Entre quienes se encadenaron esta semana en el Ministerio de Defensa estuvieron las esposas y hermanas de Ernesto Barreiro, Horacio Losito, Rafael Barreiro, Aldo Martínez Segon y Alfredo Astiz. Podrían repetir la escena el martes, en el juicio a Videla y Menéndez.
Página 12. 8.8.10 Por Nora Veiras
“Las señoras de...” entraron modositas al Edificio Libertador. Ya en territorio, desenfundaron el uniforme de combate: remeras con una bandera argentina encarcelada, el logo que identifica a la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina. Detrás de Cecilia Pando, mascarón de proa de todas las movidas mediáticas, se atrincheraron, atadas por finas cadenas, otras mujeres ignotas. Los esposos o hermanos de varias de ellas son, en cambio, famosos por las atrocidades cometidas durante la represión ilegal. Ernesto Barreiro está siendo juzgado por torturas y fusilamientos en Córdoba, Horacio Losito y Rafael Barreiro fueron condenados a 25 años de prisión en Corrientes, Aldo Héctor Martínez Segon está en el banquillo por la masacre de Margarita Belén en Chaco. Alfredo Astiz está por primera vez ante un tribunal por su actuación en la patota de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Las mujeres de estos “presos políticos” fueron invitadas a otra performance en Córdoba. El hijo de uno de los oficiales juzgados le propuso a Pando vía Facebook que viajara el martes para arruinar la visita del juez español Baltasar Garzón a la audiencia que tiene como protagonistas principales a Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez.
Ana Delia Maggi es la esposa de Ernesto “Nabo” Barreiro. Conocido en Córdoba como el jefe de los torturadores del campo de concentración La Perla, donde entre 1976 y 1979 asesinaron a más de 2500 personas, Barreiro fue el oficial que se acuarteló al ser citado por la Justicia en 1987 y desató el levantamiento carapintada que puso en jaque al gobierno de Raúl Alfonsín.
En abril de ese año, la Cámara Federal de Córdoba había ordenado la prisión preventiva de Barreiro por seis casos de torturas y uno de homicidio. Tras la rebelión militar y la consecuente sanción de la Ley de Obediencia Debida, Barreiro fue desprocesado. Mientras, siguieron las denuncias en tribunales italianos y españoles por la mutilación de los procesos en la Argentina.
Libre por la vigencia de las leyes de impunidad, Barreiro empieza una carrera de contactos políticos y empresariales. Fundó junto con Aldo Rico, el líder carapintada, el Movimiento por la Dignidad Nacional (Modin). Después se acercó al naciente menemismo a través de la fundación Felac que dirigía Alberto Kohan. Fue asesor de la familia Trusso, propietaria del quebrado Banco Comercial del Plata.
El arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, fue por esos años uno de los garantes de la libertad de los Trusso con un aporte de un millón de pesos. Sus vínculos se estrecharon también con Amalia Lacroze de Fortabat. El entramado de poder e impunidad se empezó a romper y en 2004, horas antes de ser citado por la Justicia, se fue del país. Barreiro se instaló con su mujer en Virginia, Estados Unidos.
Dedicado a la venta de artesanías en The Plains, un barrio a las afueras de ciudad, el matrimonio Barreiro creía haber iniciado una nueva vida.
En abril de 2007 Estados Unidos habilita la deportación y es extraditado. El Nabo está preso desde entonces y hace poco más de un mes empezó a ser juzgado por torturas y homicidios en la Unidad Penitenciaria de Córdoba. Su mujer es una de las activas militantes de las Pando girl’s que el año pasado se reunieron con el ex presidente y precandidato del Peronismo Federal, Eduardo Duhalde, en busca de una amnistía.
La esposa de otro Barreiro, Rafael, también oficial del Ejército, fue la que el martes pasado se encadenó junto a uno de sus hijos en la entrada a Defensa. Adentro Cristina Mauriño, la mujer del también coronel Horacio Losito, era otra de las que merodeaba junto a Pando. Barreiro y Losito fueron condenados en el juicio oral y público que se llevó a cabo en Corrientes. Allí, Pando tuvo una actuación estelar cuando amenazó con el gesto de degüello al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
Barreiro y Losito fueron señalados como responsables directos de su secuestro por José Arnaldo Gómez. El testigo afirmó conocer a Losito y Barreiro, dado que era amigo del cuñado de ambos, Javier Mauriño. Es por eso que, al notar que su casa estaba siendo vigilada por personal del Ejército y la policía, decidió apoyarse primero en Barreiro y después en Losito. Sin embargo, cuando se entregó amistosamente en manos de Losito, éste le confesó: “Te estábamos buscando”. Durante su cautiverio, José escuchó los gritos desesperados de los prisioneros bajo tortura y vio a detenidos en un estado de salud calamitoso.
Cristina Mauriño de Losito está ahora asistiendo a otro juicio: el de la Masacre de Margarita Belén. Allí comparte charlas con María Inés Hansen, la esposa de Aldo Héctor Martínez Segon, otro de los acusados por el asesinato de presos en supuestos intentos de fuga. En junio pasado, al comenzar el juicio, Losito se negó a dar datos personales porque “hay una fuga de seguridad” y advirtió que puede perjudicar a su familia. Dijo no saber de qué se lo acusa, negó haber sido oficial de Inteligencia en el ex Regimiento de Infantería de Corrientes, donde fue condenado a 25 años de prisión, y advirtió que se atenía a los reglamentos militares. Losito es uno de los oficiales que combinó la actuación en centros clandestinos de detención con una participación heroica en la guerra de Malvinas.
En la primera audiencia del juicio, su ex compañero, Martínez Segón, aprovechó para dejar en claro que en 1998 no llegó a coronel porque en el Senado rechazaron su ascenso por estar vinculado a la Masacre de Margarita Belén.
En ese entonces, Horacio Verbitsky había advertido que “la Comisión de Acuerdos del Senado que debe decidir sobre esos pliegos (enviados por el presidente Carlos Menem) tiene como asesor a otro de los acusados por su participación en Margarita Belén, el coronel (R) Armando Hornos. Tanto Martínez Segón como Hornos dependían del entonces comandante de la Brigada 7 y luego jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, quien firmó la orden de traslado de los presos”.
La hermana de Alfredo Astiz, el emblemático oficial de la Armada acusado del secuestro y asesinato de la estudiante sueca Dagmar Hagelin, de las monjas francesas, del escritor Rodolfo Walsh, del grupo fundador de Madres de Plaza de Mayo, es otra de las que se encadenó.
Sin cadenas pero con los mismos ideales, un grupo de hombres les hacía el aguante: entre ellos los integrantes de la Unión de Promociones de militares retirados Guillermo César Viola y Agustín Guglielmone, y un ex agente del Batallón 601 y ex jefe de contrainteligencia de la SIDE durante el menemismo, Rodolfo “El chino” Solís.
El esposo de Pando, el mayor retirado Rafael Mercado, las alentaba desde Facebook: “Estas son las mujeres que pusieron en jaque al generalato argentino. Algún día este momento quedará grabado para siempre en la historia. La dignidad de estas mujeres ha puesto en evidencia la pusilanimidad de la dirigencia castrense”.
Un somero repaso por el prontuario de los presos que defienden refuerza la deuda por los años que ha demorado en actuar la Justicia.
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