Ex embajador de la dictadura. Envió télex al canciller Blanco el 20 de mayo a las 7.59 horas
Embajador de la dictadura, Dr. Gustavo Magariños reconoció que el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz fue "un acto oficial aunque no reconocido". ¿Quiénes integraban la Embajada uruguaya en Argentina?
La República. 30 9 10. Víctor Carrato |
Varios documentos encontrados en la Cancillería uruguaya, de la época de la dictadura, comprometen seriamente a civiles no amparados por la Ley de Caducidad, entre ellos se encuentra el ex embajador de la dictadura en Argentina, Dr. Gustavo Magariños.
Uno de los sobrevivientes del centro de torturas conocido como "Automotores Orletti", Sergio López Burgos aportó documentación encontrada en la cancillería uruguaya que prueban la participación de civiles, miembros de la diplomacia uruguaya, en la coordinación represiva del Plan Cóndor orquestado por las dictaduras del Cono Sur.
"La coordinación represiva en estos países era totalmente institucional", declaró Sergio López Burgos ante el tribunal argentino que juzga la masacre llevada a cabo en Orletti.
El testimonio agrega que "dentro del plan de represión, la Cancillería y la embajada uruguaya en Argentina, con Gustavo Magariños al frente, cumplían roles muy precisos. Informaban paso a paso sobre el accionar de los uruguayos en Argentina, a tal grado eso era así que el Dr. Magariños escribe un télex el 20 de mayo a las 7.59 horas de la mañana, dirigido al canciller Juan Carlos Blanco diciendo que el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz "es un acto oficial aunque no reconocido".
Con total desparpajo, Magariños pide los antecedentes políticos de los dos legisladores asesinados a la cancillería". Los cuerpos habían sido encontrados el día 21 de mayo a las 21.20 horas en la intersección de Perito Moreno y Dellepiane (ciudad de Buenos Aires).
El Dr. Gustavo Magariños se desempeñó como embajador uruguayo en Argentina entre 1977 y 1978 y reconoció, el 4 de setiembre de 2007, ante la Justicia la existencia de traslados clandestinos de presos políticos desde Buenos Aires a Montevideo, aunque dijo no tener vinculación alguna con las operaciones.
Tal cual lo consignó LA REPUBLICA, el ex diplomático declaró ante el juez Penal de 19º Turno, doctor Luis Charles y la fiscal Penal de 2º Turno, doctora Mirtha Guianze, en el marco del expediente que investiga una serie de cinco o seis traslados clandestinos registrados durante el año 1978.
En esa instancia, el Dr. Magariños reconoció la existencia de los traslados de presos políticos uruguayos detenidos en Argentina, aunque aseguró no tener vinculación alguna con esas tareas, las cuales explicó se realizaban sin participación de la Embajada.
Además, declaró desconocer la existencia de planes de coordinación entre los regímenes de facto de Uruguay y Argentina para el traslado de presos políticos entre ambos países.
El ex embajador reconoció haber recibido las circulares de la Cancillería donde se habilitaba a las misiones diplomáticas a enviar a Uruguay a personas exiliadas consideradas "peligrosas". Magariños dijo no haber dispuesto ningún traslado en cumplimiento de esas comunicaciones.
Sin embargo, los documentos hallados en los archivos de la cancillería uruguaya y agregados en la causa de Orletti por Sergio López Burgos demuestran la participación directa de Magariños y otros diplomáticos uruguayos en la coordinación represiva del Plan Cóndor. Ello fue así tanto para la tortura y el asesinato de uruguayos en Argentina, como para el traslado clandestino de uruguayos desde la vecina orilla hacia nuestro país.
Un télex enviado, fechado el martes 5 de octubre de 1976, por el coronel Machado, militar uruguayo, al coronel Villagrán, en el cual le comunica al agregado aeronáutico en Buenos Aires, que tenían que esperar por el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) destinado a trasladar a 24 uruguayos capturados en Argentina, entre los que se encontraban el declarante Sergio López Burgos, la hija del senador Zelmar Michelini, Margarita y su marido, entre otros. Según el documento del coronel Machado, no era posible enviar el avión de la FAU porque no lo podían enviar en esa fecha sino hasta el viernes siguiente.
El avión de la FAU fue finalmente utilizado para el traslado de los detenidos del llamado segundo vuelo que fueron todos asesinados tras haber estado detenidos en el Servicio de Inteligencia de Defensa (SID) de la calle Bulevar Artigas y Palmar, que será destinado a Museo de la Memoria.
A mediados de diciembre de 1976, el teniente coronel José Gavazzo se había traído una parte del dinero que era reclamado por los represores argentinos que comandaban Orletti, a cargo de Aníbal Gordon, según declaraciones de López Burgos a LA REPUBLICA.
En ese momento es que cambian al coordinador uruguayo del Plan Cóndor en Argentina, que hasta entonces había sido el ex mayor Ricardo Arab, hoy detenido en la cárcel de Domingo Arena, que estaba en Buenos Aires durante muchos meses y fue el responsable de los llamados primer y segundo vuelo. "Entonces destacan a otro oficial uruguayo, un mayor que estaba con nosotros en el SID hasta ese momento. Cuando cierran Orletti por la fuga de uno de los detenidos, se le ocurre a este mayor ponernos una reja a los que estábamos presos en el SID.
El 12 o 15 de diciembre de 1976 nos trasladan a los penales y quedan en el SID cinco personas y es entonces cuando vienen Gordon y Patti a la sede del SID a reclamar por el dinero que Gavazzo se había traído", declaró López Burgos.
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jueves, 30 de septiembre de 2010
Ante la aprobación del Decreto Reglamentario del Artículo 10 de la Ley 18 596
Resolución adoptada por el Plenario
La anterior administración aprobó leyes muy significativas y valiosas para las víctimas del Terrorismo de Estado y para el país todo: la ley 17 949, la ley 18 026, la ley 18 033 y la ley 18 596, entre ellas.
La Ley de Reparación 18 596, una ley cuya presentación ante el Parlamento era prerrogativa del Presidente de la República, fue presentada el 4 de mayo de 2009 por parte del Poder Ejecutivo conteniendo el Artículo 10 (Reparación en Salud).
La presentación de un anteproyecto de ley supone siempre, necesariamente, varios pasos. Entre ellos, hacer el costeo del mismo, es decir, evaluar y prever el costo económico que para el Estado supondrá la aprobación del mismo.
Esta labor tan importante, normalmente, la lleva a cabo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En ocasión de la presentación del proyecto de ley de reparación, además, es pública y notoria la incidencia negativa que tuvo dicho ministerio en las características de la misma.
El anteproyecto de ley de reparación que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el 4 de mayo de 2009 ya establecía el derecho a la atención gratuita y vitalicia para los ex presos políticos, entre otros grupos de víctimas, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
El Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), creado por la Ley 18.211 de 5 de diciembre de 2007, establece que el mismo está conformado por el sistema mutual privado y el sistema mutual público (ASSE).
El proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo concedía a las ex presas y a los ex presos políticos el derecho de elegir a que prestador de salud recurrir. Se consagraba el derecho para los ex presos políticos de optar por el prestador de salud que cada uno estimara conveniente o apropiado.
Durante el trámite parlamentario del proyecto, este aspecto sustancial y básico del Artículo 10 no fue alterado ni modificado.
La Cámara de Senadores incorporó al Artículo 10, dándole rango legal, al Decreto 268/08, a instancias del magnífico trabajo realizado por la Comisión de Salud de Crysol.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley enviado por la Cámara de Senadores, sin hacerle ninguna modificación, el 9 de Septiembre de 2009.
En todas las leyes que se sancionan, si el Poder Ejecutivo está en desacuerdo con ellas, tiene, durante 10 días, la potestad constitucional de vetar, total o parcialmente su contenido.
El Poder Ejecutivo manifestó su conformidad con el proyecto, y promulgó la ley votada por el Parlamento, con fecha de 18 de Septiembre de 2009. Por lo mismo, la ley entró en vigencia a partir de dicha fecha.
El Decreto Reglamentario del Artículo 10 de la Ley Nº 18.596 que el Poder Ejecutivo acaba de aprobar, otorga la atención en salud, para las ex presas y los ex presos políticos, pura y exclusivamente, en el ámbito de ASSE y difiere sustancialmente con el proyecto de decreto que fuera presentado por el Ministerio de Salud Pública el pasado 23 de junio de 2010.
El decreto aprobado por el Poder Ejecutivo limita, restringe, cercena, el derecho a la libre opción del prestador de salud que la ley 18 596 nos otorgó a todos los ex presos políticos.
De acuerdo a las disposiciones constitucionales vigentes, el Poder Ejecutivo no tiene potestades legales para modificar el contenido de las leyes que aprueba el Parlamento aunque se le haya conferido la potestad de reglamentar la modalidad y la extensión de dicho beneficio en la Ley 18 596.
Esta eliminación del derecho consagrado a elegir el prestador de salud, se lleva a cabo, en el decreto, sin ninguna fundamentación, ni jurídica ni política por parte del Poder Ejecutivo y es, a todas luces, un franco retroceso en el camino por lograr la Reparación Integral que las normas de DDHH establecen.
Crysol, como representante de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay, no puede aceptar que, violentando las disposiciones propias del sistema constitucional vigente en el país, el Poder Ejecutivo restrinja los derechos consagrados por la Ley Nº 18 596 en materia de atención en salud.
Representamos a los miles de ciudadanos que durante el período iniciado el 13 de junio de 1968 y que desembocara en el terrorismo de Estado sufrieron apremios, torturas, prisión ilegítima en condiciones de reclusión aberrantes, diseñadas específicamente para la destrucción física, psíquica y moral, que cuentan, además, por lo mismo, como ya se ha demostrado, científicamente, con menores expectativas de vida que el resto de la población.
A 25 años del retorno a la institucionalidad democrática, por la cual tanto luchamos las ex presas y los ex presos políticos junto a los trabajadores y el pueblo, el Estado uruguayo no ha cumplido cabalmente con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, específicamente, la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas y tampoco con la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos y penas crueles inhumanos y degradantes.
Para superar las heridas aún abiertas del período iniciado el 13 de junio de 1968 y que desembocara en el período más oprobioso de la historia uruguaya, Uruguay sigue necesitando aprobar una Ley de Reparación Integral que cumpla con los estándares internacionales. Dejar sin efecto la Ley de Caducidad, ya declarada inconstitucional para una caso por la Suprema Corte de Justicia, es un paso importante para eliminar una de los estamentos fundamentales de la impunidad.
La batalla por afirmar la democracia, los DDHH y los valores y la cultura destinada a profundizar el Estado de Derecho no se agotan en dicha instancia y seguiremos, empecinadamente, bregando por ello como colectivo organizado.
Por todo lo anterior, el Plenario de Crysol resuelve:
1. Rechazar la interpretación que realiza el decreto reglamentario del Artículo 10 de la Ley Nº 18.596 aprobado por el Poder Ejecutivo por cercenar en forma ilegítima los derechos consagrados en la misma a las ex presas y ex presos políticos.
2. Encomendar a la Comisión Directiva de la institución que lleve a cabo todas las gestiones y tratativas políticas, tanto a nivel nacional como internacional, que considere pertinentes para revertir esta negativa situación.
3. Organizar institucionalmente a todas y a todos los ex presos políticos que quieran recurrir en forma individual dicho decreto, contratando a tales efectos al Dr. Pablo Chargonia y autorizando a la Comisión Directiva a proceder en tal sentido.
4. Demandar una rápida y efectiva implementación del decreto al Ministerio de Salud Pública sin perjuicio de llevar a cabo las otras acciones aprobadas.
5. Llevar a cabo una concentración el día miércoles 13 de octubre de 2010, a la hora 15 en la Plaza Independencia frente a la Torre Ejecutiva en Presidencia de la República.
6. Difundir entre todo el colectivo lo actuado y logrado hasta el momento por la Comisión de Salud de Crysol.
Montevideo, 29 de septiembre de 2010
La anterior administración aprobó leyes muy significativas y valiosas para las víctimas del Terrorismo de Estado y para el país todo: la ley 17 949, la ley 18 026, la ley 18 033 y la ley 18 596, entre ellas.
La Ley de Reparación 18 596, una ley cuya presentación ante el Parlamento era prerrogativa del Presidente de la República, fue presentada el 4 de mayo de 2009 por parte del Poder Ejecutivo conteniendo el Artículo 10 (Reparación en Salud).
La presentación de un anteproyecto de ley supone siempre, necesariamente, varios pasos. Entre ellos, hacer el costeo del mismo, es decir, evaluar y prever el costo económico que para el Estado supondrá la aprobación del mismo.
Esta labor tan importante, normalmente, la lleva a cabo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En ocasión de la presentación del proyecto de ley de reparación, además, es pública y notoria la incidencia negativa que tuvo dicho ministerio en las características de la misma.
El anteproyecto de ley de reparación que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el 4 de mayo de 2009 ya establecía el derecho a la atención gratuita y vitalicia para los ex presos políticos, entre otros grupos de víctimas, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
El Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), creado por la Ley 18.211 de 5 de diciembre de 2007, establece que el mismo está conformado por el sistema mutual privado y el sistema mutual público (ASSE).
El proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo concedía a las ex presas y a los ex presos políticos el derecho de elegir a que prestador de salud recurrir. Se consagraba el derecho para los ex presos políticos de optar por el prestador de salud que cada uno estimara conveniente o apropiado.
Durante el trámite parlamentario del proyecto, este aspecto sustancial y básico del Artículo 10 no fue alterado ni modificado.
La Cámara de Senadores incorporó al Artículo 10, dándole rango legal, al Decreto 268/08, a instancias del magnífico trabajo realizado por la Comisión de Salud de Crysol.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley enviado por la Cámara de Senadores, sin hacerle ninguna modificación, el 9 de Septiembre de 2009.
En todas las leyes que se sancionan, si el Poder Ejecutivo está en desacuerdo con ellas, tiene, durante 10 días, la potestad constitucional de vetar, total o parcialmente su contenido.
El Poder Ejecutivo manifestó su conformidad con el proyecto, y promulgó la ley votada por el Parlamento, con fecha de 18 de Septiembre de 2009. Por lo mismo, la ley entró en vigencia a partir de dicha fecha.
El Decreto Reglamentario del Artículo 10 de la Ley Nº 18.596 que el Poder Ejecutivo acaba de aprobar, otorga la atención en salud, para las ex presas y los ex presos políticos, pura y exclusivamente, en el ámbito de ASSE y difiere sustancialmente con el proyecto de decreto que fuera presentado por el Ministerio de Salud Pública el pasado 23 de junio de 2010.
El decreto aprobado por el Poder Ejecutivo limita, restringe, cercena, el derecho a la libre opción del prestador de salud que la ley 18 596 nos otorgó a todos los ex presos políticos.
De acuerdo a las disposiciones constitucionales vigentes, el Poder Ejecutivo no tiene potestades legales para modificar el contenido de las leyes que aprueba el Parlamento aunque se le haya conferido la potestad de reglamentar la modalidad y la extensión de dicho beneficio en la Ley 18 596.
Esta eliminación del derecho consagrado a elegir el prestador de salud, se lleva a cabo, en el decreto, sin ninguna fundamentación, ni jurídica ni política por parte del Poder Ejecutivo y es, a todas luces, un franco retroceso en el camino por lograr la Reparación Integral que las normas de DDHH establecen.
Crysol, como representante de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay, no puede aceptar que, violentando las disposiciones propias del sistema constitucional vigente en el país, el Poder Ejecutivo restrinja los derechos consagrados por la Ley Nº 18 596 en materia de atención en salud.
Representamos a los miles de ciudadanos que durante el período iniciado el 13 de junio de 1968 y que desembocara en el terrorismo de Estado sufrieron apremios, torturas, prisión ilegítima en condiciones de reclusión aberrantes, diseñadas específicamente para la destrucción física, psíquica y moral, que cuentan, además, por lo mismo, como ya se ha demostrado, científicamente, con menores expectativas de vida que el resto de la población.
A 25 años del retorno a la institucionalidad democrática, por la cual tanto luchamos las ex presas y los ex presos políticos junto a los trabajadores y el pueblo, el Estado uruguayo no ha cumplido cabalmente con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, específicamente, la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas y tampoco con la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos y penas crueles inhumanos y degradantes.
Para superar las heridas aún abiertas del período iniciado el 13 de junio de 1968 y que desembocara en el período más oprobioso de la historia uruguaya, Uruguay sigue necesitando aprobar una Ley de Reparación Integral que cumpla con los estándares internacionales. Dejar sin efecto la Ley de Caducidad, ya declarada inconstitucional para una caso por la Suprema Corte de Justicia, es un paso importante para eliminar una de los estamentos fundamentales de la impunidad.
La batalla por afirmar la democracia, los DDHH y los valores y la cultura destinada a profundizar el Estado de Derecho no se agotan en dicha instancia y seguiremos, empecinadamente, bregando por ello como colectivo organizado.
Por todo lo anterior, el Plenario de Crysol resuelve:
1. Rechazar la interpretación que realiza el decreto reglamentario del Artículo 10 de la Ley Nº 18.596 aprobado por el Poder Ejecutivo por cercenar en forma ilegítima los derechos consagrados en la misma a las ex presas y ex presos políticos.
2. Encomendar a la Comisión Directiva de la institución que lleve a cabo todas las gestiones y tratativas políticas, tanto a nivel nacional como internacional, que considere pertinentes para revertir esta negativa situación.
3. Organizar institucionalmente a todas y a todos los ex presos políticos que quieran recurrir en forma individual dicho decreto, contratando a tales efectos al Dr. Pablo Chargonia y autorizando a la Comisión Directiva a proceder en tal sentido.
4. Demandar una rápida y efectiva implementación del decreto al Ministerio de Salud Pública sin perjuicio de llevar a cabo las otras acciones aprobadas.
5. Llevar a cabo una concentración el día miércoles 13 de octubre de 2010, a la hora 15 en la Plaza Independencia frente a la Torre Ejecutiva en Presidencia de la República.
6. Difundir entre todo el colectivo lo actuado y logrado hasta el momento por la Comisión de Salud de Crysol.
Montevideo, 29 de septiembre de 2010
martes, 28 de septiembre de 2010
Reclaman cumplir con reparación a víctimas
PLANTEO DE LÓPEZ GOLDARACENA
Últimas Noticias. 27 9 10
"No alcanza con ponerle a la ley de Caducidad el rótulo de letra muerta, está pendiente la reparación integral a las víctimas", manifestó el abogado y senador Oscar López Goldaracena.
Según señaló, el Estado se confunde con el gobierno al tiempo que "le reconoce a las víctimas del terrorismo de Estado que tienen derecho a la reparación, pero luego doy vuelta la página y no les doy nada; lo denunciamos, es inconstitucional".
Los comentarios fueron dichos en la mesa redonda de la que participó ayer junto con los dirigentes comunistas Carlos Tuzó y José Pacella, durante el recordatorio de la muerte de ocho militantes en la Seccional 20° del Partido Comunista del Uruguay (PCU).
Para López Goldarecena, la derogación de la ley de Caducidad representa la remoción del obstáculo para la Justicia, pero añadió que un segundo paso será la aplicación de políticas públicas sobre derechos humanos.
Citó como ejemplo la protección de las víctimas y testigos de delitos contra los derechos humanos, así como para esclarecer la verdad.
"Es necesario crear juzgados especializados en derechos humanos, con fiscalías especializadas, departamentos de protección a las víctimas y testigos", sentenció.
En contrapartida, indicó que el Estado hasta el presente ha designado defensores a los indagados mientras que el trabajo recayó en las víctimas, familiares y sus abogados.
Tutzó destacó la inminencia de la anulación de la ley de Caducidad, planteando que hubiera preferido la eliminación de la norma a través de la consulta popular del año pasado, señalando que fue una posibilidad que estuvo al alcance de la mano.
En referencia a si se podrá derogar o anular la ley de Caducidad, Tutzó sostuvo que "que si maúlla, caza ratones y tiene cuatro patas, no importa si no se llama gato".
"Si cumple con la función de abrir la justicia y que se elimine la impunidad en nuestra patria, bienvenida sea", añadió.
En cuanto a la ley de Reparación, Tutzó expresó que "cuando se promulgue, no van a quedar muchos" beneficiarios de la ley de Reparación.
PREVÉN INMINENTE FALLO POR CHÁVEZ SOSA
"No sólo aventuro que en los próximos días vamos a anular la ley de Caducidad, que no podrá invocarse para impedir el juzgamiento, sino que también estarán presos los asesinos de Ubagésner Chávez Sosa", dijo el abogado Oscar López Goldaracena. El senador destacó que el juicio transcurrió con garantías para los familiares de las víctimas y que la etapa final se está manejando con suma prudencia.
"Estoy convencido de que los asesinos de Chávez Sosa van a estar adentro y va comenzar una etapa de reconstrucción histórica cuando se haga público lo que pasó dentro del Boiso Lanza no sólo con los compañeros comunistas".
López Goldaracena recordó que durante el juicio, además de la hija y la viuda de Chávez Sosa, se encontraba en el tribunal "una trouppe del Círculo Militar, sacando fotos, generando miedo". El abogado destacó que -a diferencia de otros juicios- se le permitió participar de los interrogatorios e incluso recordó que en otros casos hubo dificultades para acceder a las reconstrucciones.
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Últimas Noticias. 27 9 10
"No alcanza con ponerle a la ley de Caducidad el rótulo de letra muerta, está pendiente la reparación integral a las víctimas", manifestó el abogado y senador Oscar López Goldaracena.
Según señaló, el Estado se confunde con el gobierno al tiempo que "le reconoce a las víctimas del terrorismo de Estado que tienen derecho a la reparación, pero luego doy vuelta la página y no les doy nada; lo denunciamos, es inconstitucional".
Los comentarios fueron dichos en la mesa redonda de la que participó ayer junto con los dirigentes comunistas Carlos Tuzó y José Pacella, durante el recordatorio de la muerte de ocho militantes en la Seccional 20° del Partido Comunista del Uruguay (PCU).
Para López Goldarecena, la derogación de la ley de Caducidad representa la remoción del obstáculo para la Justicia, pero añadió que un segundo paso será la aplicación de políticas públicas sobre derechos humanos.
Citó como ejemplo la protección de las víctimas y testigos de delitos contra los derechos humanos, así como para esclarecer la verdad.
"Es necesario crear juzgados especializados en derechos humanos, con fiscalías especializadas, departamentos de protección a las víctimas y testigos", sentenció.
En contrapartida, indicó que el Estado hasta el presente ha designado defensores a los indagados mientras que el trabajo recayó en las víctimas, familiares y sus abogados.
Tutzó destacó la inminencia de la anulación de la ley de Caducidad, planteando que hubiera preferido la eliminación de la norma a través de la consulta popular del año pasado, señalando que fue una posibilidad que estuvo al alcance de la mano.
En referencia a si se podrá derogar o anular la ley de Caducidad, Tutzó sostuvo que "que si maúlla, caza ratones y tiene cuatro patas, no importa si no se llama gato".
"Si cumple con la función de abrir la justicia y que se elimine la impunidad en nuestra patria, bienvenida sea", añadió.
En cuanto a la ley de Reparación, Tutzó expresó que "cuando se promulgue, no van a quedar muchos" beneficiarios de la ley de Reparación.
PREVÉN INMINENTE FALLO POR CHÁVEZ SOSA
"No sólo aventuro que en los próximos días vamos a anular la ley de Caducidad, que no podrá invocarse para impedir el juzgamiento, sino que también estarán presos los asesinos de Ubagésner Chávez Sosa", dijo el abogado Oscar López Goldaracena. El senador destacó que el juicio transcurrió con garantías para los familiares de las víctimas y que la etapa final se está manejando con suma prudencia.
"Estoy convencido de que los asesinos de Chávez Sosa van a estar adentro y va comenzar una etapa de reconstrucción histórica cuando se haga público lo que pasó dentro del Boiso Lanza no sólo con los compañeros comunistas".
López Goldaracena recordó que durante el juicio, además de la hija y la viuda de Chávez Sosa, se encontraba en el tribunal "una trouppe del Círculo Militar, sacando fotos, generando miedo". El abogado destacó que -a diferencia de otros juicios- se le permitió participar de los interrogatorios e incluso recordó que en otros casos hubo dificultades para acceder a las reconstrucciones.
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lunes, 27 de septiembre de 2010
Buscan apoyo para eliminar Caducidad
Pit-Cnt. Habló con legisladores opositores
El País. 27 9 10. PABLO MELGAR
Luego que Jorge Larrañaga y Pedro Bordaberry se pronunciaran contra la eliminación de la Ley de Caducidad, se supo que el Pit-Cnt viene manteniendo reuniones con legisladores blancos y colorados para que apoyen la iniciativa.
"Esperamos tener el respaldo de legisladores de otros partidos, venimos manteniendo reuniones pero no podemos adelantar nada aún", señaló a El País el coordinador del Pit-Cnt, Edgardo Oyenart.
Con el argumento de que Uruguay se expone a sanciones internacionales, la central de trabajadores dará a conocer hoy su respaldo al proyecto de ley interpretativo del Frente Amplio sobre la Ley de Caducidad. "Seguimos creyendo que la ley debe eliminarse del ordenamiento jurídico. El mecanismo que se utilice no es lo que nos preocupa, la eliminación debe producirse porque lo mandata la legislación internacional que está por encima de la nuestra", dijo Oyenart.
Está previsto que cuando el Parlamento trate la ley interpretativa los sindicatos rodeen el Palacio Legislativo en apoyo de la iniciativa del oficialismo. El viernes de la próxima semana habrá un acto en la central al que asistirán dirigentes argentinos a respaldar la iniciativa.
El proyecto del oficialismo ingresó la semana pasada a la bancada de diputados del Frente y tiene el visto bueno de la Mesa Política así como del Presidente José Mujica.
Ese proyecto busca obligar a los tribunales a considerar defendidas por la Constitución todas normas internacionales de defensa de los derechos humanos y, por tanto, hacer inaplicable la Ley de Caducidad, refrendada en las urnas dos veces, en 1989 y en 2009.
El viernes pasado en Rocha, el secretario general del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, sostuvo que las internas del Frente Amplio y del sindicalismo están divididas y necesitan un tema que los unifique.
Jorge Larrañaga, presidente de la agrupación parlamentaria del Partido Nacional, se manifestó el sábado contrario a los planes de gobierno. Dijo que es "un grave error" del Frente y que "atropella" el pronunciamiento popular.
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El País. 27 9 10. PABLO MELGAR
Luego que Jorge Larrañaga y Pedro Bordaberry se pronunciaran contra la eliminación de la Ley de Caducidad, se supo que el Pit-Cnt viene manteniendo reuniones con legisladores blancos y colorados para que apoyen la iniciativa.
"Esperamos tener el respaldo de legisladores de otros partidos, venimos manteniendo reuniones pero no podemos adelantar nada aún", señaló a El País el coordinador del Pit-Cnt, Edgardo Oyenart.
Con el argumento de que Uruguay se expone a sanciones internacionales, la central de trabajadores dará a conocer hoy su respaldo al proyecto de ley interpretativo del Frente Amplio sobre la Ley de Caducidad. "Seguimos creyendo que la ley debe eliminarse del ordenamiento jurídico. El mecanismo que se utilice no es lo que nos preocupa, la eliminación debe producirse porque lo mandata la legislación internacional que está por encima de la nuestra", dijo Oyenart.
Está previsto que cuando el Parlamento trate la ley interpretativa los sindicatos rodeen el Palacio Legislativo en apoyo de la iniciativa del oficialismo. El viernes de la próxima semana habrá un acto en la central al que asistirán dirigentes argentinos a respaldar la iniciativa.
El proyecto del oficialismo ingresó la semana pasada a la bancada de diputados del Frente y tiene el visto bueno de la Mesa Política así como del Presidente José Mujica.
Ese proyecto busca obligar a los tribunales a considerar defendidas por la Constitución todas normas internacionales de defensa de los derechos humanos y, por tanto, hacer inaplicable la Ley de Caducidad, refrendada en las urnas dos veces, en 1989 y en 2009.
El viernes pasado en Rocha, el secretario general del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, sostuvo que las internas del Frente Amplio y del sindicalismo están divididas y necesitan un tema que los unifique.
Jorge Larrañaga, presidente de la agrupación parlamentaria del Partido Nacional, se manifestó el sábado contrario a los planes de gobierno. Dijo que es "un grave error" del Frente y que "atropella" el pronunciamiento popular.
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domingo, 26 de septiembre de 2010
Korzeniak explica las dificultades para derogar la Ley de Caducidad
Cuestionario. ¿Por qué no anularla? ¿Qué pasa si se deroga? ¿Valen las leyes retroactivas?
La República. 26 9 10.
La Mesa Política del Frente Amplio aprobó un proyecto para eliminar la Ley de Caducidad. Pero, si el partido de gobierno tiene mayorías parlamentarias, ¿por qué hubo tantas idas y venidas? ¿Por qué no se deroga lisa y llanamente?
En primer lugar, existen problemas políticos, derivados de los dos plebiscitos frustrados. Pero además, en materia jurídica, hay dificultades endiabladas. Para entenderlas un poco más, consultamos al constitucionalista y ex senador socialista José Korzeniak intentando aclarar punto por punto.
¬¿Por qué no anular la Ley?
¬En Uruguay no existe la figura de la anulación. Una ley se aprueba y existe. Lo que puede pasar es que luego la deroguen, pero no se borra el hecho de que existió.
¬¿Y derogarla?
¬Puede haber una ley que derogue y no rija de aquí para adelante. Pero eso no elimina el efecto que ya produjo. Y, como la propia Ley de Caducidad era retroactiva, hablaba de los delitos cometidos entre tal fecha y tal fecha, si hoy se deroga, aquellos delitos quedan caducos y los nuevos delitos de esa clase que se cometan ya no estarán amparados. De manera, que no tendría ningún efecto.
¬¿No puede haber leyes retroactivas?
¬Sí, puede. Eso es algo que se ha dicho, pero de hecho hay muchas leyes con efecto retroactivo. Eso no es un principio constitucional.
¬¿Pero, en materia penal?
¬Ahí, hay una confusión. Existe un principio en el Derecho Penal que dice que si hay dos leyes que tratan sobre una conducta se aplicará la más benévola para el reo.
Eso no tiene que ver con la retroactividad, sino por ejemplo cuando se aumenta o disminuye la pena de un delito.
Ese principio está consagrado en el artículo 15 del Código Penal y 7 del Código de Procedimiento Penal. Este principio sí, tiene cierta base constitucional, porque el artículo 10 de la Constitución dice que "Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe."
¬¿Entonces, qué se puede hacer?
¬En materia práctica, yo lo que aconsejo es que cada uno que quiera presentar una denuncia la acompañe con un escrito a la Suprema Corte para que declare que la Ley de Caducidad es anticonstitucional. Es casi un formulario, y una vez que hay jurisprudencia, la Corte lo resuelve muy rápido. Lo que pasa es que la inconstitucionalidad se declara para cada caso.
¬Pero parece no alcanzar.
¬Claro. Hay algo que yo llamaría de vergüenza de que en Uruguay esté vigente lo que Gonzalo Fernández llamó mamarracho jurídico.
¬Y está la Corte Interamericana.
¬No, fue la Comisión Interamericana de DDHH la que emitió una recomendación para que Uruguay dejara de tener esa Ley. Seguramente Uruguay se vería mucho mejor si no la tuviera.
¬¿Y por qué se pronuncia ese organismo sobre algo interno?
¬Ocurre que en materia de terrorismo de Estado, de derechos humanos, hay una tendencia internacional a considerar que afectan a la comunidad internacional. Y por tanto, a considerar que las normas internacionales sobre esos delitos tienen rango constitucional, que está por encima de las leyes ordinarias.
Por eso, se creó el Tribunal de Roma, para actuar de oficio cuando la Justicia de un país no actúa. Eso se ha incorporado a las constituciones de varios países, pero no a la del Uruguay. Yo creo que falta un artículo que diga eso en nuestra Constitución.
¬¿Estén o no ratificados esos tratados?
¬Sí, la tendencia es considerar que esos delitos contra la humanidad, o de derecho de gentes, como se les llama, tienen validez universal y todos los países están obligados a respetarlos.
¬El tema es que seguiría rigiendo el principio de la ley más benévola.
¬No, justamente. La tendencia es a que ese principio se aplica al derecho penal común, a delitos cometidos por particulares, digamos. No a estos delitos de terrorismo de Estado.
¬El proyecto habla de interpretación auténtica y de interpretación obligatoria.
¬Sí. No lo tengo a mano. En el fondo viene a ser lo mismo. La interpretación auténtica no se puede discutir. Se usa cuando la norma tiene igual jerarquía jurídica que la norma interpretada. Supongo que por eso lo ponen.
¬¿Usted no participó de la redacción?
¬No. Y le digo que yo nunca pondría la expresión "y/o" en un texto legal.
¬Pesa el tema de los plebiscitos, pero eso ya es un tema político.
¬Y también jurídico. Yo siempre sostuve la tesis de que el Cuerpo Electoral está por encima de los demás poderes.
El artículo 82 de la Constitución dice que "Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los Poderes representativos que establece esta Constitución; todo conforme a las reglas expresadas en la misma".
Es decir, viene a haber un órgano directo y tres indirectos que son los tres poderes. Se interpreta, sin embargo, que los plebiscitos no fueron para ratificar la Ley, sino meramente que no apoyaron su derogación.
Todo esto daría para mucho. Son todos problemas muy, muy complejos.
Las brechas y el consenso
¬Volviendo. De hecho, desde Tabaré la ley había tenido brechas.
¬Sí, porque el mismo texto deja afuera los delitos económicos, a los mandos, y el gobierno de Vázquez interpretó que los delitos cometidos en el exterior no estaban comprendidos. Varias cosas. Y ahora está la inconstitucionalidad sancionada por la Suprema Corte desde que se pidió para el caso de Nibia Sabalsagaray.
¬El miedo es que la Corte cambie la composición y cambien de interpretación.
¬No. Justamente porque es toda una tendencia internacional, como le digo. Hoy es una interpretación ampliamente aceptada.
¬¿Usted aconseja no legislar?
¬Yo comprendo que a Uruguay lo dejaría mejor que esa ley no existiera. Supongo que por eso hay algunos compañeros que quieren impulsar su eliminación. Aunque en la práctica, como le digo, se puede recurrir a la Corte. A mí me alegraría que esa ley no existiera. Y quisiera que se lograra el mayor consenso.
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Larrañaga rechaza derogar Caducidad
Promoverá otro plebiscito si Mujica no veta la ley
El País. 26 9 10.
El proyecto de ley interpretativo del Frente Amplio que pretende anular los efectos de la ley de Caducidad es "un grave error" de la coalición de izquierda y "atropella" el pronunciamiento popular, dijo a El País el senador nacionalista Jorge Larrañaga, que quiere saber si el presidente José Mujica vetará la iniciativa.
Larrañaga anunció que, si es necesario y si esa ley se aprueba, acompañará un nuevo plebiscito sobre el tema. "Acá está en juego la libertad, el respeto, el Estado de derecho, la certeza y la credibilidad del sistema político", afirmó Larrañaga.
El proyecto de ley del oficialismo ingresó esta semana a la bancada de diputados del Frente y tiene el visto bueno de la Mesa Política así como del presidente José Mujica. Allí se declara "como interpretación obligatoria" que los artículos 1, 3 y 4 de la ley de Caducidad violan varios artículos de la Constitución de la República y son "inaplicables".
"Me parece un grave error del Frente Amplio. No se trata de un proyecto que discuta sobre los derechos humanos. Es un proyecto que atropella directamente el pronunciamiento de la gente ejercido en dos instancias plebiscitarias. Es imposible, por más mayorías que se tengan, torcer la decisión de la ciudadanía. Nuestra democracia es representativa, pero ante mecanismos de democracia directa los ciudadanos se pronunciaron en forma clara", indicó el senador aliancista.
Larrañaga recordó que en el año 1989, cuando se realizó la primera consulta popular, acompañó el voto verde para derogar la ley de Caducidad. "Pero después de dos claros pronunciamientos para mantener la ley, es un ejercicio de soberbia pretender otra interpretación. Han pasado 24 años y se sigue con el mismo tema", protestó.
Larrañaga le pregunta públicamente a Mujica si vetará la iniciativa en caso de que el proyecto de ley se apruebe en el Parlamento y entre en vigencia: "¿Mujica como presidente le faltará el respeto a la mayoría del pueblo uruguayo? No debe olvidar que es el presidente de todos. Su importante credibilidad está en juego. ¿Qué opina el ex presidente (Tabaré) Vázquez, que aplicó la ley durante su mandato?", preguntó.
Larrañaga agregó que "si la ley del Frente se aprueba, se podría llegar a una tercera instancia plebiscitaria, un verdadero disparate, un absurdo".
Pero adelantó que "si hay que recorrer este camino, lo recorreremos para respetar los pronunciamientos democráticos". A juicio del senador aliancista, la movida del oficialismo en este tema es una "cortina de humo" en el medio del debate presupuestal, "con enorme conflictividad sindical y graves problemas de seguridad ciudadana".
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El País. 26 9 10.
El proyecto de ley interpretativo del Frente Amplio que pretende anular los efectos de la ley de Caducidad es "un grave error" de la coalición de izquierda y "atropella" el pronunciamiento popular, dijo a El País el senador nacionalista Jorge Larrañaga, que quiere saber si el presidente José Mujica vetará la iniciativa.
Larrañaga anunció que, si es necesario y si esa ley se aprueba, acompañará un nuevo plebiscito sobre el tema. "Acá está en juego la libertad, el respeto, el Estado de derecho, la certeza y la credibilidad del sistema político", afirmó Larrañaga.
El proyecto de ley del oficialismo ingresó esta semana a la bancada de diputados del Frente y tiene el visto bueno de la Mesa Política así como del presidente José Mujica. Allí se declara "como interpretación obligatoria" que los artículos 1, 3 y 4 de la ley de Caducidad violan varios artículos de la Constitución de la República y son "inaplicables".
"Me parece un grave error del Frente Amplio. No se trata de un proyecto que discuta sobre los derechos humanos. Es un proyecto que atropella directamente el pronunciamiento de la gente ejercido en dos instancias plebiscitarias. Es imposible, por más mayorías que se tengan, torcer la decisión de la ciudadanía. Nuestra democracia es representativa, pero ante mecanismos de democracia directa los ciudadanos se pronunciaron en forma clara", indicó el senador aliancista.
Larrañaga recordó que en el año 1989, cuando se realizó la primera consulta popular, acompañó el voto verde para derogar la ley de Caducidad. "Pero después de dos claros pronunciamientos para mantener la ley, es un ejercicio de soberbia pretender otra interpretación. Han pasado 24 años y se sigue con el mismo tema", protestó.
Larrañaga le pregunta públicamente a Mujica si vetará la iniciativa en caso de que el proyecto de ley se apruebe en el Parlamento y entre en vigencia: "¿Mujica como presidente le faltará el respeto a la mayoría del pueblo uruguayo? No debe olvidar que es el presidente de todos. Su importante credibilidad está en juego. ¿Qué opina el ex presidente (Tabaré) Vázquez, que aplicó la ley durante su mandato?", preguntó.
Larrañaga agregó que "si la ley del Frente se aprueba, se podría llegar a una tercera instancia plebiscitaria, un verdadero disparate, un absurdo".
Pero adelantó que "si hay que recorrer este camino, lo recorreremos para respetar los pronunciamientos democráticos". A juicio del senador aliancista, la movida del oficialismo en este tema es una "cortina de humo" en el medio del debate presupuestal, "con enorme conflictividad sindical y graves problemas de seguridad ciudadana".
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El apoyo internacional a la postulación de las Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz
Red de solidaridades para luchadoras incansables
El 8 de octubre el Comité Nobel anunciará quién resultó electo como ejemplo de la paz en el mundo. Agradecida por la candidatura que impulsó el senador Daniel Filmus, Estela de Carlotto dijo que “el mejor premio, siempre, es encontrar otro nieto”.
Página 12. 26 9 20. Producción: Federico Poore.
El juez español Baltasar Garzón, la senadora chilena Isabel Allende, el cantante Joan Manuel Serrat y la Selección Argentina de fútbol son algunos de los embajadores de lujo que impulsan la postulación de las Abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Convocados por la asociación civil Abuelas de la Paz, todos ellos brindaron su respaldo a la organización que preside Estela de Carlotto y abogaron por que el premio que el comité noruego entregará en dos semanas se lo lleve Abuelas “por su incansable tarea”.
La candidatura, impulsada por tercer año consecutivo por el senador Daniel Filmus, fue aceptada por el comité el 20 de abril. Desde entonces, decenas de artistas y personalidades que por su prestigio y trayectoria gozan de una fuerte visibilidad pública se sumaron a la iniciativa y comenzaron a oficiar como sus embajadores ante el mundo.
El arte
“Su causa es la mía”, manifestó Serrat en su carta de apoyo. “Su ejemplo, su compromiso y su trabajo incansable a lo largo de todos estos años han hecho posible no sólo rescatar y restituir a las legítimas familias a muchos niños secuestrados por la dictadura sino también mantener encendida en la sociedad, dentro y fuera de la Argentina, la llama de la conciencia que nos empuja a conocer la verdad”, escribió.
El músico catalán forma parte del Consejo de Notables que el mes pasado hizo su presentación oficial en el Senado argentino. En aquel entonces, el juez Baltasar Garzón –suspendido en su país por investigar los crímenes del franquismo– dio su apoyo a las Abuelas en un acto que compartió junto a la senadora Isabel Allende, la hija del ex presidente Salvador Allende; y el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.
El madrileño Ismael Serrano también se manifestó a favor de la iniciativa. Las Abuelas –dijo– “forman parte de una asociación que lucha por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio. Hubieran preferido no asumir el protagonismo que hoy tienen, pero terribles circunstancias las obligaron a tomar la responsabilidad que al día de hoy las ha convertido en indispensables referentes morales en todo el mundo”, expresó el músico.
El autor de “Principio de incertidumbre” relató algunas de las charlas que compartió con Carlotto y con Tati Almeida, la referente de Madres de Plaza de Mayo, y luego confesó: “En cada encuentro trato de contagiarme de su arrebatadora juventud”.
“Aun hoy, hombres y mujeres nacidos entre el ’75 y el ’80, con dudas con respecto a su identidad biológica, siguen acudiendo a las Abuelas en busca de la verdad”, contó Serrano. “Tras el análisis de ADN, después de tantos años, vuelven a nacer al reconocerse en las fotos de los padres reencontrados que las abuelas siempre guardan como un tesoro”, concluyó.
Para el músico Miguel Angel Estrella, embajador argentino ante la Unesco, la acción de Abuelas es “una causa de amor y justicia para pacificar nuestra sociedad”. “Su acción humanista, valiente y de gran coraje ha contribuido no sólo a resistir una dictadura cruel, sino también a preparar el retorno a la democracia –escribió Estrella desde París–. Conquistada ésta, con nobleza e inteligencia ejemplares comenzaron las investigaciones sin pausas para llegar a los juicios de los represores, responsables de la desaparición de sus hijos y del robo de los nietos nacidos durante el cautiverio de sus madres.”
Apoyos locales
Uno de los respaldos argentinos más difundidos recibidos por Abuelas fue el del ex entrenador de la selección nacional Diego Maradona. Junto con el suyo, llegó el de todo el equipo celeste y blanco, que el pasado 24 de mayo desplegó una bandera en el estadio Monumental apoyando la postulación.
En los días previos a la Copa del Mundo, el ex DT recibió en Sudáfrica a Carlotto. Maradona, quien había conocido a la titular de Abuelas en un acto por el 1º de mayo en Cuba, expresó su respaldo a las acciones emprendidas por la organización. “Todos tenemos que estar con ellas”, expresó Maradona, antes de abrazarse con Carlotto en una imagen que recorrió el mundo. Ella prefirió aclarar que que “el mejor premio, siempre, es encontrar otro nieto”.
Otros apoyos locales fueron los de los músicos León Gieco y Gustavo Santaolalla, el rabino Daniel Goldman, el historiador Felipe Pigna, el periodista Pedro Brieger y el filósofo Ricardo Forster. En esa misma línea, Abuelas de la Paz organizó durante las últimas semanas juntas de firmas en distintos puntos del país, buscando darle un espaldarazo popular a la iniciativa. Hasta ayer se habían recolectado más de 12 mil adhesiones.
Las chances
Este año llegó a Oslo la cifra record de 327 propuestas de nominaciones. Se habló, por ejemplo, de una potencial candidatura del presidente de Bolivia, Evo Morales –que obtuvo el respaldo del ex Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel–, pero hasta ahora los integrantes del jurado mantuvieron un fuerte hermetismo sobre los potenciales competidores de Abuelas. Todo parece indicar que, fiel a su estilo, el Comité que desde 1901 entrega los premios mantendrá en secreto la nómina final.
El ganador será anunciado en Oslo el viernes 8 de octubre y la ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 10 de diciembre, cuando se conmemore la muerte del sueco Alfred Nobel, ideólogo del galardón.
“Se lo merecen por muchas razones, no sólo por las históricas –expresó Filmus al justificar la iniciativa–. No sólo por haber peleado en épocas en las que el terrorismo de Estado imperaba en la Argentina, sino porque siempre han buscado justicia y memoria, y nunca la venganza ni la revancha personal”, agregó.
Argumentos similares brindó la organización Abuelas de la Paz. “Con su lucha infatigable se han transformado en uno de los principales paladines y símbolos del valor de la democracia y la paz en América latina, uno de los continentes más golpeados por las interrupciones del orden constitucional”, expresaron sus referentes. En menos de dos semanas se sabrá si finalmente llegó la hora de ese reconocimiento.
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"Un trabajo memorable"
EL JUEZ ESPAÑOL BALTASAR GARZON
“El apoyo a Abuelas de Plaza de Mayo para el Nobel de la Paz es obligado para alguien que cree que la justicia es uno de los caminos para la paz, y las Abuelas han demandado y demandan justicia frente a crímenes que atacan a la comunidad internacional”, expresa desde Madrid el juez Baltasar Garzón.
Horas después de ser premiado en Turquía por su defensa de los derechos humanos, el asesor del Tribunal Penal Internacional dice que “la perseverancia en la exigencia de justicia ha contribuido y contribuye a fomentar la convivencia pacífica en Argentina y en el mundo.”
–¿Cuándo se enteró del trabajo que hace la organización?
–Conocí la organización en 1996, con ocasión de las investigaciones en el caso Argentina, conocido en España como caso Scilingo (N. de R.: por el marino condenado por genocidio por Garzón). En el marco del mismo se abrió un anexo para indagar la existencia de posibles “niños robados”. Se investigó con esmero y dedicación formando, incluso, un grupo policial para ello, aunque no se cristalizó en el hallazgo de alguno de ellos.
–¿Cree que su participación en el Consejo de Notables es un reconocimiento al apoyo que ha obtenido en Argentina por parte de las Abuelas y de otras organizaciones de derechos humanos?
–La inclusión en el Consejo ha sido para mí un honor y sólo pretendo que esto pueda contribuir a visibilizar la importancia de esta candidatura. Me siento honrado por el apoyo que las Abuelas siempre han hecho de mi trabajo y el de tantos otros jueces que, desde la convicción de que la impunidad, no puede triunfar, trabajamos por la justicia y la reparación de las víctimas.
–¿Qué papel cree que juegan organizaciones como Abuelas en la lucha por el derecho a la verdad?
–Sin lugar a dudas el papel de Abuelas en la lucha contra la impunidad ha resultado esencial, junto con otros colectivos también empeñados en que no se cierre la página de la represión sin una respuesta a las atrocidades cometidas. Se trata –y esto es lo que siempre reclamaron y reclaman Abuelas– de que los victimarios respondan ante la Justicia, y que ésta, con todas las garantías que impone el Estado de derecho, diga la última palabra. La verdad judicial es necesaria para avanzar en la democracia y la reconciliación en la Argentina.
–Siendo que es la tercera vez consecutiva que se impulsa la candidatura, ¿cómo evalúa las chances de que la organización obtenga el galardón?
–Espero que este año el Comité reconozca la importancia de los aportes que Abuelas de Plaza de Mayo hace con su trabajo memorable en la recuperación de la identidad de más de cien personas, el impulso a los juicios y la reivindicación del rol de la sociedad civil frente a la violación masiva de los derechos humanos y en favor de la paz y la concordia entre los ciudadanos que sufren la acción de la violencia.
Sólo aprendiendo de este esfuerzo podemos aspirar a no repetir la misma historia. Otorgar el premio a Abuelas no sólo es de justicia, sino que marcará el camino para generaciones venideras en la lucha contra la indiferencia y la impunidad y, por ende, en favor de la paz en el mundo.
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"Simbolizan el amor"
LA SENADORA DE CHILE, ISABEL ALLENDE
“El compromiso y el trabajo incesante de las Abuelas de Plaza de Mayo durante todos estos años han sido fundamentales para localizar y restituir a sus legítimas familias a los niños secuestrados y desaparecidos por la represión política”, asegura la senadora chilena Isabel Allende, hija de Salvador, el presidente destituido por el golpe de Augusto Pinochet.
La legisladora socialista destaca la lucha de Abuelas, quienes nunca dejaron de exigir “castigo a los responsables de privar a sus nietos de vivir con su legítima familia, así como de sus derechos y libertades”.
–¿Cómo descubrió el trabajo de Abuelas?
–Cuando las Abuelas comenzaron a trabajar en su incansable lucha, nos fuimos encontrando en distintos foros internacionales. Yo vivía en México y junto a Tencha, mi madre, fuimos coincidiendo con las Abuelas en la búsqueda de la verdad y la justicia, y por tanto, conozco su trabajo desde un comienzo y desde esos años he valorado ampliamente las tareas que han realizado en pos de encontrar a sus nietos.
A Estela de Carlotto la recuerdo con gran cariño: ella es una mujer que simboliza el amor, la dignidad y la voluntad porque, a pesar de todo, mantiene su energía y alegría de vivir. Todas las Abuelas son mujeres espléndidas y es un orgullo para mí haber sido invitada a participar en este comité internacional pro Premio Nobel de la Paz para las Abuelas.
–¿Qué aspecto es el que más rescata de la lucha de Abuelas?
–Las Abuelas han logrado localizar y restituir la identidad de 102 personas secuestradas y entregadas a represores y sus cómplices. Quiero aprovechar esta ocasión para felicitarlas, porque sé que ahora, al comienza de la primavera, este septiembre de 2010, han recuperado la identidad del nieto 102, hijo de Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein.
Además, como parte de su causa han conseguido establecer el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y han colaborado activamente en la recuperación de centros de detención clandestinos para convertirlos en espacios de la memoria.
Una de las cuestiones más relevantes es cuando en 1997 las Abuelas de Plaza de Mayo propusieron incorporar a la Convención sobre los Derechos del Niño el derecho a la identidad, que fue incluido en los artículos 7 y 8, conocidos por eso como los artículos argentinos.
Esta contribución plasmó la labor de las Abuelas, pero también permitió establecer universalmente el derecho a un nombre, a conocer a los padres, comprometiendo a los Estados participantes a garantizar estos derechos y a restablecer la identidad que le ha sido privada al niño o a la niña.
En la búsqueda permanente e incansable de sus nietos han creado en la sociedad argentina y en el mundo una verdadera conciencia sobre la necesidad de que estos cruentos hechos no vuelvan a repetirse, de conocerse la verdad, enjuiciar a los culpables y buscar y encontrar a los niños desaparecidos.
–¿Cree que instituciones como Abuelas hicieron la diferencia para que en la Argentina se juzgaran los crímenes y se encontrara a los desaparecidos, mientras que en otros países esto no fue así?
–Estoy segura de ello. Las Abuelas se han constituido en un referente moral, pero también en ejemplo e inspiración de acción política y social en la lucha por los derechos humanos.
No puedo sino señalar que su causa, sus reivindicaciones y su apego a la verdad y la justicia se nos hicieron presentes en el reciente debate que tuvimos en Chile acerca del indulto a los violadores de derechos humanos, impulsado por algunas iglesias y, sobre todo, por sectores afines a la dictadura que vieron en el Bicentenario y en la clemencia una razón para respaldar una medida que significaba un retroceso en el compromiso que como sociedad hemos sellado en materia de derechos humanos.
En el año de nuestros bicentenarios, las Abuelas nos entregan un potente testimonio sobre conquistas de justicia, respeto y compromiso con la democracia y los derechos humanos a través de la lucha social. Estos valores son las bases del reencuentro y la convivencia social que queremos legar a las futuras generaciones de nuestro continente americano.
–¿Cree que la organización tiene buenas chances de obtener el galardón?
–Puede que no sea este año en el que podamos lograr este premio para las Abuelas de Plaza de Mayo, ya que este tipo de gestiones requieren de un largo proceso, y especialmente de difundir y posicionar el trabajo que ellas han venido desarrollando.
Creo que sí estamos en el camino correcto, porque lo más importante es el reconocimiento que alcance internacionalmente su causa y los avances logrados. Y, especialmente, que se sepa que ellas han sentado un precedente en el derecho internacional, al consagrar el derecho a la identidad como un derecho inalienable para toda niña o niño, para cualquier nieta o nieto.
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"Una causa progresista"
EL POLITOLOGO ERNESTO LACLAU
“La defensa de los derechos humanos a nivel internacional es un asunto fundamental”, destaca Ernesto Laclau desde Londres, donde trabaja hace más de treinta años. Para el politólogo, “las violaciones que han tenido lugar en la Argentina han sido terribles, y en ese contexto tanto Abuelas como Madres han tenido un papel descollante, desde el mismo período de la dictadura, en defender estos derechos”.
–Cuando estalló el golpe, usted estaba trabajando en Inglaterra. ¿Cómo se enteró del trabajo de Abuelas?
–Me fui enterando a lo largo de los años, por medio de ciertos canales a partir de los cuales las noticias, incluso en períodos dictatoriales, se filtran.
–¿Qué aspecto es el que más destaca de la lucha de Abuelas?
–Todos los aspectos relacionados con la cuestión de los derechos humanos, desde ya, donde el rol de ellas ha sido fundamental. Nosotros hemos tenido el proceso de reconocimiento de derechos humanos más progresista del continente, y ellas han fomentado y apoyado este proceso, siendo que en otras partes y en otros países la ruptura con el pasado no ha sido ni tan remotamente radical. Pero en segundo lugar creo que también ha sido muy importante el apoyo que les han dado a las causas progresistas que se están desarrollando en el continente.
–En este sentido, ¿cómo evalúa que se ha dado este proceso en otros países?
–En otros países como Brasil hemos asistido al desarrollo de movimientos de base a través de los cuales ciertos sectores que eran reprimidos por la dictadura comenzaron a organizarse. Pero en ningún caso alcanzaron la magnitud y la visibilidad internacional que ha tenido la lucha de Abuelas.
–No es la primera vez que se impulsa esta postulación. ¿Cómo ve las chances de que la organización obtenga el premio?
–No lo sé, no tengo contacto con las organizaciones en Noruega que deciden acerca del Premio Nobel. Depende de movimientos internos de los cuales no estoy enterado y no puedo predecir. Lo único que podemos hacer quienes apoyamos la candidatura es hablar del trabajo de Abuelas y poner la mejor de las voluntades para que les den el premio.
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"Las abuelas ya son Nobel"
EL RABINO DANIEL GOLDMAN
“Las Abuelas son ejemplo y paradigma de lo que significa en nuestro país la reivindicación de las consignas de verdad, memoria y justicia”, asegura Daniel Goldman, rabino de la Comunidad Bet-El.
Goldman destaca “justamente esa fuerza y garra que le ponen, siempre haciéndolo con altura y delicadeza, pero acompañadas con la convicción y la firmeza. Creo que se han transformado en un ejemplo vivo para todo el mundo de cómo tiene que ser el sentido del reclamo y cualquier estilo de reivindicación de los derechos humanos”.
–¿Cuándo se enteró del trabajo que hace Abuelas?
–Desde la época de la última dictadura, ya que pertenezco al movimiento de derechos humanos desde que cursaba el seminario. Cuando era seminarista, me empapé en los temas de derechos humanos a través del rabino Marshall Meyer. Lo acompañé en muchas de estas cuestiones y una vez que me ordené como rabino asumí como parte de mi tarea cotidiana la defensa de estos derechos.
–¿Qué aspecto es el que más rescata de la lucha que han librado las Madres y Abuelas?
–Son todos, los pequeños y los grandes momentos, los que vuelven su lucha un sentido de ejemplo. Sería difícil poder rescatar un espacio en particular.
–Siendo que es la tercera vez que se impulsa la candidatura, ¿cómo evalúa las chances de que la organización obtenga el premio?
–Las abuelas ya son Premio Nobel. Simplemente los del Comité aún no se dieron cuenta.
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"Un aporte a la vida"
EL MUSICO GUSTAVO SANTAOLALLA
“La tarea que las Abuelas vienen realizando desde 1977 relacionada a la recuperación de los hijos de desaparecidos amerita la candidatura por muchos motivos. Escuché de ellas por primera vez a través de mi hermano del alma, León Gieco”, afirma el músico Gustavo Santaolalla.
Desde Los Angeles, el compositor y productor ganador de dos premios Oscar destaca que “la dedicación y el compromiso con su trabajo, el apoyo en pruebas científicas para el reconocimiento, la intención no de venganza ni de resentimiento, sino de orden y justicia. Todos esos componentes hacen de las Abuelas de Plaza de Mayo una organización ejemplar en el mundo entero. Un grupo de seres humanos que a través de su labor nos ayudan a acercarnos más a la paz en toda su amplitud.”
–¿Qué aspecto de su tarea es la que más destaca?
–Creo que la combinación de todas las facetas que involucran su trabajo es lo que las hace únicas e imprescindibles.
–Es la tercera vez consecutiva que se impulsa la candidatura de Abuelas. ¿Cómo evalúa las chances de que la organización obtenga el galardón?
–Creo que desafortunadamente en el mundo siguen existiendo no sólo situaciones similares a las que ocurrieron en nuestro país y que llevaron a la creación de las Abuelas, sino que todavía nos encontramos frente a un planeta donde la raíz ideológica que lleva a los hombres a cometer atrocidades inconcebibles perdura. Pienso que es un gran momento para que a través de un reconocimiento como el Premio Nobel a las Abuelas de Plaza de Mayo el mundo pueda quizás entender y aprender un poco más de quiénes somos, y cuál es la diferencia que podemos hacer y aportar a la vida de todos.
"Una voz sin sed de venganza"
EL PERIODISTA VICTOR HUGO MORALES
“Apoyo la candidatura de Abuelas porque son una emocionante voz de justicia, sin rencores, sin sed de venganza. Porque el mensaje es pacificador y lo han tenido que llevar con un extraordinario espíritu de tolerancia, confrontando con la violencia constante que le tiran encima quienes se oponen a la búsqueda de la verdad”, exclama Víctor Hugo Morales.
Para el periodista uruguayo, “su mensaje es ejemplar, tranquilizador, sereno, en un contexto en el que es difícil mantenerse sin levantar el tono, sin caer en la contienda directa: todo lo contrario, creo que son un ejemplo en el estilo de estos hombres muy especiales que ha habido en la humanidad y que han emergido luego de haber padecido y sufrido mucho, como (José ‘Pepe’) Mugica, como (Michelle) Bachelet”.
–¿Cuándo se enteró del trabajo de Abuelas?
–Conozco la tarea de Abuelas desde hace muchos años, incluso participé en un programa de televisión que sirvió para que encuentren a uno de los nietos. Antes del 2000, de la película de Blaustein (N. de la R.: Botín de Guerra), yo tenía una opinión muy formada. En la película no fui a descubrir algo, sino a corroborarlo. Es indudable que su lucha ha encontrado un contexto mucho más fuerte, mucho más favorable en los últimos años.
–¿Qué faceta lo conmueve más de la lucha de Abuelas?
–A mí me emociona todo de Abuelas, incluso su prudencia. Leí el libro de Victoria Donda y ahí se percibe de manera extraordinaria la delicadeza con la que las Abuelas llegan a los episodios, como yendo en puntas de pie para no generar la mínima rispidez, resquemor, error, daño. Es una cosa absolutamente ejemplar. Si alguien me dice: “Poneme en el podio tres hechos ejemplares de la Argentina”, las Abuelas de Plaza de Mayo estarían en primer lugar, sin dudas.
–¿Cómo evalúa las chances de que la organización obtenga el galardón?
–Siento que la movida es más intensa que en otras épocas, aunque siempre aligero mis expectativas, porque atada a las expectativas viene la decepción. Si bien hay una correspondencia muy extraordinaria entre las Abuelas y el premio, también es verdad que lo de las Abuelas no necesita algo así para seguir siendo lo que son en mi corazón y en el de la gente. No es la final del campeonato del mundo, en la que si no pudiste demostrarlo con un título te quedaste a mitad de camino. No hay nada que demostrar. Es un logro que le da un contexto mejor a una lucha que lo excede. Si lo ganan, voy a celebrar muchísimo. Si lo pierden, no me va a importar en lo más mínimo.
Argentina: Para instalar la memoria en las escuelas
TRES LIBROS PARA DOCENTES CON MATERIAL SOBRE EL HOLOCAUSTO, MALVINAS Y LA ULTIMA DICTADURA
El material fue editado por el Ministerio de Educación nacional y será distribuido entre docentes de escuelas secundarias de todo el país. Aborda “tres acontecimientos del siglo pasado que dejaron su huella en el presente”.
Página 12. 25 9 10. Por Eduardo Videla
¿Hubo resistencia a la implementación de las políticas de exterminio implementadas por el régimen nazi? ¿No podían desertar los soldados antes de ser enviados a Malvinas por la dictadura de Galtieri? ¿Es posible relacionar el Holocausto con la última dictadura?
Estas y otras preguntas y los textos que permiten elaborar las respuestas forman parte del trabajo presentado esta semana por el Ministerio de Educación: la Colección Educación y Memoria, integrada por los libros Pensar Malvinas, Holocausto.
Preguntas, respuestas y propuestas para su enseñanza y Pensar la dictadura: terrorismo de Estado en Argentina. “Son tres acontecimientos del siglo pasado que no están cerrados, dejaron su huella en el presente y merecen ser trabajados en la escuela para que no se olviden”, dijo a Página/12 Mara Brawer, subsecretaria de Equidad y Calidad Educativa y responsable de la colección.
El material está destinado a docentes de escuelas medias de todo el país y viene a llenar un hueco documental y teórico para trabajar en las aulas temas de importancia fundamental. “Muchos docentes están muy comprometidos con estos temas pero muchas veces no saben cómo hablarles del horror a sus alumnos”, comentó Brawer.
El fragmento de una carta de Mordejai Anielewicz, uno de los líderes de la rebelión del gueto de Varsovia, en abril de 1949, contribuye a responder una de las preguntas enunciadas al comienzo de esta nota. “Varias compañías nuestras atacaron a los alemanes que huían”, relata, en una descripción del combate que duró alrededor de un mes. Aunque luego admite que en las condiciones en que viven “solo una minoría podrá resistir. El resto morirá tarde o temprano”.
“El Holocausto es la primera acción sistemática de un Estado en pos de un genocidio”, evalúa Brawer para explicar por qué se eligió ese tema como eje de uno de los materiales editados. “Buscamos que los textos no sólo contribuyan a saber lo que pasó, sino cómo y por qué pasó”, agregó la funcionaria. Con ese objetivo, los trabajos tienen no sólo material informativo, sino documentos y testimonios, así como propuestas y sugerencias de ejercicios para trabajar con los estudiantes.
El texto que invita a Pensar Malvinas, en tanto, comienza con un relato sobre la guerra de 1982 y el contexto en que se dio, recoge testimonios y relatos de ex combatientes, conscriptos y también oficiales, como el del comandante del Crucero General Belgrano.
Recorre luego la historia previa de las islas, incluyendo la figura mítica del gaucho Antonio Rivero, que encabezó una rebelión en 1833, y la expedición del grupo de jóvenes peronistas y nacionalistas de 1966, el llamado Operativo Cóndor.
El material se detiene a analizar el tratamiento que los medios de comunicación le dieron al conflicto y la literatura inspirada tanto en los combates como en sus secuelas en quienes participaron del conflicto.
“En uno de los talleres previos a la redacción de estos materiales, uno de los chicos preguntó por qué los jóvenes conscriptos que habían sido convocados para participar en la guerra no desertaron”, recordó Brawer en diálogo con este diario. “Desde la perspectiva actual, es difícil comprender que eso era imposible en el contexto de la dictadura”, agrega.
Esos talleres previos, realizados con estudiantes y docentes en distintas provincias, contribuyeron a elaborar las preguntas y las respuestas que conforman los textos. El material incluye propuestas para trabajar en el aula: consignas para discutir, realizar nuevas investigaciones o producir nuevos textos.
En el texto para Pensar la dictadura se encuentran materiales a los que docentes y estudiantes no podrían acceder sin realizar un riguroso trabajo de investigación.
La primera solicitada publicada por las madres y esposas de desaparecidos, en octubre de 1977; la lista de canciones y libros censurados por el régimen; las postales que la revista Para Ti incluía en sus ediciones para que sus lectores envíen al exterior como canallesca desmentida de las denuncias de violaciones de derechos humanos, se reúnen en el mismo tomo con la anécdota relatada por el periodista Juan José Panno, que da cuenta de la represión a los hinchas de Nueva Chicago, cuando cantaron la marcha peronista después de festejar un gol de su equipo.
Otro documento relevante es el fragmento del diálogo entre el periodista y empresario Jacobo Timerman y su torturador, el general Ramón Camps, que contribuye a responder la pregunta sobre la vinculación entre Holocausto y dictadura: “Si exterminamos a todos habrá miedo por varias generaciones”, se definió el represor. “Es lo que intentó Hitler –le respondió su prisionero–. Y, sin embargo, quedaron en algún lugar, en alguna memoria, registrados sus nombres, sus imágenes, sus ideas.” “Hitler perdió la guerra. Nosotros ganaremos”, replicó Camps.
Para Brawer, la discusión es importante porque “algunas ideas autoritarias vigentes durante la dictadura siguen presentes”. Para ilustrar, mencionó lo ocurrido el mismo día de la presentación: “Un contingente escolar no vino porque el supervisor entendió que era peligroso venir al ministerio, pues ese día había una manifestación estudiantil”. Los tres tomos fueron presentados el jueves por el ministro Alberto Sileoni, con la presencia del juez federal Daniel Rafecas.
Brawer explicó que con el material editado “intentamos que el pasado genere preguntas sobre el presente con la idea de formar ciudadanos críticos en las escuelas”. Como síntesis, recordó la frase del filósofo alemán Theodor W. Adorno: “La exigencia de que Auschwitz no se repita es la primera de todas en la educación”.
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viernes, 24 de septiembre de 2010
"Sin la ayuda de Brasil y la CIA no liquidaban a los tupamaros"
CONFESIÓN DEL EX REPRESOR BRASILEÑO MARCO POLO GIORDANI
Un ex represor brasileño confesó que participó de los preparativos de la Operación Charrúa para invadir Uruguay en 1971 si Juan María Bordaberry no ganaba las elecciones. Dijo que tras la ejecución de Dan Mitrione y el secuestro del cónsul Aloysio Dias Gomide, Brasil y la Central de Inteligencia Americana (CIA) tuvieron directa participación en la represión de los tupamaros.
Caras y Caretas. 24 9 10. TEXTO: ROGER RODRÍGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy
Las revelaciones del hoy abogado Marco Polo Giordani, ex agente en Porto Alegre del Destacamento de Operaciones de Información (DOI) dependiente del federal Centro de Operaciones de Defensa Interna (CODI) con sede en San Pablo, fueron realizadas al periodista José Mitchell durante una entrevista del ciclo Historias que, producido por la televisora TVCOM, fue emitido el pasado 11 de setiembre en la red de cable de Río Grande del Sur y generó fuertes repercusiones en blogs y webs de los telespectadores.
Marco Polo Giordani, quien llegó al grado de sargento segundo del Ejército brasileño, fue cooptado desde muy joven por los servicios de inteligencia de la dictadura norteña, entrenado en teoría y represión en la Escuela Superior de Guerra (ESG) e infiltrado en la Facultad de Derecho de Porto Alegre, para pasar a desempeñarse como 'espía' durante diez años al servicio del temible DOI-CODI, responsable de la mayoría de las muertes y desapariciones de opositores durante el régimen militar brasileño.
Confeso ultraderechista y abogado del 'negacionista' Siegfield Elwanger Castan (varias veces encausado por el activista de los derechos humanos Jair Krischke debido a sus publicaciones antisemitas que cuestiona la existencia del holocausto judío), Giordani admitió que durante sus años de espionaje hizo seguimiento a políticos de la actualidad como Pedro Simón, Tarso Genro e Ibsen Pinheiro, además de controlar algunos viajes a tierras gaúchas del fallecido líder comunista Luis Carlos Prestes, a quienes calificó como “esa turba de izquierdistas”.
“OPERACIÓN CHARRÚA”
Giordani explicó que el Sistema Nacional de Informaciones, creado en Brasil luego del derrocamiento de João Goulart en 1964, fue un modelo para la DINA de Chile, los servicios de Argentina y, particularmente, los aparatos represivos de Uruguay a los cuales Brasil proveía “de armas, municiones, materiales y gente, porque no tenían infraestructura” para enfrentar a un “movimiento subversivo como los tupamaros que hasta tenían hospitales subterráneos”.
El represor brasileño sostuvo: “Cuando estaba en la tropa nos preparamos para la Operación Charrúa por la que íbamos a invadir a Uruguay si Bordaberry no ganaba las elecciones. Como ganó, no invadimos. Yo tengo conocimiento de que nosotros colaboramos sustancialmente para la liquidación del movimiento tupamaro. Si no fuera por nosotros y también por la CIA, los uruguayos por sí solos no podían liquidarlos. Ésa es la realidad”, dijo.
“Después que mataron a Dan Mitrione y secuestraron al cónsul en Uruguay, hubo una reunión entre el presidente norteamericano [Richard Nixon] y [Emilio Garrastazú] Médici, y ellos decidieron desmantelar al movimiento tupamaro”, afirmó Giordani para confirmar lo que señalan archivos estadounidenses recientemente descalificados en los que Nixon en un diálogo con su secretario de Estado, Henry Kissinger, precisamente dice que el dictador brasileño los había ayudado con la situación de Uruguay.
Giordani se hizo conocido en Brasil cuando editó el libro Brasil sempre como respuesta al libro Brasil Nunca Más, donde se enumeraban los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar entre 1964 y 1985. También ha editado el libro Operación Estrela Vermelha, entre otras publicaciones que reivindican la represión y la Doctrina de la Seguridad Nacional brasileña.
LILIÁN Y UNIVERSINDO
El ex agente brasileño también reveló que en 1978, cuando se produjo el secuestro en Porto Alegre de los uruguayos Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez, “alguien” quería que el operativo lo realizara el sector de informaciones del Ejército brasileño, pero los mandos militares se negaron y la coordinación de la operación represiva con los represores uruguayos fue encomendada al Departamento de Orden Político y Social (DOPS) de la policía gaúcha.
El secuestro de Celiberti y Rodríguez fue descubierto por dos periodistas brasileños que al denunciar el caso provocaron un escándalo internacional y obligaron al comando militar uruguayo, encabezado por el capitán Eduardo Ferro, a mantener con vida a los dos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) que fueron trasladados ilegalmente a Uruguay y finalmente terminaron procesados por la Justicia militar.
“Si nosotros hubiéramos hecho la operación, no hubiera ocurrido lo que pasó, pero se la dieron al DOPS. Esos uruguayos eran subversivos. Los pintaron como héroes, pero eran subversivos tupamaros”, confesó Giordani, quien también admitió que durante los años de dictadura, personal brasileño fue a Uruguay para preparar a los agentes uruguayos en la lucha contra la subversión. “Incluso el delegado Felury fue allá y dio clases. No sé si realizó operaciones”, agregó.
Sergio Paranhos Fleury, jefe del DOPS brasileño, fue señalado por el ex agente uruguayo Mario Barreiro Neira como el represor brasileño enviado por el dictador Médici para coordinar con los militares uruguayos la denominada Operación Escorpión por la que se habría cambiado una medicación del derrocado presidente João Goulart para provocarle la muerte en 1976, en el marco del llamado Plan Cóndor.
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El caso Gelman va a la CIDH
LA NIETA DEL POETA DENUNCIA LA DESAPARICION DE SU MADRE
Página 12. 24 9 10
La nieta del poeta Juan Gelman espera que con esta medida se reactive la investigación. Ayer, en conferencia de prensa, anunció su viaje a Ecuador para asistir a la audiencia de la CIDH. “Es muy difícil para mí”, explicó.
Uruguay se sentará el próximo lunes 4 de octubre en el banquillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Quito, se tratará la denuncia que presentó Macarena Gelman por la desaparición de su madre, María Claudia García. La nieta del poeta Juan Gelman espera que con esta medida se reactive la investigación. Ayer, en una conferencia de prensa en la capital uruguaya, anunció su viaje a Ecuador para la reunión de la CIDH.
“Es muy difícil para mí enfrentarme a mi propio país, o al país que me impusieron, porque nací y crecí acá”, dijo la mujer, de 33 años. “No es algo que me alegre, me da cierta tristeza”, comentó a este diario desde Montevideo.
El 8 de mayo de 2006, Macarena Gelman interpuso una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque, según la joven, en su país no había justicia por la desaparición de su madre.
En julio de 2008, la CIDH emitió unas recomendaciones al Estado uruguayo para avanzar en el camino de la justicia. Pero ante el incumplimiento de esos pasos, la CIDH elevó el informe a la Corte Interamericana, que tratará el lunes 4 de octubre el caso en Quito. “Lo esperamos con mucha expectativa”, confió a Página/12 Macarena Gelman. “Es una instancia de concreción de un proceso que lleva cuatro años”,.
La joven viajará a Ecuador junto con su abuelo. Los acompañará como testigo Sara Méndez, quien estuvo detenida en Automotores Orletti junto con el hijo y la nuera de Juan Gelman. También, la fiscal Mirtha Guianze y el historiador Gerardo Caetano oficiarán de peritos de la parte demandante. El Estado uruguayo tendrá que designar un representante que dé explicaciones por la demora del Caso Gelman.
María Claudia García Iruretagoyena fue secuestrada el 24 de agosto de 1976 junto con Marcelo Gelman. Ella tenía 19 años y estaba embarazada de siete meses. La pareja fue llevada al centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, una sede del Plan Cóndor.
Los restos de Marcelo fueron encontrados en 1989 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). De María Claudia se supo que fue trasladada por oficiales de la Fuerza Aérea uruguaya al Servicio de Información de Defensa (SID). María Claudia y Macarena estuvieron juntas hasta aproximadamente diciembre de 1976 en esa dependencia de Montevideo.
Los represores dejaron el 14 de enero de 1977 a la beba en una cesta en la puerta de la casa de la familia del ex policía Angel Tauriño. Después de años de búsqueda, su abuelo, Juan Gelman, la encontró en los primeros meses de 2000. Macarena todavía busca los restos de su madre.
Durante la presidencia del frenteamplista Tabaré Vázquez, la causa por la desaparición de María Claudia se reabrió en dos oportunidades, en 2005 y en 2008, pero los avances han sido casi nulos. “Actualmente la causa sigue su curso. No ha habido investigación. No ha habido hechos concretos. No siento que exista una voluntad política, más allá de palabras”, denunció la nieta del poeta.
“Lo que se ha hecho es una acumulación de papeles y pruebas que pueden alcanzar para condenar, pero no indica que haya investigación, porque la Justicia no es sólo castigar a los culpables sino que representa la verdad. Y, de verdad, yo no he obtenido nada en diez años”, La prensa uruguaya publicó en los últimos días que el oficialismo está apurando la aprobación de un proyecto de ley para dejar sin efecto la Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y que impide que se juzgue a los represores de la dictadura uruguaya.
“Impunidad existe porque hay una ley que la consagra”, se quejó Macarena, quien ve con buenos ojos que desde el Frente Amplio se esté avanzando para terminar con esa normativa. “Sería muy satisfactorio que se concretara, porque sigue siendo un proyecto de ley. Pero es bueno que el Estado tome esa iniciativa”.
Según difundió el diario uruguayo La República, la bancada oficialista espera que la Cámara de Diputados le otorgue entre el 5 y el 6 de octubre la media sanción al proyecto y que después pase rápidamente al Senado. La prensa local explicó que el gobierno pretende que se sancione la ley interpretativa antes de que terminen las audiencias en Quito.
Dicha ley podría evitar que el organismo falle en contra de Uruguay por no respetar la legislación internacional que obliga a avanzar en materia de verdad y justicia. “Lo último que quería yo era llegar a esta instancia”, explicó ayer Macarena Gelman en la conferencia de prensa.
La Corte Interamericana puede emitir una sentencia inapelable y de cumplimiento obligatorio. Eso es lo que espera Macarena: “Hay gente que renuncia a la justicia pero ésa no es mi opción. Yo no renuncio a la justicia y quiero una justicia plena”.
Informe: Luciana Bertoia.
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"No renuncio a la justicia y quiero que sea plena" afirmó Macarena
Reclamo. Profundizar investigación de las violaciones a los DDHH durante la dictadura
La República. 24 9 10.
Macarena. Con sus abogadas, ayer, durante la conferencia de prensa.
Macarena Gelman insistió en la necesidad de "profundizar" la investigación en torno a las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la última dictadura, y reclamó un mayor compromiso del Estado en la búsqueda de la "verdad". "No renuncio a la justicia y quiero que sea plena", dijo la joven.
Las abogadas Ariela Peralta y Liliana Tojo, integrantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, (Cejil) y Macarena Gelman realizaron ayer una conferencia de prensa en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) para brindar detalles de la audiencia oral a desarrollarse el próximo 4 de octubre, en el marco de la demanda internacional presentada contra el Estado uruguayo, por la imposibilidad de "acceso a la justicia", ante la vigencia de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado".
Gelman insistió en la necesidad de una mayor participación del Estado en la investigación de los crímenes perpetrados durante la última dictadura, y cuestionó la vigencia de la Ley de Caducidad. En este sentido, la norma "viola flagrantemente la separación de poderes", porque para "poder avanzar en una investigación (el Poder Judicial) tiene que pedir el aval del Poder Ejecutivo", con lo cual la posibilidad de investigar está sujeta a "la decisión de un gobierno, cuando se está pidiendo la decisión de un Estado", dijo la joven.
"Un gobierno dura cinco años, (y) nada nos asegura que la interpretación que se ha hecho continúe con otro gobierno, no podemos pensar que por 30 o 50 años tengamos el mismo gobierno y la misma posición", señaló la joven como argumento para litigar ante la CIDH, cuando el caso por la desaparición de su madre fue reabierto en 2008 por la Justicia uruguaya.
Asimismo, Gelman estimó que "no hay conciencia" sobre el aplacamiento de voluntades generado por la ley. "Hay gente que ha resuelto renunciar a la justicia. No es mi opción, yo no renuncio a la justicia y quiero que sea plena". "La solución no puede ser puntual, tiene que garantizar a todos lo que están en esta situación", expresó.
Gelman insistió además con la "falta de investigación" en torno a los crímenes perpetrados por los agentes del aparato estatal durante la última dictadura. "En la causa existe una acumulación de papeles y pruebas que pueden alcanzar para condenar, no lo dudo (...) pero no indica que haya investigación y que se aporten nuevos datos". "La justicia no es sólo castigar a los culpables sino también es (acceder a) la verdad. En 'verdad' no he obtenido nada en 10 años".
"Contamos con la misma información que pudo reunir mi abuelo y su mujer en el año 2000 cuando se me ubicó". Desde entonces, "no han habido aportes por parte del Estado (...) La causa (judicial) sigue su curso, pero representa poco más que un trámite, no hay investigación ni aportes por parte del Poder Ejecutivo", señaló Gelman.
Asimismo, "durante este gobierno no hubo ninguna señal; si bien se han dado expresiones favorables, no han habido hechos concretos, no ha habido apoyo, no sé si existe voluntad política más allá de palabras. No dejo de reconocer los avances que se hicieron, está claro que antes de 2005 era impensable llegar a esta situación, pero me parece que se tiene que seguir profundizando", dijo Gelman.
En este sentido, la abogada Liliana Tojo afirmó que "la vigencia de la Ley de Caducidad y su aplicación en el caso puntual de María Claudia (García) afectó y afecta la justicia en el caso (porque) violenta investigaciones que se pudieron haber hecho y no se hicieron". "La calidad de la investigación no alcanza a satisfacer las obligaciones internacionales que Uruguay tiene en materia de debida diligencia sobre violaciones graves a los derechos humanos", expresó Tojo.
Por su parte, Peralta destacó que la Justicia uruguaya no cumple con "los estándares requeridos para la investigación de un delito de esta gravedad". "El punto de la Ley de Caducidad es importante porque (...) es un impedimento para el acceso a verdad y justicia". En este sentido, la abogada señaló la necesidad de contar con una "mirada especializada", por cuanto la indagatoria refiere a "violencia ejercida por el Estado" y requiere "estándares específicos".
Abogada Ariela Peralta: "Cumplimiento obligatorio"
La abogada Ariela Peralta manifestó que el estándar internacional en casos de violaciones a los derechos humanos y la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que "no deben existir elementos ni eximentes de responsabilidad de ningún tipo, ni para el pasado ni para el presente ni para el futuro, respecto a la responsabilidad en la comisión" de estos delitos.
"El acceso a la verdad y la justicia (es) un compromiso de los Estados contra la impunidad". Los Estados no pueden promover leyes de amnistía "directas o cubiertas" para eximir de responsabilidad a los autores "materiales o intelectuales" de estos crímenes, por cuanto dichas normas contravienen la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre otras normas del derecho internacional, señaló Peralta.
El derecho internacional "no es una entelequia", sino que "forma parte de los compromisos que (Uruguay) aceptó al ratificar tratados internacionales", por lo cual, el fallo de la Corte será de "cumplimiento obligatorio" y podría implicar la necesidad de promover reformas legislativas y normativas del Poder Judicial "en busca de que el Estado uruguayo esté en concordancia con las obligaciones asumidas".
Incluso, la Corte podría reclamar un "acto de disculpa" por parte del Estado, vaticinó Peralta.
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jueves, 23 de septiembre de 2010
Crearon una Comisión para recordar el plebiscito del 80
Los protagonistas. Convocan a "reconstruir la memoria"
El "SI" tuvo 42,51% de votos válidos y el "NO" un 56,83%.
La República. 23 9 10
El histórico NO. Se cumplen tres décadas del pronunciamiento popular.
El PIT-CNT, la FEUU, ex presos políticos, familiares de desaparecidos y otras organizaciones conformaron una comisión para celebrar los 30 años de la derrota del proyecto constitucional de la dictadura en 1980.
Además de un acto que realizarán el 30 de noviembre, convocan "a reconstruir la memoria de las miles de expresiones de lucha, las volanteadas, las pintadas, las reuniones y marchas relámpago, la huelga de Veterinaria, la huelga de la construcción, la resistencia al cambio de fecha del 1 de mayo de 1980, fecha en que fue asesinado el obrero metalúrgico Jorge Reyes, el asesinato en tortura de Hugo Dermit". Y, en general, "a rescatar el protagonismo del pueblo y sus organizaciones en esta epopeya por la libertad y la democracia".
En esa época, no teniendo rumbo claro, las Fuerzas Armadas anunciaron un cronograma que pasaba por una nueva Constitución. Se designó una "Constituyente", integrada por el Consejo de Estado ¬un Parlamento elegido a dedo- y oficiales superiores. El texto que se sometió a votación incluía, entre otras cosas, un órgano militar permanente con atribuciones para anular leyes y decretos.
Eran los años más oscuros de la dictadura. Contra una abrumadora publicidad gubernamental, las organizaciones clandestinas de izquierda realizaron numerosas acciones propagandísticas contra el proyecto y algunas personalidades no proscritas de los sectores democráticos de los partidos tradicionales, como Enrique Tarigo y Eduardo Pons Etcheverry, iniciaron la publicación de semanarios opositores y llegaron a acceder a debates televisados con defensores del proyecto. Por el "SI" hubo un 42,51% de los votos válidos y por el "NO" un 56,83%. Hubo, además, un 0,66% de votos en blanco.
Esta derrota, aparte de sorprender a los promotores de la iniciativa y al mundo, hizo que la dictadura entrara en un período de descomposición que culminó en las elecciones de 1984.
Este año varias organizaciones pensaron formas de recordar el acontecimiento. Se dijo que el vicepresidente Danilo Astori iba a proponer una actividad de la Asamblea General. La Mesa del Frente Amplio resolvió organizar su conmemoración y ahora estas organizaciones sociales emitieron ayer un comunicado.
"Este pronunciamiento se dio en medio de condiciones durísimas, represión permanente con 10 mil presos políticos, decenas de miles de despedidos y destituidos, cientos de miles de exiliados, los sindicatos, las organizaciones populares y los partidos políticos ilegalizados, la educación intervenida y la complicidad de los grandes medios de comunicación con la dictadura", expresa el documento.
"El triunfo del NO fue una sorpresa para los dictadores y para el mundo, no lo fue para quienes asumieron una conducta permanente de resistencia", agrega. "Desde la clandestinidad la CNT y la FEUU en un llamado al pueblo uruguayo en setiembre de 1980 decían: "Esta etapa actual que debe congregar a todos los orientales honestos es la de enfrentamiento a la dictadura en sus intentos por institucionalizarse.
Llamamos pues a todos los orientales patriotas, sean cuales sean sus ideas, filosóficas, políticas, religiosas, para que aúnen esfuerzos para derrotar con un NO categórico las pretensiones de la dictadura de eternizarse en el poder".
Firman: PIT-CNT, Fucvam, FEUU, Onajpu, Crysol, MADRES Y FAMILIARES de Detenidos Desaparecidos.
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Ley de Caducidad: se votaría el 5 ó 6 de Octubre
PIT-CNT. Prepara movilización
La República. 23 9 10
El proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad ingresará formalmente a la Cámara de Representantes el próximo día 28, a través de una sesión extraordinaria. La bancada de legisladores del Frente Amplio espera que la iniciativa tenga aprobación parcial el próximo 5 ó 6 de octubre, para luego pasar su tratamiento en el Senado.
El martes, la coordinación de bancada del FA decidió que el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad sea finalmente aprobado en el mes de octubre, para lo cual, la iniciativa ingresará formalmente a la Cámara baja el día 28, y se espera que los diputados lo aprueben, con la firma de los 50 diputados de izquierda, "y alguno otro más de la oposición", entre el 5 ó el 6 de octubre, estimó el diputado del PVP, Luis Puig.
El legislador explicó que el proyecto debe aprobarse en Asamblea General, pero su tratamiento puede ser en conjunto o por separado. Destacó que si el Parlamento lo aprueba y el Ejecutivo lo promulga, la ley erradicará los efectos negativos de la Ley de Caducidad de nuestra legislación.
Puig aclaró que se trata de una lucha importante contra la impunidad, y que este proyecto tuvo el aval de la Mesa Política del FA y contará con los votos de todos los legisladores de izquierda.
Si bien las audiencias internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a desarrollarse en la ciudad de Quito-Ecuador, por la demanda que le hiciera la familia Gelman contra el Estado uruguayo por la desaparición y secuestro de María Claudia García, comenzará el 4 de octubre, se estima que el proceso llevará varios días y podría dar el tiempo para que la ley interpretativa quede sancionada antes que este organismo falle contra Uruguay por no respetar la normativa internacional.
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miércoles, 22 de septiembre de 2010
Procesamiento para el jefe de "El Vesubio"
DELITOS DE LESA HUMANIDAD
Página 12. 22 9 10
El juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento, con prisión preventiva, para el ex oficial de inteligencia del Ejército Gustavo Cacivio, conocido como "El Francés". El magistrado imputa al represor alrededor de un centenar de secuestros y torturas cometidos en su carácter de "jefe" del centro clandestino de detención "El Vesubio", durante la última dictadura militar.
El procesamiento y prisión preventiva -que el ex militar cumple en la cárcel de Marcos Paz del Servicio Penitenciario Federal- fue dictado en el marco de la "megacausa" en la que el magistrado investiga violaciones a los derechos humanos cometidas en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército.
Esas investigaciones, al igual que la causa en la que se investigan los delitos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), que tramita el juez Sergio Torres, fueron reabiertas tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final.
"La identificación, detención y ahora el procesamiento de quien, bajo el apodo 'El Francés', fuera el conductor del citado centro de detención y tortura durante el año 1978, fue el resultado a varios años de paciente investigación", indicaron fuentes judiciales. Cacivio, de 67 años, oficial de inteligencia del ejército, capitán al momento de los hechos, y coronel retirado en la actualidad, fue mencionado "por muchos de los sobrevivientes, dado que su presencia era constante en interrogatorios y sesiones de tormentos".
El represor, coincidieron los testigos, también era quien "decidía, por ejemplo, a quién torturar y cuándo, o en qué sitio un prisionero iba a ser alojado, dentro de las tres casas que componían el centro de detención".
Las fuentes agregaron que "la detención de Cacivio se suma a los 12 ya imputados por el juez por las privaciones ilegales de la libertad y las torturas padecidas por más de 200 víctimas verificadas en `El Vesubio`". De esa docena de imputados, ocho están siendo juzgados actualmente ante el Tribunal Oral Federal Cuatro, en tanto los restantes -tres militares de alto rango y un agente del Servicio Penitenciario- fueron procesados por Rafecas el 16 de julio último.
Entre los desaparecidos que pasaron por "El Vesubio" estuvieron los escritores Haroldo Conti y Héctor Oesterheld; el director de cine Raymundo Gleyser; la Presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires Beatriz Perosio y los alumnos de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini Mauricio Wainstein, Mirta Diez y Laura Feldman.
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Página 12. 22 9 10
El juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento, con prisión preventiva, para el ex oficial de inteligencia del Ejército Gustavo Cacivio, conocido como "El Francés". El magistrado imputa al represor alrededor de un centenar de secuestros y torturas cometidos en su carácter de "jefe" del centro clandestino de detención "El Vesubio", durante la última dictadura militar.
El procesamiento y prisión preventiva -que el ex militar cumple en la cárcel de Marcos Paz del Servicio Penitenciario Federal- fue dictado en el marco de la "megacausa" en la que el magistrado investiga violaciones a los derechos humanos cometidas en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército.
Esas investigaciones, al igual que la causa en la que se investigan los delitos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), que tramita el juez Sergio Torres, fueron reabiertas tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final.
"La identificación, detención y ahora el procesamiento de quien, bajo el apodo 'El Francés', fuera el conductor del citado centro de detención y tortura durante el año 1978, fue el resultado a varios años de paciente investigación", indicaron fuentes judiciales. Cacivio, de 67 años, oficial de inteligencia del ejército, capitán al momento de los hechos, y coronel retirado en la actualidad, fue mencionado "por muchos de los sobrevivientes, dado que su presencia era constante en interrogatorios y sesiones de tormentos".
El represor, coincidieron los testigos, también era quien "decidía, por ejemplo, a quién torturar y cuándo, o en qué sitio un prisionero iba a ser alojado, dentro de las tres casas que componían el centro de detención".
Las fuentes agregaron que "la detención de Cacivio se suma a los 12 ya imputados por el juez por las privaciones ilegales de la libertad y las torturas padecidas por más de 200 víctimas verificadas en `El Vesubio`". De esa docena de imputados, ocho están siendo juzgados actualmente ante el Tribunal Oral Federal Cuatro, en tanto los restantes -tres militares de alto rango y un agente del Servicio Penitenciario- fueron procesados por Rafecas el 16 de julio último.
Entre los desaparecidos que pasaron por "El Vesubio" estuvieron los escritores Haroldo Conti y Héctor Oesterheld; el director de cine Raymundo Gleyser; la Presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires Beatriz Perosio y los alumnos de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini Mauricio Wainstein, Mirta Diez y Laura Feldman.
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El papel del Estado en la causa por Papel Prensa
EL GOBIERNO PIDIO QUE SEAN CONVOCADOS PARA UNA DECLARACION INDAGATORIA LOS MILITARES, FUNCIONARIOS Y EMPRESARIOS QUE PARTICIPARON EN LA OPERACION
El secretario de Derechos Humanos solicitó ser querellante en la causa sobre los secuestros de los Graiver y sus empleados. En base al informe de la Secretaría de Comercio, vinculó la compra de Papel Prensa con delitos imprescriptibles.
Página 12. 22 9 10. Por Irina Hauser
El gobierno nacional denunció ante el juez federal de La Plata Arnaldo Corazza el “desapoderamiento ilegítimo de Papel Prensa SA a quienes eran sus propietarios”, los integrantes del grupo Graiver, y atribuyó ese “despojo” a una “voluntad mancomunada de las autoridades de la dictadura cívico-militar y de los propietarios de los diarios” Clarín, La Nación y La Razón, que participaron de la operación de compra-venta en la noche del 2 de noviembre de 1976.
En la presentación, que realizaron el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y el subsecretario, Luis Alén, piden ser querellantes y sostienen que la “apropiación ilegal” de la proveedora de papel se debe interpretar en el contexto de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, que tuvieron a los Graiver y personas de su entorno como víctimas.
El documento reclama la indagatoria del dictador Jorge Rafael Videla, el ex almirante Emilio Massera, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y el ex secretario de Desarrollo industrial Raymundo Podestá, a quienes acusa de asociación ilícita, extorsión, privación ilegal de la libertad, tormentos y la muerte a causa de las torturas en el caso de Jorge Rubinstein (abogado, mano derecha de David Graiver).
Y como partícipes necesarios pide que sean interrogados los directivos de los diarios y de la firma que conformaron para el traspaso (Fapel): Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y los Peralta Ramos.
“El Poder Ejecutivo nacional entiende que los hechos objeto de esta querella constituyen graves delitos previstos por el derecho penal internacional que configuran violaciones a los derechos humanos”, dice la querella de casi 200 páginas presentada ayer, que tiene a su vez el patrocinio del procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha.
También asegura que, según los pactos internacionales, el criterio de imprescriptibilidad se debe aplicar tanto a “la autoridad del Estado” como “a los particulares que participen como autores o cómplices”.
Corazza es el juez a cargo de la investigación sobre los crímenes dictatoriales cometidos en los centros clandestinos del “Circuito Camps”, entre ellos Puesto Vasco, donde estuvieron detenidos la mayoría de los integrantes del Grupo Graiver.
En abril último abrió un expediente aparte para analizar el traspaso accionario de Papel Prensa a raíz de una denuncia inicial de la Secretaría de Derechos Humanos, que había recibido el testimonio de Rafael Ianover, quien participó de la operación como testaferro de David Graiver, fallecido en un extraño accidente aéreo en México el 7 de agosto de 1976. Ianover relató que en plenas tratativas le dijo al dueño de La Razón Patricio Peralta Ramos (recientemente fallecido) que “temía por su libertad” y el empresario le aseguró que no le pasaría nada.
Antes de concretar la venta, agregó en el juzgado, un grupo de tareas entró a su casa, revolvió armarios y se llevó de todo. El 12 de abril de 1977 lo detuvieron. Hoy volverá a declarar ante los fiscales Marcelo Molinas, Hernán Schapiro y Carlos Dalau Dum.
La Secretaría de Derechos Humanos plantea que “los delitos de lesa humanidad cometidos contra las víctimas del llamado grupo Graiver no comienzan con el secuestro, tortura y vejámenes de todos ellos” y el homicidio de Rubinstein, ocurridos desde marzo y abril de 1977, sino antes, “con la etapa extorsiva que lo antecede” y que incluyó “una cuidadosa preparación mediática” muy anterior a la cesión de acciones. En esa tónica, tras la muerte de David Graiver –socio mayoritario en Papel Prensa– sostienen que los diarios instalaban lo que llamaban el “caso Graiver” y la supuesta “necesidad de investigar al grupo” económico al que ligaban con maniobras ilegales y con Montoneros.
En ese contexto, dice la denuncia, “la dictadura terrorista” les hacía llegar “claros mensajes” a la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, a Isidoro Graiver, a Ianover y otros miembros de su círculo. Tenían que disolver el núcleo empresario y “Papel Prensa SA debía ser transferida a Clarín, La Nación y La Razón. Cualquier otra negociación no sería aprobada por el Estado”, socio en la papelera.
“Estos mensajes eran directamente extorsivos (...) Sin las presiones, intimidaciones y amenazas efectuadas sobre los integrantes del grupo Graiver, la operación de venta de las acciones de Papel Prensa no se hubiera llevado adelante”, postula la querella.
Como respaldo, cita varios testimonios, algunos de los cuales ya en 1985 formaban parte de la pesquisa del ex fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas.
Por entonces, por ejemplo, Lidia Papaleo de Graiver y su cuñado Isidoro Graiver relataban casi con idénticas palabras cómo fueron empujados a entregar Papel Prensa a los diarios (ver aparte). Tanto ella como Ianover ratificaron y ampliaron este año aquel viejo testimonio ante la Secretaría de Comercio y en tribunales. Precisaron que al momento del traspaso no pudieron leer lo que estaban firmando ni opinar sobre el precio, que quedó establecido en 946.600 dólares, con un adelanto de 7 mil.
Al analizar la operatoria, la denuncia enumera irregularidades, como la falta de precisión sobre cuántas acciones se traspasaban y un informe del Banco de Desarrollo que aseguraba que el precio pagado era “inferior al real” (ver aparte). “En ese marco absolutamente irregular, pero contando con la convalidación de sus asociados de la Junta Militar –dice el texto–, Clarín, La Razón y La Nación impusieron su criterio por encima de la legislación vigente, y la cesión de las acciones Clase A que habían sido arrancadas mediante extorsión a los integrantes del Grupo Graiver, quedaba aprobada” en la asamblea de accionistas del 18 de enero de 1977.
Los propios diarios publicaban, el 19 de mayo de aquel año, una solicitada que decía que habían “adquirido las acciones Clase A de Papel Prensa previa consulta y posterior conformidad de la Junta de Comandantes en Jefe”, recuerda el escrito del Gobierno.
Pero los Graiver y su entorno fueron detenidos. Lidia, su hermano Osvaldo Papaleo, Isidoro Graiver, su esposa Lidia Brodsky, Rubinstein, Ianover, Juan Graiver y Eva Gitnacht (padres de David), Silvia Fanjunl (empleada de los Graiver), Lidia Gesualdi (secretaria). La mayoría sufrió torturas durante su detención y luego fueron “blanqueados”, a disposición del Poder Ejecutivo.
Para investigar al grupo económico la junta nombró a un oficial preventor militar, que fue Oscar Gallino –ya fallecido–, señalado como interrogador también dentro de los centros clandestinos. Las constancias que dejaba Gallino de sus actividades forman parte de la prueba que la Secretaría entregó. El 7 de abril de 1977 a las 16.30 escribió que había recibido a “los directores y asesores letrados de La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo Fundador de Papel Prensa”.
Esa visita, sostiene el Gobierno, “mostraba el grado de vinculación entre la dictadura y sus asociados” en Papel Prensa. Dos días después vuelve anotar que Podestá y (otra vez) “a los presidentes de los directorios de los diarios con sus letrados” concurrieron a “producir sendos informes”. También asienta la visita de las autoridades del Banco Central y del Banco Nación para considerar los casos del Banco Comercial de La Plata y el de Hurlingham. “Ese mismo día, Gallino preparaba los interrogatorios a tomar el día siguiente”, sostiene la presentación.
Diez días después la Junta Militar decidió la “interdicción de los bienes de los Graiver y la prohibición” de que pudieran disponer de ellos o administrarlos. Papel Prensa no estaba en el paquete, porque ya había sido “entregada como botín de guerra a sus socios Clarín, La Nación y La Razón”, denuncia el Gobierno. Los Graiver fueron condenados por asociación ilícita con Montoneros, pero en 1982 la Justicia federal revirtió esa decisión.
La Secretaría de Derechos Humanos señala que el gobierno de Raúl Alfonsín “reconoció la ilegitimidad del despojo de los bienes de los Graiver, entre ellos las acciones de Papel Prensa”, y que ya durante el juicio al ex capellán Christian Von Wernich, fueron juzgadas las detenciones ilegales y torturas de algunos de los Graiver como delitos de lesa humanidad. Remarcan que esos hechos no se pueden disociar de la venta de Papel Prensa y concluyen que la dictadura apostó “al control de la prensa escrita a través del control del papel”.
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