La República. Domingo 29 8 10. Por Baldemar Taroco (*)
Sin ninguna actividad oficial programada, ni por parte del Poder Ejecutivo, ni del Parlamento, ni siquiera por parte de la Dirección de DDHH, con el ferviente desconocimiento de los partidos tradicionales frente a los crímenes de lesa humanidad y un vergonzoso silencio por parte del partido de gobierno, el lunes 30 se conmemorará el Día Internacional del Detenido Desaparecido con una actividad convocada por Todos y Todas contra la impunidad, que Crysol integra, a la hora 18.30 frente a la sede del Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) dependiente del Ministerio de Defensa Nacional.
Durante el terrorismo de Estado, unos doscientos uruguayos fueron secuestrados, torturados y desaparecidos, dentro y fuera de las fronteras nacionales por parte de las Fuerzas Armadas y los servicios represivos, ignorándose hasta el día de hoy su destino final, con alguna excepción como el de Roberto “Tito” Gomensoro que culminó recientemente con el procesamiento del coronel ® Juan Carlos Gómez y del teniente coronel ® José “Nino” Gavazzo.
Algunos casos fueron aclarados por la Comisión para la Paz, como el de Eduardo Pérez, el “gordo Marcos”. Muchos aún siguen sin poderse aclarar porque la justicia no puede investigar.
El desconocimiento de lo ocurrido con los Detenidos Desaparecidos uruguayos obedece, a la vigencia en Uruguay de la Ley de Caducidad de la Pretensión punitiva del Estado que fuera aprobada por el Parlamento durante el primer gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti a fines de 1986.
La Ley 15 848, violatoria de las disposiciones constitucionales, supedita en estos y otros casos, el accionar del Poder Judicial a la voluntad del Poder Ejecutivo lo cual llevó a que desde su aprobación se suspendieran todas las investigaciones frente a las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas. El Poder Judicial pierde su independencia, debe pedir autorización al Ejecutivo para poder investigar.
La interpretación del Artículo 4º de la ley de impunidad que realizara el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez permitió que la justicia pudiera comenzar a investigar algunos casos (lo cual fue un avance) y condujera al procesamiento y prisión de algunos de los principales involucrados en dichos crímenes aunque el pacto de silencio de asesinos y la absoluta falta de colaboración de los militares ha impedido dilucidar las circunstancias de los mismos.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia, a 23 años de la promulgación de la Ley de Caducidad sentenció el 19 de octubre del año pasado que la misma es inconstitucional y violatoria de las disposiciones legales, en un pronunciamiento sumamente tardío pero significativo y valioso, son demasiados los magistrados que aún desconocen e ignoran olímpicamente las normas de DDHH. Además el Poder Ejecutivo y el Legislativo declararon, también, la inconstitucionalidad de dicha ley.
Los tratados y convenciones de DDHH, aún los que han sido formalmente ratificados por el Estado uruguayo, son desconocidos sistemáticamente por los gobernantes que se han rotado en el gobierno desde el retorno a la institucionalidad democrática. Incluso por el Frente Amplio que sorprendentemente sigue considerando a dichas normas, aunque hayan sido promovidas por sus parlamentarios con menos fuerza legal, ya no de una ley de cuarta, sino que ni siquiera con la fuerza de un mero acto administrativo.
La Comisión Interamericana de DDHH ha reclamado a Uruguay que deje sin efecto la Ley 15 848 en la resolución 29/92. Pese a los anuncios públicos, a la brevedad nuestro país será condenado por la Corte Interamericana de DDHH por la demanda presentada por Macarena Gelman por la desaparición en suelo uruguayo de su madre, María Claudia García de Gelman a fines 1977.
Durante la dictadura militar, el edificio en el cual actualmente funciona el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen), dependiente del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), ubicado en Bulevar Artigas y Palmar, fue la sede del Servicio de Información de Defensa (SID) de las Fuerzas Armadas. Hoy lo estamos reclamando para un “CENTRO DE LA MEMORIA Y LOS DDHH”, para todas las víctimas del terrorismo de estado. En nuestro país no existe ninguno, mientras que en Argentina son varios los lugares entregados a las víctimas.
En los años de plomo, fue uno de los centros neurálgicos de los equipos de inteligencia destinados a la represión. En dicho lugar estuvieron decenas de uruguayos trasladados desde la República Argentina y que permanecen desaparecidos hasta el día de hoy. En dicho lugar también estuvo recluida María Claudia García de Gelman antes de dar a luz a Macarena y ser trasladada con destino desconocido.
Mientras Uruguay no anule la Ley de Caducidad será imposible seguir avanzando en la construcción de un país democrático con pleno funcionamiento institucional con tres poderes independientes tal como lo establecido por las disposiciones constitucionales.
Las ex presas y los ex presos políticos del terrorismo de Estado y su organización representativa, Crysol, sintiendo el paso inexorable del tiempo sobre nuestros cuerpos, seguimos comprometidos con nuestros sueños y nuestro pasado militante por un mundo mejor. Por eso convocamos a todas y a todos a la concentración frente al Calen, para acabar con la impunidad y anular la ley de Caducidad.
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(*) Presidente de Crysol