El presidente de la República tuvo que torcer el pescuezo frente a los militares. "Un informe de la embajada chilena a su gobierno tomaba la explicación reservada pero oficial de Uruguay: la voluntad cuartelera se impuso al intento de enfrentar con instrumentos republicanos una trasnacional terrorista.
Brecha 12 11 10. Por Rafael Sanseviero.
En 1992 la "cogoteada" al presidente fue para poder matar a un testigo indefenso pero peligroso para Pinochet. También actualizó una opción política hecha seis años antes por la mayoría de blancos y colorados: respondieron al desacato militar otorgando impunidad a los crímenes del Estado terrorista, mediante la caducidad de la pretensión punitiva del Estado democrático.
La caducidad produjo poder militar espurio, no pacificación. Desde que esa ley fue aprobada, cada ampliación del Estado de derecho enfrentó manifestaciones de ese poder. La tensión de ese enfrentamiento se expresa mediante reacciones cuarteleras cuya visibilidad y violencia son proporcionales a cuánto está retrocediendo o puede afectarse la impunidad.
Jorge Batlle dinamitó la negación sanguinettista del terrorismo de Estado y produjo resultados potentes representados por la restitución de la identidad a Macarena Gelman y la existencia de la Comisión para la Paz. Pero soportó estólido la omertá militar. Cuando el primer gobierno del Frente Amplio allanó el fuero impune y habilitó investigaciones con efectos extraordinarios, la insubordinación pasó del ocultamiento de información relevante al cogotazo con escándalo.
Fue la mentira alevosa sobre el lugar donde ocultan el cuerpo asesinado de María Claudia García; una exhibición pública de la capacidad militar de producir daño humano, humillar al poder civil y despreciar a la ciudadanía.
En estos días la insubordinación fue nítida como una escupida en la caraporque existe una amenaza grave a la impunidad. Así fue que un reclamo presupuestal mutó en manifestación de zombis insultantes contra el representante del poder civil, mientras el comandante del Ejército se permitía llamar al orden a los legisladores.
El gobierno puso la otra mejilla: silencio sobre las amenazas, y al comandante se le aplicó la sanción más leve que autoriza la ley. ¿Distracción o estrategia?
¿Olvidaron los gobernantes que el golpe de Estado fue justificado argumentando que el Parlamento se negaba a cumplir un reclamo de la "justicia militar"?
¿Por qué permiten a un funcionario armado usar el código mañoso de reclamar en nombre del Ejército el cumplimiento de "la palabra"? ¿Qué palabra y de quién?
El comandante no está distraído, y asumió la reacción del Ejecutivo como un pase libre para dirigir -esta vez sin éxito- su presión sobre el Poder Judicial.
La última performance cuartelera muestra sin maquillaje la restricción crítica que representa la caducidad para la vigencia de aspectos cruciales del Estado de derecho: acceso a la justicia, independencia de poderes, subordinación de las Fuerzas Armadas al orden y mandos civiles.
Pero la impunidad ejerce efectos culturales que desbordan el campo jurídico. Produce en sí misma un magisterio de cobardía cívica que sustituye la fortaleza moral de la afirmación "tiranos temblad" por un miedo al castigo proyectado más allá de la presencia de los tiranos en el poder. El Frente Amplio enfrentó desde su origen ese acobardamiento colectivo que produjo, y derramó sobre la sociedad, el sistema político. Sin embargo en los últimos años evidenció la dificultad de la izquierda para reformular la resistencia a la impunidad en el plano conceptual y en la táctica política.
El punto de inflexión fue el triunfo de la tesis que unió orgánicamente la posibilidad de ganar las elecciones de 2004 con el compromiso de no derogar la ley de caducidad. El progreso de esa tendencia quedó amortiguado por algunos resultados espectaculares en el campo judicial. Pero sus efectos duraderos se expresaron en la imposibilidad de concretar una solución legislativa durante la presidencia de Tabaré Vázquez, y en la gestión política contradictoria, confusa y sin compromiso del Frente Amplio para anular la caducidad en octubre pasado.
Fueron hechos políticos que condensaron la erosión que para entonces había sufrido la cultura antiimpunidad de la izquierda. Un deterioro que no fue compensado por cuatro datos nuevos, potentes pero insuficientes para revertir la tendencia:
En octubre del año pasado el Frente Amplio había reasumido su decisión de eliminar la caducidad, se incorporaron nuevas generaciones a la lucha contra la impunidad, quedó en evidencia que los militares pueden ser condenados por la justicia sin afectar la democracia, y la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley de caducidad.
Desde esa nueva cultura se proyecta el actual boicot frenteamplista a su propio proyecto de ley. Una situación donde lo táctico es subsanable, y antes o después será resuelto, pero no así una conceptualización que abreva y acumula pensamiento conservador.
Las razones jurídicas y políticas de los llamados senadores y sectores "disidentes" tuvieron amplias respuestas.*Quedan en pie sin embargo algunas ideas que, de no ser orgánicamente rechazadas por la izquierda, pasarán a operar como moneda fuerte de la cultura uruguaya y progresista. Porque la política, esa maldita, no admite el vacío. Me limito aquí a anotar tres ideas donde se solapan las oposiciones al proyecto interpretativo provenientes de la izquierda, la derecha y el cuartel.
Republicanismo de escasa intensidad:se nos invita a limitar la expectativa de justicia por los crímenes de la dictadura a las actuaciones posibles mediante aplicaciones en "clave progresista" de la ley de caducidad. Esa idea, aunque no se diga, legitima las restricciones a la independencia de poderes y a la apreciación más restrictiva sobre cómo operó y qué produjo en la sociedad el terrorismo de Estado. De paso notemos que transpira la ilusión milenarista de que por siempre jamás gobernarán los progresistas y eso garantiza la realización de esa justicia limitada pero posible.
Minoridad a la carta para los políticos:nos dicen que los pronunciamientos directos de los representados descalifican cualquier iniciativa de signo diferente por parte de los representantes. Si la lealtad hacia la ciudadanía se manifiesta transfiriéndole la responsabilidad de resolver las situaciones de alta complejidad y tensión, ¿en qué moralidad política se sostendrá la izquierda en adelante? ¿En la que toma partido, responsabilidad y riesgos, conduce y debate con la sociedad? ¿O en la moral de gran oreja que desagua en la banalidad del mal?
Migración hacia la aldea: entre las razones dichas para "enterrar" la ley interpretativa, figura una descalificación de izquierda a la justicia trasnacional, al derecho internacional de los derechos humanos, a sus agencias e instrumentos. Una verborragia antes inocua, que en este contexto pasó del margen al centro y representa un replanteo ideológico de fondo.
Hasta ahora la izquierda no cotizó en la bolsa del "soberanismo" patriarcal del tipo "en mi casa mando y pego yo". Consecuentemente, identificaba al derecho internacional y sus agencias como aliados de los más vulnerables y no como creación imperialista. La izquierda consideraba, hasta ahora, que más allá de todas sus imperfecciones el derecho internacional refleja y garantiza aspiraciones de las sociedades civiles frente a los lobbies dominantes.
Hasta este debate no había dudas de izquierda sobre Núremberg, el Tribunal de Roma, las cortes internacionales y los procesos a criminales de guerra; tampoco sobre la detención de Pinochet en Londres o el derrame aquí de los procesos en Argentina.
Se asumía que esas instancias dan posibilidades a los débiles para enfrentar la arbitrariedad del poder. Si la izquierda ya no piensa de esa manera, eso explica el encono contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos que viene a interponer un fuero burocrático ante unas restricciones a la justicia ya laudadas por la soberanía uruguaya.
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* Entre otros recomiendo la lectura de los artículos de Juan Errandonea en www.vadenuevo.com.uy Andex.php/ the-news/1849-26vadenuevo02 y de Samuel Blixen y Constanza Moreira en www.brecha.com.uy/index.php/ política/4324-el-fa-en-el-callejon-de-la-impunidad
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