La Diaria. 8 9 10. Por Marcelo Pereira.
¡Qué simbólico aquel 15 de febrero de 2005 en el que José Mujica pasó revista a los soldados del Batallón Florida! Ahora el ex guerrillero ha llegado aun más alto y le corresponde, como presidente de la República, y actuando con el ministro respectivo, “el mando superior de todas las Fuerzas Armadas”, según establece la Constitución en su artículo 168, numeral 2º (tantas veces tergiversado por quienes creen que le atribuye al primer mandatario la calidad de “comandante en jefe” o algo por el estilo).
La consecuencia práctica más notoria está muy lejos de los debates ideológicos de hace medio siglo y tiene que ver con otro numeral del mismo artículo, el 19º, en el cual se asigna al presidente, actuando en Consejo de Ministros, la competencia exclusiva de “preparar y presentar a la Asamblea General los presupuestos”, incluyendo, por supuesto, los correspondientes a las Fuerzas Armadas. Mujica es el señor que fija los sueldos.
No faltan interesados en echar kerosén al fuego. Un sueltito en la página editorial de El País de ayer afirmó que los militares habían creído que “iban a ser tenidos en cuenta como actores principales del Uruguay de primera”, pero que “el revanchismo de esta administración muestra, de hecho, adherir a la posición que aboga por liquidar a las instituciones militares en todo el continente”.
Para sostener esa temeraria tesis, el editorialista arguye: “Con inteligencia, se hizo explotar la bomba de la corrupción de la Armada, lo que naturalmente perjudicó a la imagen militar en toda la sociedad” y que “luego, llegado el momento presupuestal, el gobierno asfixia a las Fuerzas Armadas”.
La realidad es mucho más prosaica: dinero no sobra, y menos para una institución militar cuya propia existencia entusiasma a pocos ciudadanos fuera de los directamente interesados, muy desprestigiada por su papel en el golpe de Estado y la dictadura, y que nunca ha expresado siquiera dudas sobre ese desempeño.
Unas Fuerzas Armadas que, como les dijo el propio Mujica a unos 350 oficiales el 16 de marzo de este año, en Santa Bernardina, deben “servir noblemente” al resto de la sociedad si quieren dejar de ser vistas “como una carga”, ganar prestigio e incluso ser amadas. Distantes metas, para cuyo logro no ayuda en lo más mínimo, por supuesto, el destape de la corrupción (que tampoco ayuda a defender aumentos de sueldos y de recursos materiales).
Pero esa corrupción no es de ahora, ni sólo de la Armada, y el problema es que existe, no que alguien haya hecho explotar una bomba con presunta intención “revanchista”: las investigaciones que conducían al estallido se iniciaron hace años y estaban cerca de su desenlace con o sin las denuncias anónimas recientes.
En todo caso, se sabe que la disolución de las Fuerzas Armadas no está en el programa del Frente Amplio ni en la agenda de este gobierno. Son los propios militares los que les han dado argumentos a quienes desean “liquidar a las instituciones militares en todo el continente” (parece que El País no acusa, por una vez, a Hugo Chávez ni a Fidel Castro).
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