martes 24 de agosto, 8:58 PM
BUENOS AIRES (AP) - El gobierno difundió el martes un informe que acusa a los dueños de los dos principales diarios argentinos de crímenes de lesa humanidad por la apropiación ilegal de la mayor proveedora de papel para prensa durante la última dictadura militar y adelantó que los denunciará ante la justicia, agudizando así la disputa que mantiene con los medios de comunicación más críticos.
La acusación aparece publicada en el informe "Papel Prensa, La Verdad", con más de 20.000 fojas, dado a conocer este martes en un acto encabezado por la presidenta Cristina Fernández y difundido por cadena nacional.
En concreto, el informe acusa a los diarios "La Nación" y "Clarín" y al desaparecido "La Razón" de ser cómplices de los jerarcas militares para apropiarse en noviembre de 1976 de forma ilegal de la empresa. "La Razón", accionista en Papel Prensa, se declaró en quiebra el 2000.
También les imputa que a partir del control mayoritario de Papel Prensa ambos medios ejercieron una "manipulación de cupos y precio del papel" en perjuicio de otros competidores.
Los dos diarios denunciaron más temprano un supuesto plan del gobierno para apoderarse de Papel Prensa S.A y así controlar un "insumo esencial" para la libertad de expresión.
Tras la lectura del informe, la presidenta Fernández anunció que el material será presentado ante la justicia y además anunció que presentará un proyecto de ley para "declarar de interés público la producción de celulosa y de papel de diario, su distribución y comercialización", lo que en los hechos implica que La Nación y Clarín perderán su posición dominante en Papel Prensa.
El anuncio se hace en medio del duro enfrentamiento que mantienen el gobierno y el Grupo Clarín, el conglomerado de medios más poderoso del país.
Papel Prensa, que abastece a más de 130 clientes en todo el país y produce 176.000 toneladas de papel para diario, pertenecía al banquero David Graiver, vinculado al grupo guerrillero Montoneros, y fue vendida a los tres diarios varios meses después de que el financiero murió en un accidente aéreo.
La viuda de Graiver, Lidia Papaleo, y otros familiares, "actuaron bajo amenaza y no eran libres de proceder como lo hicieron" al momento de ceder las acciones a los tres diarios, dijo el abogado Alberto González Arzac, quien abrió la lectura del reporte.
Según el letrado, los familiares de Graiver fueron "sometidos a amenazas, apremios ilegales, secuestros, privaciones ilegítimas de la libertad en lugares clandestinos, interdicción de bienes y torturas".
"Se verifica el accionar ilegal de los diarios participantes de las transferencias accionarias", afirmó González Arzac.
Sin embargo, "La Nación" y "Clarín" sostuvieron que "nunca, en 27 años de democracia, Papel Prensa recibió ningún cuestionamiento administrativo o judicial por su origen".
Los dos diarios subrayaron que los integrantes del grupo Graiver fueron ilegalmente detenidos meses después de la venta de Papel Prensa, pero "por imputaciones ajenas a este tema".
Según organismos de derechos humanos, 30.000 personas desaparecieron durante la dictadura de 1976 a 1983.
La composición accionaria de Papel Prensa S.A indica que el Grupo Clarín posee 49%, La Nación el 23% y el Estado el 27,55% restante.
Respecto a las acusaciones sobre que detrás del informe se esconde una maniobra del gobierno para controlar a la prensa escrita, la presidenta ironizó: "Uno infiere de sus dichos que quien controla Papel Prensa controla la palabra impresa. Quiero coincidir con Clarín. Quien controla Papel Prensa controla la palabra impresa porque es la única empresa que produce en el país pasta celulosa para fabricar papel de diario, lo distribuye y lo comercializa. Es una empresa monopólica integrada verticalmente".
En ese sentido, adelantó que el Poder Ejecutivo elaborará un marco regulatorio de este insumo, con el objetivo de asegurar "un tratamiento igualitario para todos los diarios de la Pepública Argentina, en precios, condiciones y cantidad".
La pelea entre Clarín y el gobierno, que lo acusa de buscar desestabilizarlo, lleva más de dos años. En este tiempo, el oficialismo encabezó una embestida en su contra primero arrebatándole los derechos de televisión de los partidos de fútbol, luego alentó una investigación judicial contra la dueña del grupo mediático por supuesta adopción ilegal de sus dos hijos durante la dictadura y días atrás canceló la licencia de una proveedora de internet perteneciente al conglomerado.
El diario La Nación también ha sido crítica a la administración kirchnerista.
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