Ex presos políticos. Desarrollaron su asamblea anual de delegados. Crysol exige al Estado que cumpla con la Ley de Reparación Integral. Afirman que la "demora injustificada revictimiza".La República. 19 9 10. Por Daniela Fassanello.
A un año de aprobada la Ley de Reparación Integral para todas las víctimas del Terrorismo de Estado, la organización de ex presos y presas políticos Crysol reclama el cumplimiento de su artículo número 10 que consagra la atención gratuita en el Sistema Integrado de Salud.
Ayer se llevó a cabo la asamblea nacional de ex presos y presas políticos Crysol en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y hasta allí llegaron decenas de ciudadanos desde distintos puntos del país para participar de la asamblea anual de delegados.
La misma, que se inició pasadas las 15 horas, lo hizo con un emotivo homenaje al recientemente fallecido compositor uruguayo Marcos Velázquez por el reconocido cantante y también compositor nacional Daniel Viglietti.
Tras el pequeño acto en el que se recordaron letras de Velázquez se dio comienzo a la lectura de los informes preparados por las comisiones de Crysol, uno referido a la salud y otro referido a la memoria y los derechos humanos.
Por último, se votó una propuesta de resolución de catorce puntos que reclama al gobierno del presidente José Mujica que se cumpla en su integridad con la Ley 18.596 aprobada hace un año y que repara de forma integral a todas las víctimas del terrorismo de Estado.
Los ex presos políticos exigen que se cumpla con el artículo número 10 que consagra la "atención gratuita y vitalicia en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud". Su no cumplimiento es visto por Crysol como "una demora injustificada que revictimiza a quienes tanto sufrieron y tanto debieron aguardar para que el Estado uruguayo asumiera sus obligaciones en la materia".
El reclamo de Crysol se acompaña, además, con un informe de su comisión de Salud que concluye que "el Estado tiene que dar respuestas por los graves daños ocasionados por las violaciones a los derechos humanos".
"Desde la apertura democrática se han aplicado beneficios parciales e insuficientes, sobre todo en el ámbito de la restitución, la promulgación de algunas leyes que posibilitaron el reintegro al trabajo, sobre todo en el ámbito público. En cuanto a la salud por iniciativas del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la ex Mutualista Israelita del Uruguay (MIDU), con apoyo financiero de organizaciones internacionales, se realizó a quienes salían de las cárceles exámenes para comprobar el estado sanitario en que se encontraban los presos y presas".
Desde Crysol se realizó una evaluación en la que enfermedades infecciosas, degenerativas, neoplasias y psíquicas, así como enfermedades cardio vasculares, respiratorias, daño en los genitales, alteraciones renales, enfermedades neurológicas, indicadores de cáncer con evoluciones fulminantes, cicatrices y lesiones por heridas de bala o quemadura, padecimiento de alteraciones psiquiátricas que conducen a trastornos orgánicos, son parte de una larga lista que conforman y son parte del estado de salud de cientos de ex presos políticos de nuestro país.
En ese sentido es que reclaman con urgencia que el artículo 10 de la ley sea implementado rápidamente por el Ministerio de Salud Pública en todo el país. Crysol aprobó una movilización para el próximo miércoles 13 de octubre frente a las puertas del Ministerio de Salud Pública, con el objetivo de reclamar su rápida implementación. En ese marco es que también ven la necesidad de aprobar una nueva Ley de Reparación Integral para todas las víctimas del terrorismo de Estado que cumpla con la Convención Internacional contra la Tortura.
Para el conjunto de Crysol la ley de reparación 18.596 promulgada el 19 de setiembre del año 2009 es aún insuficiente y si bien reconocen que es un "paso importante en el camino de superar los daños causados por el proceso iniciado a partir del 13 de junio de 1968" critican que no es una ley de reparación integral ya que" no cumple con estándares internacionales en la materia e incluye un artículo 22 injustificado".
Exigen en ese sentido que las Fuerzas Armadas asuman los crímenes que cometieron en la dictadura cívico militar y es por eso que que entienden que "establecer la verdad de lo sucedido con todos los detenidos desaparecidos, el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, es un principio esencial de afirmación de la justicia" y que "las Fuerzas Armadas deben asumir ante el conjunto de la sociedad su responsabilidad institucional por dichos crímenes, dar toda la información que siguen ocultando a los familiares y a la sociedad, someter a tribunales de honor a los responsables de los mismos" con igual rigor con que se actúa ante fraudes y estafas económicas que son delitos de un rango inferior.
Por último, en la tarde de ayer la organización reclamó transformar el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) en un lugar de memoria y derechos humanos, y que el mismo sea gestionado por las organizaciones de víctimas del terrorismo de Estado.
En el mismo sentido expresaron la necesidad de que se establezca un Día Nacional de la Memoria en recordación y homenaje a todas las víctimas del terrorismo de Estado, y en el correr de este año presentarán un proyecto de ley para que el 14 de marzo sea oficializado por el Estado como Día del Liberado.
También decidieron exigir que la Institución de Derechos Humanos aprobada en el Parlamento nacional sea creada a la brevedad.
---------