La Fiscalía solicitó el procesamiento de un oficial retirado del Ejército por el "homicidio muy especialmente agravado" del militante de la UJC, Ramón Peré. El dictamen expresa que la muerte fue "inmotivada", con un uso ilegítimo de la fuerza, por lo cual deben extenderse los plazos de prescripción.
La República. 19 12 10. Por Mauricio Pérez
El fiscal Juan Gómez solicitó, días atrás, el procesamiento con prisión de un oficial del Ejército, en situación de retiro, por el "homicidio muy especialmente agravado", en julio de 1973, del joven militante de la UJC Ramón Peré, muerto tras recibir un disparo por la espalda. Peré fue el primer muerto de la dictadura.
Peré, estudiante de la Facultad de Veterinaria y militante de la FEUU, se encontraba ocupando el local del centro de estudios, en el marco de la huelga general, convocada por el PIT-CNT en protesta por el golpe de Estado encabezado por el dictador Juan María Bordaberry.
El joven repartía volantes con un compañero en las inmediaciones del centro de estudios, cuando detectaron que eran seguidos por dos efectivos vestidos de civil. Los jóvenes corrieron, y uno de los efectivos hizo fuego. Una de las balas alcanzó a Peré y le produjo la muerte. El curso de la indagatoria determinó que ambos efectivos eran integrantes del Ejército Nacional, y no oficiales de Policía como se presumió desde el comienzo.
En este sentido, el representante del Ministerio Público analizó el voluminoso expediente y decidió solicitar el procesamiento del oficial, confeso autor de los disparos, por un delito de "homicidio muy especialmente agravado". En tanto, el fiscal descartó formular imputación contra el otro efectivo, por cuanto el único ilícito pasible de ser reprochado penalmente, "encubrimiento", está prescripto, según indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
El oficial debía prestar testimonio el pasado viernes ante el juez Penal de 3º Turno, Sergio Torres, en audiencia ratificatoria (artículo 126 del CPP), ante el pedido de procesamiento en su contra. Sin embargo, el asesor jurídico del Centro Militar y representante del oficial (r) en el proceso, Miguel Langón, interpuso un escrito solicitando prorrogar la audiencia por "motivos sanitarios".
El oficial sufrió una "crisis cardíaca" al enterarse del pedido de procesamiento, ante lo cual debió ser internado en el Hospital Militar, explicó Langón.
"Muerte inmotivada"
Uno de los elementos centrales de la imputación de la Fiscalía fue la autopsia de los restos de Peré, desarrollada por una junta de peritos forenses del Instituto Técnico Forense (ITF), tras la exhumación de los restos dispuesta "de oficio" por el juez Torres, explicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
Los forenses determinaron como causa de la muerte "disparo de arma de fuego, de pequeño calibre, probablemente un revólver 22, desde una distancia de 40 ó 50 metros. El proyectil ingresó por la región dorsal (espalda), impactó en la vértebra nº 11 y afectó el corazón. Además, Peré presentaba un fuerte golpe en el cráneo", explicaron otras fuentes consultadas. "La bala le destrozó el corazón", contaron las fuentes.
En este sentido, el fiscal Gómez solicitó el procesamiento con prisión del oficial, por cuanto realizó "un uso excesivo del poder del Estado". "La muerte fue inmotivada, fue producida por el mero hecho del ejercicio de la fuerza, en una acción desmedida por parte de un efectivo de un organismo con el monopolio exclusivo de la fuerza". La gravedad del delito y el accionar con "grave sevicia" del imputado supuso la elevación en un tercio de los plazos de prescripción, señalaron las fuentes.
En tanto, Langón interpuso ante el juez Torres otro escrito cuestionando la vista de la Fiscalía, por cuanto la muerte de Peré se habría producido "en el marco de un enfrentamiento armado" con las fuerzas de seguridad, según explicó el abogado a LA REPUBLICA.
El imputado "era una alférez de 24 años, del Batallón Florida, el cual actuó bajo legítima defensa, en el marco de un enfrentamiento armado", y "por obediencia debida". Asimismo, "aunque se estuviera ante un caso de homicidio no puede sostenerse la brutal ferocidad" de sus acciones, por lo cual el caso estaría prescripto, señaló Langón. Las pericias y testimonios recabados por el juez Torres determinaron que ni Peré ni su compañero estaban armados, según la Fiscalía.
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