la Justicia uruguaya), donde se reconoce la tortura como "una práctica habitual de todas las Fuerzas Armadas como método para obtener información".
"El torturar, el hacer sufrir a alguien era un medio para llegar a un fin, para tener un objetivo. (...) Era, como fue y es en todas partes del mundo, una característica más de este tipo de lucha. Varias veces mis superiores estaban presentes durante el interrogatorio, era una instancia más.
La tortura en los interrogatorios era un secreto a voces durante la guerra, antes y después de 1973. Y esto no era ignorado por nadie y mucho menos por los altos mandos militares", escribió Tróccoli.
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lunes, 20 de diciembre de 2010
Por muerte de Peré en 1973 piden cárcel para coronel retirado
Ültimas Noticias. 20 12 10
El fiscal penal Juan Gómez solicitó el procesamiento con prisión del coronel (r) Tranquilino Machado, quien es acusado por el "homicidio muy especialmente agravado" de Ramón Peré en julio de 1973. La víctima fue el primer muerto durante el período dictatorial en Uruguay.
El coronel indagado fue director del Liceo Militar entre 2002 y 2004, cargo en el que dejó paso al actual comandante en jefe de la Fuerzas Armadas, Jorge Rosales. Además, Machado fue designado a partir del 10 de enero de 2004 como agregado militar adjunto en la Embajada uruguaya en Estados Unidos de América, delegado del Ejército Nacional ante la Junta Interamericana de Defensa y asesor técnico del Estado uruguayo ante la Organización de Estados Americanos. El oficial retirado fue juez militar de instrucción de 2° turno y también ocupó el cargo de jefe de relaciones públicas del Comando General del Ejército en 2001.
Peré falleció luego de recibir un disparo por la espalda. Machado, quien reconoció ser el autor del disparo, tenía 24 años al momento del hecho y ocupaba el cargo de Alférez en el Batallón Florida. Por su parte, la víctima era militante de la Federación de Estudiantes Universitarios (Feuu) y ocupaba el local de la Facultad de Veterinaria, donde estudiaba, en el marco de la huelga general que convocó el Pit-Cnt para protestar contra el golpe de Estado.
El fiscal entendió que Machado realizó "uso excesivo del poder del Estado". Además consideró que la muerte fue inmotivada y que la acción del militar fue desmedida, según informó La República.
El abogado de Machado, Miguel Langón dijo a Ultimas Noticias que presentó ante el juez del caso, Sergio Torres, un escrito oponiéndonos al procesamiento, en el que sostuvo que se trató de un enfrentamiento armado. El jurista consideró como "esencial" que no se ocultó el hecho, sino que la víctima fue asistida y trasladada al hospital militar.
Por su parte, el abogado de la familia de la víctima, Oscar López Goldaracena, explicó a Ultimas Noticias que “no puede argumentarse legítima defensa cuando se mata por la espalda”. Además advirtió que el juez debe tomar medidas para asegurar la permanencia de Machado en el país.
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El fiscal penal Juan Gómez solicitó el procesamiento con prisión del coronel (r) Tranquilino Machado, quien es acusado por el "homicidio muy especialmente agravado" de Ramón Peré en julio de 1973. La víctima fue el primer muerto durante el período dictatorial en Uruguay.
El coronel indagado fue director del Liceo Militar entre 2002 y 2004, cargo en el que dejó paso al actual comandante en jefe de la Fuerzas Armadas, Jorge Rosales. Además, Machado fue designado a partir del 10 de enero de 2004 como agregado militar adjunto en la Embajada uruguaya en Estados Unidos de América, delegado del Ejército Nacional ante la Junta Interamericana de Defensa y asesor técnico del Estado uruguayo ante la Organización de Estados Americanos. El oficial retirado fue juez militar de instrucción de 2° turno y también ocupó el cargo de jefe de relaciones públicas del Comando General del Ejército en 2001.
Peré falleció luego de recibir un disparo por la espalda. Machado, quien reconoció ser el autor del disparo, tenía 24 años al momento del hecho y ocupaba el cargo de Alférez en el Batallón Florida. Por su parte, la víctima era militante de la Federación de Estudiantes Universitarios (Feuu) y ocupaba el local de la Facultad de Veterinaria, donde estudiaba, en el marco de la huelga general que convocó el Pit-Cnt para protestar contra el golpe de Estado.
El fiscal entendió que Machado realizó "uso excesivo del poder del Estado". Además consideró que la muerte fue inmotivada y que la acción del militar fue desmedida, según informó La República.
El abogado de Machado, Miguel Langón dijo a Ultimas Noticias que presentó ante el juez del caso, Sergio Torres, un escrito oponiéndonos al procesamiento, en el que sostuvo que se trató de un enfrentamiento armado. El jurista consideró como "esencial" que no se ocultó el hecho, sino que la víctima fue asistida y trasladada al hospital militar.
Por su parte, el abogado de la familia de la víctima, Oscar López Goldaracena, explicó a Ultimas Noticias que “no puede argumentarse legítima defensa cuando se mata por la espalda”. Además advirtió que el juez debe tomar medidas para asegurar la permanencia de Machado en el país.
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Primer crimen de la dictadura. Pericia demuestra que el militante de la UJC fue asesinado por la espalda.
La Fiscalía solicitó el procesamiento de un oficial retirado del Ejército por el "homicidio muy especialmente agravado" del militante de la UJC, Ramón Peré. El dictamen expresa que la muerte fue "inmotivada", con un uso ilegítimo de la fuerza, por lo cual deben extenderse los plazos de prescripción.
La República. 19 12 10. Por Mauricio Pérez
El fiscal Juan Gómez solicitó, días atrás, el procesamiento con prisión de un oficial del Ejército, en situación de retiro, por el "homicidio muy especialmente agravado", en julio de 1973, del joven militante de la UJC Ramón Peré, muerto tras recibir un disparo por la espalda. Peré fue el primer muerto de la dictadura.
Peré, estudiante de la Facultad de Veterinaria y militante de la FEUU, se encontraba ocupando el local del centro de estudios, en el marco de la huelga general, convocada por el PIT-CNT en protesta por el golpe de Estado encabezado por el dictador Juan María Bordaberry.
El joven repartía volantes con un compañero en las inmediaciones del centro de estudios, cuando detectaron que eran seguidos por dos efectivos vestidos de civil. Los jóvenes corrieron, y uno de los efectivos hizo fuego. Una de las balas alcanzó a Peré y le produjo la muerte. El curso de la indagatoria determinó que ambos efectivos eran integrantes del Ejército Nacional, y no oficiales de Policía como se presumió desde el comienzo.
En este sentido, el representante del Ministerio Público analizó el voluminoso expediente y decidió solicitar el procesamiento del oficial, confeso autor de los disparos, por un delito de "homicidio muy especialmente agravado". En tanto, el fiscal descartó formular imputación contra el otro efectivo, por cuanto el único ilícito pasible de ser reprochado penalmente, "encubrimiento", está prescripto, según indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
El oficial debía prestar testimonio el pasado viernes ante el juez Penal de 3º Turno, Sergio Torres, en audiencia ratificatoria (artículo 126 del CPP), ante el pedido de procesamiento en su contra. Sin embargo, el asesor jurídico del Centro Militar y representante del oficial (r) en el proceso, Miguel Langón, interpuso un escrito solicitando prorrogar la audiencia por "motivos sanitarios".
El oficial sufrió una "crisis cardíaca" al enterarse del pedido de procesamiento, ante lo cual debió ser internado en el Hospital Militar, explicó Langón.
"Muerte inmotivada"
Uno de los elementos centrales de la imputación de la Fiscalía fue la autopsia de los restos de Peré, desarrollada por una junta de peritos forenses del Instituto Técnico Forense (ITF), tras la exhumación de los restos dispuesta "de oficio" por el juez Torres, explicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
Los forenses determinaron como causa de la muerte "disparo de arma de fuego, de pequeño calibre, probablemente un revólver 22, desde una distancia de 40 ó 50 metros. El proyectil ingresó por la región dorsal (espalda), impactó en la vértebra nº 11 y afectó el corazón. Además, Peré presentaba un fuerte golpe en el cráneo", explicaron otras fuentes consultadas. "La bala le destrozó el corazón", contaron las fuentes.
En este sentido, el fiscal Gómez solicitó el procesamiento con prisión del oficial, por cuanto realizó "un uso excesivo del poder del Estado". "La muerte fue inmotivada, fue producida por el mero hecho del ejercicio de la fuerza, en una acción desmedida por parte de un efectivo de un organismo con el monopolio exclusivo de la fuerza". La gravedad del delito y el accionar con "grave sevicia" del imputado supuso la elevación en un tercio de los plazos de prescripción, señalaron las fuentes.
En tanto, Langón interpuso ante el juez Torres otro escrito cuestionando la vista de la Fiscalía, por cuanto la muerte de Peré se habría producido "en el marco de un enfrentamiento armado" con las fuerzas de seguridad, según explicó el abogado a LA REPUBLICA.
El imputado "era una alférez de 24 años, del Batallón Florida, el cual actuó bajo legítima defensa, en el marco de un enfrentamiento armado", y "por obediencia debida". Asimismo, "aunque se estuviera ante un caso de homicidio no puede sostenerse la brutal ferocidad" de sus acciones, por lo cual el caso estaría prescripto, señaló Langón. Las pericias y testimonios recabados por el juez Torres determinaron que ni Peré ni su compañero estaban armados, según la Fiscalía.
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La República. 19 12 10. Por Mauricio Pérez
El fiscal Juan Gómez solicitó, días atrás, el procesamiento con prisión de un oficial del Ejército, en situación de retiro, por el "homicidio muy especialmente agravado", en julio de 1973, del joven militante de la UJC Ramón Peré, muerto tras recibir un disparo por la espalda. Peré fue el primer muerto de la dictadura.
Peré, estudiante de la Facultad de Veterinaria y militante de la FEUU, se encontraba ocupando el local del centro de estudios, en el marco de la huelga general, convocada por el PIT-CNT en protesta por el golpe de Estado encabezado por el dictador Juan María Bordaberry.
El joven repartía volantes con un compañero en las inmediaciones del centro de estudios, cuando detectaron que eran seguidos por dos efectivos vestidos de civil. Los jóvenes corrieron, y uno de los efectivos hizo fuego. Una de las balas alcanzó a Peré y le produjo la muerte. El curso de la indagatoria determinó que ambos efectivos eran integrantes del Ejército Nacional, y no oficiales de Policía como se presumió desde el comienzo.
En este sentido, el representante del Ministerio Público analizó el voluminoso expediente y decidió solicitar el procesamiento del oficial, confeso autor de los disparos, por un delito de "homicidio muy especialmente agravado". En tanto, el fiscal descartó formular imputación contra el otro efectivo, por cuanto el único ilícito pasible de ser reprochado penalmente, "encubrimiento", está prescripto, según indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
El oficial debía prestar testimonio el pasado viernes ante el juez Penal de 3º Turno, Sergio Torres, en audiencia ratificatoria (artículo 126 del CPP), ante el pedido de procesamiento en su contra. Sin embargo, el asesor jurídico del Centro Militar y representante del oficial (r) en el proceso, Miguel Langón, interpuso un escrito solicitando prorrogar la audiencia por "motivos sanitarios".
El oficial sufrió una "crisis cardíaca" al enterarse del pedido de procesamiento, ante lo cual debió ser internado en el Hospital Militar, explicó Langón.
"Muerte inmotivada"
Uno de los elementos centrales de la imputación de la Fiscalía fue la autopsia de los restos de Peré, desarrollada por una junta de peritos forenses del Instituto Técnico Forense (ITF), tras la exhumación de los restos dispuesta "de oficio" por el juez Torres, explicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
Los forenses determinaron como causa de la muerte "disparo de arma de fuego, de pequeño calibre, probablemente un revólver 22, desde una distancia de 40 ó 50 metros. El proyectil ingresó por la región dorsal (espalda), impactó en la vértebra nº 11 y afectó el corazón. Además, Peré presentaba un fuerte golpe en el cráneo", explicaron otras fuentes consultadas. "La bala le destrozó el corazón", contaron las fuentes.
En este sentido, el fiscal Gómez solicitó el procesamiento con prisión del oficial, por cuanto realizó "un uso excesivo del poder del Estado". "La muerte fue inmotivada, fue producida por el mero hecho del ejercicio de la fuerza, en una acción desmedida por parte de un efectivo de un organismo con el monopolio exclusivo de la fuerza". La gravedad del delito y el accionar con "grave sevicia" del imputado supuso la elevación en un tercio de los plazos de prescripción, señalaron las fuentes.
En tanto, Langón interpuso ante el juez Torres otro escrito cuestionando la vista de la Fiscalía, por cuanto la muerte de Peré se habría producido "en el marco de un enfrentamiento armado" con las fuerzas de seguridad, según explicó el abogado a LA REPUBLICA.
El imputado "era una alférez de 24 años, del Batallón Florida, el cual actuó bajo legítima defensa, en el marco de un enfrentamiento armado", y "por obediencia debida". Asimismo, "aunque se estuviera ante un caso de homicidio no puede sostenerse la brutal ferocidad" de sus acciones, por lo cual el caso estaría prescripto, señaló Langón. Las pericias y testimonios recabados por el juez Torres determinaron que ni Peré ni su compañero estaban armados, según la Fiscalía.
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sábado, 18 de diciembre de 2010
Vinos envenenados: cuestión de Estado
HEBER PEDIRÁ DESCLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE LA MUERTE DE SU MADRE
Caras y Caretas. 17 12 10. TEXTO: ROGER RODRÍGUEZ
El senador Luis Alberto Heber solicitará al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, que insista ante el gobierno de Estados Unidos para la desclasificación de todos los archivos secretos estadounidenses sobre el caso de los vinos envenenados que en 1978 provocaron la muerte de su madre, Cecilia Fontana de Heber, cuyo homicidio indaga hoy la Justicia penal.
El legislador blanco, tras leer los nuevos documentos secretos divulgados por Wikileaks en el diario El País de Madrid, comentó a Caras y Caretas que la nueva documentación evidencia que existe información no desclasificada por el gobierno estadounidense, que sólo entregó catorce documentos censurados sobre el tema, y opinó que el caso debería considerarse una “cuestión de Estado”.
Luis Alberto Heber se mostró sorprendido por el contenido de la correspondencia del Departamento de Estado sobre Uruguay que se hizo pública esta semana, donde se confirma que la Central de Inteligencia Americana (CIA) se negó a desclasificar documentos sobre los vinos envenenados, según admite la encargada de negocios, Robin Matthewman.
La nueva documentación hecha pública el martes 14, también demuestra que en 2008 el embajador estadounidense, Frank E. Baxter, presionó a Tabaré Vázquez al contraponer el caso Mitrione como respuesta a los reclamos sobre los vinos envenenados y orquestar un ataque contra el ex dirigente tupamaro Henry Engler por su designación al frente del Centro de Imagenología Molecular (Cudim).
“Mantenemos los dedos cruzados para que el caso del vino envenenado haya sido definitivamente enterrado. El excelente trabajo en el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado convenció a nuestros interlocutores de que tomamos en serio la solicitud del presidente Vázquez y su relación con el presidente Bush, aunque sabemos que Vázquez lo pide por razones de política interna. Por último, el embajador planteó el caso Mitrione como un retroceso en el caso del vino envenenado”, informa el propio Baxter en un documento.
Baxter –según revelan los documentos– ya había protagonizado una campaña contra Engler en 2007, cuando Estados Unidos intentó bloquear una importación de aparatos médicos de la empresa General Eléctric al comprobar que la negociación implicaba al ex tupamaro, a quien sindican como uno de los responsable de la ejecución en 1971 de Dan Mitrione, agente de la CIA.
“SI ES POSIBLE, RESPONSABLEMENTE”
Robin Matthewman, por su parte, explica en otra comunicación interna que una carta que Vázquez envió en marzo de 2008 al presidente Bush pidiendo que se desclasificara documentación sobre el caso de los vinos envenenados, era similar a la que diputados blancos habían hecho un año antes, con magros resultados, a través de la ley de libertad de información (FOIA).
“El Departamento de Estado desclasificó algunos documentos relacionados con el caso. La CIA no lo hizo, citando preocupaciones sobre el compromiso de las fuentes y métodos. Muchos uruguayos permanecen insatisfechos con la respuesta del gobierno de Estados Unidos y están convencidos de que posee información útil sobre la muerte de la señora de Heber”, admite Matthewman.
“El gobierno de Uruguay está bajo presión política para tener en cuenta todos los abusos de derechos humanos cometidos durante la 'guerra sucia'. Creemos que, en este caso particular, los parientes de Heber entienden que el gobierno de Estados Unidos no tienen ninguna información sobre el autor del crimen de hace treinta años. Sin embargo, en esta incipiente temporada de campaña [electoral] los actores políticos están encontrando en las reiteradas solicitudes de información al USG [Gobierno de Estados Unidos] una manera conveniente de ejercer presión política sobre el gobierno del Frente Amplio por cualquier razón. Ésta es, probablemente, la fuerza que impulsó al presidente Vázquez a enviar la carta al presidente Bush”, opina.
El análisis de la encargada de “negocios” Matthewman agrega que “grupos de extrema izquierda de Uruguay regularmente recurren a los derechos humanos como un grito de guerra anti Estados Unidos. Incluso la cobertura de la gran prensa aquí tiende a reforzar la afirmación de que los izquierdistas son los únicos 'verdaderos' defensores de los derechos humanos”.
“Mientras tanto –continúa la 'diplomática'– documentos desclasificados de Estados Unidos en torno a la época de la dictadura uruguaya se han utilizado para alimentar el fuego. Por ejemplo, Telesur de Venezuela continuamente emite acusaciones de que Estados Unidos patrocinó el 'Plan Cóndor', mientras parpadea fragmentos de los documentos desclasificados como prueba. La Embajada cree que es de interés de Estados Unidos responder rápidamente y, si es posible, responsablemente, a la carta de Vázquez como una manera de contrarrestar algunas de estas acusaciones”, concluye.
VINOS: LA IMPLICANCIA DE LA CIA
Una investigación periodística publicada por este cronista en enero de 2007 en el diario La República, confirmó la hipótesis de que la embajada de Estados Unidos y colaboradores de la CIA estuvieron implicados en el atentado con vinos envenenados realizado en agosto de 1978 contra los dirigentes blancos Mario Heber, Carlos Julio Pereyra y Luis Alberto Lacalle, que derivó en la muerte de Cecilia Fontana de Heber el 5 de setiembre de ese año.
Expedientes judiciales, policiales y parlamentarios de la época dejaron muchos 'cabos sueltos' en la investigación que paradójicamente quedó en manos del entonces director de Narcóticos, comisario Hugo Campos Hermida, conectado a la embajada estadounidense y considerado hoy el principal sospechoso en la planificación de atentado desde la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) de la Policía.
Fuentes que integraron los 'servicios' policiales en aquellos años de la dictadura, admitieron a este periodista que el atentado de los vinos envenenados fue un “pedido” de la “embajada” para desarticular las negociaciones por una apertura que se realizaban con el nuevo comandante en jefe del Ejército, general Gregorio Álvarez, quien aceptaba destituir al presidente Aparicio Méndez y nombrar provisoriamente a un triunvirato para la transición.
Los informantes indicaron que la embajada solicitó primero ayuda al general Amaury Prantl, director del Servicio de Información y Defensa (SID), quien ordenó al teniente coronel José Nino Gavazzo ejecutar un operativo contra el Goyo a través de la publicación interna El Talero, donde se le acusaba de traición. El intento falló, por lo que Prantl y Gavazzo pidieron pase a retiro.
Frustrado el intento de derribar a Álvarez, la embajada habría pedido entonces un “favor” a sus viejos amigos de la DNII (a quienes mensualmente entregaba un “combo” de dinero) para que “neutralizaran” a la dirigencia del Partido Nacional, pero el equipo de “colaboradores” de la CIA encabezado por Campos Hermida ideó el envío de los vinos envenenados.
Las fuentes agregaron que la esquela que acompañaba los vinos Riesling fue escrita por la agente Rosita Lecuone y que las botellas fueron llevadas al domicilio de Lacalle por el agente Hernán Fregueiro. A la vez, el ex agente Mario Barreiro Neira, preso en una cárcel de Porto Alegre, reveló que el veneno fue colocado por el médico forense Carlos Milies.
En estos días, el fiscal Juan Gómez ha solicitado a la jueza actuante, Gabriela Merialdo, la realización en España de nuevas pruebas caligráficas sobre Lecuone, ante las contradicciones evidenciadas por los técnicos uruguayos que discreparon en sus conclusiones sobre el examen de la letra de la ex agente María Lemos, a quien otras fuentes señalaban como autora de la esquela.
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jueves, 16 de diciembre de 2010
Tuya, Dilma
Como en el caso uruguayo, la Corte Interamericana entiende que Brasil debe llevar a juicio delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura. La Diaria. 16 12 10. Por Cecilia Pérez
En una denuncia sobre desapariciones forzadas y tortura en Brasil, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló que la Ley de Amnistía no puede impedir investigar ni castigar esos delitos cometidos durante la dictadura que se extendió desde 1964 hasta 1985.
“Se denominó Guerrilha do Araguaia a un movimiento de resistencia al régimen militar integrado por algunos miembros del nuevo Partido Comunista de Brasil”, que se propuso crear un “ejército popular de liberación” para luchar contra la dictadura brasileña. Así lo recuerda la presentación del caso “Gomes Lund y otros (‘Guerrilla do Araguaia’) vs. Brasil”, según un documento de la CIDH. Cuando las Fuerzas Armadas iniciaron en 1972 sus acciones contra esta guerrilla, en la región de Araguaia, el movimiento contaba con unos 70 integrantes, en su mayoría jóvenes, recordó una sentencia de ese tribunal, emitida el 24 de noviembre y publicada esta semana en la página web oficial de la CIDH.
Aquellos primeros operativos militares apuntaron a apresar a los guerrilleros y “sepultar los muertos enemigos en la selva, después de su identificación”. La orden cambió después y dispuso eliminar a los integrantes de ese movimiento, que a fines de 1974 se había terminado. Hubo versiones de que los cuerpos sepultados en la selva fueron desenterrados, pero el “gobierno militar impuso silencio absoluto sobre los acontecimientos de Araguaia”.
La denuncia sobre este caso fue presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Human Rights Watch y varias organizaciones de derechos humanos brasileñas, en nombre de las víctimas y sus familiares. Comprende la detención, tortura y desaparición de 70 personas -entre ellas, militantes del Partido Comunista de Brasil y campesinos- a manos del Ejército de 1972 a 1975, en los operativos en Araguaia. Llegó a la CIDH enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también depende de la Organización de Estados Americanos y que había emitido un informe con recomendaciones para el Estado brasileño, que éste no cumplió.
La comisión entendió que llevar la denuncia a la CIDH constituiría, además de un pronunciamiento sobre esos delitos, “una oportunidad importante para consolidar la jurisprudencia interamericana sobre las leyes de amnistía en relación con las desapariciones forzadas y la ejecución extrajudicial, y la resultante obligación de los estados de hacer conocer la verdad a la sociedad e investigar, procesar y sancionar graves violaciones de derechos humanos”.
En los últimos años hubo en Brasil algunos intentos de hallar los restos de los desaparecidos en Araguaia que no arrojaron resultados. Se creó una comisión interministerial para investigar lo ocurrido, y también el Grupo de Trabajo Tocantins, organizado con el mismo objetivo en el ámbito del Ministerio de Defensa. Pero respecto al castigo de los responsables de estos delitos, Brasil sigue aplicando una ley de amnistía que fue creada por la dictadura en 1979.
No hay excusa
La CIDH consideró que “las amnistías o figuras análogas han sido uno de los obstáculos alegados por algunos estados para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos”. Al respecto reiteró su posición según la cual las leyes de amnistía no se aplican a casos de violaciones graves a los derechos humanos y son incompatibles con el derecho internacional y las obligaciones que asumen los estados al firmar convenios como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En ese sentido, el fallo de la CIDH concluyó que ese tipo de leyes “carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación” ni para el castigo a los responsables. Añadió que ante delitos tan graves y por “el carácter continuado o permanente de la desaparición forzada” no se puede “aplicar la Ley de Amnistía en beneficio de los autores, así como ninguna otra disposición análoga, prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad”. Advirtió también que aunque estos responsables fueran militares, deben ser sometidos a la Justicia común.
Además de ordenar a Brasil que investigue y castigue estos delitos, dispuso que ese Estado debe reparar a los familiares de las víctimas por los gastos en los que incurrieron al presentar esta demanda, y habilitar que presenten otros pedidos de reparación por los daños que sufrieron. Consideró que los siguen sufriendo hoy por “la falta de investigaciones efectivas para el esclarecimiento de los hechos” y “la impunidad en la que permanece el caso”.
La CIDH también dispuso que el Estado brasileño aumente sus esfuerzos por hallar los restos de las víctimas desaparecidas, reconozca públicamente su responsabilidad y libere la información que pueda ser útil para saber qué ocurrió. En un año Brasil debe responder sobre su cumplimiento de estas órdenes, que incluyen también la creación de una Comisión de la Verdad, la tipificación del delito de desaparición forzada y la promoción de actos conmemorativos, educativos, de ejercicio de la memoria, para garantizar que lo ocurrido no pase nunca más.
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miércoles, 15 de diciembre de 2010
Identifican a militares en muerte de Perrini
LA VÍCTIMA FALLECIÓ EN 1974 EN EL BATALLÓN DE INFANTERÍA N°4 DE COLONIA
Ültimas Noticias. 15 12 10.
Tres testigos presenciales de la muerte de Aldo Perrini declararon ayer junto a otros tres familiares de la víctima ante la jueza penal Mariana Mota y la fiscal Ana María Tellechea. Perrini falleció el 4 de octubre de 1974 en el Batallón de Infantería N° 4 de Colonia, el cual estaba a cargo del coronel Boscan Hontou, quien estaba ausente en el momento del fallecimiento.
A pesar de que el certificado de defunción de la época dice que el fallecimiento ocurrió en el Hospital Militar como consecuencia de un “edema agudo de pulmón”, los testigos sostuvieron ante la jueza que los militares demostraron un “especial ensañamiento” con Perrini y que la víctima murió a causa de la tortura. Incluso, uno de ellos declaró haber visto el ataúd perteneciente a la víctima dentro del cuartel.
La primera audiencia por este caso fue el miércoles 1, cuando declararon cinco testigos presenciales. Estos reconocieron ante Mota la participación tanto de militares como de médicos militares en la muerte de Perrini. Por su parte, ayer los testigos sumaron a la causa nuevos nombres de funcionarios militares y confirmaron que el fallecido no tenía militancia política. El abogado de la familia de Perrini, Oscar López Goldaracena, explicó a Ultimas Noticias que la jueza “también deberá resolver si autorizará el pedido de inspección judicial al Batallón de Colonia para ubicar el lugar donde se encontraban los calabozos”.
La próxima audiencia por este caso será mañana, cuando declararán otros seis testigos vinculados a Perrini. Por su parte, los militares serán citados a declarar una vez que culminen estas audiencias. Por otro lado, en el caso que estudia la muerte de Ubagésner Chaves Sosa, la jueza Mota citó a declarar el próximo lunes a cuatro militares que fueron identificados por los distintos testimonios en la etapa indagatoria como presentes en la base aérea de Boiso Lanza en 1976, donde murió Chaves Sosa. Por este caso ya fueron procesados con prisión el 8 de octubre de este año los ex oficiales de la Fuerza Aérea Uruguay Araújo Umpiérrez y Enrique Ribero por “homicidio político”.
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Ültimas Noticias. 15 12 10.
Tres testigos presenciales de la muerte de Aldo Perrini declararon ayer junto a otros tres familiares de la víctima ante la jueza penal Mariana Mota y la fiscal Ana María Tellechea. Perrini falleció el 4 de octubre de 1974 en el Batallón de Infantería N° 4 de Colonia, el cual estaba a cargo del coronel Boscan Hontou, quien estaba ausente en el momento del fallecimiento.
A pesar de que el certificado de defunción de la época dice que el fallecimiento ocurrió en el Hospital Militar como consecuencia de un “edema agudo de pulmón”, los testigos sostuvieron ante la jueza que los militares demostraron un “especial ensañamiento” con Perrini y que la víctima murió a causa de la tortura. Incluso, uno de ellos declaró haber visto el ataúd perteneciente a la víctima dentro del cuartel.
La primera audiencia por este caso fue el miércoles 1, cuando declararon cinco testigos presenciales. Estos reconocieron ante Mota la participación tanto de militares como de médicos militares en la muerte de Perrini. Por su parte, ayer los testigos sumaron a la causa nuevos nombres de funcionarios militares y confirmaron que el fallecido no tenía militancia política. El abogado de la familia de Perrini, Oscar López Goldaracena, explicó a Ultimas Noticias que la jueza “también deberá resolver si autorizará el pedido de inspección judicial al Batallón de Colonia para ubicar el lugar donde se encontraban los calabozos”.
La próxima audiencia por este caso será mañana, cuando declararán otros seis testigos vinculados a Perrini. Por su parte, los militares serán citados a declarar una vez que culminen estas audiencias. Por otro lado, en el caso que estudia la muerte de Ubagésner Chaves Sosa, la jueza Mota citó a declarar el próximo lunes a cuatro militares que fueron identificados por los distintos testimonios en la etapa indagatoria como presentes en la base aérea de Boiso Lanza en 1976, donde murió Chaves Sosa. Por este caso ya fueron procesados con prisión el 8 de octubre de este año los ex oficiales de la Fuerza Aérea Uruguay Araújo Umpiérrez y Enrique Ribero por “homicidio político”.
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Wikileaks. Presencia de Engler fue considerada una "provocación" por Busch
Estados Unidos presionó al gobierno de Tabaré Vázquez por caso MitrioneLa República. 15 12 10.
Los primeros documentos de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo, desclasificados por Wikileaks, dan cuenta del constante interés de dicho país por el crimen del ex agente de la AID, Dan Anthony Mitrione. En 2008, pidieron información y vetar a Henry Engler para ocupar cargos públicos.
Vázquez-Baxter. Cables filtrados revelan buenas relaciones entre Uruguay y EEUU
El gobierno de Estados Unidos aseguró a su par uruguayo "no haberse olvidado" del asesinato del agente de la Agencia para el Desarrollo Internacional (US-AID por sus siglas en inglés), Dan Anthony Mitrione, y catalogó como "desafortunada" una posible designación del médico Henry Engler para ocupar un cargo público.
Cinco documentos emitidos entre 2006 y 2010 por la Embajada de Estados Unidos en Montevideo, desclasificados por el sitio Wikileaks y publicados por el diario "El País" de Madrid (España), dan cuenta de las buenas relaciones entre el gobierno norteamericano y la administración de Tabaré Vázquez, más allá de las tensiones existentes por temas de derechos humanos.
En este sentido, los cables revelan los hechos posteriores al pedido formulado en 2008, por el ex presidente Vázquez al gobierno de George W. Bush, de desclasificar información de los organismos de seguridad norteamericanos sobre el homicidio de Cecilia Fontana de Heber, en 1978.
El ex embajador norteamericano en Montevideo, Franck Baxter, mantuvo en mayo de 2008 un encuentro con el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Gonzalo Fernández, para informarle sobre la desclasificación de 14 documentos del Departamento de Estado, pero notificando la inexistencia de "otra información adicional" útil para identificar a los responsables del crimen de Fontana.
Sin embargo, durante la reunión con el canciller uruguayo el embajador Baxter asegura haber "contraatacado" reivindicando el "no resuelto" caso de la muerte de Mitrione. "El USG (gobierno de Estados Unidos) no se ha olvidado de ese crimen contra un ciudadano norteamericano" y que sus "perpetradores" permanecen impunes, dijo Baxter durante la reunión, según el REF. 00197 emitido por la Embajada norteamericana el 28 de mayo de 2008.
En este sentido, el embajador Baxter "urgió a Fernández a desclasificar cualquier archivo que el GOU (gobierno uruguayo) pueda tener sobre el caso Mitrione". Asimismo, otro cable desclasificado da cuenta que la Embajada en Montevideo intentó, en 2004, "reabrir la investigación sobre el asesinato de Mitrione", pero la requisitoria fue denegada.
Mitrione era un experimentado agente de la AID, que arribó en 1969 a Uruguay para asesorar y apoyar a los organismos de seguridad en su lucha contra el MLN-tupamaros, siendo asesor en técnicas de tortura. El MLN mató a Mitrione el 10 de agosto de 1971, tras permanecer secuestrado durante una semana en la "Cárcel del Pueblo". El cuerpo del ex agente de la AID apareció acribillado, en un coche abandonado.
Veto a Engler
Las "reminicencias" del caso Mitrione implicaron, incluso, que el gobierno de EEUU considerara "desafortunada" la posible designación del médico Henry Engler para desempeñar un cargo oficial dentro del GOU. "Algo así complicaría inevitablemente las relaciones bilaterales", afirmó Baxter.
Los cables emitidos por la Embajada de EEUU en Montevideo dan cuenta de las buenas relaciones existentes entre ambos países, y admite trabajar "regularmente con antiguos tupamaros, que suponen una parte importante del gobierno del Frente Amplio", según narra un telegrama emitido en 2007.
Sin embargo, "hemos trazado una línea y no tratamos con individuos que creemos razonablemente que han estado implicados en el secuestro o asesinato de ciudadanos estadounidenses, como Dan Mitrione". En este sentido, los cables recuerdan las negociaciones entabladas entre el GOU y la empresa norteamericana General Electric, para la adquisición de equipamiento para el Centro de Imagenología Molecular (Cudim).
"Creemos que la Embajada debe distanciarse de este proyecto y discretamente informar a las partes interesadas que el motivo es la presencia de Engler", expresó el consejero de la Embajada norteamericana, James Nealon, en 2007.
"La Embajada estaba ayudando a ese acuerdo triangular, pero al tener conocimiento del reciente regreso de Engler a Uruguay y el papel prominente que iba a desarrollar en el proyecto, consideramos su presencia como una provocación", dice. Los representantes de la Embajada solicitan entonces al Departamento de Estado instrucciones sobre como actuar ante este "delicado asunto".
Sin embargo, los cables dejan constancia que la Embajada no cree que Engler haya participado directamente del crimen de Mitrione, pero estiman probable que haya dado la orden y proporcionara las armas para su ajusticiamiento. El reconocido científico uruguayo fue designado posteriormente como director del Cudim, por el ex presidente Tabaré Vázquez.
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lunes, 13 de diciembre de 2010
El tiempo no para
Anahit Aharonián y Ana Demarco, ex presas en el Penal de Punta Rieles visitaron el establecimiento, que hoy vuelve a ser cárcel.
La Diaria. 13 12 10. Por Lourdes Rodríguez.
El establecimiento de Punta de Rieles que hoy será inaugurado por el Ministerio del Interior (MI) como centro penitenciario alojó durante la dictadura a centenares de presas políticas. Ana Demarco y Anahit Aharonian sostienen que la nueva etapa que comienza significa “la pérdida de un símbolo”. Para ese lugar tenían otro proyecto: la construcción de un centro cultural para el barrio. Ayer la diaria las acompañó en su despedida, una recorrida por los rincones de un pasado que se resiste al olvido.
Antes de la hora acordada Demarco y Aharonian aguardaban el encuentro en el punto establecido: Camino Maldonado y Aries, a escasos metros de donde será construida la Plaza de la Memoria. A dos kilómetros de allí está ubicado el cuartel que en marzo de 1985 vio salir a las últimas presas políticas y recuperó su estatus netamente militar. “Este camino lo hacían caminando nuestros familiares cuando iban a visitarnos”, señaló Aharonian durante el viaje en auto por la calle que desembocaría en el establecimiento y que también le da el nombre: Punta de Rieles.
“Quiero despedirme”, afirmó Demarco al llegar. Los portones de alambres estaban cerrados cuidadosamente con candados. Durante algunos instantes imaginaron varias formas clandestinas de atravesarlos con la ilusión de entrar. Eso era lo que querían, pero en realidad no esperaban poder hacerlo. “Esto es para que veas que conservamos nuestro espíritu transgresor”, ironizaron.
Miraban hacia adentro como quien mira sin ver y repentinamente comenzaron a contar cómo debían colgar su ropa interior debajo de las toallas para “no exacerbar” a los militares. En eso estaban cuando se asomaron dos policías. “¡Guardia, guardia!”, les gritaron. Los hombres se acercaron, uno de ellos era el encargado.
“Soy una ex habitante de aquí. Soy de la casa”. Así se presentó Aharonian y después les pidió para pasar. Néstor Rodríguez, quien será el jefe de reclusión del nuevo centro, abrió las puertas. Dejó en claro que se trataba de una “excepción”.
“Reacondicionamiento. Establecimiento Punta de Rieles” se leía en el cartel que el MI colocó a la entrada del predio que tiene como edificio central la cárcel, lo único que, según las ex presas, permanece “igual” desde la dictadura.
Las anécdotas comenzaron a brotar ni bien las ex presas decidieron dedicar el domingo a una última recorrida. Pero una vez adentro se multiplicaron. El lugar, distribuido en sectores, está prolijamente pintado de blanco y azul, iluminado con luz natural. Las instalaciones eléctricas y sanitarias, a estrenar.
Demarco y Aharonian daban indicaciones sobre qué había antes en cada lugar, qué les había pasado en cada uno de ellos y cuáles les habían estado prohibidos. El guardia, interesado, quería saber más y además de escuchar hacía preguntas.
Volver
Luego quisieron ir a las celdas en las que habían estado recluidas. La de Demarco era la 12 del sector C, aunque para ella fue la 2 del sector E. Lo que había sido una celda compartida por seis personas, ahora son dos y pensada para cuatro.
En la pieza hay dos cuchetas con sus colchones y almohadas ubicadas de frente a la ventana, una mesa de madera recién construida, banquetas para cuatro personas y una pequeña repisa colgada en la pared. “En proporción me da la sensación de que estarán más cómodos que nosotras”, comparó Demarco, quien, junto con Aharonian, intentaba dimensionar el tamaño de las camas de ahora con las que supieron usar. La de Aharonian, que estaba ubicada en el mismo sector, era idéntica.
Al salir del edificio principal las ex presas se detuvieron en la puerta de salida. “Por acá salimos cuando recuperamos la libertad”, revivieron. El guardia les preguntó “qué sensación” les daba “todo esto”. Ellas relataron que la primera vez que ingresaron luego de haber recuperado su libertad estaban nerviosas desde la noche anterior. Fue en junio de este año junto al historiador chileno Jorge Montealegre, pero aquel día no estuvo permitido el ingreso a la prensa.
“Fue diferente porque ya lo habían cambiado. Igual una se encuentra como maravillada, pero está más en la búsqueda de ‘acá era esto, acá era lo otro’ que en lo afectivo”, señaló Demarco. “Vinimos acompañadas de alguien que nos preguntaba; nuestra preocupación por transmitir a veces no da lugar a lo que vos sentís”, completó Aharonian. “Igual, para nosotras esto es muy sanador, hay que trabajar lo que una vivió”, concretó su compañera.
Irse
Las ex presas pidieron para ir “a los calabozos”. Estaban en un edificio contiguo. También allí está todo modificado, aunque algunas huellas de aquellas celdas de aislamiento se mantienen intactas. La pared, si bien estaba pintada de blanco, revela lo que fue la pequeñísima ventana por la que eran vigiladas.
Ya hacía más de una hora desde que, por última vez, habían ingresado a las instalaciones y los recuerdos parecían inagotables. Estaban satisfechas y al mismo tiempo lamentaban la pérdida de un símbolo. “No es que no nos preocupa la situación de los presos, pero ¿por qué se insistió en este lugar habiendo tantos? Estuvimos trabajando en el Espacio Memorias para la Paz desde hace ocho años, en un proyecto social y cultural para el barrio. Yo siento que esto [la inauguración de hoy] es un atropello”, cuestionó Aharonian, ya de regreso.
“Es un atropello a la memoria. Este lugar es un símbolo. Si no se podía hacer un centro cultural, podrían haber hecho antes un acto de homenaje… Es lo menos. Porque a partir de ahí decís ‘el destino que queremos es posible o no’. Si alguien nos hubiera dicho ‘bueno, no hay más remedio’... pero nadie nos dijo nada”, reflexionó Demarco mientras la calle Punta de Rieles les cerraba el paso.
Cronología del caso
AÑO 1973
Con el traslado de las primeras presas políticas el cuartel de Punta de Rieles se convierte en centro de reclusión para mujeres, a partir de entonces conocido como penal de Punta de Rieles (EMR Nº 2).
AÑO 1985
1º de marzo
“Todo el día el parlante apagado. Ni anoche ni hoy ha habido diario ni informativo. De tarde nos enteramos de que a las compañeras del B les sacaron la TV del sector y a las del A les prohibieron prenderla hasta las 5. Baño trancado para que no nos podamos comunicar con el B. Así se inaugura el gobierno democrático por parte del Comando de esta cárcel. 18.30 Nos enteramos del levantamiento del decreto de ilegalización de todas las organizaciones políticas y sindicales. ¡Qué imponente! Nos sentimos parte del pueblo que festeja lo que ganó por las suyas”. Bitácora de Punta de Rieles (diario sobre los últimos días, escrito por algunas de las detenidas)
4 de marzo
“En estos días no hubo tiempo de escribir; hubo un mundo, un alud de acontecimientos, pero hoy, ¡hoy nos vamos de esta cárcel! Nos avisaron que aprontáramos las cosas, que esta tarde nos trasladan ‘a otra unidad’. No hay más datos, pero esto basta. ¡Fin de esta cárcel maldita!”. Bitácora de Punta de Rieles
10 de marzo
Las últimas presas políticas son liberadas de la cárcel de Punta de Rieles al filo de la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía. Las más “peligrosas” recuperarían la libertad el 14 con la norma ya rigiendo. Habían sido llevadas días antes desde Punta de Rieles a Cárcel Central.
AÑO 1999
31 de julio
Más de 300 ex presas se reúnen y deciden formar un grupo de trabajo bajo la consigna “Porque fuimos y somos parte de la historia”, ámbito que desembocaría en la creación del Espacio Memorias para la Paz. Mediante la participación en talleres se proponen reconstruir la memoria “de lo que vivimos las mujeres durante el Terrorismo de Estado en su saña por destruir los sueños y esperanzas”. También se suman familiares, vecinos y vecinas del barrio.
AÑO 2003
Diciembre
Espacio Memorias para la Paz difunde una carta pública en la que plantea nombrar a una de las calles de acceso al ex penal en homenaje a las mujeres que vivieron la reclusión forzada; crear un espacio público del barrio Punta de Rieles con el mismo fin; promover la apertura del ex penal para que pueda ser visitado; trabajar hacia su posterior transformación en un Museo-monumento Histórico para la Paz, y construir un centro cultural.
AÑO 2006
23 de noviembre
En la Facultad de Arquitectura, la Asociación Proyecto Memoria de la Resistencia 1973-1985 presenta el proyecto “Los lugares de la resistencia”, que consiste en la colocación de “placas, elementos de identificación y la construcción de un espacio de reflexión en lugares emblemáticos de la resistencia a la dictadura cívico-militar uruguaya”.
AÑO 2005
28 de abril
Se estrena el documental Memorias de mujeres, dirigido por Virginia Martínez sobre una idea de Rosario Caticha, Isabel Trivelli y Charna Furman, tres ex presas del establecimiento, por el que pasaron más de 800 detenidas desde antes y durante la dictadura cívico militar.
AÑO 2009
23 de marzo
El duro informe del relator contra la tortura de la ONU sobre el sistema carcelario uruguayo motiva una serie de reacciones del Poder Ejecutivo. La ministra del Interior de entonces, Daisy Tourné, propone que Punta de Rieles sirva para realojar reclusos y abatir el hacinamiento del sistema. Hay buena disposición en el Ministerio de Defensa para ceder el predio.
3 de abril
Se reúne el Gabinete de Seguridad para analizar el tema carcelario y la iniciativa de Tourné, que recibe apoyo.
4 de abril
“La memoria tiene sitios simbólicos concretos donde se expresa. Éste es uno de ellos y el único que representa la lucha de las mujeres por justicia social y las de sus familiares y vecinos resistiendo la dictadura cívico ¬militar”, rezaba una carta remitida por el Espacio Memorias al presidente Tabaré Vázquez, en procura de que el predio no sea destinado nuevamente para privados de libertad, sino que se constituya “en un Centro de Memoria, pero además en un Centro Cultural donde se realicen actividades al servicio de toda la sociedad”.
6 de abril
Integrantes del grupo manifiestan frente a la residencia presidencial de Suárez y Reyes y entregan una copia de la carta. El Consejo de Ministros no analiza el tema en esa jornada.
13 de abril
La ministra Daisy Tourné anuncia luego del Consejo de Ministros que recibió el respaldo del presidente y el resto del gabinete para impulsar la reapertura en el mediano plazo de Punta de Rieles como cárcel, con capacidad para 550 plazas.
12 de junio
“Expresamos nuestra profunda preocupación por la decisión política respecto a la reconversión de ese sitio nuevamente en Penal, cuando existen iniciativas concretas y vigentes que buscan convertir el lugar en un sitio para recordar las violaciones de derechos humanos del pasado y trabajar así para la no repetición y reparación de estos hechos. Es por esto que Amnistía Internacional solicita a las autoridades competentes buscar alternativas a esa decisión”. Declaración pública.
5 de agosto
El ministro del Interior, Jorge Bruni, anuncia la apertura de las licitaciones para la refacción del predio militar.
AÑO 2010
5 de marzo
Enseguida de asumir, el presidente José Mujica recorrió el predio de lo que será la nueva cárcel de Punta de Rieles junto al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el titular de Defensa, Luis Rosadilla, y autoridades castrenses.
24 de junio
La Junta Departamental de Montevideo aprobó, luego de dos años y medio de debate, la colocación de 29 marcas de la memoria. La número 27 es la ex cárcel de Punta de Rieles.
20 de octubre
Legisladores del Partido Nacional y el Frente Amplio recorren las instalaciones y coinciden en destacar los trabajos que se vienen realizando y el destino que se le dará al establecimiento.
28 de octubre
El Ministerio del Interior recibe las llaves del penal de Punta de Rieles, que cuenta con módulos de media seguridad para alojar a un total de 650 presos provenientes en su mayoría del Comcar. El nuevo penal cuenta con un doble cerco perimetral. La custodia externa estará a cargo de militares.
19 de noviembre
Se anuncia una vez más que en breve comenzarán los traslados, una vez culminada la selección de reclusos. Fueron elegidos aquellos que tienen vencimiento de pena desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2015.
13 de diciembre
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, recorre acompañado de periodistas las nuevas instalaciones y detalles sobre la inauguración parcial de la cárcel.
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viernes, 10 de diciembre de 2010
Los derechos fundamentales inderogables no pueden ser anulados
Los derechos fundamentales inderogables no pueden ser anulados bajo ninguna circunstancia: tampoco por medio de consultas populares. Búsqueda 9 12 10. Por Santiago A. Cantón.
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Recientemente, se celebró una audiencia pública en el primer caso sobre Uruguay, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presento ante la Corte Interamericana. Conocido como el "Caso Gelman", trata sobre la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, el nacimiento en cautiverio de su hija, María Macarena, la separación involuntaria de madre e hija; las violaciones que produjo la supresión de identidad y nacionalidad de María Macarena; la búsqueda incesante del paradero de María Claudia y María Macarena por Juan Gelman y sus familiares; y la búsqueda infructuosa de verdad y justicia por parte de las victimas y sus familiares.
Estos hechos ocurrieron en un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en los países de la región, efectuadas en el marco del llamado "Plan Cóndor" y que se caracterizo por un patrón de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y apropiación de niños, entre otras violaciones graves a los derechos humanos.
Frente a estas graves violaciones, tanto Uruguay como otros países de la región respondieron de la misma manera: garantizaron la impunidad para los asesinos y torturadores mediante la sanción de leyes de amnistía. Así fue en Uruguay, Brasil , Chile , Argentina , Perú , El Salvador , entre otros.
La Comisión y la Corte Interamericana ya han tenido la oportunidad de referirse a la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos. Específicamente, la Corte lo ha hecho en los casos Barrios Altos contra Perú y Almonacid contra Chile . No hay motivo para pensar que la decisión en el Caso Gelman no estará en consonancia con la jurisprudencia del sistema interamericano. Muy posiblemente la Corte vuelva a ratificar esa jurisprudencia y le pida al Estado de Uruguay que deje sin efecto la ley de Caducidad.
El concepto central que resume esta jurisprudencia de la Corte se encuentra en el caso Barrios Altos de Perú: “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, sumarias extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Este párrafo puede ser copiado en forma textual en el caso Gelman.
Los límites de la soberanía popular
Pero este caso puede, además, enriquecer aun más esta jurisprudencia del sistema interamericano. En la defensa de este caso y los otros casos en trámite ante la Comisión relacionados con la ley de "Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado" el Estado uruguayo argumento entre otras cosas, la imposibilidad de derogar dicha ley, debido a que la población rechazó la derogación en un referéndum en 1989 y rechazó la anulación en un plebiscito en 2009. Este argumento es insostenible.
Existe una limitación general que prohíbe iniciativas populares contrarias a normas internacionales inderogables. Es decir, hay ciertos derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida y a la integridad personal, que se encuentran fuera del ámbito de la democracia directa, porque ningún Estado de derecho puede sustraerse de dichas normas.
El mismo Estado uruguayo reconoció este principio en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso Sabalsagaray, que reconoce claramente que la tutela de los derechos fundamentales como la vida y libertad personal caen fuera de los límites de los asuntos a ser decididos a través de consultas populares: “no hay voluntad de la mayoría, ni interés general ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados” los derechos fundamentales.
El hecho de que la Ley de Caducidad no haya sido aplicada por la justicia uruguaya en algunos casos es un avance, pero es claramente insuficiente. El derecho de las víctimas de violaciones a los derechos humanos debe estar garantizado con un procedimiento de aplicación general, no solamente para un caso individual; debe tener efectos retroactivos, debe permitir la reapertura de los casos archivados, no debe depender de la voluntad política de un gobierno, y debe garantizar la permanencia en el tiempo independientemente de los cambios regulares del sistema democrático. Sólo de esta manera quedarán satisfechos los requisitos de la Convención Americana, ratificada por Uruguay 25 días después de la asunción del primer presidente electo tras el fin de la dictadura militar uruguaya.
A fin de cumplir con sus obligaciones internacionales, Uruguay debe investigar las atrocidades perpetradas y sancionar a los responsables. Las víctimas de este caso y de todas las violaciones ocurridas tienen derecho a la verdad y a la justicia. La ciudadanía uruguaya tiene derecho a la verdad y a la justicia.
Es indudable que este caso trasciende a las víctimas del mismo. Miles de personas fueron víctimas directas de las atrocidades que cometieron aquellos que creyeron tener el derecho sobre la vida y la muerte. Y millones fueron víctimas por la destrucción del sistema democrático, garantía principal para la vigencia y defensa de los derechos humanos. Terminar con la impunidad por esos hechos es uno de los principales desafíos pendientes de nuestras democracias.
La incansable búsqueda de justicia de Juan y Macarena es la búsqueda de miles de latinoamericanos que fueron víctimas de las peores atrocidades que pueda realizar el ser humano. Gracias a ellos, la verdad y la justicia están lentamente avanzando. Dependerá de nosotros y de las generaciones futuras mantener viva la memoria para evitar que el horror vuelva a reinar.
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"Buena información" sobre enterramientos clandestinos
El jefe del Equipo de Antropología Forense de la Universidad de la República (Udelar), José María López Mazz, aseguró tener "buena información" sobre enterramientos clandestinos en el Batallón Nº 13, con lo cual "existirían expectativas de realizar hallazgos" en dicha unidad militar.La República. 10 12 10.
El artículo "Nuevos resultados, ampliando la esperanza" de López Mazz, publicado en "Derechos Humanos en el Uruguay, Informe 2010", realiza un pormenorizado detalle de las investigaciones antropológicas realizadas en predios militares entre 2005 y 2009.
En este sentido, el Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GAIF) "está convencido de la conveniencia de realizar excavaciones intensivas en la zona seleccionada del Batallón Nº 14", ante los hallazgos constatados, sobre indicios de movimientos de tierras en una zona a los fondos del predio, los cuales confirmarían la existencia de la "Operación Zanahoria", dice López Mazz.
Asimismo, "para el Batallón Nº 13 se dispone de 'buena' información sobre el traslado de enterramientos clandestinos a construcciones y reformas edilicias realizadas entre los años 1983 y 1984 en el marco nuevamente de la 'Operación Zanahoria'. En este caso existirían también expectativas de realizarse hallazgos. Sin embargo, los nuevos lugares donde habrían sido redepositados los restos humanos demandarían trabajos de gran magnitud". López Mazz dijo confiar en el debilitamiento de las "fidelidades a los sectores militares", lo cual podría redundar en nueva información para la búsqueda.
El informe de Serpaj señala "ineficacia" de políticas de DDHH en Uruguay
Balance anual. Uno de los ejes del trabajo apunta al deterioro del sistema penitenciario.La República. 10 12 10. Por Mauricio Pérez.
El Informe 2010 del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) sobre la realidad de los derechos humanos en Uruguay cuestiona duramente la actual situación del sistema penitenciario. Las políticas gubernamentales para revertir esta tendencia "han sido ciertamente ineficaces", afirma.
Cárceles.
El informe cuestiona la superpoblación y el estado de la infraestructura.
"Las medidas que desde los distintos gobiernos se idearon y pusieron en marcha han sido ciertamente ineficaces a los efectos de revertir la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y también de quienes trabajan en las cárceles, razón por la cual el sistema carcelario uruguayo se ha consolidado estructuralmente violento".
La conclusión emana del libro "Derechos Humanos en el Uruguay, Informe 2010", elaborado por Serpaj, mediante el cual se analiza la situación de los derechos humanos en nuestro país con un informe especial sobre la realidad del sistema penitenciario. En este sentido, "quizás el elemento más notorio sobre la crisis del sistema carcelario, es justamente su carácter estructural y permanente", dice el informe.
El "deterioro sistemático" del sistema penitenciario "ha sido la regla" durante casi dos décadas, por "múltiples causas", entre ellas la "obsolescencia e inadecuación" del Código Penal y del Código del Proceso Penal (lo cual arroja "una justicia altamente punitiva, lenta, selectiva y discriminadora"); la insuficiencia del gasto público y "la insuficiencia, baja profesionalidad e inadecuación de los recursos humanos que gestionan el sistema".
"A ello debe sumársele la progresión de crecimiento sistemático de la población privada de libertad", la cual se ha triplicado en los últimos 20 años, situándose actualmente en casi 10.000 reclusos, previéndose un aumento del 40% para el final del quinquenio. Por tanto, la mirada sobre la "emergencia" de corto plazo debería "dar pie a una reforma integral del sistema", se estima.
Prisión y hacinamiento
El informe centra la problemática del sistema penitenciario en tres ejes: la aplicación "casi exclusiva" de la prisión preventiva; los niveles de hacinamiento y las dificultades de la rehabilitación de los reclusos ante la "pobreza de oportunidades" para trabajar y estudiar en los establecimientos.
"La elevada tasa de 'prisionización', el alto índice de superpoblación y las inhumanas condiciones de reclusión derivadas de ello, son consecuencia directa de ese uso de la prisión preventiva". Sin embargo, "el uso privilegiado de la privación de libertad no guarda relación con un descenso de los índices de criminalidad y reincidencia", por cuanto el 60% de la población reclusa es reincidente, subraya el informe.
El alto índice de reincidencia demuestra "el serio déficit de resocialización e inclusión", lo cual guarda "estrecha relación con el deterioro integral que padecen quienes han permanecido en el sistema y la incapacidad de revertir desventajas de origen, mediante el desarrollo de alternativas socioeducativas, culturales y/o laborales que guarden alguna relación con la capacidad de producir un proyecto de vida propio".
En este sentido, el 45% de las personas privadas de libertad trabaja y/o estudia, en el marco de la política de redención de pena aprobada en la Ley de Humanización del Sistema Carcelario. Sin embargo, las propuestas para la extensión de estas prácticas son "insuficientes", dice el informe.
En tanto, "la superpoblación es el denominador común de los establecimientos de reclusión". "El serio déficit espacial, la falta de privacidad, la precariedad e insuficiencia de las condiciones de alojamiento, son algunos de los aspectos materiales que se suman a otros de relacionamiento interpersonal y convivencia", conformando "una ecuación explosiva que detona situaciones diversas de violencia intracarcelaria".
El informe cuestiona el "estado general de la infraestructura", ante la existencia de "edificios semiderruidos con instalaciones eléctricas obsoletas, espacios tugurizados con el sistema sanitario y de evacuación de aguas servidas colapsados, (...) falta de iluminación natural y ventilación, gravísimo déficit en el suministro de agua potable y de gabinetes higiénicos", lo cual implica "que el encierro en muchos de los establecimientos se configure como un trato cruel, inhumano o degradante".
Asimismo, se cuestiona la concepción del "castigo" mediante la imposición de medidas de aislamiento o reclusión en celdas de castigo, las cuales "llegan a límites infrahumanos", como en la cárcel de Canelones, "donde los reclusos permanecen varios días sin siquiera poder acceder a un baño para evacuar sus necesidades, durmiendo literalmente sobre el orín y las heces, sin luz, sin agua y amontonados".
En tanto, el "Informe 2010" destaca las mejoras detectadas en el área de la salud, con la instalación de policlínicas mediante la firmas de convenios con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y el formato de establecimientos rurales de reclusión, con prácticas de cooperación entre los reclusos y buenas condiciones de vida.
El coordinador de Serpaj, Mauro Tomasini, explicó a LA REPUBLICA que el informe no refiere únicamente a la problemática del sistema penitenciario sino que incluye análisis sobre violencia doméstica, el actual debate sobre la Ley de Caducidad, la vivienda, la educación, el ámbito laboral y el sistema penal juvenil. El informe será presentado hoy a las 11.00 horas en la Facultad de Bellas Artes.
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La mesa está servida
Para el director de Derechos Humanos la izquierda está “pagando” el “todo o nada” que “se jugó” en el plebiscito rosado. La Diaria. 9 12 10. Por Lourdes Rodríguez.
Para Javier Miranda, director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, las medidas del gobierno en materia de seguridad son “un grito a la tribuna”, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad es una “boludez” y el país necesita una ley de medios que evite que “una manga de irresponsables” difundan violencia.
Se instalará mañana en Pan de Azúcar una mesa en una plaza pública para celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos (DDHH). La actividad se realizará en base a una experiencia de Nüremberg, con una mesa sin lugares privilegiados y sin discursos. El objetivo es que “la gente se apropie” de la instancia y la convierta en un “símbolo” de “deliberación pública” en torno a los DDHH. Miranda aportó insumos.
-Los DDHH actualmente están asociados al pasado reciente. ¿Cómo los concibe este gobierno?
-Ampliar el concepto es una gran batalla. Si algún sentido tiene la lucha por la memoria y el Nunca Más es pensando en todos los derechos. Ya no sólo reaccionar frente a la violación -que es fundamental-, sino también poder empezar a pensar los derechos desde los derechos. A pensar todas las políticas públicas en clave de derecho. Ojalá pensemos el presupuesto en clave de derechos y no de incisos. Voy a seguir peleando por la memoria, por la verdad, pero no podemos quedarnos encerrados en ese discurso.
El tema central de DDHH en el país no es la Ley de Caducidad. El problema es que es un símbolo y por eso hay que derrotarlo. La destrucción de símbolos son apuestas ideológicas. El muro de Berlín: el muro en sí molesta más o menos, pero simbólicamente era muy fuerte. Claro que hay que voltear la Ley de Caducidad, erradicarla. Es un mamarracho.
-En su momento, mostró discrepancias con el llamado al plebiscito para su anulación.
-Era un error. Los que pelearon por la anulación son mis compañeros y siguen siendo. La anulación de la ley tenía un problema ético, uno político y uno jurídico.
El Parlamento no tiene facultades para anular leyes y se buscó el mecanismo de la reforma constitucional. El problema político fue el que terminó decantando. El Frente Amplio [FA] no apoyó la anulación, se fueron sumando a la campaña. El problema que habíamos visto en el 89 fue esta lógica del todo o nada de un plebiscito. Cuando vos ponés opciones dicotómicas, o ganás todo o perdés todo. La prueba es que hoy se está intentando revertir el haber perdido todo.
-¿En qué sentido?
-El actual movimiento del interpretativo tiene ver con cómo hago para levantar la apuesta que hice, que fue el todo o nada de 2009. Jugué al todo o nada (en el 89) y ahora intento salir. Fíjese lo que le pasa a la izquierda, que fue tradicionalmente la que siempre luchó por el tema de la verdad, la justicia, la memoria y el Nunca Más. Todos tenían que contestar los ataques de lo que decíamos; hoy somos nosotros los que tenemos que contestar los ataques de los sectores que tradicionalmente han defendido la impunidad. A ver, un poquito de autocrítica, por favor.
Sé que voy a tener líos con estas cosas que estoy diciendo porque no hay condiciones de discusión, porque en la izquierda somos intolerantes a los puntos de vista distintos. No es que esté a favor de la impunidad, es que las consecuencias del todo o nada las estamos pagando hoy. Y eso nos está sesgando la posibilidad de seguir pensando en términos de DDHH al seguir discutiendo la Ley de Caducidad.
-Presidencia suspendió el lanzamiento de un plan contra la discriminación ante reclamos de organizaciones afro. ¿Hay novedades sobre la implementación?
-Se suspendió porque hacemos relajo. No podés pretender llevar un plan que querés hacer de forma participativa si tenés a la población directamente involucrada que no está de acuerdo. Hay que bajar la pelota y empezar a conversar, y fue lo que hicimos. Logramos llegar a acuerdos razonables en base a esa decisión. Ahora estamos fuertes para lanzar el proyecto en febrero, previa reunión con la sociedad civil.
-Un comité de expertos de ONU recomendó al Estado uruguayo que tome medidas ante las condiciones de convivencia en las colonias psiquiátricas.
-Es un escándalo, una barbaridad. Un tema que tenemos que solucionar. Si yo tuviera una respuesta lo hacía mañana. Creo que el Sistema Nacional de Cuidados va en el buen sentido. Una de las cosas es eliminar estas instituciones totales que no hacen nada, son depósitos de gente. Hay una delegación de responsabilidad familiar. ¿Qué hago con una persona con un problema psiquiátrico? La escondo. Lo mismo que hago con los viejos, con los chorros. El Estado no tiene capacidad de respuesta, no sabe qué hacer. Lo mismo pasa con los adolescentes en conflicto con la ley: los metemos en el INAU.
-¿Hay que bajar la edad de imputabilidad?
-Eso es una boludez. Un gurí de 11 años asaltó una farmacia el otro día. ¿Vamos a bajarla a los diez? Yo estoy preocupado por Ignacio [su hijo] que tiene casi cuatro, porque en cualquier momento va en cana. Bajar la edad no soluciona el problema de las infracciones a la ley. Si entendemos que son suficientemente maduros para entender qué es un delito y qué no, reconozcamos su madurez para con los derechos civiles y políticos también. Bajemos la edad para votar, para sacar la libreta de conducir. Creer que la baja de imputabilidad va a solucionar en algo el tema de la violencia en la adolescencia es un cuento chino.
-¿Discrepa con la medida del gobierno de mantener los antecedentes a los menores después que cumplan los 18?
-Por supuesto, es una barbaridad. Es un error por falta de discusión y por cobrar al grito de la tribuna. ¿Qué antecedentes voy a guardar si se considera que no se cometen delitos antes de esa edad? No hay antecedentes que guardar.
Canal 4 se dedica a meter 40 minutos de crónica roja, en la que te mezcla un asalto a una farmacia, el choque de un ómnibus y que en un cantegril apareció uno muerto en una cuneta. Que hay inseguridad, claro que hay. No hay ninguna sociedad moderna sin un grado de inseguridad.
Lo que están haciendo irresponsablemente los medios es aumentar el nivel de violencia en la sociedad a través de la difusión y la propaganda de violencia. Son una manga de irresponsables. Y después cuando le hablan de ley de medios, ¡ah, no!, la mejor ley de medios es la que no existe. ¿Le parece? ¿Resulta que las ondas son del Estado y no las voy a regular? ¿El mercado va a arreglar los contenidos sociales en materia de comunicación cuando la sociedad está fundamentalmente estructurada sobre la comunicación? Ahí tenés a esa manga de irresponsables haciendo lo que están haciendo.
-¿Qué solución es viable para mejorar las condiciones de reclusión carcelaria?
-La única solución penal no puede ser la privación de libertad. La solución no es más cárceles y más gente presa, seguir metiendo gente presa por vender cinco porros de marihuana -creo que sí sancionar la comercialización de drogas-. En el sistema penitenciario también seguimos cobrando al grito. Va a haber 10.000 presos en poco tiempo y ¿qué vamos a hacer? La respuesta de la población es “eran chorros, que se pudran en la cárcel”. Bueno, vamos a matarlos. ¿Qué tal si en vez de dictar una sentencia de privación de libertad les pegamos un balazo? La solución es la misma, están proponiendo eso, es un temita de grado. Ahora, la población que piensa así, ¿está dispuesta a pegarle un balazo?
Lo dijo
Corporativismo. “El discurso reivindicativo de la sociedad civil se está haciendo fascista. Si yo soy mujer sólo hablo del tema mujer y no soy capaz de hablar el tema negro. Los armenios sólo hablan del genocidio y no son capaces de pelear por igualdad de género y diversidad sexual. Ojo con la corporativización de la demanda. Si queremos lograr una conciencia de DDHH tenemos que lograr atravesarnos”.
Autocultivo de marihuana. “Hay que despenalizarlo. Las políticas represivas de producción y consumo fomentan el mercado negro. ¿Cómo hago una política que combata la pasta base? Probablemente siendo más liberal en otros lados, para orientar el consumo hacia lados menos destructivos”.
Discriminación. “Soy un tipo muy DDHH, pero soy machista y homófobo porque es una matriz cultural. Peleo racionalmente contra eso, no me sale naturalmente, me lo impongo”.
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jueves, 9 de diciembre de 2010
Inauguran biblioteca Elena Quinteros
La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República Oriental del Uruguay, en conmemoración del Día de los Derechos Humanos, convocó para hoy a la inauguración de la Biblioteca "Elena Quinteros" en honor a la maestra, militante y luchadora por los valores de la resistencia". El evento tendrá lugar a partir de las 19.30 horas, en el Centro Cultural Simón Bolívar (Sala Alí Primera), en Rincón 745, esquina Ciudadela.
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Defendiendo el derecho a la libre opción del prestador de salud
En el marco del plan de trabajo de la institución destinado a lograr que el Poder Ejecutivo reconsidere el Decreto 297/10 (derecho en salud) el martes 7 de diciembre, una delegación de Crysol fue recibida por la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores.
La delegación de Crysol estuvo compuesta por Baldemar Taroco, Julio Martínez, Carmen Vernier, Frances Vaselli y Gastón Grisoni.
En la reunión no se obtuvieron los resultados esperados. Los senadores que hicieron uso de la palabra, Ernesto Agazzi, Dra. Mónica Xavier, Dr. Alfredo Solari y Carlos Moreira, manifestaron una predisposición anímica destinada a justificar lo actuado por el Poder Ejecutivo, sin tener en cuenta los argumentos manifestados por la delegación.
La reunión se extendió por casi una hora.
Intentaremos informarles detalladamente las razones a favor del planteo de Crysol en cuanto al derecho a elegir el prestador de salud, mano a mano, a cada uno de los integrantes de la comisión, en los próximos días.
Delegación de Crysol (izquierda a derecha): Francesca Vaselli, Carmen Vernier, Julio Martínez, Baldemar Taroco y Gastón Grisoni.
Exposición realizada por Baldemar Taroco, Presidente de Crysol
Señores miembros de la Comisión de Salud Pública:
En primer lugar deseamos agradecerles que hayan tenido la amabilidad de recibirnos para escuchar nuestros planteos.
Solicitamos esta reunión con el propósito de informarlos de un asunto que nos preocupa y, obviamente, solicitar vuestra intervención a los efectos de encontrar una solución a dicha preocupación que involucra al Poder Ejecutivo y que tiene que ver con la aprobación del Decreto 297/10 que rechazamos en su actual formulación y que pretendemos sea reconsiderado.
Como es de vuestro conocimiento, ambas cámaras aprobaron el año pasado la Ley Nº 18 596, ley de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado.
Aprobada a 25 años del retorno a la institucionalidad, como resultado de la amplia y masiva labor desplegada por las organizaciones representativas de las víctimas, la Ley Nº 18.596 establece explícitamente la responsabilidad que le corresponde al Estado uruguayo por haber violentado el derecho a la vida, a la integridad psicofísica y a la libertad a miles de uruguayas y uruguayos durante el período iniciado el 13 de junio de 1968, dentro y fuera de las fronteras nacionales.
Aunque en su texto establece claramente el derecho a una reparación integral para todas las víctimas del terrorismo de Estado de acuerdo a lo estipulado por la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, dicha ley no es, ni puede considerarse, a nuestro entender, una ley de Reparación Integral por varias razones.
Entre otras, porque no asegura el principal derecho que tienen todas las víctimas de violaciones a los DDHH, de acuerdo a las normas internacionales y nacionales: no asegura el derecho a la verdad y a la justicia impedido por la vigencia de la Ley de Caducidad 15 848 de diciembre de 1986.
No obstante lo anterior, consideramos que la aprobación de dicha ley fue un avance importante en el camino de avanzar en la transición democrática, de superar las heridas aún abiertas por el proceso cívico militar, de cumplir con las obligaciones por parte del Estado hacia las víctimas.
Como es de conocimiento público, la Ley Nº 18.596 establece en su Artículo 10 que las víctimas del terrorismo de Estado, que hubiesen permanecido más de seis meses sin haber sido procesadas, o que hubiesen sido procesadas, o que hubiesen sufrido lesiones gravísimas a raíz o en ocasión del accionar de agentes del Estado o que siendo niños o niñas hayan sido secuestrados o hayan permanecido en cautiverio con sus padres, tendrán derecho a recibir en forma gratuita y vitalicia, si así lo solicitaren, prestaciones médicas que incluyan la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica que garantice su cobertura integral de salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Al mismo tiempo, dicha norma, otorga rango de ley, a las disposiciones del Decreto 268/08 que estableció la atención en salud para todos los beneficiarios de la Ley jubilatoria Nº 18.033.
Dado que el Sistema Nacional Integrado de Salud está conformado, de acuerdo a la Ley Nº 18.211 de 13 de diciembre de 2007, por prestadores públicos y privados de atención integral a la salud, es claro que fue voluntad del legislador en su momento, ratificada por la promulgación por parte del Poder Ejecutivo anterior, de consagrar a todos los beneficiarios el derecho a la libre opción del prestador de salud.
Esta misma interpretación del alcance de la ley, fue realizada por parte del Ministerio de Salud Pública al presentar en el mes de junio un proyecto reglamentario cuyo contenido, en líneas generales, fue acordado con nuestra organización.
Sin embargo, el día 6 de octubre del presente año, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 297/10 que desconociendo lo anterior solamente otorga la atención médica solamente en el área pública, excediéndose notoriamente en sus potestades y atribuciones.
La potestad del Poder Ejecutivo de reglamentar la modalidad y la extensión de las prestaciones establecidas no puede suponer en ningún caso, la facultad de limitar o restringir los derechos conferidos en la misma a los beneficiarios, cosa que efectivamente hace el decreto mencionado.
Es realmente sorprendente que el Poder Ejecutivo al reglamentar una ley, sumamente tardía, destinada a reparar y dignificar a las víctimas del accionar del Estado, que consagra el derecho a la reparación integral, estableciendo una atención vitalicia y gratuita, lo haga restringiendo y cercenando derechos explícitamente establecidos en el texto legal.
De acuerdo a las normas constitucionales vigentes, por las cuales tanto luchamos junto a los trabajadores y el conjunto del pueblo uruguayo, no es potestad del Poder Ejecutivo modificar las leyes aprobadas por el Poder Legislativo y mucho menos cuando se trata, como en este caso, de un proyecto de ley originado en el anterior Poder Ejecutivo.
El decreto reglamentario del Artículo 10 de la Ley 18 596 recientemente aprobado por el Poder Ejecutivo constituye, a nuestro entender, un ejemplo claro de modificación de la ley aprobada el año pasado por el parlamento uruguayo, ya que restringe, sin ninguna fundamentación, además, un derecho claramente establecido por la norma.
Al reclamar que el Poder Ejecutivo respete el espíritu y el texto de la norma aprobada legítimamente, defendemos un derecho explícitamente consagrado y, al mismo tiempo, reafirmamos y defendemos los principios del funcionamiento democrático que se violentan mediante dicho decreto.
En este sentido, deseamos informar a Uds. que el día 13 de octubre presentamos como organización una nota al Sr. Presidente de la República solicitándole formalmente la reconsideración del decreto mencionado por las razones anteriormente expuestas.
También, en defensa del derecho a la libre opción del prestador de salud consagrado por la ley 18 596, el día 22 de octubre presentamos formalmente un recurso recurriendo el mencionado decreto, en tiempo y forma, con la firma de más de 500 ex presos políticos beneficiarios.
Señores miembros de la Comisión de Salud Pública:
A más de 25 años del retorno al régimen constitucional es mucho lo que aún resta llevar a cabo para superar las heridas abiertas del período del Terrorismo de Estado.
A nuestro entender, aprobar una ley de reparación integral que cumpla cabalmente con la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas y con la Convención Internacional contra la tortura, al mismo tiempo que supere las diferentes carencias y omisiones de las diferentes leyes reparatorias que se han ido aprobando, es un requisito básico y esencial para avanzar en la transición democrática iniciada el 1º de marzo de 1985 y que aún está pendiente de resolver a cabalidad por parte del Estado uruguayo.
A nombre de nuestro colectivo, Crysol, la asociación de ex presas y ex presos políticos de Uruguay, en lo inmediato, solicitamos a Uds., a la Comisión de Salud como tal, que reconozca la justeza de nuestro planteo, que lo acoja como corresponde y que se pronuncie al respecto, exhortando al Poder Ejecutivo a reconsiderar el Decreto 297/010 a la mayor brevedad, respetando el espíritu y el texto de la Ley de reparación Nº 18.596 en lo atinente al derecho de las ex presas y de los ex presos políticos, entre otras categorías de víctimas, a la libre opción del prestador de salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), consagrado en el Artículo 10 de la misma.
Deseamos que así lo hagan. Muchas gracias.
Exposición realizada por Carmen Vernier, Integrante de la Comisión de Salud de Crysol
Señores miembros de la Comisión
de Salud Pública:
Han pasado ya 25 años. Miles de compañeras y compañeros han fallecido a causa de la aparición de enfermedades infecciosas degenerativas, inmuno depresoras, neoplasias, lesiones osteomioarticulares, enfermedades cardio- vasculares, respiratorias, alteraciones renales, indicadores de cáncer con evoluciones fulminantes, psíquicas y psicológicas.
Estas son algunas de las tantas manifestaciones de este grupo de alto riesgo, específico, que presenta una menor expectativa de vida que el resto de la población al igual que una mayor tasa de morbimortalidad y cuyos daños tienen efectos transgeneracionales, condicionando por lo expuesto, a los más cercanos: Hijos y Nietos.
Esto tiene confirmación científica por estudios realizados a nivel nacional e internacional, a estas poblaciones de riesgo.
La Comisión de Salud de Crysol viene trabajando desde que la aprobación del decreto 268/08 da un marco legal a la implementación de la asistencia en salud para concretarlo efectivamente.
A pesar de la sensibilidad y buena disposición de algunas autoridades, la implementación de las resoluciones aprobadas no se materializa como es de esperar y como corresponde.
Aún no contamos con servicio de emergencia móvil, compromiso realizado por autoridades del MSP y ASSE en las primeras reuniones que por estos aspectos comenzamos con las mismas, a mediados del 2008.
La atención psiquiátrica y psicológica carece de una infraestructura adecuada, lo que es altamente preocupante para este grupo por las especificidades relatadas y bien conocidas. Nos preocupa altamente el que aún no se nos haya resuelto a nosotros, nuestros familiares, hijos y nietos, la correcta y debida atención en esta área tan importante y que condiciona negativamente nuestra calidad de vida.
No tenemos la posibilidad de un consultorio con amplio horario para atención personalizada, tampoco para la atención grupal, no se cuenta aún con el espacio adecuado a esa terapia; hay más de 40 compañeras/os en lista de espera.
La atención especializada que se demora demasiado en tiempo real, producto de la saturación de los servicios y otros inconvenientes lleva a que muchos compañeros y compañeras abandonen sus tratamientos y no vuelvan a su médico de referencia.
Existen patologías y complicaciones oftalmológicas, cardio vasculares, ginecológicas, lesiones articulares, alteraciones renales psíquicas y psicológicas, lesiones visibles e invisibles por torturas cuyos daños son irreversibles.
El artículo 10 de la ley 18.596 reglamentado por el decreto 297/10 consagra la atención integral en salud a través de ASSE.
El poder ejecutivo asume la responsabilidad del Estado, promulgando leyes reparatorias que tienen grandes dificultades para materializarse y dar respuesta a las Víctimas de graves violaciones en Derechos Humanos.
La vigencia del decreto 297/10 permite la implementación con la rapidez que requiere la atención en Salud a este grupo específico.
Hace 25 años que esperamos se cumpla con los DDHH poniendo en práctica, la aplicación de los principios y directrices de la resolución 60/147 de la Organización de Naciones Unidas.
Al día de hoy la mayoría de compañeras y compañeros ya muertos, se han ido, sin haber recibido la atención que se merecían por haber sido Víctimas del Terrorismo de Estado.
Señoras y señores miembros de la Comisión de Salud Pública:
La ley 18.596 consagra el derecho a una Reparación Integral a todas las Víctimas del Terrorismo de Estado y el Art. 10 establece los parámetros generales para la atención en Salud.
El decreto 297/10 del poder ejecutivo establece que dicha atención se realizará en los servicios de ASSE, pero como hemos señalado a lo largo de la intervención, mucho queda por implementarse aún.
Le solicitamos entonces a la Comisión de Salud Pública, que tome en cuenta nuestra preocupación al respecto, la acepte y le manifieste al Ministerio de Salud Pública la necesidad de actuar con decisión y energía para implementar de manera rápida, efectiva e integralmente, los servicios en Salud que todas las Víctimas del Terrorismo de Estado requieren en los servicios dependientes del mismo para no seguir dilatando la efectivización de estas necesidades apremiantes.
Muchas gracias.
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La delegación de Crysol estuvo compuesta por Baldemar Taroco, Julio Martínez, Carmen Vernier, Frances Vaselli y Gastón Grisoni.
En la reunión no se obtuvieron los resultados esperados. Los senadores que hicieron uso de la palabra, Ernesto Agazzi, Dra. Mónica Xavier, Dr. Alfredo Solari y Carlos Moreira, manifestaron una predisposición anímica destinada a justificar lo actuado por el Poder Ejecutivo, sin tener en cuenta los argumentos manifestados por la delegación.
La reunión se extendió por casi una hora.
Intentaremos informarles detalladamente las razones a favor del planteo de Crysol en cuanto al derecho a elegir el prestador de salud, mano a mano, a cada uno de los integrantes de la comisión, en los próximos días.
Delegación de Crysol (izquierda a derecha): Francesca Vaselli, Carmen Vernier, Julio Martínez, Baldemar Taroco y Gastón Grisoni.Exposición realizada por Baldemar Taroco, Presidente de Crysol
Señores miembros de la Comisión de Salud Pública:
En primer lugar deseamos agradecerles que hayan tenido la amabilidad de recibirnos para escuchar nuestros planteos.
Solicitamos esta reunión con el propósito de informarlos de un asunto que nos preocupa y, obviamente, solicitar vuestra intervención a los efectos de encontrar una solución a dicha preocupación que involucra al Poder Ejecutivo y que tiene que ver con la aprobación del Decreto 297/10 que rechazamos en su actual formulación y que pretendemos sea reconsiderado.
Como es de vuestro conocimiento, ambas cámaras aprobaron el año pasado la Ley Nº 18 596, ley de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado.
Aprobada a 25 años del retorno a la institucionalidad, como resultado de la amplia y masiva labor desplegada por las organizaciones representativas de las víctimas, la Ley Nº 18.596 establece explícitamente la responsabilidad que le corresponde al Estado uruguayo por haber violentado el derecho a la vida, a la integridad psicofísica y a la libertad a miles de uruguayas y uruguayos durante el período iniciado el 13 de junio de 1968, dentro y fuera de las fronteras nacionales.
Aunque en su texto establece claramente el derecho a una reparación integral para todas las víctimas del terrorismo de Estado de acuerdo a lo estipulado por la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, dicha ley no es, ni puede considerarse, a nuestro entender, una ley de Reparación Integral por varias razones.
Entre otras, porque no asegura el principal derecho que tienen todas las víctimas de violaciones a los DDHH, de acuerdo a las normas internacionales y nacionales: no asegura el derecho a la verdad y a la justicia impedido por la vigencia de la Ley de Caducidad 15 848 de diciembre de 1986.
No obstante lo anterior, consideramos que la aprobación de dicha ley fue un avance importante en el camino de avanzar en la transición democrática, de superar las heridas aún abiertas por el proceso cívico militar, de cumplir con las obligaciones por parte del Estado hacia las víctimas.
Como es de conocimiento público, la Ley Nº 18.596 establece en su Artículo 10 que las víctimas del terrorismo de Estado, que hubiesen permanecido más de seis meses sin haber sido procesadas, o que hubiesen sido procesadas, o que hubiesen sufrido lesiones gravísimas a raíz o en ocasión del accionar de agentes del Estado o que siendo niños o niñas hayan sido secuestrados o hayan permanecido en cautiverio con sus padres, tendrán derecho a recibir en forma gratuita y vitalicia, si así lo solicitaren, prestaciones médicas que incluyan la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica que garantice su cobertura integral de salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Al mismo tiempo, dicha norma, otorga rango de ley, a las disposiciones del Decreto 268/08 que estableció la atención en salud para todos los beneficiarios de la Ley jubilatoria Nº 18.033.
Dado que el Sistema Nacional Integrado de Salud está conformado, de acuerdo a la Ley Nº 18.211 de 13 de diciembre de 2007, por prestadores públicos y privados de atención integral a la salud, es claro que fue voluntad del legislador en su momento, ratificada por la promulgación por parte del Poder Ejecutivo anterior, de consagrar a todos los beneficiarios el derecho a la libre opción del prestador de salud.
Esta misma interpretación del alcance de la ley, fue realizada por parte del Ministerio de Salud Pública al presentar en el mes de junio un proyecto reglamentario cuyo contenido, en líneas generales, fue acordado con nuestra organización.
Sin embargo, el día 6 de octubre del presente año, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 297/10 que desconociendo lo anterior solamente otorga la atención médica solamente en el área pública, excediéndose notoriamente en sus potestades y atribuciones.
La potestad del Poder Ejecutivo de reglamentar la modalidad y la extensión de las prestaciones establecidas no puede suponer en ningún caso, la facultad de limitar o restringir los derechos conferidos en la misma a los beneficiarios, cosa que efectivamente hace el decreto mencionado.
Es realmente sorprendente que el Poder Ejecutivo al reglamentar una ley, sumamente tardía, destinada a reparar y dignificar a las víctimas del accionar del Estado, que consagra el derecho a la reparación integral, estableciendo una atención vitalicia y gratuita, lo haga restringiendo y cercenando derechos explícitamente establecidos en el texto legal.
De acuerdo a las normas constitucionales vigentes, por las cuales tanto luchamos junto a los trabajadores y el conjunto del pueblo uruguayo, no es potestad del Poder Ejecutivo modificar las leyes aprobadas por el Poder Legislativo y mucho menos cuando se trata, como en este caso, de un proyecto de ley originado en el anterior Poder Ejecutivo.
El decreto reglamentario del Artículo 10 de la Ley 18 596 recientemente aprobado por el Poder Ejecutivo constituye, a nuestro entender, un ejemplo claro de modificación de la ley aprobada el año pasado por el parlamento uruguayo, ya que restringe, sin ninguna fundamentación, además, un derecho claramente establecido por la norma.
Al reclamar que el Poder Ejecutivo respete el espíritu y el texto de la norma aprobada legítimamente, defendemos un derecho explícitamente consagrado y, al mismo tiempo, reafirmamos y defendemos los principios del funcionamiento democrático que se violentan mediante dicho decreto.
En este sentido, deseamos informar a Uds. que el día 13 de octubre presentamos como organización una nota al Sr. Presidente de la República solicitándole formalmente la reconsideración del decreto mencionado por las razones anteriormente expuestas.
También, en defensa del derecho a la libre opción del prestador de salud consagrado por la ley 18 596, el día 22 de octubre presentamos formalmente un recurso recurriendo el mencionado decreto, en tiempo y forma, con la firma de más de 500 ex presos políticos beneficiarios.
Señores miembros de la Comisión de Salud Pública:
A más de 25 años del retorno al régimen constitucional es mucho lo que aún resta llevar a cabo para superar las heridas abiertas del período del Terrorismo de Estado.
A nuestro entender, aprobar una ley de reparación integral que cumpla cabalmente con la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas y con la Convención Internacional contra la tortura, al mismo tiempo que supere las diferentes carencias y omisiones de las diferentes leyes reparatorias que se han ido aprobando, es un requisito básico y esencial para avanzar en la transición democrática iniciada el 1º de marzo de 1985 y que aún está pendiente de resolver a cabalidad por parte del Estado uruguayo.
A nombre de nuestro colectivo, Crysol, la asociación de ex presas y ex presos políticos de Uruguay, en lo inmediato, solicitamos a Uds., a la Comisión de Salud como tal, que reconozca la justeza de nuestro planteo, que lo acoja como corresponde y que se pronuncie al respecto, exhortando al Poder Ejecutivo a reconsiderar el Decreto 297/010 a la mayor brevedad, respetando el espíritu y el texto de la Ley de reparación Nº 18.596 en lo atinente al derecho de las ex presas y de los ex presos políticos, entre otras categorías de víctimas, a la libre opción del prestador de salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), consagrado en el Artículo 10 de la misma.
Deseamos que así lo hagan. Muchas gracias.
Exposición realizada por Carmen Vernier, Integrante de la Comisión de Salud de Crysol
Señores miembros de la Comisión
de Salud Pública:
Han pasado ya 25 años. Miles de compañeras y compañeros han fallecido a causa de la aparición de enfermedades infecciosas degenerativas, inmuno depresoras, neoplasias, lesiones osteomioarticulares, enfermedades cardio- vasculares, respiratorias, alteraciones renales, indicadores de cáncer con evoluciones fulminantes, psíquicas y psicológicas.
Estas son algunas de las tantas manifestaciones de este grupo de alto riesgo, específico, que presenta una menor expectativa de vida que el resto de la población al igual que una mayor tasa de morbimortalidad y cuyos daños tienen efectos transgeneracionales, condicionando por lo expuesto, a los más cercanos: Hijos y Nietos.
Esto tiene confirmación científica por estudios realizados a nivel nacional e internacional, a estas poblaciones de riesgo.
La Comisión de Salud de Crysol viene trabajando desde que la aprobación del decreto 268/08 da un marco legal a la implementación de la asistencia en salud para concretarlo efectivamente.
A pesar de la sensibilidad y buena disposición de algunas autoridades, la implementación de las resoluciones aprobadas no se materializa como es de esperar y como corresponde.
Aún no contamos con servicio de emergencia móvil, compromiso realizado por autoridades del MSP y ASSE en las primeras reuniones que por estos aspectos comenzamos con las mismas, a mediados del 2008.
La atención psiquiátrica y psicológica carece de una infraestructura adecuada, lo que es altamente preocupante para este grupo por las especificidades relatadas y bien conocidas. Nos preocupa altamente el que aún no se nos haya resuelto a nosotros, nuestros familiares, hijos y nietos, la correcta y debida atención en esta área tan importante y que condiciona negativamente nuestra calidad de vida.
No tenemos la posibilidad de un consultorio con amplio horario para atención personalizada, tampoco para la atención grupal, no se cuenta aún con el espacio adecuado a esa terapia; hay más de 40 compañeras/os en lista de espera.
La atención especializada que se demora demasiado en tiempo real, producto de la saturación de los servicios y otros inconvenientes lleva a que muchos compañeros y compañeras abandonen sus tratamientos y no vuelvan a su médico de referencia.
Existen patologías y complicaciones oftalmológicas, cardio vasculares, ginecológicas, lesiones articulares, alteraciones renales psíquicas y psicológicas, lesiones visibles e invisibles por torturas cuyos daños son irreversibles.
El artículo 10 de la ley 18.596 reglamentado por el decreto 297/10 consagra la atención integral en salud a través de ASSE.
El poder ejecutivo asume la responsabilidad del Estado, promulgando leyes reparatorias que tienen grandes dificultades para materializarse y dar respuesta a las Víctimas de graves violaciones en Derechos Humanos.
La vigencia del decreto 297/10 permite la implementación con la rapidez que requiere la atención en Salud a este grupo específico.
Hace 25 años que esperamos se cumpla con los DDHH poniendo en práctica, la aplicación de los principios y directrices de la resolución 60/147 de la Organización de Naciones Unidas.
Al día de hoy la mayoría de compañeras y compañeros ya muertos, se han ido, sin haber recibido la atención que se merecían por haber sido Víctimas del Terrorismo de Estado.
Señoras y señores miembros de la Comisión de Salud Pública:
La ley 18.596 consagra el derecho a una Reparación Integral a todas las Víctimas del Terrorismo de Estado y el Art. 10 establece los parámetros generales para la atención en Salud.
El decreto 297/10 del poder ejecutivo establece que dicha atención se realizará en los servicios de ASSE, pero como hemos señalado a lo largo de la intervención, mucho queda por implementarse aún.
Le solicitamos entonces a la Comisión de Salud Pública, que tome en cuenta nuestra preocupación al respecto, la acepte y le manifieste al Ministerio de Salud Pública la necesidad de actuar con decisión y energía para implementar de manera rápida, efectiva e integralmente, los servicios en Salud que todas las Víctimas del Terrorismo de Estado requieren en los servicios dependientes del mismo para no seguir dilatando la efectivización de estas necesidades apremiantes.
Muchas gracias.
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