"Cada país debe tener su archivo del Plan Cóndor"

Martín Almada descubrió en 1992 en Paraguay los documentos que probaron la coordinación de las dictaduras de la región.

El Observador. 16 3 13

Martín Almada es abogado, estuvo preso tres años durante la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay y al salir dejó el país. En 1992 encontró los archivos del Plan Cóndor, nombre que se le dio a la coordinación de las dictaduras de la región. Tiene el acta fundacional del Cóndor donde está estampada la firma del militar uruguayo que participó de ese cónclave secreto realizado en Chile en noviembre de 1975. Lo que sigue es parte de la entrevista de El Observador a Almada.

¿Exactamente qué información contienen los documentos del Plan Cóndor? 

Son tres toneladas de documentos que podemos dividir en dos partes. Una contiene los archivos sobre la represión en Paraguay hasta 1989. Primero se persiguió a los anarquistas, después a los comunistas, luego a los socialistas y por último a los subversivos. La otra parte, son documentos y ubicamos el acta de nacimiento del Plan Cóndor con la reunión que se hizo en noviembre de 1975 en Santiago de Chile. Por Uruguay participó el Coronel del Ejército José A. Fons.

¿Había alguien más de Uruguay en esa reunión? 

No. Era un delegado por cada país. 

¿En esa acta fundacional, formalmente qué se escribió?

Tenía un preámbulo largo que en el fondo decía que se reunían para estructurar una estrategia de lucha para salvar a la civilización occidental y cristiana del comunismo. También se estableció que iban a operar con el modelo de Interpol. En el documento se lee que en cada embajada habría siempre un Cóndor, un funcionario de la Policía secreta, con rango diplomático con todos los privilegios. El documento en sí es el reflejo de la guerra fría.

¿Así que se utilizaría Interpol para realizar operativos?

Lo interesante del acta fundacional es que aparece la estructura de cómo iba a funcionar. Y ahí se dice que cada país debía tener su propio archivo.

¿Esos documentos son hoy la base del juicio que se realiza en Buenos Aires?

Nosotros fuimos a ver a los jueces argentinos que llevan adelante la investigación y les dimos la documentación para iniciar el juicio.

¿De los archivos, recuerda algo específico de Uruguay?

Encontramos los antecedentes de un militar uruguayo que vino a Asunción  a torturar uruguayo-italianos. Eran tres o cuatro los uruguayos torturados.

¿Quién era ese militar?

El mayor Carlos Calcagno del Servicio de Inteligencia del Ejército de Uruguay. Ese vino a torturar. Y cuando vino Jorge Videla en 1977, llegó en un avión y en otro avión de escolta se cargó a los presos políticos italo uruguayo e italo argentino. Esos presos no llegaron a Buenos Aires, los tiraron en el mar 

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¿De qué sirve hoy hacer un juicio por el Plan Cóndor cuando todos los dictadores están presos o muertos?

El descubrimiento de los archivos fue en 1992, pero por la impunidad que hubo, esta gente siguió. Lo que queremos es saber la verdad de lo que pasó realmente.

En Uruguay aún siguen las investigaciones. 

A mí me llama la atención la conducta uruguaya sobre el Cóndor, donde una jueza que llevaba muy bien esos casos fue trasladada de su juzgado.

La jueza Mariana Mota. 

Sí. Y he visto las declaraciones de organizaciones de derechos humanos y ninguna se refirió al Plan Cóndor. Lo que estaba tratando esa jueza valientemente, era descubrir el Cóndor de Uruguay.

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Posibles rutas de salida

URUGUAY: NUEVOS DESAFÍOS CONTRA LA IMPUNIDAD 

Por Walter Pernas / Semanario BRECHA

Llamaría la atención si fuera la primera vez que un poder de este Uruguay democrático busca clausurar las investigaciones de los crímenes del terrorismo de Estado. Pero la historia marca lo contrario, y también muestra que los obstáculos se han superado. Por eso el fatalismo de ciertos medios y dinosaurios de la política puede ser contrarrestado con medidas parlamentarias de aquellos a quienes sí les importa el respeto por los derechos humanos, y por la valentía de los jueces opuestos a la mirada retrógrada de la SCJ. El Estado se está asegurando una nueva condena internacional, y algo tendría que hacer. 

Algunos medios, apoyados en declaraciones de políticos conservadores y desconocedores de los derechos humanos, o de juristas con una visión relativizadora de los derechos de las víctimas en cuanto a las posibilidades de obtener justicia por los crímenes impunes, comenzaron a desempolvar titulares como el de “cierre definitivo” para las investigaciones o “vuelta de página” para la búsqueda de verdad y justicia. 

Similares encabezados fueron usados en 1986, cuando se aprobó la ley de caducidad, y en 1988 al conocerse la sentencia de la SCJ que declaró por mayoría (tres a dos) la constitucionalidad de la norma. 

También en 1989, cuando no fue aprobado el referéndum para derogar la ley, y durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, que en 1992 desoyó un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se abrieran la investigaciones. O durante el segundo mandato de Julio María Sanguinetti, que presionó en 1997 a la Suprema Corte para que trasladara al juez Alberto Reyes porque pretendía ingresar a los cuarteles en busca de restos de desaparecidos.

Y algo parecido ocurrió con el juez suplente Alejandro Recarey en el gobierno de Jorge Batlle, que en menos de dos meses de actuación en un juzgado penal –entre octubre y diciembre de 2003– hizo más que todo el Poder Judicial en casi 20 años: ordenó “no innovar” en un predio del Batallón 13 donde podía estar enterrada Elena Quinteros y citó a declarar a militares; pero el escándalo político terminó por eliminarlo de la materia penal. 

Titulares como los que se leen y escuchan hoy también sirvieron para describir lo que supuestamente había pasado en 2005 –“clasura final” o algo por el estilo– en el proceso por la desaparición de María Claudia García, cuando al juez Gustavo Mirabal se le impidió (por orden del Poder Ejecutivo, vista de un fiscal y sentencia de un tribunal) seguir investigando. Y además se emplearon al otro día del plebiscito del 29 de noviembre de 2009, cuando el voto rosado –esquivado por la campaña electoral del fa y cuestionado públicamente incluso por alguno de sus dirigentes– no alcanzó la mayoría para anular la ley de caducidad. 

Por todo este historial es que hay razones para desoír lo que la clase política conservadora pregona frente la nueva sentencia de la SCJ, que una vez más busca frenar el avance de las indagatorias. Como los hubo antes, hoy también existen caminos para desafiar a la impunidad. 

El punto está en detectar por dónde se debe atacar el problema, y en exigir la responsabilidad que le cabe a cada uno. 

La jueza Mariana Mota, especializada en derechos humanos y con casi 50 causas de esa materia en sus manos, acaba de sufrir los embates del poder que también padecieron Reyes, Recarey y Mirabal, entre otros. Esta semana presentó un recurso contra su traslado a la órbita civil, y a pesar de que es muy difícil que la SCJ o el Tribunal de lo Contencioso Adnistrativo la restituya en la sede penal (cualquier decisión de fondo puede tardar al menos dos años), está dispuesta a concurrir a los tribunales internacionales. 

Su traslado ha sido considerado una obstaculización de la justicia por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y el caso será presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés) en el marco de los incumplimientos de la sentencia que condenó a Uruguay como país violador de los derechos humanos en el caso Gelman. 

La Corte Interamericana ordenó al Estado uruguayo no obstaculizar las investigaciones y abstenerse de aplicar la ley de caducidad (algo que cumplió) u otras “normas análogas”, como la irretroactividad de la ley penal o la prescripción en los casos de terrorismo de Estado (algo que no cumplió Uruguay y de lo que es responsable la SCJ). Esta violación de la sentencia de la CIDH le costará al país –según fuentes de ese organismo internacional consultadas por Brecha– la renovación de la condena internacional y una nueva orden para que se abran las investigaciones en caso de que los jueces decidan archivarlas. 

Y ahora qué. El fallo de la Corte uruguaya en su parte medular –violatoria de la sentencia obligatoria del organismo internacional– señala: “La aprobación e incorporación a nuestro derecho interno de los denominados ‘crímenes de lesa humanidad’ se produjo con posterioridad a la comisión de los hechos de la presente causa, por lo que las reglas que establecen su imprescriptibilidad no pueden ser aplicadas (...) pues ello significa, lisa y llanamente, conferir a dichas normas penales carácter retroactivo, lesionándose así normas y principios constitucionales”. 

Argumentó así que la Constitución de la República (la soberanía nacional, el Estado) está por encima de las convenciones internacionales de derechos humanos, que protegen al sujeto-persona, más allá del país donde se encuentre. Y que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado prescribieron al menos en octubre de 2011, es decir 26 años y ocho meses después de haberse restituido la democracia, al computarse el plazo especial que atiende a la “gravedad del hecho” pero en delitos comunes, no en casos de crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. 

Dijo más: “Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe” y “no es posible castigar a nadie por la comisión de un hecho que, al momento de su realización, no está previsto en la ley penal como delito, ni siquiera aunque sea similar o aproximado a la conducta sancionada”. Y además: “Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados”. Léase: asesinar por motivos políticos, torturar y desaparecer personas no estaba prohibido por la ley durante el terrorismo de Estado; no es posible castigar a ese tipo de asesinos, ni a los torturadores ni autores de las desapariciones de seres humanos porque esos actos no eran delitos en aquel momento; y como matar, torturar y hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas no atacaba el orden público ni perjudicaba a un tercero, están libres de ser perseguidos y sancionados por los jueces.

Contra estos argumentos inhumanos y por tanto injustos para las víctimas –refutados por el ministro Ricardo Pérez Manrique en su discordia (véase recuadro)– deberían ir los legisladores que buscan una solución, pues en el Parlamento está hoy la llave para evitar el cierre de las investigaciones, y mostrar que al menos una parte del Estado pretende cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

El juicio político a los ministros de la SCJ –como hoy propone parte del MPP– quizás terminaría reforzando a tales funcionarios en tanto el fa no cuenta con los dos tercios del Senado necesarios para destituirlos. La bancada del partido de gobierno no ha definido qué hacer, pero tanto el PVP como el Partido Comunista y un sector minoritario de Asamblea Uruguay buscan salidas legislativas. Fuentes del Espacio 609 señalaron que una de las ideas a proponer desde ese amplio sector es la votación de una ley que ratifique la obligatoriedad del cumplimiento de todos los puntos contenidos en las sentencias de la Corte Interamericana. 

Otra sería insistir en la declaratoria de la existencia de crímenes de lesa humanidad en Uruguay al menos desde 1945, atendiendo argumentos que en su momento fueron expuestos por la entonces fiscal Mirtha Guianze –hoy integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos– y que ahora son sustento de la argumentación del ministro de la SCJ que se declaró discorde. 

Esas nuevas leyes en este marco se convertirían en herramientas para que los jueces de primera instancia no cerraran las investigaciones. La historia marca que los jueces no van contra las sentencias de la SCJ, pero la jueza Beatriz Larrieu –que ahora ocupa el lugar de Mota en la sede penal– tiene una prueba de fuego en estos momentos: acompañar un fallo interno que choca contra el derecho internacional de los derechos humanos, o asumir una actitud valiente e intentar seguir adelante con las causas. 

Por más que contra las nuevas normas eventualmente aprobadas por el Poder Legislativo a fin de proteger el derecho a la verdad y a la justicia se presenten nuevos recursos de inconstitucionalidad, las causas permanecerían abiertas y se ganaría tiempo para decisiones de los tribunales internacionales y para soluciones de fondo en el campo del derecho interno, como bien puede ser una reforma constitucional que, entre otros aspectos –el MPP se muestra más interesado en el problema de la propiedad privada y el beneficio público–, incluya modificaciones para terminar de una buena vez con dilemas sobre derechos humanos que ya han sido superados en la mayoría de los países de Latinoamérica, pero no en el Uruguay cavernario. 

El voto discorde del ministro Pérez Manrique

“Los crímenes de lesa humanidad ya existían en Uruguay” 

El ministro de la SCJ Ricardo Pérez Manrique fue el único que votó a favor de la constitucionalidad de la ley 18.831, que consideró crímenes de lesa humanidad –y por tanto imprescriptibles– a los cometidos bajo el terrorismo de Estado.

El magistrado sostuvo que al ratificarse la Convención Americana de Derechos Humanos durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, el Estado uruguayo “en acto voluntario, aceptó indefinidamente la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana”.

“La inequívoca y permanente conducta internacional del Estado uruguayo ha sido de respeto y respaldo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos –señala en la sentencia–. La variación de tal situación jurídica necesariamente debería darse en conjunto con la denuncia del tratado” (es decir que Uruguay se saliera del sistema interamericano). 

Aseveró entonces que el hecho de que la ley 18.831, al considerar que los delitos contemplados en la derogada ley de caducidad son “casos de delitos de lesa humanidad”, a su criterio “no constituye modificación del régimen jurídico vigente en la República. Pues tales delitos ya integraban el orden jurídico vigente en el país”.

Y basó parte de su argumento en la creación de los tribunales internacionales que juzgaron las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. “El Tribunal de Nuremberg se constituyó con la competencia determinada por su estatuto en el cual se reconoció la existencia como parte del jus cogens internacional (1) de conductas delictivas inaceptables para la humanidad”, recordó Pérez Manrique. 

El estatuto del referido tribunal militar, en su artículo 6, describe en el apartado A, los “crímenes contra la paz”, en el B, los “crímenes de guerra”, y en el C, los “crímenes contra la humanidad”. Estos últimos son: “el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde se perpetraron”. 

Pérez Manrique citó la ley del Consejo del Control Aliado que creó el Tribunal de Nuremberg, que también suprimió la hasta entonces necesaria vinculación de los crímenes de lesa humanidad del literal C con los crímenes de guerra de los literales A y B. Es decir, que puede haber crímenes de lesa humanidad sin necesidad de cometerse en tiempos de guerra. 

El ministro dijo que Uruguay, por decreto del 12 de noviembre de 1945, publicado en el Registro Nacional de Leyes y Decretos en la página 1.025 y subsiguientes, estableció el 8 de agosto de ese año su adhesión al acuerdo que se había suscrito en Londres. 

“Por este acto soberano –afirmó Pérez Manrique– nuestro país reconoció no solamente la competencia de este tribunal sino la existencia de los delitos que comprende su Estatuto.” Por lo cual, según el análisis fundado por el ministro, en Uruguay existen los crímenes de lesa humanidad al menos desde 1945, dos décadas antes de que el terrorismo de Estado comenzara a azotar el país. Esos delitos “comprendidos en el Estatuto no admiten la exculpatoria de la obediencia debida y son imprescriptibles”, argumentó. (2) 

Notas:

1) Normas imperativas reconocidas por la comunidad internacional: los estados están obligados a cumplirlas.

2) Véase la sentencia íntegra en www.brecha.com.uy 

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¿Cómo resistir la impunidad?

El popular - 15 3 13 - Editorial

En estos días hemos vivido una nueva ofensiva por todo lo alto por frenar primero y luego revertir los avances conquistados en un aspecto vital para la transformación democrática de la sociedad: la construcción de la memoria histórica, el fin de la impunidad, la concreción de la verdad y la justicia.

La mayoría de la Suprema Corte de Justicia, para volver a decirlo con nombre y apellido: los ministros Jorge Ruibal Pino, Jorge Chediak, Jorge Larrieux, y Julio César Chalar, han puesto un freno a la justicia y pretenden retrotraer el país a 30 años atrás como si nada hubiera cambiado, como si nada se hubiera avanzado. 

Primero desplazaron a la jueza Mariana Mota, que manejaba el 40% de las causas de violaciones a los DDHH durante la dictadura; luego decretaron la inconstitucionalidad de la ley que declaró no prescriptibles estos delitos. Al principio en un caso, cabe recordar que la SCJ no se pronuncia en general sino caso a caso, pero luego en dos más: nada menos que el asesinato del maestro Julio Castro y el del médico Vladimir Roslik en la tortura. La señal es clara y vale la pena asumirla a cabalidad, van por todo, quieren cerrar todos los caminos y están dispuestos a pagar cualquier costo. 

En la situación planteada se abre la interrogante obvia de: ¿Qué hacer? ¿Por dónde ir? 

El año pasado, cuando en una situación similar se debatía cuales eran las soluciones jurídicas para frenar la prescripción afirmábamos que asumir esto como un asunto puramente jurídico era un error. Lo decíamos y lo repetimos hoy, no hay un “santo grial” jurídico que termine de una vez y para siempre con la impunidad. La lucha por transformar la cultura de impunidad dominante, aún hoy, y abrir los caminos para la verdad y la justicia es permanente, no cesa, no termina. 

En primer lugar porque es una construcción social e histórica y exige iniciativa y movilización permanente de los que queremos verdad y justicia.

En segundo lugar porque los impunes y quienes los defendieron y defienden no se rendirán y mantienen resortes importantes de poder en la sociedad; en el Poder Judicial como ha quedado meridianamente claro, en los medios de comunicación y en los partidos políticos de la derecha. Para los que queremos una transformación democrática del Uruguay derrotar la impunidad es estratégico, para quienes quieren mantener el statu quo de poder y hacer retroceder el país hacia el pasado, es estratégico mantenerla. 

El calado de esta lucha es ese. Es de esa magnitud. No hay ninguna posibilidad de construir una sociedad diferente, más democrática, más equitativa, más justa, si está vigente la impunidad. Ellos lo saben por eso la defienden. 

Esta lucha ha sido, es y será compleja, caer en análisis simplificadores y en consignas podrá contentar a algunos pero nunca resolvió nada y no lo hará ahora. 

Es necesario ver todas las dimensiones, o al menos las centrales de la batalla que enfrentamos. Estas líneas, modestamente, apuntan a ese objetivo. Hay dos elementos básicos que corroen el muro que quieren intentar volver a levantar para garantizar la impunidad, no hay misterios, son la verdad y la justicia. 

La verdad.

En todos los casos en que se ha investigado, en todos sin excepción, se demostró que las denuncias de las víctimas del terrorismo de Estado eran ciertas. Para decirlo más claro, nosotros siempre dijimos la verdad y ellos, los impunes y sus defensores, mintieron siempre, y lo siguen haciendo. 

Por lo tanto, un primer espacio de lucha es seguir diciendo la verdad, abrirle caminos a la verdad. Seguir haciendo denuncias, que hablen los muros, las redes sociales, la movilización en la calle. Tenemos que dar testimonio de la verdad. Es una tarea difícil pero imprescindible. Cientos, miles, de compañeras y compañeros venciendo su dolor, denunciaron e hicieron una contribución vital a la memoria histórica, y a la democracia. Hay que hacerlo más, con más amplitud y profundidad. Los impunes y sus defensores no resisten el peso de la verdad, no pueden debatir. Su estrategia es silenciarnos. Hay que romper el cerco de silencio y decir la verdad. Así de simple y de complejo. 

Las decisiones de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia no son inocentes, son culpables  de defender la mentira y el ocultamiento, cómplices de la mentira y el ocultamiento. 

La justicia.

Hay otro espacio clave que es de la justicia. Durante 30 años las denuncias y los reclamos de las víctimas del terrorismo de Estado, que fueron miles, decenas de miles, encontraron un muro, la justicia les fue sistemáticamente negada. 

La perseverancia de las denuncias, las investigaciones de los organismos de DDHH y del movimiento sindical, el compromiso de un núcleo reducido de periodistas, fue generando espacios. Finalmente las medidas de los gobiernos del Frente Amplio y sobre todo la aplicación, no sin polémica y sin debate interno, de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman fueron claves. Se abrieron cientos de causas, se avanzó, se investigó y se condenó. Se demostró que era posible hacer justicia. 

Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia impiden la justicia. No hay contrasentido mayor, desde el órgano máximo del Poder Judicial no se trabaja a favor de la justicia, se decide, se opera, se milita, para que no haya justicia. 

¿Qué caminos quedan abiertos? En el terreno de la justicia todos. No debemos permitir que nos los cierren. En primer lugar porque esa imagen que quieren presentar de un Poder Judicial homogéneo y alineado que sería cuestionado desde los otros poderes es una mentira más. 

En la propia Suprema Corte de Justicia un magistrado, Ricardo Pérez Manrique, votó en contra de todos estos fallos y en sus fundamentos afirmó que contradicen el Pacto de San José de Costa Rica, la Carta de DDHH de la ONU y que Uruguay se coloca al margen del derecho internacional. No lo dice el PIT-CNT o Familiares, lo dice un magistrado de la Suprema Corte de Justicia, tan magistrado como los otros cuatro que defienden la impunidad. Pero además hay jueces y fiscales que entienden, con independencia técnica, que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia no les impiden investigar y sancionar a los culpables. No aplican la ley declarada inconstitucional y se afirman en la preeminencia de los convenios internacionales, en su rango constitucional. Hay que apoyarlos, rodearlos y dar el debate, que no es sólo jurídico, es político e ideológico en su sentido más amplio. 

La decisión de la Suprema Corte de Justicia es indefendible en el terreno de la jurisprudencia internacional, convierte a Uruguay en un estado paria, reo de desacato. Hay que recurrir a los organismos internacionales de justicia, hay que denunciar, hay que hacerlos pagar el costo de su postura retrógrada e indefendible. 

Lo dijimos y lo reiteramos, esta situación, generada desde un organismo de un Poder del Estado, por una mayoría circunstancial, pone arriba de la mesa la necesidad de transformaciones de fondo en la estructura del Estado. Hablamos de cambiar la Constitución, no para tener un Poder Judicial afín al gobierno, para no seguir teniendo un Poder Judicial guardián del poder y de los poderosos, que se niega a la verdad, que niega su función esencial, producir justicia. 

¿Desde dónde y cómo resistir la impunidad?

Desde todos lados. Asumiendo esta batalla con la centralidad democrática y a la vez transformadora que tiene. Se necesita la mayor amplitud posible, no se trata de restar, tenemos que ganar a un sector de la población a la que no conseguimos llegar aún. No hablamos del núcleo duro de los impunes y sus defensores. Hablamos de cientos de miles de uruguayas y uruguayos que siguen presos del discurso construido históricamente en este tema, presos de la mentira repetida durante décadas y también de los aún indiferentes. Se necesita llegar a todos y para ello la verdad y los testimonios son claves, abren camino, puertas, corazones. 

¿La sociedad está igual ahora que encontramos a Miranda, a Chávez Sosa, a Julio Castro, a Blanco? ¿Ahora que se confirmó que Macarena era Macarena y Simón era Simón? ¿Ahora que las compañeras venciendo el dolor denunciaron las aberraciones sexuales cometidas en los batallones en su contra? ¿Ahora que la publicación de los informes con los archivos de inteligencia demuestran que se vigiló a 300 mil uruguayos? No, no está igual, pero aún no alcanza. Hay que volver a denunciar, volver a explicar, volver a dar el debate, volver a defender nuestra razón. 

Tenemos claro la importancia de lo que está en juego. Es entre la verdad y la mentira. Entre la justicia y el encubrimiento. Es para que no nos pudran, aún más, los valores de la sociedad en la que vivimos. Es para garantizar que los cambios son posibles. 

La mayoría de la Suprema Corte de Justicia, los impunes y la derecha que los cobija, quieren vivir en una sociedad donde los responsables de violar a mujeres atadas e indefensas anden libres y ostentando su crimen. Nosotros no. Así de simple. 

Por eso a los que dicen que hay que resignar la verdad y la justicia en aras de una democracia parapléjica y raquítica donde los únicos derechos vigentes sean los de los poderosos, que hay que dar vuelta la página, nuestra respuesta es muy clara: Ni lo sueñen.

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Críticas y autocríticas

La diaria - 15 3 13 - Columna de opinión. Por Marcelo Pereira

En Autobiografía de Federico Sánchez, excelente libro de Jorge Semprún, éste recordaba que, durante sus años de militancia partidaria, un correligionario suyo solía decirle: "Yo te voy a hacer tu autocrítica, camarada". Esto viene a cuento porque el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, fue entrevistado anteayer en Canal 4 (http://ladiaria.com.uy/UCb) y se refirió, entre otros asuntos, a la norma interpretativa de la Ley de Caducidad que se aprobó en octubre de 2011, ahora declarada parcialmente inconstitucional por la mayoría de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)

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Fernández aseguró que el fallo de la SCJ fue "totalmente previsible", porque "los grandes jurisconsultos del Uruguay" advirtieron a los legisladores en 2011 que eso iba a ocurrir, y que él mismo renunció a su banca en el Senado "por no hacerse responsable del desastre" (aunque votó el proyecto). "No he escuchado a nadie que se hiciera una autocrítica de haber conducido a ese desastre", añadió.

Todas las decisiones políticas son discutibles, y sería sumamente útil que el Frente Amplio (FA) revisara en forma serena, profunda e integral su accionar durante casi 27 años en relación con la Ley de Caducidad, aunque no parece vaya a hacerlo.

Es cierto que, cuando se discutió la ley interpretativa, parecía muy probable que la actual SCJ la declarara inconstitucional. Sin embargo, eso no significaba necesariamente que la norma fuera "un mamarracho", como sostiene Fernández; sólo indicaba que la opinión predominante entre los integrantes de la Corte y los "grandes jurisconsultos" criollos era contraria a la doctrina que asumen, desde hace décadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales aún más altos. De todos modos, es razonable plantear que aquel dato político debió ser tenido más en cuenta.

Pero como la historia no comenzó en 2011, hace falta considerar también que en octubre de ese año se trabajaba contra reloj. Con la Ley de Caducidad aún vigente después de siete años de gobierno frenteamplista con mayoría parlamentaria, estaba por cumplirse el plazo para que, invocando las leyes que corresponden a delitos penales comunes, muchos "grandes jurisconsultos" pudieran argüir que ya no era posible juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura.

A esa situación se había llegado después de que, en el Congreso que el FA realizó en 2003 para definir su propuesta electoral, se aprobara una moción que eliminó la referencia al propósito de derogar la Ley de Caducidad (aunque mantuvo el compromiso de adecuar la legislación uruguaya en la materia "a los tratados internacionales ratificados por el país"). La moción fue defendida por el propio Fernández con diversos argumentos, algunos de conveniencia electoral y otros referidos a la necesidad de respetar el resultado del referéndum de 1989 contra la caducidad.

La tesis de Fernández significa que no hay nada que hacer contra la impunidad penal de los crímenes de la dictadura desde hace por lo menos 24 años. Y antes de que se aprobara la Ley de Caducidad, el actual ministro de Defensa no se destacó por impulsar acciones judiciales o de cualquier otra clase para que los criminales fueran juzgados. En cambio, se le han oído y leído, con alta frecuencia, alegatos que parecen definir a las atrocidades sufridas por él y sus compañeros tupamaros como consecuencias previsibles de una presunta "guerra", por las cuales los "combatientes" no deberían pedirse cuentas ante el Poder Judicial.

Cuando Fernández sostiene que otros dirigentes erraron en el intento de lograr justicia, omite decir que él no puso sus talentos al servicio de ningún otro camino para alcanzar tal objetivo, porque lo considera descartado desde hace mucho tiempo. Y no es el único en el oficialismo. Sobre esto también valdría la pena que algún día se discuta con franqueza en el FA, con oportunidades para la autocrítica o la simple crítica entre compañeros, que también es legítima.

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Crysol celebró el Día del Liberad@ concentrándose en Plaza Independencia

40 años: Nunca Más terrorismo de Estado (*)

Enrique Chalar, integrante de la Directiva de Crysol

El 27 junio se cumplen 40 años de la disolución del Parlamento  y del inicio de la huelga general con la cual los trabajadores, los estudiantes y los sectores populares democráticos enfrentaron y resistieron las medidas que conducirían al terrorismo de Estado.

La dictadura cívico militar, el proceso,  fue una auténtica tragedia nacional cuyos efectos y daños colaterales se mantienen y perduran hasta el día de hoy en la sociedad. La deuda externa que entorpece y dificulta el desarrollo del país creció exponencialmente en dicho período. Los trabajadores vieron reducido en un 50% el poder adquisitivo de sus ingresos que fue a engrosar, generosamente, las arcas de los sectores sociales que apoyaban al régimen y que se beneficiaron con él. Los jubilados y pensionistas perdieron el aguinaldo, nunca recuperado como tal hasta el día de hoy. La industria nacional se debilitó frente a las transnacionales y se llevó a límites extremos la concentración de la riqueza.

Para aplicar el modelo económico del Ing. Vegh Villegas se suprimieron todas las libertades y se reprimió salvajemente toda oposición. La tortura, abyecta, degradante, con secuelas perdurables y sostenidas a largo plazo, junto con la prisión masiva y prolongada fue la metodología deliberadamente seleccionada por las fuerzas armadas para destruir a sus opositores, aterrorizar a la población y mantenerse en el poder. Decenas y centenares de los integrantes de los aparatos represivos estuvieron directamente involucrados en ellas, mientras el diario  El país y los grandes medios, radiales y televisivos, proveían la cobertura publicitaria que presentaba como salvadores de la nación a quienes la ejecutaban.

Las FFAA promovidas al escenario político desde el 13 de junio de 1968 cuando el presidente Jorge Pacheco Areco decretó las Medidas Prontas de Seguridad para congelar los salarios de los trabajadores y militarizar a los bancarios y otros gremios, ya eran un factor de poder al servicio de un proyecto político que pretendía descargar los efectos de la crisis económica en las espaldas de los sectores populares.

La dictadura cívico militar no fue un producto autóctono de los sectores conservadores y privilegiados del país. Tampoco fue el resultado, directo o indirecto, del accionar de un grupo de jóvenes radicalizados que en el invierno de 1963 robaron armas en el Tiro Suizo de Colonia como afirma el Dr. Julio María Sanguinetti y otros defensores de la impunidad.

Las dictaduras que en las décadas de los 60 y de los 70 sacudieron a todo el continente latinoamericano, algunas con intervenciones directas de tropas estadounidenses como en Santo Domingo, fueron la estrategia diseñada por el Departamento de Estado para hacer frente a las movilizaciones y reclamos de independencia, soberanía, libertad y transformaciones radicales en las estructuras sociales para poner punto final al hambre, la miseria generalizada, la pobreza y las indignas condiciones de vida que afectaban a la mayoría de la población del continente.

La resistencia de los trabajadores y el pueblo, dentro y fuera del país, incluso dentro de las cárceles, hirió de muerte a la dictadura. La gesta épica del pueblo uruguayo, expresión de la cual fue la huelga general del año 1973 y el triunfo del NO en el año 1980, condujo a que el 1° de marzo de 1985 asumiera el Dr. Julio María Sanguinetti, resultado de un acto electoral en el cual se prohibió la participación del Gral. Líber Seregni y de Wilson Ferreira Aldunate. Se inició la transición democrática que restableció la libertad y la vigencia de las garantías constitucionales y legales básicas propias de un Estado de derecho.

A lo largo de estas décadas se han dado pasos constantes, en un proceso complejo y de grandes obstáculos, con pronunciamientos militares amenazantes de por medio, incluso, para erradicar el legado, traumas y secuelas del pasado dictatorial. La transición como tal, desde la perspectiva de las normas de DDHH que Uruguay ha ratificado,  no plenamente vigentes en cuanto al terrorismo de Estado,  permanece inconclusa y con desafíos importantes pendientes de implementar.

La Resolución 60/147 de la Organización de  las Naciones Unidas es el estándar de la calidad institucional al respecto junto con la sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman vs Uruguay para evaluar el estado de situación y los objetivos a lograr para afirmar y profundizar la democracia.

Disculpas oficiales y públicas del Estado.

Foto tomada al mediodía en el Parque Vaz Ferreira.
Luisa Cuesta y su nieta, al centro

El Estado uruguayo aún no ha asumido públicamente su responsabilidad, en una ceremonia oficial,  por las desapariciones forzadas, por los asesinatos, por las ejecuciones extrajudiciales, por las torturas, por las privaciones agravadas de la libertad, por los delitos que, desde el Tribunal de Nuremberg, la comunidad internacional considera crímenes de Lesa Humanidad. Tampoco ha expresado sus disculpas formales a todas las víctimas y/o a sus familiares, a la sociedad en su conjunto como corresponde y se sabe que hay que hacerlo. Lo reclamamos al Poder Ejecutivo, a todos los ministros, una vez más.

27 de junio: Día Nacional de la Memoria

Al mismo tiempo, demandamos que el Parlamento declare al 27 de junio de cada año, feriado no laborable, Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, en repudio al terrorismo de Estado, en homenaje a todas las víctimas y también a la resistencia, dentro y fuera del país, que permitió el regreso a la democracia.

Juzgados Especiales para los crímenes del terrorismo de Estado

La investigación,  el esclarecimiento  de todas  las graves violaciones a los derechos humanos, la identificación de los responsables de ellas, tanto materiales como intelectuales,  la sanción penal y administrativa, con las garantías del debido proceso, es la única manera de evitar que ellas vuelvan a repetirse.

Con cárceles abarrotadas por delitos menores,  en Uruguay solo un puñado de criminales han sido juzgados y condenados penalmente y  continúan integrando los cuerpos de las FFAA por no haber sido sometidos a los correspondientes Tribunales de Honor. El destino de los detenidos desaparecidos sigue sin ser dilucidado, sigue siendo una herida abierta de la sociedad uruguaya.

En las actuales circunstancias, dada la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la Ley 18 831 por parte de la Suprema Corte de Justicia, el considerar delitos comunes los crímenes de Lesa Humanidad, el desconocimiento de la sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman y de los tratados ratificados por Uruguay desde décadas atrás, el desplazamiento de la jueza Mariana Mota y el mensaje negativo hacia los jueces que cumplan con sus cometidos, para que los delitos no queden impunes, para que haya justicia como debe haber, en el marco de la vigencia de las disposiciones constitucionales, demandamos al Poder Ejecutivo y al Parlamento, la creación de Juzgados Especiales para los crímenes del terrorismo de Estado, para que ellos concentren en forma especializada y diligente, con compromiso y energía, con recursos y medios,  todas las causas penales, se enfoquen en ellas y eviten que queden sepultadas en la dinámica negativa y de impunidad que parece prevalecer y que puede conducir incluso a que sea liberado uno de los responsables del asesinato del maestro Julio Castro.

Unidad especializada de investigación al servicio de la justicia

Homenaje a los Detenidos Desaparecidos
en el Memorial Parque Vaz Ferreira:
al mediodía se entonaron las estrofas
del Himno Nacional en su honor y homenaje

Al mismo tiempo demandamos al Ministerio del Interior que se cree en forma inmediata una unidad especial de investigación de dicho período, con participación de las organizaciones de DDHH, al servicio de la justicia, de los jueces y magistrados que en el pleno uso de su independencia técnica y de su compromiso constitucional con la justicia pretendan llevar a cabo el diligenciamiento y la investigación de las denuncias que han formulado las propias víctimas, tal cual lo ha recomendado la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo recientemente.

La plena implementación de las normas de DDHH y de los compromisos asumidos por el país, para cerrar las heridas aún abiertas, demandan, además, que el Estado asuma a cabalidad, sus obligaciones en el ámbito reparatorio y que lo haga antes de fines de octubre.

Institución Nacional de DDHH (INDDHH): es imprescindible una nueva ley a la brevedad

A instancias de una demanda presentada por Crysol, la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH), en diciembre del año pasado, señaló que las leyes reparatorias aprobadas hasta el momento son insuficientes, no cumplen con la normativa de DDHH que nuestro país ha ratificado y por lo mismo, los derechos de las víctimas del terrorismo de Estado continúan siendo violentados también en este plano. Hay centenares de expresos políticos que no han sido reparados al no percibir la Pensión Especial Reparatoria. Los que la reciben, injustamente, tienen que renunciar a sus propias jubilaciones y pensiones o no pueden jubilarse, directamente, por dicho motivo. Y tampoco tienen derecho a percibir las pensiones de sobrevivencia que generan los cónyuges cuando fallecen.

Reclamamos al Presidente de la República  que implemente a la brevedad lo recomendado por la Institución Nacional de DDHH y envíe el proyecto de ley que se le ha solicitado.

Presidente de Crysol, Gastón Grisoni

El incumplimiento por parte del Estado en cuanto a sus obligaciones por el daño causado por sus agentes y funcionarios, se manifiesta con especial intensidad en el caso de los niños y adolescentes de la época que eran familiares directos de los expresos políticos y que no han sido contemplados por ninguna ley, ni siquiera a nivel simbólico. 

En materia de salud aún no se ha implementado, a dos años de la aprobación del decreto, los beneficios establecidos en él. La debida reparación a las víctimas sigue pendiente de resolución, de concreción efectiva, de compromiso militante por parte de las autoridades.

28 años y seguimos en la lucha

En el día de hoy se cumplen 28 años de la liberación de los últimos presos políticos de la dictadura al reinstaurarse la institucionalidad democrática en marzo de 1985.

La liberación de los presos políticos fue un hito en la lucha del pueblo uruguayo por reconquistar la libertad y la democracia. Miles de uruguayos salieron a las calles para celebrar su liberación, para recibirnos y reintegrarnos a nuestras familias y a la sociedad.

El 14 de marzo, Día del Liberad@, es un día de festejo, de conmemoración, de reencuentro. También es un día de reivindicación colectiva de nuestro accionar, de nuestro protagonismo militante, de nuestra lucha, de nuestro enfrentamiento al régimen autoritario de Pacheco Areco y al terrorismo de Estado dentro y fuera del país.

¡Seguimos estando orgullosos de haber luchado y de haber combatido!

Las expresas y los expresos políticos, desde nuestra liberación hace 28 años, nos hemos comprometido activamente, junto a los trabajadores, los sectores populares y todas las organizaciones de DDHH, en contribuir  a generar las condiciones que impidan que la tragedia que vivió nuestro país,  vuelva a repetirse.

Afirmar y profundizar la transición democrática iniciada en 1985 con la plena vigencia de las normas de DDHH, asumiendo y cumpliendo con las recomendaciones de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del pueblo, es la mayor y única garantía de que Uruguay podrá continuar el camino del progreso,  de la soberanía, de la justicia social, de la liberación nacional en la perspectiva del socialismo, cualquiera sea la forma específica que adopte en nuestra patria.

Es nuestro compromiso militante como colectivo. Mantenemos en alto, bien en alto, las banderas que nos cobijaron, las de nuestros detenidos desaparecidos, las de los asesinados y las de aquellos que no están entre nosotros.

¡Viva la unidad y la movilización de todas y de todos los expresos políticos!

¡Por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado!

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(*) Mensaje leído por Enrique Chalar a nombre de la Comisión Directiva de Crysol

No prescriben

Reynaldo Bignone, ex dictador argentino (1982-1983), recibió una condena perpetua por crímenes de lesa humanidad.

La diaria - 13 - 3 - 13

Familiares de desaparecidos y militantes por los derechos humanos que esperaban ayer en la sala del Tribunal Oral Federal Nº 1 de la localidad bonaerense de San Martín aplaudieron y se abrazaron al escuchar la sentencia. Supieron que fue condenado a prisión perpetua el último dictador argentino, Reynaldo Bignone (1982-1983).

La sentencia fue emitida en un juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el cuartel de Campo de Mayo, en las afueras de Buenos Aires, que funcionó como un centro de detención clandestina de la dictadura que se extendió desde 1976 hasta 1983.

La misma pena que recibió Bignone fue dispuesta por el tribunal para otros cuatro represores: Santiago Riveros (que fue el jefe en esa dependencia), Luis Sadi Pepa, Eduardo Corrado y Carlos Macedra, informó CIJ, la agencia de noticias del Poder Judicial de Argentina. Otros seis acusados recibieron penas de 12 a 25 años de prisión.

En esta causa se los juzgó por los crímenes cometidos contra 23 de las víctimas que pasaron por Campo de Mayo. 

Entre ellas, se cuentan siete mujeres embarazadas que dieron a luz en ese centro de detención o en otras dependencias clandestinas y que siguen desaparecidas. Entre los condenados se encuentran un ex oficial de inteligencia, Carlos del Señor Garzón, y su esposa, María Francisca Morillo, por apropiarse de uno de esos bebés, una niña. Se trata de Laura Catalina de Sanctis Ovando, hija de Miryam Ovando y Raúl de Sanctis, que recuperó su identidad en 2008.

Durante el juicio, De Sanctis acusó a Garzón y a su esposa de ser cómplices de la muerte de sus padres y pidió a la sociedad argentina que tomara “conciencia de la real responsabilidad de estas dos personas”. Dijo que esperaba que la sentencia sirviera para “honrar la memoria” de sus padres, recordó el diario Página 12. Ayer Garzón fue condenado a 15 años de cárcel y Morillo a 12.
Este expediente judicial, llamado “megacausa” por la cantidad de casos que reúne, se propone también recabar información sobre lo ocurrido con las 23 víctimas, que en su mayoría están desaparecidas.

De Sanctis, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de Derechos Humanos fueron algunos de los querellantes en este juicio que comenzó en agosto y que llegó ayer a la etapa de dictar un castigo para los imputados. Ellos reclamaban como castigo la prisión de por vida para Bignone y los demás represores que ayer fueron condenados a esa pena. El tribunal anunció que leerá los fundamentos de su sentencia recién el 14 de mayo.

Para Bignone, de 85 años, esta condena se suma a las de 25 años de prisión que recibió en 2010 y 2011, una por crímenes perpetrados en Campo de Mayo y otra por los que se cometieron en el hospital público Posadas, también en las afueras de Buenos Aires. El año pasado el ex dictador fue condenado a 15 años de cárcel en la causa por robo sistemático de bebés.

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14 de marzo: Día del Liberad@

El próximo jueves 14 de marzo se cumplen 28 años de la liberación de los últimos presos políticos de la dictadura luego de la aprobación por parte del parlamento de la Ley 15 737 al reinstaurarse la institucionalidad democrática en marzo de 1985.

Como todos los años, Crysol celebrará en esa jornada el Día del Liberad@.

La detención masiva de ciudadanos, la tortura y la prisión prolongada en condiciones inhumanas y degradantes fue la metodología deliberadamente seleccionada por las fuerzas armadas y el terrorismo de Estado para aniquilar y destruir a quienes consideraban sus opositores, para aterrorizar a la población y perpetuarse en el gobierno.

Los apremios físicos y psicológicos, las torturas, incluyeron los abusos sexuales, en la mayoría de las mujeres, tal como ha quedado demostrado en las denuncias que se presentaron ante la justicia y que se están tramitando.

Durante dicho período, Uruguay fue el país del mundo que tuvo la mayor cantidad de presos políticos en relación a su población. Según Amnistía Internacional, más de 7.000 uruguayas y uruguayos sufrieron prisión prolongada por razones gremiales, sociales, ideológicas o políticas.

Al amparo de la Ley de Seguridad del Estado (Ley 14 068), votada por el Parlamento en julio de 1972, aprobada ante las presiones ejercidas por los mandos militares de la época, más de 6.000 uruguayos fueron juzgados y condenados por la Justicia Militar, un órgano dependiente, sometido a las jerarquías castrenses, violentando todas las garantías legales y constitucionales.

Según estudios realizados por SERPAJ, en promedio, los sometidos a la Justicia Militar demoraron 102 días en ser presentados ante un Juez Sumariante, que en la mayoría de los casos formaba parte del equipo de interrogadores en las unidades militares. Los procesados recluidos en los Penales emblemáticos de Paso de Los Toros, Libertad y Punta de Rieles, estuvieron un promedio de 6,6 años en condiciones diseñadas para la destrucción física, psíquica y psicológica.

La liberación de los presos políticos fue un hito en la lucha del pueblo uruguayo por reconquistar la libertad y la democracia. Miles de uruguayos salieron a las calles para celebrar su liberación, para recibirlos y reintegrarlos a la sociedad.

El 14 de marzo, Día del Liberad@, es un día de festejo, de conmemoración, de reencuentro. También es un día de reivindicación colectiva de nuestro accionar, de nuestro protagonismo militante, de nuestra lucha, de nuestro enfrentamiento al régimen autoritario de Pacheco Areco y al terrorismo de Estado dentro y fuera del país.

Las expresas y los expresos políticos, desde nuestra liberación hace 28 años, nos hemos comprometido activamente, junto a los trabajadores y los sectores populares, junto a todas las organizaciones de DDHH, en contribuir activamente a generar las condiciones que impidan que la tragedia que vivió nuestro país, nunca más vuelva a repetirse.

Este jueves 14 de marzo, a la hora 12 nos reuniremos en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos, en el Parque Vaz Ferreira, en el Cerro, para entonar las estrofas del Himno Nacional en su honor y homenajearlos.

En la tarde, de 15 a 17 horas, nos concentraremos en la Plaza Independencia para dar lectura a una proclama, reclamando a todos los poderes del Estado, al sistema político en su conjunto, Verdad, Memoria, Justicia y reivindicando los derechos de todas las víctimas del terrorismo de Estado de acuerdo a la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas.

Llamamos a todas y a todos los expresos políticos, a nuestros familiares y amigos, a la ciudadanía en general, a participar en las actividades.

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