Buenos oficios

REVELACIONES DE VIDELA SOBRE LA COMPLICIDAD DE LA IGLESIA CATOLICA

Videla habló con una revista de Córdoba sobre la complicidad de la Iglesia Católica con la dictadura militar. El rol de Laghi y Primatesta y el testimonio de un ex sacerdote. No sólo asesoraron a la Junta sobre cómo manejar la cuestión de los detenidos-desaparecidos. También le ofrecieron sus “buenos oficios” para informar a algunas familias del asesinato de sus hijos garantizando que no lo hicieran público. Se comprende por qué hasta hoy la Iglesia no ha excomulgado a Videla.

Página 12. Domingo 22 7 12.  Por Horacio Verbitsky

El ex dictador Jorge Videla dijo que el ex nuncio apostólico Pío Laghi, el ex presidente de la Iglesia Católica de la Argentina Raúl Primatesta, y otros obispos de la Conferencia Episcopal asesoraron a su gobierno sobre la forma de manejar la situación de las personas detenidas-desaparecidas.

Según Videla la Iglesia “ofreció sus buenos oficios” para que el gobierno de facto informara de la muerte de sus hijos a familias que no lo hicieran público, de modo que cesaran la búsqueda. 

Esto confirma el conocimiento de primera mano que esa institución tenía sobre los crímenes de la dictadura militar, como consta en los documentos secretos cuya autenticidad el Episcopado reconoció ante la justicia hace dos meses. Pero además muestra un involucramiento episcopal activo para que esa información no trascendiera tampoco por comentarios de los familiares de las víctimas, de cuyo silencio la Iglesia era garante.

Diálogos en la cárcel

El reportaje con la revista cordobesa El Sur, que edita en Río Cuarto Hernán Vaca Narvaja, se realizó antes de los concedidos al periodista español Ricardo Angoso y al argentino Ceferino Reato, pero sólo se divulgó esta semana.

Fue realizado en tres partes por el periodista Adolfo Ruiz, en la cárcel de alta seguridad de Bouwer, donde el ex jefe de la Junta Militar estuvo detenido entre el 26 de junio y el 23 de diciembre de 2010, mientras se extendieron las audiencias del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la cárcel de Córdoba conocida como UP1.

Videla fue condenado en ese proceso a prisión perpetua por los asesinatos de 31 prisioneros dentro de la cárcel o mediante fraguados intentos de rescate en ocasión de traslados. 

Videla recibió a Ruiz el 6 y el 13 de agosto y el 18 de octubre de 2010 en el locutorio de la cárcel de Bouwer, cuyos dos mil internos superan el número de pobladores de esa pequeña ciudad, que hasta hace dos años fue el depósito de los residuos domiciliarios de Córdoba. Antes de comenzar puso como condición que sus palabras recién se difundieran cuando dejara la provincia, como consta en la carta manuscrita que se reproduce aquí.

Como en aquellas otras entrevistas y en sus alegatos judiciales, Videla justificó el plan que aplicó la Junta Militar por los “decretos de aniquilación” firmados por el ex presidente interino Italo Luder, que constituyeron “una licencia para matar concedida por un gobierno democrático”.

Cuando el periodista le inquirió si esa licencia incluía las torturas, el robo de bebés y el saqueo de los bienes de las víctimas, dijo que esas “bajezas humanas” se debieron al gran “poder y libertad de acción otorgados al Ejército”, situación en la cual “es inevitable que muchos utilicen esas libertades en beneficio propio”.

Agregó que con los juicios él y sus camaradas pagan el costo de “no haber blanqueado” los métodos dispuestos entonces. Videla sostiene que “hacia el final de mi mandato, entre el ’80 y el ’81, se llegó a evaluar la posibilidad de publicar la lista, blanquear los desaparecidos”.

Explica que “no era tan fácil, porque además íbamos a estar expuestos a la contra pregunta. Si a una madre le decíamos que su hijo estaba en la lista, nadie le impediría que preguntara ¿dónde está enterrado, para llevarle una flor? ¿quiénes lo mataron? ¿por qué? ¿cómo lo mataron? No había respuestas para cada una de esas preguntas, y creímos que era embochinchar más esa realidad, y que sólo lograríamos afectar la credibilidad. Entonces en ese momento no se quiso correr ese riesgo”.

El razonamiento es idéntico al que Videla suministró a la Comisión Ejecutiva del Episcopado, cuando los obispos le transmitieron que el método de la desaparición de personas produciría a la larga “malos efectos”, dada “la amargura que deja en muchas familias”.

Pero la fecha es muy anterior a la que menciona el dictador. Ese diálogo tuvo lugar el 10 de abril de 1978 durante un almuerzo de Videla con la Comisión Ejecutiva del Episcopado, que presidía el arzobispo de Córdoba Primatesta y que también integraban los arzobispos de Santa Fe y de la Capital Federal, Vicente Zazpe y Juan Aramburu, como vicepresidentes.

Primatesta hizo referencia a las desapariciones producidas durante la Pascua de 1978, “en un procedimiento muy similar al utilizado cuando secuestraron a las dos religiosas francesas”.

Videla respondió que “sería lo más obvio decir que éstos ya están muertos, se trataría de pasar una línea divisoria y éstos han desaparecido y no están. Pero aunque eso parezca lo más claro sin embargo da pie a una serie de preguntas sobre dónde están sepultados: ¿en una fosa común? En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa? Una serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder sinceramente por las consecuencias sobre personas”, es decir para proteger a los secuestradores y asesinos.

El detalle de este diálogo consta en una minuta que los tres arzobispos redactaron en la sede del Episcopado en cuanto concluyó el almuerzo para enviarla al Vaticano. 

La autenticidad de ese texto fue reconocida por la Conferencia Episcopal, que hoy preside el arzobispo de Santa Fe, José Arancedo, ante una consulta de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, luego de su publicación aquí. Pero en el reportaje con El Sur, Videla describe un grado de complicidad de la Iglesia Católica con los crímenes de su gobierno superior a lo que se conocía y con un carácter institucional que comprende tanto al Episcopado local como a la sede central en Roma.

No se trata sólo de callar lo que sabían para no “hacer daño al gobierno”, como dijo Primatesta aquel día de 1978, sino incluso de asesorar a la Junta Militar y garantizar que tampoco los familiares de las víctimas contaran lo que había ocurrido con sus hijos. Lo que sigue es la transcripción textual del tramo de la entrevista sobre el tema:

–No deja de llamar la atención la forma en que se refiere a la situación de los desaparecidos. Hace sentir que para usted es un tema pendiente.

–La desaparición de personas fue una cosa lamentable en esta guerra. Hasta el día de hoy la seguimos discutiendo. En mi vida lo he hablado con muchas personas. Con Primatesta, muchas veces. Con la Conferencia Episcopal Argentina, no a pleno, sino con algunos obispos. Con ellos hemos tenido muchas charlas. Con el nuncio apostólico Pío Laghi. Se lo planteó como una situación muy dolorosa y nos asesoraron sobre la forma de manejarla. En algunos casos, la Iglesia ofreció sus buenos oficios, y frente a familiares que se tenía la certeza de que no harían un uso político de la información, se les dijo que no busquen más a su hijo porque estaba muerto.

–No parece suficiente.

–Es que la repregunta es un derecho que todas las familias tienen. Eso lo comprendió bien la Iglesia y también asumió los riesgos.

Hasta la expresión impersonal escogida por Videla (“se le planteó”, “se les dijo”) trasluce la identidad entre Iglesia y Dictadura.

El rol de Laghi

La minuta para el Vaticano también muestra el conocimiento de la Iglesia sobre el secuestro de las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Sin embargo, cuando la superiora de las monjas en la Argentina, Evelyn Lamartine, y la religiosa Montserrat Bertrán recurrieron a Laghi, el nuncio las miró “como si fuéramos bichos asquerosos, y nos dijo: ‘Nosotros no sabemos nada, por algo habrá sido’.

Montse se arrodilló y le rogó que hiciera algo. El se la sacó de encima, instintivamente, describe Evelyn, que entonces pensó: ‘Dios no se olvida de lo que dijiste’”. Su testimonio fue recogido por María Arce, Andrea Basconi y Florencia Bianco, cuya investigación fue publicada por Clarín en 2007. Un obispo y una madre superiora llegaron desde Francia para interesarse por Alice y Léonie, pero Primatesta ordenó desmentirlo y explicar que sólo venían a pasar Navidad.

En 1995, bajo la conmoción de las revelaciones del ex capitán Adolfo Scilingo sobre el asesinato de prisioneros arrojados al mar, la esposa del secuestrado periodista Julián Delgado, María Ignacia Cercós, contó que el Comandante en Jefe de la Armada Armando Lambruschini consultó con Laghi acerca del destino de 40 detenidos-desaparecidos en la ESMA, que su antecesor, Emilio Massera, le había entregado al retirarse.

Lambruschini no quería matarlos pero temía que si los dejaba en libertad contaran lo padecido en la ESMA, tal como ocurrió, y le preguntó a Laghi qué hacer. Según Cercós, el conocimiento de Laghi sobre lo que sucedía en aquel campo de concentración llegaba hasta la nómina de los prisioneros que aún quedaban con vida.

Ante el pedido de María Ignacia, Laghi consultó esa lista y “me dijo que Julián no estaba entre ellos. Quiere decir que tenía pleno acceso a la información”. En aquel momento, el propio Massera defendió a Laghi de tales “noticias calumniosas” y dijo que se preocupó en forma permanente por la suerte de “los llamados desaparecidos”.

El problema es que Laghi había elegido la estrategia opuesta: negar que hubiera conocido la índole y la extensión de las violaciones a los derechos humanos. Dijo que “no tenía ni micrófonos ni espías que fuesen a los cuarteles a ver lo que los militares hacían”.

Sus amigos Oscar Justo Laguna (quien al morir este año estaba procesado por la justicia federal de San Nicolás, por haber mentido en su testimonio sobre el asesinato de su colega Carlos Horacio Ponce de León), Alcides Jorge Pedro Casaretto, Carlos Galán, Domingo Castagna y Emilio Bianchi di Carcano sostuvieron que declaraciones como la de María Ignacia Cercós podrían “reinstalar entre nosotros no ya la violencia de las armas sino la de la venganza”.

La esposa de Julián Delgado dijo entonces que durante años estuvo agradecida a Laghi por sus gestiones. “Pero ahora sé que no puedo perdonarle su silencio cómplice. Me siento un monstruo por haber escuchado esas cosas sin reaccionar.” El propio jefe máximo de aquella Junta Militar, sin el menor asomo de crítica, confirma tres décadas después el asesoramiento de Laghi sobre el secreto más horrendo y peor guardado de la dictadura.

La Eucaristía

Recuerdos coincidentes tienen muchos sacerdotes que en aquellos años frecuentaron a Laghi. Uno de ellos, Hugo Collosa, de Rafaela, le narró al periodista Carlos del Frade que Laghi visitó esa ciudad santafesina luego de la muerte de su obispo, Antonio Alfredo Brasca, incendiado por un cáncer en 1976. La enfermedad se adelantó a las Fuerzas Armadas, que lo tenían en su lista corta de aversiones.

En el Obispado se reunían las agrupaciones laicas que militaban en los barrios más humildes y las del peronismo revolucionario, que tenían algunos miembros en común, entre ellos un sacerdote. 

Brasca se había manifestado en apoyo del movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo junto con los obispos Enrique Angelelli, Ponce de León y Alberto Devoto. 

“Laghi vino a maltratarnos”, dice Collosa, quien ya no es sacerdote. “No tenía ninguna intención de discutir el perfil del nuevo obispo ni mucho menos que se siguiera la línea de Brasca. Lo llevamos a almorzar en un comedor para chicos de la ciudad y allí, a varios sacerdotes, nos contó de los vuelos de la muerte, de los secuestros, las desapariciones y las torturas. Es decir que ellos ya sabían lo que estaba pasando con lujo de detalles desde mucho antes que 1978. Y hablaba con fundamento de lo que hacía cada una de las tres armas. Nosotros ya habíamos sufrido el secuestro del padre Raúl Troncoso que militaba en barrio Fátima, y estábamos muy preocupados. Después lo mandaron a Cassaretto que hizo una pastoral totalmente distinta a la de Brasca y bien cercana a los sectores dominantes de la ciudad”.

La primera entrevista de Videla con el periodista cordobés se interrumpió cuando lo trasladaron al Hospital Militar para tratarse de una incipiente bronquitis. Formaba parte de la comitiva que buscó a Videla “un hombre canoso que venía, cáliz y alba en mano, a darle la Eucaristía”.

Es decir que pese a las sucesivas condenas por los más graves delitos, la Iglesia Católica no consideró necesario excomulgarlo, pena eclesiástica que impide la recepción de los sacramentos y se aplica a los pecados graves. El no considerar como tales los delitos de Videla certifica la prolongación en el tiempo de la complicidad eclesiástica con ellos.

-------------

Caso Perrini. Rechazar maniobras dilatorias

Brecha. 20 7 12

Familiares y amigos de Aldo Perrini reclamaron ayer (viernes 19) frente a la Suprema Corte de Justicia que se prosiga con las actuaciones judiciales que tienen al general Pedro Barneix como principal indagado de la causa.

Brecha requirió la opinión del abogado defensor Óscar López Goldaracena, quien nos hizo llegar el siguiente texto:

Gral (r) Pedro Barneix

La práctica general y sistemática de torturas, desapariciones y homicidios políticos respaldada ideológicamente por la doctrina de la seguridad nacional y cometida por la dictadura cívico-militar uruguaya constituye crimen de lesa humanidad.

Dicha calificación jurídica se produce por mandato de una norma supranacional del derecho internacional, que ingresa con rango constitucional al amparo del artículo 72 de la Constitución. 

Cuando se invoca este principio para indagar y juzgar crímenes como el de Perrini, no se aplican retroactivamente normas jurídicas posteriores a la dictadura, se aplica el derecho vigente de la época, el que ya consagraba la persecución y la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

No pueden caber dudas de que en la especie se cometió un crimen contra la humanidad: el terrorismo de Estado en Uruguay recurrió de forma generalizada y sistemática a la tortura y al homicidio político.

Lo han confesado los propios torturadores. 

Por ejemplo, el teniente de navio Jorge Tróccoli, en su libro La ira de Leviatán, reconoce haber recurrido a la tortura como algo "normal" en los interrogatorios. "Lo anormal era que un detenido nos contara todo gratuitamente". "El torturar, el hacer sufrir a alguien era un medio para llegar a un fin, para obtener un objetivo. " 

Reconoce el total y absoluto involucramiento de los represores en todos los niveles: "Era ante todo un procedimiento a través del cual se obtenía la información. Era, como fue y es en todas partes del mundo, una característica más de este tipo de lucha. Varias veces mis superiores estaban presentes durante el interrogatorio, era una instancia más. La tortura en los interrogatorios era un secreto a voces durante la guerra, antes y después de 1973. Y esto no era ignorado por nadie y mucho menos por los altos mandos militares".

Finalmente señala: "También percibíamos la tortura como un medio a través del cual se ejercía la lucha, las frases de los veteranos de Argelia e Indochina que justificaban estos métodos y que hablaban de la necesidad de ensuciarse se exhibían en las paredes de varias unidades de las Fuerzas Armadas ".

Huelgan comentarios. Nadie puede afirmar que eran actos aislados. Fue una práctica sistemática y generalizada y, por ende, califica como crimen de lesa humanidad.

Mediante tan aberrante práctica asesinaron a Perrini. Resulta del expediente judicial prueba contundente de que este compatriota fue salvajemente torturado hasta su muerte. La categorización jurídica del hecho debe concluir en que se trata de un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible, esto es, que el transcurso de tiempo no resulta un obstáculo para su juzgamiento.

El régimen de imprescriptibilidad para los crímenes de lesa humanidad estaba vigente en el momento de los hechos, independientemente de las recientes leyes aprobadas por el Parlamento que no hacen más que confirmar lo que ya existía.

En efecto, Uruguay ratificó la Convención Internacional sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968. Dicha convención reconoce la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad "cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido" (artículo 1).

Consecuentemente, para el caso Perrini rige el derecho vigente en la época en que ocurrió el delito, y debe habilitarse la continuación de la indagatoria.

Frente a los recursos de inconstitucionalidad en curso, recordemos, además, que el expediente judicial de Perrini se encuentra aún en etapa de presumario, y por ende el juez de la causa no ha aplicado todavía ninguna ley.

Mal puede entonces prosperar un "recurso de inconstitucionalidad" contra normas que no se sabe si serán o no a las que recurrirá el magistrado.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia, en jurisprudencia constante y reiterada en la materia para casos similares, no ha hecho lugar a dichos recursos de inconstitucionalidad por "inadmisibles" (entre otras, la sentencia del 10 de diciembre de 2007 contra Gregorio Álvarez). Tal lo que debería ocurrir en este caso, rápidamente.

En conclusión: en el marco de la obligación jurídica y moral que involucra a todos los poderes del Estado en la persecución de los crímenes de lesa humanidad, deben rechazarse las maniobras dilatorias que tengan por objeto sustraer a los indagados de la acción de la justicia.

En el caso de Perrini se llegó a la verdad por medio del actuar de la justicia. Ahora es momento de que la justicia determine la responsabilidad penal de los involucrados.

---------

Argentina: las huellas del Cóndor

Nuevos documentos sobre el crimen de Roger Julien

Brecha. 20 7 12

El acta de defunción de un nn muerto en la misma casa y fecha en que desapareció el matrimonio Julien Grisonas despeja dudas sobre la suerte corrida por Roger. Los responsables del secuestro de Victoria Grisonas son para el juez los asesinos de su esposo. Nuevos documentos aportan pruebas sobre la existencia de un gt 5 especializado en militantes extranjeros.

Juez Daniel Rafecas

La aparición en los archivos judiciales del acta de defunción de un nn muerto a balazos el 26 de setiembre de 1976 en la calle Mitre al 1050, en el partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, llevó al juez federal Daniel Rafecas a procesar por el homicidio de Mario Roger Julien a los comisarios retirados de la Policía Federal argentina Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez, ambos ya procesados y detenidos por el secuestro de Victoria Grisonas, pareja de Roger, quien fue vista por última vez en el centro clandestino de detención Automotores Orletti en octubre de 1976. El magistrado descartó así la hipótesis del suicidio de Julien con la ingesta de una cápsula de cianuro, tal como lo señalaban algunos testigos.

La prueba. En un libro interno de la Policía Federal denominado “Fichas cadáver”, el juez encontró asentado el deceso de un nn con todas las características de Mario Roger Julien Cáceres. El libro cuenta con un listado de muertos nn en diferentes comisarías de la provincia de Buenos Aires. 

En el correspondiente a San Martín, con fecha 26 de setiembre de 1976, solamente aparece el hecho ocurrido en la dirección de la familia Julien Grisonas. La corroboración ante el cementerio local indicó que Roger Julien fue ingresado en esa fecha en el área de los sepultados, gratuitamente y como nn. 

El documento policial –hoy en custodia de la justicia federal– señala que fue imposible tomar las huellas dactilares, pero el informe forense elaborado por el médico Arturo Ernesto Coppola señala como causa del deceso “paro cardíaco traumático, hemorragia aguda y heridas de bala”. La descripción es de un hombre “de unos 30 años, 1,76 metros de estatura, cabello largo, negro, sin bigotes, tez mate, y vestía pantalón marrón”.

La investigación judicial permitió encontrar nuevas evidencias acerca de la coordinación represiva entre Argentina y Uruguay, y las vinculaciones entre fuerzas de inteligencia y seguridad argentinas especializadas en la persecución de militantes políticos extranjeros, especialmente uruguayos.

En el texto del procesamiento ordenado el pasado miércoles 11 se incluyen informes de inteligencia donde consta la existencia de un Grupo de Tareas 5 (gt 5) en el que confluían miembros del Departamento de Asuntos Extranjeros (dae) de la Policía Federal, de la Secretaría de Inteligencia del Estado (side) y del Ejército, todos bajo las órdenes del teniente coronel Juan Ramón Nieto Moreno, jefe de Contrainteligencia de la side.

Durante el operativo en casa de los Julien Grisonas, los policías Nerone y Gutiérrez participaron junto a su par –ya fallecido– Roberto Gómez Migenes, como miembros del dae “en comisión” en el gt 5. Tal como publicara Brecha (20-V-11), Nerone fue quien intentó ingresar a la casa y recibió desde allí un disparo en su pierna izquierda que lo obligó meses después al retiro forzoso de la actividad policial.

Según la resolución del juez Rafecas, “Nieto Moreno se habría desempeñado simultáneamente como jefe del Grupo de Tareas número 5 que funcionaba en el ámbito de la side, y en el cual Nerone y Gutiérrez se habrían encontrado en comisión”.

Pese a que sólo ahora queda probada para la justicia la existencia del gt 5, existen dos testimonios utilizados como antecedentes durante los juicios por delitos de lesa humanidad en los últimos años. 

El ex policía federal Peregrino Fernández, uno de los primeros arrepentidos aun antes de retornada la democracia en 1983, señaló ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (Cadhu) en Madrid en 1980 que “los grupos de tareas son creados con motivo del golpe de 1976 (...) los distintos gt habían especializado su actuación por grupos políticos. 

Así, por ejemplo, el Ejército tenía a su cargo la represión del erp, la Armada a Montoneros, la Fuerza Aérea a organizaciones menores, fal, fap, etcétera; y la Policía Federal, a pesar de trabajar bajo jurisdicción del Ejército, también se encargaba de la represión a Montoneros. Cuando algunos de los gt secuestraban a alguna persona que por su participación interesara a otro gt, se trasladaba al prisionero”.

El otro testimonio es del represor Juan Antonio del Cerro, alias “Colores”, muerto en abril de 2006 mientras esperaba su turno para ser juzgado por 160 crímenes. En la causa 450, caratulada “Suárez Mason, sobre delitos cometidos en área del Primer Cuerpo de Ejército”, Colores sostuvo que “cuando el Ejército toma el control de la lucha contra el terrorismo (marzo de 1976), se crea la Central de Reunión y distribuye en grupos de tareas y qué dependencia iba a tener asignado cada grupo; se determinó también qué grupo iba a investigar a cada organización terrorista”. 

Y completa para que no queden dudas: “el gt 5, con asiento en el side, trabajaba tupamaros, mir chileno y mir boliviano, controlando también elementos de la Junta Coordinadora Revolucionaria Latinoamericana”.

“COSA DE TODOS LOS DIAS.” 

Esos antecedentes vienen a corroborar el testimonio del imputado Oscar Gutiérrez cuando aseguró al juez Rafecas que él mismo, dentro del Departamento de Asuntos Extranjeros, estaba especializado en grupos políticos chilenos y que “era cosa de todos los días hacer operativos” donde “por una cosa u otra se detenía a diez o quince personas”. 

La locuacidad de Gutiérrez contrasta con la parquedad de Nerone, quien aseguró desconocer que perteneció a un grupo de tareas y que ni antes ni después de los hechos del 26 de setiembre de 1976 participó en otro operativo semejante. Gutiérrez, sin embargo, recuerda haber participado en un operativo a fines de 1975 donde “descubrimos el mayor arsenal de los tupamaros en Argentina, con 500 quilos de trotyl, en un operativo sobre la calle La Rioja al 765, a cargo del juez Sarmiento”. La tranquilidad de saber que en el procedimiento participó un juez se esfuma cuando se indaga sobre Rafael Sarmiento, juez federal en la capital argentina hasta 1979, experto en rechazar hábeas corpus de los familiares de detenidos y desaparecidos.

Entre los informes de inteligencia elaborados por otros oficiales de la Policía Federal en el dae, el juez Rafecas consigna el de un comisario inspector de apellido Obregón, quien con fecha 15 de setiembre de 1976 menciona los operativos contra miembros del mir chileno en Argentina gracias al intercambio de información con la Dina, órgano de inteligencia de la dictadura de Augusto Pinochet. 

Sin embargo la última parte del informe es la más extensa y se detiene precisamente en la opr 33, de Uruguay. Menciona la historia y ramificación de sus exiliados en Argentina y Chile, y se detiene en la conformación del grupo. Según Obregón, en la opr 33 confluyeron “elementos de la Columna 10 de los tupamaros, el frt y el fer”, con lo cual para el juez Rafecas queda probada la participación conjunta en el gt 5 de la side, el dae y el Ejército. El documento fue hallado, entre otras varias piezas valiosas, en una dependencia de la Policía Federal.

“Homicidio agravado por alevosía” es la calificación del crimen de Mario Roger Julien dada por el juez Rafecas, y tanto Nerone como Gutiérrez fueron hallados responsables del hecho como coautores. A esta imputación se le suma la del secuestro de Victoria Grisonas, delito por el cual están detenidos desde mayo de 2011. Con las nuevas imputaciones la justicia avanza por un lado en el esclarecimiento del crimen del matrimonio Julien Grisonas, y por otro en las nuevas pistas sobre el paso del Plan Cóndor por Buenos Aires. 

(N de R: En el texto del procesamiento de los autores del crimen de Mario Roger Julien se hace mención al trabajo periodístico (sobre todo de documentación gráfica del barrio que habitaba Julien) de Fabián Kovacic, corresponsal de Brecha en Buenos Aires. Su labor ha significado un aporte en varios casos de derechos humanos ya que, por ejemplo, integró junto a Samuel Blixen y Walter Pernas el equipo de este semanario que ubicó en Buenos Aires al miembro del escuadrón de la muerte Nelson Bardesio. Desde el Consejo de Redacción de Brecha, vaya el reconocimiento al trabajo de nuestro corresponsal.)

-----------

La "ratonera" que montó Hugo Cores

Un testimonio clave para el caso de Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez.

Lilián Celiberti

Consecuencia de la decisión del presidente José Mujica de ordenar la reapertura de 81 expedientes judiciales sobre delitos de lesa humanidad, el caso del secuestro en Porto Alegre de Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez tendrá el próximo lunes 16 una instancia decisiva cuando comparezca ante la jueza penal Mariana Mota el periodista brasileño Luiz Claudio Cunha.

SAMUEL BLIXEN. DESDE BRASILIA. Brecha 13 7 12

En el seminario Internacional sobre la Operación Cóndor -organizado en Brasilia los días 4 y 5 de julio por la Comisión Parlamentaria Memoria, Verdad y Justicia que coordina la diputada Luiza Erundina- Cunha hizo una rigurosa y detallada exposición sobre el protagonismo de la dictadura brasileña en la coordinación represiva del Cono Sur y dedicó una parte de su informe al caso de los dos uruguayos, en aquel entonces militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (pvp). 

El periodista, que en 1978 trabajaba para la revista Veja, aportó datos de su exhaustiva investigación y relató su participación personal, determinante para que se frustrara el secuestro y, debido a la denuncia y su repercusión internacional, salvaran sus vidas Lilián y Universindo.

"En noviembre de 1978 el Cóndor fue hasta Porto Alegre para perseguir a sus enemigos ", dijo Cunha después de detallar la estrategia de bajo perfil de los generales de la inteligencia brasileña, que movían los hilos dejándole el crédito a los chilenos. "Atravesar la frontera seca de Río Grande del Sur parecía ser más simple que cruzar el Río de la Plata para secuestrar opositores en Buenos Aires ".

El periodista identifica al entonces coronel Calixto de Armas como "el hombre más poderoso de la represión, jefe del Departamento II del Comando General del Ejército, responsable de las acciones del brazo operacional del Cóndor uruguayo, la secreta Compañía de Contrainformación". 

Dos meses antes, el coronel De Armas había concluido la entrega clandestina al ejército argentino de dos militantes vinculados al Ejército Revolucionario del Pueblo (erp), Manuel Eduardo García y María Catalina Benassi, apresados cuando descendían de un avión en el aeropuerto de Carrasco.

"El coronel, que sólo recibía órdenes de dos hombres, su jefe inmediato, el general Manuel Núñez, y el comandante del Ejército, general Gregorio Alvarez, se había procurado un camara-da de hermandad del Cóndor en Brasil, el coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, quien durante el gobierno de Médici montó la maquinaria de tortura del doi-codi en San Pablo, y que en el gobierno de Geisel fue jefe en Brasilia del Sector de Operaciones del cíe, el servicio secreto del Ejército."

Cuando hizo contacto, en noviembre, de Armas encontró a su camarada de represión en desgracia, al frente de un cuartel de artillería en San Leopoldo, en las cercanías de la capital gaucha, pero las indicaciones de Ustra le permitieron contactar desde Montevideo al estado mayor del III Ejército de Río Grande solicitando pase libre para sus hombres de la Compañía de Contrainformación; fue autorizado para operar pero en compañía del delegado del dops, Pedro Seelig, famoso por haber desbaratado la izquierda armada en la región.

Una semana después, "la cúpula de la compañía uruguaya circuló en Porto Alegre: su comandante, el mayor Carlos Alberto Rossel; el subcomandante, mayor José Walter Bassani y el capitán Eduardo Ramos, jefe de la Sección Técnica". 

Más tarde fueron sustituidos por el capitán Glauco Yannone. "En la mañana del domingo 12, detuvieron a Lilián Celiberti en la terminal de ómnibus de Porto Alegre. Universindo fue preso horas más tarde junto con los dos hijos de Lilián, Camilo, de 8 años, y Francesco, de 3. Los dos militantes del pvp fueron desnudados y duramente torturados en la sede del dops gaucho. El delegado Seelig observaba, el capitán Yannone actuaba."

La pareja y los niños fueron trasladados al Chuy por la policía brasileña y entregados al capitán Eduardo Ferro, que los esperaba. Lilián y Universindo fueron nuevamente torturados en la fortaleza de Santa Teresa. Dice Cunha: "Experta, Lilián insinuó un encuentro en Porto Alegre con el objetivo principal del Cóndor uruguayo, Hugo Cores, líder del PVP.

Lilián fue traída de vuelta a la capital gaucha por el jefe del sector de operaciones de la compañía, el capitán Eduardo Ferro, que armó una ratonera para capturar a su presa en un apartamento de la rúa Botafogo, donde vivía Lilián. Pero fue el capitán quien cayó en una ratonera de Hugo Cores".

Alertado por el silencio de sus compañeros, Hugo Cores, que permanecía clandestino en Brasil, hizo una llamada anónima a la sucursal de la revista Veja, denunciando la desaparición. "Cuando los hombres armados de Ferro y Seelig, ocultos en el apartamento, abrieron la puerta, empuñando sus armas, en la tarde lluviosa del 17 de noviembre, no sorprendieron a un esperado Hugo Cores. En verdad fueron sorprendidos ellos por la presencia inesperada de un periodista y un fotógrafo, a su vez más sorprendidos por las armas apuntadas hacia sus cabezas. Cuento todo esto porque yo era el periodista, al lado del fotógrafo J B Scalco. Olí el olor del Cóndor. Encaré la oscuridad sin fin de un caño de pistola entre mis ojos. "

Ferro, quien se apropiaba incluso de los crímenes de otros para jactarse, se vio obligado a abortar la operación de Porto Alegre y retornar a Montevideo con sus presas, que terminaron en la cárcel. La denuncia del secuestro se convirtió en un escándalo:

 "El fiasco de rúa Botafogo -afirma el periodista- expuso al ridículo a las dictaduras de Uruguay y de Brasil, en el contexto de una operación represiva que nunca erraba, que nunca dejaba sobrevivientes". Y se pregunta: "¿Por qué fracasó el Cóndor en Porto Alegre? Por dos razones principales, que desconcertaron simultáneamente a brasileños y uruguayos, por detalles que no eran comunes en sus respectivos países. Los niños desordenaron la rutina de eficiencia del delegado Seelig y sus agentes del dops. Al contrario de los uruguayos, que robaban los hijos de sus víctimas para entregarlos a las familias de sus verdugos, la represión brasileña no registra la desaparición de niños, mucho menos su presencia en las acciones de busca y captura de guerrilleros".

Por otro lado, sostiene Cunha, "los periodistas trastocaron la disciplina militar del capitán Ferro y sus colegas de la Compañía de Contrainformación. Al contrario de los brasileños, más acostumbrados a la insistente cobertura de una prensa sobre los excesos del régimen, a pesar de la censura, la represión uruguaya no concebía la presencia inoportuna de periodistas en los locales de trabajo clandestino".

El secuestro de Lilián, Universindo y los dos niños (amedrentados por soldados que los apuntaban con sus armas), a pesar del irrebatible testimonio del periodista y el escándalo internacional, fue archivado por el presidente Julio María Sanguinetti y permaneció en el limbo de la caducidad. 

Hasta ahora, en que la reapertura instala la posibilidad de que la justicia no sólo castigue el secuestro, las torturas, los simulacros de fusilamiento y la extradición clandestina, sino también la estructura militar, policial, diplomática, administrativa y burocrática del Cóndor, nunca desarticulada -como lo reveló el secuestro, desaparición y asesinato del chileno Eugenio Berríos en 1993- aunque existan pronunciamientos judiciales sobre episodios puntuales.

------------

Esos viejitos que nada dicen y todo reivindican

Fallo histórico en Argentina.

La semana pasada la justicia argentina condenó a penas de prisión que van desde 15 hasta 50 años a militares y civiles implicados en el "plan sistemático" de apropiación de hijos de militantes desaparecidos. El fiscal del caso desestimó el argumento de la "ancianidad" de los condenados, evocado por la defensa. "Han envejecido impunes, guardando para ellos la información que hubiera ayudado a los familiares de las víctimas a conocer la verdad", dijo. El fallo puede sentar jurisprudencia a nivel nacional e internacional.

Desde Buenos Aires. Por Fabián Kovacic. Brecha 13 7 12

"No me significa mucho que vayan presos, porque lo que yo quisiera es que dijeran la verdad", aseguró María Isabel Mariano, abuela de Clara Anahí, la nieta que llegó a conocer y le fue arrebatada con pocos meses de vida tras el asesinato de su hijo y nuera en 1977. Mariano representaba así una de las vertientes de pensamiento entre los familiares, que priorizan el saber a la justicia. "Dónde están" es de todas maneras un reclamo central de todas las Madres, Abuelas y familiares en general acerca de los casi cuatrocientos nietos que restan recuperar y rescatar del empecinado silencio que mantienen todos los militares y civiles colaboradores de la dictadura, incluidos los condenados el jueves 5.

Sin embargo, las condenas a los militares y civiles Jorge Videla, Antonio Vañek, Jorge Acosta, Santiago Riveros, Reynaldo Bignone, Víctor Gallo, Juan Antonio Azic, Jorge Magnacco y Susana Colombo permitieron demostrar, a lo largo de 16 meses de juicio, la existencia de una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad".

El dato es significativo porque a partir de ahora se constituye en antecedente jurídico para el resto de los juicios por delitos de lesa humanidad iniciados. En su alegato el fiscal Martín Niklison sostuvo que se estaban juzgando delitos "de una gravedad extraordinaria". "Algún desprevenido podría apiadarse de los acusados por su ancianidad, pero no son pobres ancianos sino que han envejecido impunes, guardando para ellos la información que ayudaría a las víctimas a encontrar la verdad. No merecen ninguna indulgencia, porque en el epílogo de sus vidas no se percibe en ellos un atisbo de intentar mitigar el dolor que causaron. Por el contrario reivindican sus crímenes", sostuvo el fiscal.

PLAN SISTEMÁTICO CONTRA CASOS AISLADOS.

Con las palabras pronunciadas por la jueza María del Carmen Roqueta, la justicia argentina logró establecer finalmente la existencia del "plan sistemático de apropiación de menores", figura reclamada por Abuelas de Plaza de Mayo y pendiente desde el juicio a las juntas celebrado en 1985. En esa ocasión los jueces habían absuelto a Jorge Videla por cinco casos de apropiación de bebés y consideraron los hechos como "unapráctica aislada, llevada adelante por elementos operativos de las fuerzas represivas " de la dictadura.

El dato es importante porque los jueces incluyeron en la sentencia una línea de investigación futura sobre el obispo católico Emilio Graselli, vicario castrense durante la dictadura, por las sospechas de haber cometido "delitos de acción pública " al recibir reclamos de los familiares de personas desaparecidas y ocultarles información sobre su paradero, pese a la familiaridad que el religioso tenía con los jerarcas de la Junta. En el mismo sentido los magistrados ordenaron la rectificación de partidas de nacimiento en relación con los casos de menores secuestrados que recuperaron su identidad biológica a partir de la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo.

Quizá con intención de atenuar las penas, en los meses previos a la sentencia el ex dictador Videla otorgó entrevistas a diferentes medios nacionales y extranjeros en las que dejó entrever por primera vez las reales intenciones de la dictadura y sus personeros. "Todas las parturientas eran militantes activas de la maquinaria del terror y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes ", dijo ante los jueces el ex dictador en su descargo final antes de conocer la sentencia. "Es mi deseo reivindicar al Ejército argentino, institución señera de la república, de quien tuve el honor de ser comandante, respecto de este agravio que se le infiere de forma tan intencional como gratuita", remató como reivindicación del terrorismo de Estado.

En una entrevista con el diario Página 12, la jueza Roqueta explicó algunos de los puntos cuestionados por las querellas, especialmente por Estela Carlotto, titular de Abuelas. "Todos los hechos que fueron analizados durante el juicio señalan un único fin: el aniquilamiento de parte de la población civil, por lo tanto las acciones de sustracción de menores se encaminan en el mismo sentido.

El responsable final fue Videla. En este tipo de juicio no hay pruebas sobre el momento de ocurrido el delito porque fueron ocultadas y eliminadas, por lo tanto se fueron reconstruyendo durante el juicio con los testimonios y el cruce de informaciones", dijo la magistrada El próximo 18 de setiembre se conocerán los fundamentos de la sentencia, que en varios de sus puntos mostró diferencias entre los tres magistrados integrantes del tribunal oral número 6.

La causa había comenzado en 1996, luego de una denuncia que Abuelas realizara contra Videla. El dictador fue detenido por estos delitos dos años después por orden del juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich, el mismo que intervino en el caso de Mariana Zaffaroni. Cuando el juez fue destituido a raíz del caso de los hijos presuntamente apropiados por la dueña del Grupo Clarín Ernestina Noble, la causa pasó a manos de su colega Norberto Oyarbide, quien además conserva la emblemática causa del Plan Cóndor.

Oyarbide envió a Videla al penal de Campo de Mayo recién en 2008, 12 años después de iniciada la causa. En paralelo, se instruyó a partir de 1997 la causa que se llamó "plan sistemático", a cargo del juez federal Adolfo Bagnasco, quien también había intervenido inicialmente -y antes que Oyarbide- en la causa Cóndor. De los 12 imputados que figuraban en el primer expediente, sólo seis llegaron a la sentencia del jueves 5 de julio. En el camino murieron Emilio Massera (ex comandante de la Armada e integrante de la Junta), Juan Bautista Sasiaiñ, Héctor Febrés y Cristino Nicolaides.

El robo de bebés fue el primer delito que comenzó a investigarse tras la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final y la promulgación de los indultos. Por eso se convirtió en una causa emblemática de las Abuelas, que en soledad y en pleno menemato batallaron en los tribunales federales sabiendo que el perdón político a los genocidas establecido por esas leyes no incluía la sustracción de los chicos nacidos en cautiverio.

Como en 1989, cuando el derecho a la identidad fue incluido en la Convención por los Derechos del Niño a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo, ahora la comprobación de una práctica sistemática en el robo de bebés puede generar una nueva instancia testigo para la jurisprudencia argentina e internacional.

Los casos uruguayos

Durante el juicio fueron ventilados los casos de hijos de ciudadanos uruguayos desaparecidos en Buenos Aires entre 1976 y 1978 en los centros clandestinos de detención Automotores Orletti, Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes, todos ubicados dentro del circuito militar del Primer Cuerpo de Ejército.

Sus padres eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo y los Grupos de Acción Unificadora. Los cincuenta años de condena para Videla incluyen la suerte corrida por Paula Eva Logares Grinspon, Mariana Zaffaroni Islas, Anatole Boris Julien Grisonas, Victoria Eva Julien Grisonas, Carlos DElía Casco, María de las Mercedes Gallo Sanz, María Victoria Moyano y Macarena Gelman Iruretagoyena, hija de los argentinos Marcelo Gelman y María Claudia García, esta última traída en uno de los "vuelos" a Montevideo.

Videla fue absuelto en cambio en el caso de Simón Riquelo, el hijo de Sara Méndez y Mauricio Gatti, porque los jueces consideraron que se trató de un caso ya juzgado en la causa 13/84 del proceso a las juntas militares en 1985. Para los casos Julien Grisonas, Zaffaroni Islas y Gelman Iruretagoyena, los magistrados entendieron que Eduardo Ruffo ya estaba condenado en la causa Orletti y no puede ser condenado dos veces por el mismo delito.

No obstante, la sentencia tendrá efectos en el juicio "Orletti 2", por el cual permanece detenido Miguel Furci, el apropiador de Mariana Zaffaroni, y cuando llegue a juicio oral serán tenidos en cuenta los fundamentos y penas de este histórico fallo.

----------

Pacheco Areco: la comprobada actuación ilegítima del Estado

Sepelio de Líber Arce: 14 de agosto de 1968

El estado público que tomó la ceremonia oficial de entrega de certificados de reconocimiento de la actuación ilegítima y/o del terrorismo de Estado, realizado en la Antesala de la Cámara de Representantes el pasado lunes 4 de junio, llevó a la difusión de notas periodísticas cuestionando severamente la Ley de Reparación 18 596.

Este cuestionamiento ha provenido de familiares del extinto presidente Jorge Pacheco Areco, de integrantes eximios del Partido Colorado y publicistas reconocidos del Partido Nacional. También, lamentablemente, por parte de algún comentarista de izquierda.

Al margen de su clara intencionalidad política, todos los artículos en cuestión son una demostración  de la  escasa comprensión lectora por parte de los referidos autores y  de su desconocimiento en materia de normas de Derechos Humanos, incluso de la base elemental y básica de los mismos.

Normas de DDHH: derechos ciudadanos y límites para el accionar del Estado

Las normas de DDHH establecen los derechos de los ciudadanos ante el Estado. Son límites para regular la actuación de los órganos, agentes y funcionarios del mismo. Pretenden ofrecer garantías para una convivencia digna, dignificadora, pacífica y evitar los abusos por parte de ellos, independientemente de la situación institucional del país en cuestión.

Valen en todos los momentos, cuando existe armonía y paz social y muy especialmente para los momentos de conflictividad, conflictos y turbulencias sociales, políticas o institucionales.

Para la jurisprudencia y la doctrina humanitaria no existen justificaciones jurídicas, morales, políticas o pragmáticas para los crímenes, las desapariciones, la tortura, la privación agravada de la libertad u otros delitos que cuando se llevan a cabo de manera masiva, sistemática o generalizada son tipificados como Crímenes de Lesa Humanidad.

Ni de primera ni de segunda: víctimas del accionar ilegítimo del Estado

Desde el punto de vista de la normativa, solamente los órganos, agentes, instituciones, servicios y funcionarios del Estado violentan las normas de DDHH.

Las conductas de los ciudadanos y de las personas jurídicas son reguladas por las leyes generales y son sancionadas de acuerdo a los procedimientos que ellas mismas establecen y que son competencia del Poder Judicial.

Los Estados tienen la obligación de respetar los derechos humanos de los ciudadanos bajo su jurisdicción y de asegurar el libre ejercicio de ellos. Cuando los Estados no cumplen con sus obligaciones tienen el deber y la responsabilidad de reparar de manera integral el daño ocasionado.

La Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas establece cinco principios básicos: restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición. De ella emana la obligación de investigar y esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos, de identificar a los responsables intelectuales y materiales de ellas y si corresponde sancionarlos penal y administrativamente para que ellas no vuelvan a ocurrir.

La adecuada reparación debe asegurar el derecho a la justicia, a la verdad y a la dignificación moral y social de quienes fueron atropellados por el accionar del Estado.

Ley 18 596: una necesaria  ley de dignificación de las víctimas del Estado

Promovida inicialmente por Crysol en julio de 2007, con el concurso legal del Dr. Oscar López Goldaracena,  para avanzar en el proceso de superar las heridas aún abiertas del terrorismo de Estado, en cumplimiento de lo establecido por la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas, (Principios y directrices básicos para la reparación de las víctimas de graves violaciones a los DDHH y del derecho humanitario internacional), fue aprobada por el Parlamento en setiembre de 2009.

El texto legal votado por el Parlamento difiere en muchos aspectos del proyecto original que presentara Crysol el 9 de julio de 2007 en conferencia de prensa realizada en la sede de APU.

El Poder Ejecutivo de la época, al asumir la propuesta de Crysol, redujo sustancialmente los contenidos de carácter resarcitorio, incluso los referidos al mejoramiento de la Ley Jubilatoria 18 033. Eliminó aspectos importantes de carácter político como la transformación del Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN), ex sede del Servicio de Información de Defensa (SID) durante la dictadura militar como Espacio de Memoria del Terrrorismo de Estado. Excluyó injustamente a los niños y adolescentes de la época que eran familiares directos de los presos políticos.

Pese a los recortes y a las insuficiencias fue un paso importante en el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Mantuvo un elemento básico formulado por Crysol para restablecer la verdad histórica: el reconocimiento de que a partir del 13 de junio de 1968, fecha en que Jorge Pacheco Areco implantó las Medidas Prontas de Seguridad, hasta el 26 de junio de 1973, el Estado uruguayo comenzó a violar en forma sistemática los derechos humanos y las garantías constitucionales  de los ciudadanos.

Al amparo de las Medidas Prontas de Seguridad que se mantuvieron en forma constante y permanente, siendo un instituto constitucional de carácter meramente transitorio, a pesar de que las mismas fueron levantadas en forma reiterada por el Parlamento, se militarizaron a los trabajadores bancarios, del puerto, de la UTE y Ancap, se clausuraron medios de comunicación, se reprimió brutalmente la rebeldía estudiantil y popular, se asesinó a ciudadanos y la tortura cobró sus primeras víctimas fatales.

Las evidencias indubitables de la actuación ilegítima

Durante ese período de carácter autoritario y represivo, que continuó cuando asumió Juan María Bordaberry, murieron Líber Arce, Susana Pintos, Hugo de los Santos, Julio Espósito, Heber Nieto, Luis Batalla, los 8 obreros de la Seccional 20 del Partido Comunista, Santiago Rodríguez Muela, Joaquín Kluver, Luis Mendieta y Roberto Gomensoro Josman. En todos estos casos está plenamente comprobada la participación de agentes y funcionarios del Estado.

En la lista deberían agregarse los nombres de todas las víctimas del Escuadrón de la Muerte, que funcionó durante dicho período con la aquiescencia y amparo  del gobierno, los desaparecidos (Héctor Castagnetto y Abel Ayala) y los asesinados cuyos cuerpos fueron encontrados: Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez.

En la lista de víctimas de la actuación ilegítima del Estado deben incluirse aquellos casos de quienes supuestamente, de acuerdo a los comunicados oficiales, murieron en enfrentamientos armados y que en realidad, como se ha podido comprobar, fueron ejecuciones extrajudiciales de acuerdo a las conclusiones a que llegó la justicia oportunamente. También quienes murieron en establecimientos militares en situaciones aún no aclaradas por falta de investigación aunque previsibles.

El pachecato: preámbulo del terrorismo de Estado.

El proceso represivo iniciado el 13 de junio de 1968 desembocó en Uruguay, con la disolución del Parlamento el 27 de junio de 1973, en el terrorismo de Estado desembozado. Actuó dentro y fuera de las fronteras nacionales bajo el designio del Plan Cóndor, como también se ha demostrado, en el marco de una estrategia continental delineada e impulsada desde Washington con la complicidad de los actores nacionales.

La ley 18 596 no establece que la dictadura comenzó el 13 de junio de 1968 como mencionan en forma malintencionada los articulistas a los cuales rebatimos. Reconoce  la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973.

La Ley 18 596 hace justicia legislativa con la verdad histórica de lo ocurrido en Uruguay en el pasado reciente. Fue un paso valioso en el camino por erradicar la cultura de la impunidad que se impuso a partir de diciembre de 1986.

La verdad histórica es parte de la batalla por el esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país, por identificar a los responsables intelectuales y materiales de ellas, por sancionarlos si corresponde para defender y proteger a la sociedad. Es parte de la imprescindible lucha por lograr que nunca más vuelvan a ocurrir y construir un Uruguay plenamente democrático con sólidos cimientos.

-------------

Opinando N° 23 - Año 1 - Jueves 12 de julio de 2012