"La trajeron como una incubadora"

EL TESTIMONIO DE UN PERIODISTA URUGUAYO QUE INVESTIGO EL CASO DE MACARENA

GELMAN Y EL TRASLADO DE SU MADRE

Página 12. 16 12 11. Por Alejandra Dandan.

Gabriel Mazzarovich, que coordinó un equipo del diario uruguayo La República que empezó a investigar el paradero de la nuera y la nieta nacida en cautiverio del poeta Juan Gelman, detalló el trabajo en la causa por robo de bebés.

La causa por el plan sistemático de robo de bebés actualiza las presiones y el poder de lobby que ejerció el Partido Colorado uruguayo, una vez recuperada la democracia, para impedir u obstaculizar el avance de la investigación sobre el paradero de Macarena Gelman, la nieta del poeta argentino Juan Gelman. “Tuvimos que enfrentar a todo el Estado uruguayo, que en esa época no sólo no colaboró sino que puso todos los obstáculos posibles”, declaró durante el juicio el periodista Gabriel Mazzarovich, que coordinó un equipo de investigación desde el diario La República y finalmente dio con Macarena. “Toda la investigación hubo que hacerla al margen de la Justicia, al margen y en contra del Estado, porque fuimos vigilados, pincharon nuestros teléfonos, nos siguieron en autos durante la madrugada cuando salíamos del diario, vigilaron a mi hijo en la escuela y lo siguieron. Nos amenazaron de muerte varias veces telefónicamente, la mayoría anónimos, algunas no. Estuvimos con vigilancia policial durante meses y finalmente se logró ubicar a Macarena Gelman, pero la investigación no terminó cuando el presidente de la República lo anunció: nosotros seguimos investigando para ver qué había pasado con la madre.”

Mazzarovich declaró ante el Tribunal Oral Federal seis días después de la declaración de Juan y Macarena Gelman y dos días antes del testimonio de otro periodista uruguayo, Roger Rodríguez, que aportó un documento que arroja una nueva hipótesis sobre el posible día del traslado ilegal a Montevideo de María Claudia Iruretagoyena, embarazada, a bordo de un avión de Pluna y en medio de comunicaciones entre la Cancillería uruguaya y sus delegados en el país. Mazzarovich fue convocado, en cambio, para dar cuenta de la investigación que llevó adelante con otros dos colegas del diario y en coordinación con Juan Gelman para dar con Macarena. “Llegamos a la conclusión de que la trajeron a mi país solamente como una incubadora y para robarle la bebé, después la mataron”, explicó. Contó en la audiencia cómo debió abordar un coche tirado en el piso y con los ojos vendados para entrar clandestino al Hospital Militar ya en democracia, pero en una reedición de las peores imágenes de la dictadura. Y describió los mecanismos con los que el Partido Colorado intentó “desterritorializar” la presencia de esa niña.

La historia

En 1998, el poeta se reunió con el director del diario, Federico Fasano, y con Mazzarovich y les pidió ayuda para chequear en Uruguay los primeros datos que iba recibiendo sobre la posibilidad de que su nuera hubiese sido trasladada allí y que la o el bebé hubiese nacido en territorio uruguayo. Para los periodistas, el dato fue llamativo: “Nunca se había planteado la posibilidad de que una ciudadana argentina que no había tenido ningún vínculo con Uruguay, político ni de otro tipo, con 19 años y embarazada, hubiera sido traída a Uruguay en esas condiciones. Hasta ese momento no se había escuchado una cosa así, no estaba planteado”.

Cuando dieron los primeros pasos, empezó la oposición del gobierno: el entonces presidente Julio María Sanguinetti salió a negarlo. Dijo que “era todo falso, que nunca había sido traída a Uruguay, que todo había pasado en Argentina, que ellos no tenían nada que ver”, recordó el testigo.

Los periodistas volvieron a ver testimonios de los sobrevivientes de Automotores Orletti en Argentina, entre los que estaban los uruguayos capturados en el marco del Plan Cóndor. Los relatos les permitieron rápidamente relacionar a María Claudia con la muchacha de la que muchos sobrevivientes habían hablado, que hasta ese momento se pensaba que podía ser uruguaya. Coincidían las fechas y referencias. Los recuerdos de un traslado agitado al Hospital Militar para un parto; el regreso al SID, el llanto de un niño o niña y biberones preparados por otras secuestradas.

“Ahí empezamos a presionar publicando notas –dijo Mazzarovich–. Trabajamos, investigamos, hablamos con testigos, con sobrevivientes, buscamos nuevo material y finalmente hablamos con las fuentes militares. Ante la evidencia, la versión de los militares presuntamente involucrados cambió: aceptaron que María Claudia había llegado a Uruguay, pero dieron la versión de que la bebé había nacido muerta y por lo tanto no podía ser ubicada.”

El dato es curioso también a la luz de los juicios en Buenos Aires. De momento, puede ser sólo una coincidencia, pero los acusados del Circuito Camps juzgados en La Plata en estas semanas dijeron lo mismo sobre Clara Anahí, la nieta que Chicha Chorobick de Mariani busca desde hace 35 años.

En Uruguay, en tanto, el diario siguió publicando. “Para dar una idea, entre octubre de 1999 y marzo de 2000, que fue una fecha clave, en La República publicamos 39 tapas y 55 notas referidas al tema. Hasta la actualidad llevamos más de 112 notas escritas. Todas las notas fueron recusadas por el presidente de entonces y los militares presuntamente involucrados. El cruce de nuestra investigación con la que hacían Juan Gelman y Mara La Madrid –su compañera– permitió ir armando un esquema que incluyó hasta testimonios de vecinos que mencionaban una fecha que coincidía mucho con la fecha del vuelo que había hecho María Claudia, en el marco del Plan Cóndor.”

Entre los primeros datos, contactaron a un soldado que había estado de guardia en el Hospital Militar el día del parto de María Claudia. El testimonio ahora es conocido, pero en aquel momento les dijo que ella había entrado por el portón de la calle Centenario, por la parte de atrás del hospital y más tarde la habían regresado al SID. Otro guardia, también ya conocido, les habló en cambio del momento en el que dos oficiales se la llevaron del SID, uno de los cuales dijo en voz alta: “A veces hay que hacer cosas jorobadas”.

“Nosotros rechequeábamos toda la información con fuentes independientes o cruzando datos con mucha dificultad porque los encuentros con estas fuentes eran clandestinos: se suspendían cuando ellos sentían que nos estaban vigilando demasiado y dependíamos de ellos para que nos avisaran de juntarnos. Llegó un momento en el que, de acuerdo con el diseño de la investigación, le dijimos a una de estas fuentes que necesitábamos algún otro tipo de prueba, más allá de su palabra”, dijo.

La persona les pidió unos días. “Nos llamó después, nos encontramos en uno de los tres lugares donde nos reuníamos a tener estos encuentros, siempre los rotábamos. Y nos dijo que sabía que en el Hospital Militar había un registro de una ciudadana argentina que había tenido un parto y que había tenido una niña que había nacido viva.”

El hospital

“Pedí conocer el registro. Después de varias conversaciones, me llevaron con los ojos tapados. Me muestran uno de esos libros que correspondía al año 1976 y efectivamente en uno de noviembre de ese año estaba establecido, a mano, el nacimiento. Decía: ciudadana argentina, una niña de sexo femenino. Yo pedí sacar fotocopias. Obvio me dijeron que no. Salimos y en base a ese material hicimos varias notas. Las notas fueron desmentidas. Ese archivo acaba de ser ubicado recién ahora: más de diez años después en el mismo lugar donde habíamos dicho, con esa misma cantidad de carpetas. Todavía no ha sido ubicada la carpeta del año ’76. Yo ignoro si sigue allí o fue destruida porque ellos tuvieron acceso indiscriminado desde entonces a ese archivo.”

Cuando los jueces le preguntaron algo más sobre el archivo, dijo que no intentaron profundizarlo: “El objetivo central era encontrar a Macarena y cuando esa carpeta nos llevó a la muchacha dejo de tener interés porque ya no era necesaria”.

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Imágenes que prueban los vuelos de la muerte

LA CIDH ENTREGARA HOY AL JUEZ TORRES, PARA INCORPORAR A LA MEGACAUSA ESMA, PARTE DE SUS LEGAJOS DESCLASIFICADOS.

El expediente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace público por primera vez incluye más de 130 imágenes e informes de las fuerzas de Uruguay sobre el hallazgo de cuerpos arrastrados por el mar durante la dictadura.

Final del formulario

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Por Alejandra Dandan

El informe es un texto mecanografiado, fechado el 22 de abril de 1976. Alguien, que podría haber sido un perito, describe las referencias del hallazgo de un cuerpo de sexo femenino, cutis blanco, cabello negro, estatura 1,60 metro; complexión mediana; de unos treinta años y con un tiempo de muerte aproximado de entre 20 y 25 días. El cuerpo apareció, según la misma referencia, en la Laguna de Rocha, de Uruguay, comunicada con el mar. Físicamente “presentaba indicios externos de violencia: signos de violación, probablemente con objetos punzantes; fracturas múltiples y el codo izquierdo destrozado; múltiples fracturas en ambas piernas con indicios de haber sido atadas; enorme cantidad de hematomas diseminados por todo el cuerpo; destrozo total del cráneo y del macizo oseofacial”. No encontró el perito “ningún posible elemento identificatorio”: “El cuerpo fue extraído desnudo de las aguas y las huellas dactilares obtenidas no arrojaron respuestas positivas”.

El informe conservado hasta ahora entre los archivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ve la luz por primera vez en 32 años. Es parte de un legajo con más de 130 imágenes y partes de la Prefectura y el servicio de inteligencia uruguayos sobre el hallazgo de cuerpos arrastrados por las corrientes marinas hasta las costas de ese territorio, durante los años de la dictadura argentina. Los informes más viejos datan de 1975. Los indicios permiten inferir que serían desaparecidos argentinos. Entre los papeles, un mapa muestra los ciclos de las corrientes y ubica las costas de Buenos Aires como punto de partida. Los documentos son para la Justicia una de las pruebas más claras de la existencia de los vuelos de la muerte: las imágenes muestran los cuerpos atados con ligaduras en las manos y las piernas, sogas armadas con tiras de persianas y marcas de torturas. Los documentos llegaron al país en manos del secretario ejecutivo de la CIDH, el argentino Santiago Cantón, que hoy los entregará en nombre de la Comisión al juez Sergio Torres, encargado de la megacausa ESMA.

Como informó Página/12, para la CIDH la entrega de los documentos representa un cambio de paradigma en su funcionamiento porque es la primera vez que abre sus archivos confidenciales para un proceso de justicia. El valor de los documentos todavía es materia de análisis, pero el juzgado los considera clave no sólo por los vuelos sino porque podrían habilitar una solicitud para que el Estado uruguayo desclasifique todos los documentos relacionados con el hallazgo de cuerpos en la misma época.

La carpeta de documentos tiene solapas de cartulina, todavía contiene los archivos originales, organizados aparentemente por personas, con más de una imagen en cada caso. Las imágenes son impactantes porque, además del estado de los cuerpos, intentan mostrar algunas de las características de los procesos a los que fueron sometidos. En una se ven marcas que parecen ser rastros de la picana en las piernas de una mujer, cuyos dedos están pintados con esmalte de uñas. En otras, hay cables, sogas y trozos de sogas de persianas sujetando las manos de las víctimas, que para el juzgado podrían ser pruebas del modo en que eran “trasladados” los desaparecidos durante los vuelos de la muerte. “Las imágenes están diciendo que esas personas eran tiradas con ligaduras, muestran cómo los sacaban, tienen el valor de tener además datos de los antecedentes o los pasos previos porque muestran que esos cuerpos están marcados con picana, que fueron entonces arrojados al mar en determinadas condiciones”, dicen en el juzgado.

La primera prueba categórica sobre la existencia de los vuelos apareció en 2005 con la identificación de tres cuerpos de Madres de Plaza de Mayo, entre ellos el de Azucena Villaflor, enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. Según el informe del fiscal Eduardo Taiano y el trabajo del Equipo de Antropología Forense (EAAF), los cuerpos presentaban “múltiples traumatismos originados por el choque contra una superficie dura y las fracturas típicas que presentan los huesos largos (eran) compatibles con las producidas por haberse arrojado el cuerpo al mar en los vuelos de la muerte, previa inyección del sedante Pentotal”.

La carpeta

El origen de la carpeta 37 con los archivos de la CIDH todavía es un misterio. Incluso para Cantón. En una de las solapas, de todos modos, se lee “Argentina observation in loco”. Es decir, el archivo corresponde a los documentos que la CIDH habría tomado durante su visita a la Argentina entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979. Uno de los problemas para precisar su procedencia es que le falta información de contexto, como la que poseen otros documentos acumulados en esa visita. “Esto estaba en una carpeta guardada hace treinta años –dice Cantón–. Si uno va a ver el archivo tiene que suponer que se entregó durante la visita de la comisión, pero, si fue así o no, no se puede saber. Se pudo haber archivado mal o pudo haber sido información relevante para la visita y se entregó después, pero todo eso lo desconocemos. Son 130 fotos en total. Y es de suponer que están tomadas por un perito. No son fotos de un turista. Lo hizo la Prefectura uruguaya y la policía, se nota con el correr de las hojas que al comienzo lo hicieron con mucha más inocencia y después, cuando se dan cuenta, parecen haber cambiado de fórmula.”

Con el paso del tiempo, hoy puede entenderse que esa documentación que ahora se judicializa por primera vez no contiene las únicas imágenes o los únicos informes que se conocieron de los aparecidos argentinos en la costa uruguaya. El mismo Cantón quiso dejar a salvo ese punto. Porque ni para la CIDH ni para el juzgado importa mucho hoy cuánta difusión hayan tenido estas imágenes en otros espacios, sino que estaban archivadas donde estaban archivadas y que por primera vez una causa que investiga los vuelos de la muerte las incorpora como prueba.

Las fotos, al parecer, tuvieron su propia historia fuera de esos archivos. Es posible pensar que copias de ese juego u otras distintas hayan sido las imágenes que capturó un ex marino uruguayo, Daniel Rey Piuma, que desertó de la fuerza, pidió refugio en Brasil y difundió las imágenes a través de una organización civil a comienzos de los ’80 y luego con un libro, Un marino acusa. Publicado en 1988, el libro no muestra las fotos de los cuerpos por su truculencia, pero reseña informes que coinciden con las que estaban en la CIDH.

Otra pista de la circulación de esas fotos la tiene el Equipo Argentino de Antropología Forense. Los antropólogos que trabajan en la identificación de cuerpos hallados en cementerios de Uruguay cuentan con informes que reflejan los datos existentes en la Justicia uruguaya. Entre esos informes, tienen datos del hallazgo de tres cuerpos el 22 de abril de 1976, como también los hay en el legajo de la CIDH. Y hace años trabajaron en la identificación de otro cuerpo que parece coincidir con otro registrado en el legajo de la CIDH, porque menciona la marca de un tatuaje: “FA”. Para el EAAF, aquel cuerpo podría ser el de Floreal Avellaneda, porque ellos mismos hicieron la identificación antes del juicio realizado en San Martín y, entre otros datos, trabajaron con un tatuaje marcado con esas misma letras.

“Yo no sé si estas fotos han sido o no han sido publicadas alguna vez, pero, sin perjuicio de eso, el valor que tienen hoy por hoy es el valor judicial –dice Cantón–. Porque el juez no las tiene y todas estas cosas le permiten, creo yo probar la existencia de un plan sistemático: indican que los ataban y los tiraban y eso hasta ahora no está probado judicialmente. Todo el mundo sabe que existían los vuelos de la muerte, pero no existe una prueba judicial.”

Los datos

El legajo tiene tres grandes grupos de documentos: informes mecanografiados de tipo pericial, fotos y mapas. Los informes relevan características físicas de las personas al momento de ser encontradas y entre los datos arriesgan una hipótesis sobre el presunto momento de la muerte. La indicación de que la persona podría haber muerto 25 o 30 días antes, por ejemplo, puede ser un indicador para pensar el momento de los “traslados”. También hay descripciones de marcas de pantalones, en ocasiones ropa que sólo se fabricaba en Argentina.

Otro de los informes a los que accedió Página/12, del 22 de abril de 1976, describe a una persona de la que no pudieron establecer el tipo de cutis con exactitud: “posiblemente fuera de raza blanca o amarilla”. De sexo masculino, de entre 30 y 40 años, con cabello “imposible de determinar”, una complexión mediana y un tiempo de muerte estimado entre 25 y 30 días. Los datos son un indicador, por ejemplo, de una de las razones por las que en algún momento los uruguayos creyeron en la hipótesis de que los cuerpos que aparecían en las costas pertenecían a las víctimas del naufragio de un barco asiático. Si bien es posible que los peritos hubiesen puesto “raza blanca o amarilla” porque los rasgos de las personas aparecían alterados por la hinchazón, algún dato de los legajos parece señalar que la versión fue difundida por los militares o la policía uruguaya en el marco de una campaña de desinformación, especulan en la CIDH. Una hipótesis que a los antropólogos del EAAF no les cierra, porque consideran posible la confusión.

Además de las imágenes, hay mapas. Uno señala con referencias las zonas con cuerpos encontrados (Montevideo y Colonia) y las zonas en las que se encontraron restos humanos (entre Carmelo y Colonia, Colonia y Montevideo, y La Paloma y Castillos). Otro mapa es de corrientes marítimas y señala a Buenos Aires como la zona donde fueron arrojados los cuerpos.

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Sobre Julio Castro.

El horror del silencio

Bitácora 11 12 11. Por Esteban Valenti

Los seres humanos tenemos una capacidad de adaptarnos a todo y al contrario de todo demasiado grande, peligrosamente grande.

Es posible que eso nos haya permitido sobrevivir a las pestes, las hambrunas, las invasiones civilizadoras o bárbaras, a las guerras y los genocidios. Pero en tiempos normales esa capacidad plástica corresponde a una memoria frágil.

Hoy nos hemos acostumbrado a que todos los medios de prensa cubren ampliamente la búsqueda de los restos de los desaparecidos, las declaraciones y debates sobre los derechos humanos y que a la dictadura se la llama dictadura y no más el gobierno de facto u otros eufemismos.

Incluso corremos el riesgo de acostumbrarnos a convivir con esas enormes multitudes que olvidándose de la crisis de la militancia, de los malhumores políticos de izquierda por lo menos una vez al año desfilan con cientos de retratos en su inmensa mayoría de jóvenes de los desaparecidos durante la dictadura. Nos duelen, nos conmueven, a muchos de ellos los conocimos, tienen la edad de nuestros hijos o nuestros nietos pero se van integrando lentamente al paisaje de nuestra historia reciente y presente.

Cada tanto un hecho nos rompe todos los esquemas, todas las tranquilidades y los paisajes. Eso sucedió con la comprobación de que los restos encontrados en las proximidades del Batallón de Infantería Nro. 14 en una fosa cavada en la tierra y en la roca eran de Julio Castro.

Los detalles de todo el caso son parte esencial del impacto que ha tenido el caso. Lo detuvieron en el año 1977, cuando la dictadura tenía ya a miles de presos, torturados, exiliados y Julio Castro tenía 68 años de edad. Lo más dramático y terrible es que lo asesinaron. Primero lo torturaron en una sede del Servicio de Información de Defensa (SID) de la calle Millán y luego lo ejecutaron de uno o más disparos con un arma de grueso calibre.

En esos detalles se desmoronaron una vez más partes fundamentales del discurso que pretende desde diversas tiendas encubrir el horror de la dictadura. No fue un exceso de los verdugos en la tortura, no era parte de ningún demonio fue un asesinato frío y premeditado más. Como fue un asesinato atroz el de Maria Claudia la nuera de Juan Gelman, que tenía 19 años y que la mataron para robarle su hija recién nacida. Nada más. La única diferencia es que todavía no encontramos las pruebas materiales, pero todos lo sabemos.

En este caso como en otros funcionaba perfectamente la cadena de mando. Desde arriba hasta el último escalón. Nadie durante la dictadura se hubiera atrevido a cometer esos crímenes sin el conocimiento y la aprobación de toda la pirámide jerárquica. El Batallón de Infantería 14 dependía y depende del Comando General del Ejercito, pero ese es un detalle menor, lo que está claro es que están todos comprometidos los mandos militares y los cómplices civiles. Comprometidos institucionalmente, ideológicamente y sobre todo por el pacto del silencio. Todos sabían supieron y callaron. Y si queda alguna duda, que la justicia se ocupe de aclararlo como corresponde en una sociedad democrática.

Y la maniobra organizada en el aeropuerto internacional de Carrasco en el vuelo 159 de Pluna, con llamada por los altoparlantes reclamando el embarque de Julio Castro no se pudo realizar sin la directa participación de toda la estructura de la dictadura. Así como la mentira que durante 34 años utilizaron para ocultar este crimen y muchos otros no pudo mantenerse sin el pacto de silencio y el andamiaje político e institucional que incluía instituciones militares. ¿Hasta que nivel? Esa es otra pregunta que la historia y la justicia deberían responder.

Para que el pacto del silencio entre los militares funcionara durante tanto tiempo hay que buscar razones profundas, sólidas y no sólo la complicidad entre los uniformados. Es cierto lo que el teniente general Pedro Aguerre, comandante actual del Ejercito declaró recientemente, el ejército y ninguna de las fuerzas armadas y de seguridad fueron un malón, actuaron institucionalmente siguiendo la orden de mando. Durante la dictadura y después.

Ahora tendremos la oportunidad de saberlo, de dar un paso más en un proceso que de parte de las Fuerzas Armadas ha tenido una continuidad indiscutible. El soporte político e ideológico de ese discurso fue la teoría de los dos demonios. A ese discurso contribuyeron no sólo los dictadores y los militares sino incluso fuerzas de oposición a la dictadura de derecha y de izquierda.

Yo valoro positivamente las palabras democráticas del general Pedro Aguerre de esta semana. Y punto. Y me quedo esperando como todos los uruguayos que sucederá a partir de ahora. No me cambia un ápice mi visión de que las Fuerzas Armadas como tales, fueron parte de un sistema de violación sistemática y atroz de los derechos humanos de sus conciudadanos, los uruguayos.

El discurso de los dos demonios fue funcional a la política de impunidad total y absoluta de los dos gobiernos de Sanguinetti y a toda su política. Y del gobierno de Lacalle que en otras circunstancias, a través de su pasividad continuó esa línea. No fue lo mismo el gobierno de Batlle. La Comisión para la Paz fue el primer intento oficial de buscar la verdad desde el Estado. El pacto de silencio y complicidad también le mintió a la Comisión para la Paz. El discurso desde la derecha, con sus matices y diferencias se alimentó desde esas posiciones y desde los resabios institucionales de la dictadura enquistados en organizaciones de militares retirados. Promovieron ese discurso y sus consecuencias.

También hay sectores de la izquierda que contribuyeron a el. No nos hagamos los distraídos. Desde los que alimentaron la idea de que la dictadura fue un choque con la guerrilla, cuando todos sabemos que cuando llegó el golpe de estado la guerrilla ya no tenía ninguna capacidad operativa y su estructura estaba totalmente desmantelada.

Pero no fue sólo a partir de una deformación histórica que se dio soporte a ese discurso, también en otras definiciones, en una sensación bastante difusa en la sociedad de que había un tipo de relación entre ex combatientes y que la primera definición, incluso en la sensibilidad hacia la edad de ciertos presos militares correspondía a una visión de que efectivamente existieron dos demonios armados enfrentados. Es discurso pervive en muchas declaraciones y expresiones de ese tipo. Y excluye a todo el resto de la sociedad uruguaya.

Julio Castro dinamitó todo eso. Su captura en 1977, su edad a la hora de su asesinato, 68 años y su trayectoria como maestro, como referente pedagógico de varias generaciones, su labor como periodista, su vuelta al país en plena dictadura y su total y absoluta desvinculación de cualquier posible demonio.

Liquidó el discurso de las amnistía para ambos bandos, en el que insistió Sanguinetti esta semana, o de la prescripción de los delitos, porque en realidad el asesinato lo conocimos hace pocos días y luego de 34 años de silencio y ocultamiento y también golpeó el discurso de los presos ancianos que merecen pasar sus últimos años en sus domicilios. Estuvieron libres demasiados años, fueron impunes y pudieron gozar de sus familias, de sus vidas mientras sus víctimas y las familias de sus víctimas sufrían su terrible calvario. Van a estar presos demasiado poco tiempo.

No hablemos de venganza, como en algún momento intentaron hacerlo algunos voceros de la impunidad. Este país y su gente ha demostrado una paciencia, una entereza, una conciencia democrática realmente admirables. Además nunca podríamos ponernos al nivel de la bajeza de esos personajes cobardes y siniestros. Un general que usurpa el uniforme de la Patria, que permite que asesinen a su maestro y que ni siquiera tiene la hombría de responderle a una carta desgarradora de su esposa como lo hizo Gregorio Alvarez, es sólo un dictador miserable. Nada más.

Rescato un aspecto de las declaraciones del general Aguerre, su preocupación por recrear una relación de respeto entre la sociedad uruguaya y sus Fuerzas Armadas y su reconocimiento que no existe a pesar de los 26 años de democracia. Ahora tienen una oportunidad única de comenzar a reconstruir esa relación y para ello deben desterrar de su seno a todos los que mantienen los pactos del silencio.

También sería bueno que los civiles, políticos, medios de prensa, periodistas, jueces, hagan también su propia autocrítica. Estoy convencido de que no tendremos oportunidad de verlos ni de escucharlos. Confían en el olvido. Con algunas excepciones de gente valiente.

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Militares: Verdad y Compromiso

El comandante Aguerre pidió ayuda para no encubrir a homicidas ni delincuentes.

Caras y Caretas. 9 12 11. Por Roger Rodríguez. 

“Se trata de lesiones extensas que alcanzan todo el cráneo, con un gran conjunto de fracturas y faltantes de huesos que se corresponden a lo que se denomina estallido de cráneo […] a nivel frontal un cuarto de circunferencia correspondiente a orificio de entrada de proyectil de arma de fuego […] no puede descartarse que haya existido más de un disparo […] ligaduras de ambas manos […] nudo fuertemente ajustado […] alambre asociado a la región de los tobillos […] fragmento de costilla con fractura de características perimortem […] apremios físicos asociados […]”.

La descripción de los médicos Rosana Manikowski, Rafael Roo y María Imbert en el informe a la justicia del Instituto Técnico Forense (ITF) sobre las causas de la muerte del cuerpo hallado en el Batallón 14 de Toledo resultaban impactantes en sí mismos; pero cuando el Equipo de Antropología Forense de Argentina confirmó que los restos eran los de Julio Castro, la etiología médico-legal tuvo un rostro, cada imagen de dolor un protagonista y sólo pensar en la escena de la ejecución del maestro provocó indignación en todos los ámbitos.

El flamante titular del Ejército, general Pedro Aguerre, anunció entonces una declaración oficial del arma que, según trascendió, habría implicado dos días de debate interno entre los doce generales que acompañaron al comandante en el simbólico acto. La respuesta pública habría sido reclamada por el propio presidente José Mujica y el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, quienes comprendieron el impacto que la noticia tendría en un área política en la que ambos intentan imponer su modelo de ‘punto final’.

El discurso de Aguerre -de menos de 500 palabras- sentó, con el apoyo de todo el generalato, la posición del Ejército: hay un “punto de inflexión” (“por el peso de la realidad”, explicó) ante el cual reivindicó los principios artiguistas y subrayó que el Ejército “no es una horda, malón o algo similar” y “no aceptará, tolerará, ni encubrirá a homicidas o delincuentes en sus filas”. Dijo desconocer la existencia de un “pacto de silencio”, pero advirtió que si lo hubiere “desde este momento doy la orden de su revocación inmediata”.

El general Aguerre, quien alegó que el Ejército hoy actúa “acorde a los Convenios de Ginebra y La Haya, los protocolos adiciones y demás acuerdos relativos”, pidió apoyo, dentro y fuera de la fuerza, para obtener información sobre la responsabilidad material en el caso de Julio Castro (“y en cualquier otro que se entienda a futuro”), subrayó que con valentía no se negarían los “hechos desgraciados” y reiteró su solicitud de colaboración a todos para “restablecer una reconciliación, de acuerdo al interés común”.

¿DOMICILIO O LIBERTAD?

La aparición de los restos de Julio Castro, un maestro y periodista que sólo estuvo armado con una tiza o un lápiz, demuele la teoría de la reconciliación entre combatientes, en la que se sostienen el propio presidente Mujica y su esposa Lucía Topolansky para anunciar el proyecto de ley que otorgaría la prisión domiciliaria a media docena de los militares septuagenarios que están presos por homicidios y violaciones a los derechos humanos. La defensa de José Gavazzo ya formalizó una solicitud al respecto; la fiscalía la está estudiando.

La iniciativa del matrimonio presidencial ya había quedado lesionada semanas antes con la causa que abrieron treinta ex presas políticas que denunciaron ser víctimas de violencia sexual en la tortura sufrida durante su detención en unidades militares y presidios de la dictadura. La mayoría de los ‘viejitos’ a los que se les pretende dar el beneficio de la prisión domiciliaria están incluidos en la lista de sus agresores sexuales. El delito sexual es uno de los excluyentes para adjudicar la prisión domiciliaria.

Por el contrario, en distintos ámbitos comienza a debatirse si los criminales de lesa humanidad deben tener el actual beneficio de una prisión especial, en la que poseen celulares o teléfonos para hacer declaraciones a la prensa, tienen acceso a internet para escribir en blogs, entre otros beneficios que no recibe ningún preso común en los presidios uruguayos, donde se incauta cualquier elemento extra en las requisas. “Deberían quedar en Libertad, pero en el penal”, han escrito lectores en los blogs.

Otro cuestionamiento que se ha levantado: por qué las Fuerzas Armadas no han sometido a tribunales de honor a los militares que ya dejaron de ser procesados y tienen condena firme por parte de la justicia. Un Ejército que no acepta, tolera, ni encubre a homicidas o delincuentes en sus filas (si el general Aguerre no se refería a una serie de inminentes procesamientos en otra fuerza militar) debería dejar de otorgar altas jubilaciones y distintos beneficios que a costo del Estado siguen usufructuando los presos de la cárcel de Domingo Arena.

MUERTOS Y EJECUTADOS

La ejecución de Julio Castro también llevó a varios medios de comunicación a recordar el episodio conocido como ‘los fusilados de Soca’, cuando en diciembre de 1974 cinco militantes tupamaros (Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Brum, María Corbo y Graciela Stefanell) que habían sido secuestrados ese 8 de noviembre en Buenos Aires y trasladados ilegalmente a Montevideo, fueron acribillados a balazos y sus cuerpos arrojados cerca de la localidad canaria como supuesta represalia por el homicidio del coronel Ramón Trabal en París.

No sería el único episodio de ejecutados en Uruguay. También se presume que así fue muerta la maestra Elena Quinteros (el otro cuerpo que, como el de Julio Castro, “jamás sería encontrado”, según dijo a las familias un vocero de la Comisión para la Paz). Pero también el homicidio de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, aunque en Buenos Aires, constituye una ejecución. Y otro tanto puede considerarse en los casos de Roberto Gomensoro y Horacio Gelós Bonilla, ejecutados durante la tortura.

Mientras se impulsa un acto recordatorio del caso de los fusilados de Soca para el 17 de diciembre, en distintas cadenas y grupos de emails se ha generado una discusión sobre cuántos uruguayos fueron ejecutados en la dictadura. Si los muertos por tortura en realidad fueron ‘excesos’ o alguien dio una orden, y si otro tanto ocurrió a quienes fallecieron en las cárceles o en el Hospital Militar; cuántas desapariciones forzadas ocultan una muerte accidental o, en realidad, encubren un premeditado asesinato.

Aun sin contar todos los casos de muertes por tortura, ‘suicidados’ y ‘fugados’, hay más de 60 uruguayos que, secuestrados en Argentina y trasladados ilegalmente en forma grupal a Montevideo, fueron ejecutados y desaparecidos durante la dictadura, según se deduce del libro Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985), elaborado por un equipo universitario encabezado por el profesor Álvaro Rico, sobre la base de los datos y archivos obtenidos por la Comisión para la Paz.

EL SEGUNDO VUELO

El general Aguerre puede encontrar en los anexos del Tomo I (‘Las violaciones al derecho a la vida’, ‘Asesinados políticos’, ‘Detenidos desaparecidos’) que la investigación anota que aun antes del caso de María Claudia García de Gelman (cuyo cuerpo ejecutado es lo que se busca en las excavaciones) pueden haber sido trasladados a Uruguay los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Julio César Rodríguez y León Duarte, a quien un testigo habría escuchado identificarse en el centro clandestino de torturas conocido como ‘300 Carlos’.

Los historiadores también registran el traslado masivo del llamado ‘segundo vuelo’, reconocido en 2005 en el informe sobre desaparecidos elaborado por la Fuerza Aérea Uruguaya, en el que 22 militantes del PVP que habían sido detenidos en el centro de torturas ‘Automotores Orletti’ fueron traídos a Montevideo el 5 de octubre de 1976 en el vuelo 511 de TAMU, que piloteaba el ex comandante José Pedro Malaquín.

El grupo, integrado por Mario Cruz, Josefina Kleim, Juan Morales, Juan Errandonea, Victoria Grisonas, Raúl Tejera, Alberto Mechoso, Adalberto Soba, María Islas, Jorge Zaffaroni, Washington Cram, Cecilia Trías, Ruben Prieto, Armando Arnone, Casimira Carretero, Rafael Lezama, Miguel Moreno, Carlos Rodríguez, Juan Recagno, Segundo Chegenián, Graciela da Silveira y Washington Queiro, fue entregado al Ejército.

Las investigaciones periodísticas señalan que estuvieron en el ‘300 Carlos’, donde el personal subalterno los conocía como ‘los del ómnibus’, ya que habían llegado en el vehículo del propio Servicio de Material y Armamento. Los informantes aseguran que en grupos de cuatro o cinco fueron llevados dentro de un auto Pingo blanco al Batallón 14 de Toledo donde los ejecutaron y enterraron. No parece probable que todos ellos hayan muerto por ‘excesos’ en la tortura.

TERCEROS TRASLADOS

El Ejército uruguayo no ha reconocido aún que recibió a los pasajeros del vuelo 511 y tampoco ha admitido su participación o conocimiento sobre los secuestros de diciembre de 1977 cuando otro grupo de uruguayos exiliados en Buenos Aires fue capturado y, tras permanecer en los pozos de Banfield y Quilmes, fue trasladado en varios viajes a Montevideo. Algunos de ellos fueron vistos en el centro de torturas de La Tablada.

En esos viajes a Uruguay habrían sido traídos Atalivas Castillo, Eduardo Gallo, Miguel Río, Carlos Cabezudo, Carolina Barrientos, Juvelino Fontoura, Edmundo Dossetti, Alberto Corchs, Alfredo Bosco, Raúl Borelli, Yolanda Casco, Elena Lerena, Julio D’Elía, Guillermo Sobrino, Graciela Basualdo, Elsa Fernández, Gustavo Goycochea, María Castro, José Martínez, Aída Sanz, Gustavo Arce, Raúl Gámbaro, Alfredo Moyano y Célica Gómez. Todos ellos también habrían sido ejecutados.

Otro tanto habría ocurrido en mayo de 1978 con los integrantes de la familia Severo, que habrían sido trasladados en un vuelo, según dijeron fuentes militares a El Observador en agosto de 2005. Ary Severo, Beatriz Anglet, Marta Severo, Jorge Martínez y Carlos Severo (menor de edad) fueron detenidos en Argentina, llevados al Pozo de Quilmes y devueltos a Uruguay, donde también habrían sido asesinados.

El mismo destino habrían tenido Ileana García, Héctor Giordano, Edison Cantero, Fernando Díaz, Raúl Olivera Cancela, Esther Gersberg y María Artigas (embarazada), quienes fueron devueltos a Uruguay en 1978. Asimismo, se presume que fueron traídos y ejecutados los militantes del PVP Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, quienes habían sido secuestrados en Paraguay y llevados al pozo El Atlético, en Buenos Aires. Ninguna de esas muertes fue un error o un exceso. Romper el silencio también implica abrir los oídos.

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Testimonio protegido

Testigos de causas de violación a derechos humanos podrían recibir acompañamiento psicológico.

La diaria. 14 12 11

Se realizó ayer en el Palacio Legislativo un encuentro sobre “El acompañamiento a testigos en causas judiciales como política de derechos humanos”, un proyecto que la Facultad de Psicología implementó específicamente para una causa judicial en Argentina, pero que ahora se pretende extender a los procesos que se desarrollan en nuestro país.

Por petición del Centro “Doctor Fernando Ulloa” que acompaña testigos en causas de violaciones a los derechos humanos en Argentina, un equipo de profesionales de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República inició una experiencia similar en Uruguay, para acompañar a testigos uruguayos que debían declarar en el juicio sobre el plan sistemático de robos de bebés dentro del caso Automotores Orletti. Es así que Sonia Mosquera, Cecilia Marotta, Marisel Robaina y seis pasantes egresados acompañaron a unos 15 testigos que, según su elección, declararon a través de videoconferencia en el Edificio del Mercosur o personalmente viajando a Buenos Aires.

La iniciativa se desarrolló como una experiencia de extensión universitaria, donde los pasantes realizaban una práctica integral para su formación y posteriormente podían colaborar en investigaciones de esa institución. Este trabajo sentó las bases para que la iniciativa se extienda ahora a las causas locales, en tanto se detecta un avance significativo en el tema derechos humanos en el país y se podrían reabrir numerosos casos archivados. En este sentido, el encuentro de ayer, organizado por la Facultad de Psicología y la Cámara de Representantes contó con el apoyo de Amnistía Internacional, Crysol, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, SERPAJ, la Fundación Mario Benedetti y IELSUR, entre otras organizaciones.

El decano de la Facultad de Psicología, Luis Leopold, abrió la reunión diciendo que se trata de “un humilde aporte” a la construcción de una política pública en DDHH en el país y con ánimo de "tomar distancia de cualquier abordaje simplista y psicologizador”. Para Leopold, ahora se va a pasar a un período de evaluación que “nos dará la capacidad de pensar nuevas alternativas” y destacó que no se trata sólo de “buenas intenciones” sino que “hay que cargarle capacidad académica y profesional que acompañe y asista” para crear procesos de formación y conceptualización.  El camino preciso para esta “política pública” es la articulación, expresó.

Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Argentina, Fabiana Rousseaux, contó el proceso ocurrido en ese país luego de 2003, cuando cayeron las leyes que no permitían juzgar a los responsables de crímenes durante la dictadura, se reabrieron causas y “no se había calculado lo que podían generar en los testigos y en los operadores del sistema judicial” porque la lógica de protección a los testigos estaba dirigida a las causas judiciales comunes y no a las del terrorismo de Estado.

Por otro lado, según dijo, las primeras respuestas de reparación a las víctimas estuvieron ligadas a lo pecuniario y no tomaron en cuenta “una reparación integral”. Calculando unos 4.500 testigos en 55 causas, el equipo jurídico realizó un trabajo de “interlocución y sistematización” que produjo un protocolo de intervención para el acompañamiento a testigos que fue luego tomado por la Corte de Justicia. El trabajo consta de dos ejes: invertir el concepto de testigo-víctima priorizando la calidad de testigo con el objetivo de mejorar las condiciones del testimonio, y en segundo lugar “ubicar que el testimonio es fundamentalmente un derecho antes que un deber”, dijo.

Revivir el daño

La diputada Daniela Paysée, en tanto, anunció que el 12 de abril de 2012 se lanzará el Instituto de DDHH y como corredactora de la Ley de Reparación a las víctimas del terrorismo de estado, señaló que ésta “no pasa solamente por la indemnización”, sino también establece atención médica y psicológica, acceso a servicios jurídicos y sociales.

Por su parte, Macarena Gelman contó cómo fue asistida como testigo, una propuesta que le hizo la propia Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, lo que significó una “sensación de que el estado argentino tenía alguna inquietud sobre mí cuando iba a declarar”, dijo. Para Gelman “la causa en Uruguay siempre fue difícil” y la diferencia entre ambos países es que “el estado argentino tiene la conciencia de la responsabilidad y esto es una política estatal”. También dijo que el año pasado fue presentado al Ministerio de Educación y Cultura un proyecto para acompañar testigos en Uruguay y “no tuvo respuesta”.

La psicóloga Sonia Mosquera contó que tras “varias reuniones con el ministro, no nos llamaron más”. En su exposición planteó que el testigo “revive, reactualiza, reedita una situación traumática y vuelve a revivir el daño con los represores presentes y los abogados defensores de los mismos interrogando”. Entonces el testimonio debe ser una instancia “de alivio reparador y acceso a la justicia”. Acompañar es “brindar apoyo humano que reconforta, alivia, no dejar a la persona sola con el problema”, precisó. Porque el testigo a veces “siente que no encuentra palabras que puedan expresar el dolor, porque la vivencia de lo siniestro carece de representación y falla la simbolización a través del lenguaje”, expresó Mosquera.

La falta de una política de estado en Uruguay fue remarcada por los presentes, que hicieron mención del caso del fallecimiento de Angélica Montes, del grupo de mujeres que recientemente denunció casos de abuso sexual y tortura durante la dictadura.

Según relataron, la denunciante comenzó a descomponerse en el propio juzgado el día que estaban presentando el escrito, se sintió mal, y comenzó un proceso de deterioro irreversible de su salud y a los pocos días falleció de un infarto cerebral. Finalmente, desde el público habló la fiscal Mirtha Gianze, que dijo que la ”articulación” debe darse también con el Poder Judicial “ porque estamos tomando declaraciones en situaciones muy penosas, en pasillos, a la vista del público” y solicitó que los saberes acumulados en el tema puedan “ser trasmitidos a los operadores judiciales”.

Luis Rómboli

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El Calen debe ser un Centro de Memoria y DDHH

Durante el período del terrorismo de Estado, el Centro de Altos Estudios Nacionales, CALEN, ubicado en Bvar. Artigas y Palmar, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, MDN, fue la sede del Servicio de Información de Defensa de las FFAA.

Fue el lugar desde el cual se planificaron y organizaron las principales operaciones represivas que llevaron a cabo las fuerzas armadas uruguayas, dentro y fuera de las fronteras nacionales, en el marco de la coordinación represiva regional que se denominó Plan Cóndor.

Por el Calen pasaron la gran mayoría de los ciudadanos que fueron secuestrados en la Argentina por los servicios de inteligencia y trasladados secretamente al Uruguay. Allí estuvieron todos los trasladados clandestinamente, muchos de los cuales permanecen desaparecidos hasta el día de hoy sin que las fuerzas armadas hayan proporcionado la información en su poder acerca de su destino.

Fue también un centro clandestino de detención y tortura. Son numerosos los ex presos políticos que han denunciado ante la justicia haber sido sometidos a torturas en los interrogatorios a que fueron sometidos antes de ser procesados por tribunales militares y recluidos en los campos de concentración oficiales de la época.

Está comprobado y así lo dictaminó la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH) en el caso Gelman vs Uruguay de 24 de febrero de 2010 que en sus instalaciones permaneció María Claudia García de Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman y madre de Macarena, quien recuperó su identidad en el año 2003.

Desde julio de 2007 en que presentó públicamente su proyecto de Ley de Reparación Integral, basado en la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas, Crysol reclama que el CALEN sea transformado en un Memorial del accionar del terrorismo de Estado debido a su valor emblemático de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron al amparo de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

En agosto de 2010, al conmemorarse el Día Internacional del Detenido Desaparecido, el entonces Ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, anunció públicamente su disposición de que el CALEN se transformara en un Centro de Memoria y DDHH para recordar y homenajear a las víctimas del terrorismo de Estado, ratificando de esta manera el compromiso gubernamental con las normas internacionales de DDHH.

Memorial del terrorismo de Estado.

Como colectivo de ex presas y ex presos políticos reclamamos al poder político que dicha iniciativa se concrete a la brevedad. Convocamos a todas las organizaciones de la sociedad civil, especialmente a aquellas involucradas en la defensa de los DDHH a apoyar de manera militante esta iniciativa.

El CALEN debe ser declarado un Centro de Memoria y de DDHH, un memorial que sea testimonio de las graves violaciones a los DDHH y de su repudio a las mismas, independientemente del destino funcional y administrativo que posteriormente se le otorgue a sus instalaciones. El CALEN, como lo es la ex Esma en Argentina o Villa Grimaldi en Chile, debe ser conservado como un patrimonio histórico de la Memoria del terrorismo de Estado. El Estado, además de apoyar a las víctimas y a los familiares que reclaman Verdad y Justicia a nivel judicial, debe jugar un papel activo y militante, sin temor a herir sensibilidades, también  en el campo de la Memoria para que Nunca Más haya terrorismo de Estado. Declarar al Calen Centro de Memoria y DDHH es un gesto político de gran significado.

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Año 1 - Nº 003 - 13 12 11

Las huellas del pacto

Caso Julio Castro: Expedientes judiciales evidencian pistas falsas de militares

Brecha. 9 12 11 . Por Samuel Blixen

El cúmulo de mentiras y pistas falsas que distribuyeron algunos militares para prolongar su impunidad se vuelve ahora en un arma contra ellos mismos si, como se promete, la orden es desenmascarar a los homicidas.

¿Medio vacío o medio lleno? Ante la confirmación de la manera en que fue asesinado el educador y periodista Julio Castro, la determinación del comandante del Ejército, Pedro Aguerre, de revocar –"si ha existido o existiera"– un pacto de silencio –"del que no tengo conocimiento"– para encubrir delitos dentro de la fuerza, es un ejemplo acabado de ese deporte nacional que es la ambigüedad.

Puesto que en la misma declaración Aguerre fue enfático en que "el Ejército no aceptará, tolerará, ni encubrirá a homicidas o delincuentes en sus filas", esa pueril aclaración sobre el desconocimiento de la omertà militar debe interpretarse como una concesión a los comandantes que lo precedieron y que, ni por asomo, llegaron a los niveles de condena y de compromiso para enfrentar a "la horda o algo similar" que campeó durante el terrorismo de Estado. Es de estrategia elemental no abrir múltiples frentes de combate, de modo que, más allá de la ambigüedad, es de suponer que el acento principal de la declaración está en el rechazo frontal al "encubrimiento de homicidas", y de ahí que, algunos –entre ellos el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro– tienen la convicción de que, formalmente, el Ejército brindará nueva información que permita avanzar en la búsqueda de la verdad sobre qué pasó con las víctimas, y en el castigo a la "horda".

A menos que exista una disposición superior que ordene lo contrario, el Comando del Ejército podría empezar por buscar y entregar los archivos, parciales o totales, de los servicios de inteligencia, cuyos contenidos siguen vedados para los jueces y fiscales y sin embargo son utilizados en su página web por connotados inquilinos del penal de Domingo Arena; la imposibilidad de ubicar los documentos relevantes sobre las operaciones que culminaron con la desaparición y asesinato de unos 200 prisioneros de la dictadura es una forma de ese encubrimiento que Aguerre anuncia que combatirá.

El Comando podría tomar nota de las múltiples referencias en expedientes de la justicia penal al pacto de silencio, no para confirmar algo que se cae de maduro, sino para seguir la cadena del encubrimiento, que aporta pistas sobre el papel de los cómplices.

Un ejemplo acabado de ese encubrimiento lo brindó, en 2007, el general retirado Mario Aguerrondo (quien, incidentalmente, en 1993, siendo jefe del Servicio de Información de Defensa, encubrió a los asesinos del agente de la dictadura chilena Eugenio Berríos) cuando compareció ante el juez que indagaba la desaparición de prisioneros extraditados clandestinamente desde Buenos Aires en el llamado "segundo vuelo". Aguerrondo había sido el jefe del Batallón 13 de Infantería, en cuyos predios funcionó El Infierno o 300 Carlos, un centro clandestino de detención que utilizaba las instalaciones del Servicio de Materiales y Armamento.

Aunque por El Infierno pasaron cientos de detenidos, y muchos de ellos desaparecieron –como la maestra Elena Quinteros–, el entonces coronel Aguerrondo dijo ante el juez "que no sabe en qué período de tiempo estuvo operativo el 300 Carlos" en el Servicio de Material y Armamento, "porque un día aparecieron y así se fueron. Toda esa gente que había ahí, evidentemente era de algún servicio especializado", pero su ignorancia y recato eran muy profundos. Contó que en 1975 el comandante en jefe Julio César Vadora (convenientemente fallecido) "me dijo que iba a haber una operación de inteligencia, que yo no apoyara ni interviniera de manera alguna y que no iban a ir por el frente (...) se retiró un puesto de vigilancia, de los tres que había se retiró el del fondo (...) pensé que era algo muy grave, probablemente matar a alguno, pero no pensé mucho", afirmó en el juzgado, como si ese "no pensar mucho" atenuara su responsabilidad.

A diferencia de Aguerrondo, a quien el pienso le permitió admitir que en el Servicio de Material y Armamento funcionó un centro clandestino de detención, el jefe del sma, Lautaro May, apenas admitió que en el predio hubo un galpón que "por orden del comandante Vadora, fue desafectado del servicio del cuartel". Pero sostuvo que estaba permanentemente cerrado, que allí no iba nadie, y negó que se introdujeran en el terreno efectivos de inteligencia, ni prisioneros. El segundo jefe, Hugo Bértola, confirmó los dichos de May y agregó que "nunca vio a nadie, nunca tuvo indicios de que hubiera gente dentro"; ninguno de ellos llegó a escuchar, claro, los insultos que la maestra Elena Quinteros profería, en medio del dolor, a sus torturadores y que eran registrados por todos los que permanecían encapuchados en el galpón.

El encubrimiento impidió a la justicia determinar si la veintena larga de prisioneros que trajeron de Buenos Aires en el segundo vuelo (todos desaparecidos) fueron llevados al Batallón 13 o al Batallón 14. Según Gilberto Vázquez, el mediático torturador y asesino recluido en Domingo Arena, "en 1974 o 75 se dio la orden de que no podía aparecer ningún muerto, a mí me la dio el director del servicio (Amaury) Prantl, pero venía del comandante en jefe del Ejército, Vadora, era una orden verbal. Era por razones económicas del país, había una crisis económica y había que dar una sensación de estabilidad y tranquilidad". Ante una pregunta de los magistrados, contestó que "los enterramientos clandestinos se hacían en el marco de la orden de hacer desaparecer a todos los muertos".

Los miembros de la Comisión para la Paz abogados Carlos Ramela y Gonzalo Fernández se inclinaron por acepar la versión aportada por militares a los que entrevistaron en reserva, quienes afirmaban que los prisioneros del segundo vuelo fueron llevados directamente al Batallón 14, pero los jueces dejaron constancia de que todos los elementos sugieren que pasaron primero por El Infierno. En el expediente dejaron constancia de que "no pudo saberse, sin embargo, quienes eran esos informantes, fue imposible ahondar judicialmente sobre los puntos más importantes a esclarecer y el paradero de los posibles restos no tuvo respuesta válida".

Una posible vía de información eran los pilotos que condujeron los aviones. El brigadier general Enrique Bonelli admitió haber sido el copiloto del avión C 47 que efectuó un traslado el 24 de julio de 1976, conocido como el primer vuelo. Pero no recuerda quién le dio la orden verbal (fue "un superior que no recuerda"). Tampoco recuerda quiénes integraban la tripulación, "él era el copiloto pero no reveló quiénes eran el piloto principal y el ingeniero de vuelo", consigna el expediente. Bonelli, siendo comandante de la Fuerza Aérea, realizó una investigación sobre el segundo vuelo. Ante los magistrados afirmó que "fue un vuelo nocturno". No proporcionó los nombres de los tripulantes aduciendo que, "siguiendo el tenor de lo dispuesto por el Poder Ejecutivo en cuanto a continuar las actuaciones de la Comisión para la Paz, y lo expresamente dispuesto en su artículo 3 del decreto que la formó, orientó la investigación, no a conocer quiénes habían realizado el vuelo, sino a conocer si efectivamente éstos se habían llevado a cabo. Desconoce cuál fue el destino final de estas personas". La misma amnesia exhibieron otros oficiales pilotos: Walter Pintos, Mario Muñoz y José Pedro Malaquin (presunta tripulación del vuelo del 5 de octubre). Bonelli tuvo un desliz ante los magistrados; dijo no saber los nombres de los pilotos de los dos vuelos, pero afirmó que ninguno de la tripulación estuvo en ambos traslados.

En el expediente relativo a los traslados clandestinos se afirma que "el propósito de los autores de los ilícitos es ocultar o destruir las pruebas sobre la desaparición para mantener el crimen en la impunidad. Ese pacto de silencio se prolonga al presente". Y agregan los magistrados: "No sólo de silencio sino de construcción de pistas falsas, de estrategias urdidas para desviar la dirección de la indagatoria sobre el paradero de las víctimas".

Pasos en falso. El general Carlos Díaz podría aportar elementos, en caso de que el Ejército se ponga, efectivamente, a extirpar la complicidad con los homicidas. Díaz fue quien recabó la información que supuestamente indicaba el lugar exacto donde había sido enterrada María Claudia García de Gelman, y quien señaló el "árbol cortado" en el cuartel de Toledo, que supuestamente era la referencia del enterramiento. El general Ángel Bertolotti, confiando en la información recabada con criterios reservados, comunicó la novedad al presidente Tabaré Vázquez, y éste anunció el lugar exacto donde, "en un 99 por ciento", estaban los restos de María Claudia. Aún se sigue esa búsqueda que, imprevistamente, permitió rescatar los restos de Julio Castro.

Ni Bertolotti, ni Díaz, ni el general Pedro Barneix, revelaron quién o quiénes dieron las pistas falsas, los "sitios de interés" que impusieron recorridas extenuantes de autoridades judiciales, an­tropólogos y familiares por senderos de un monte que, después se supo, era donde se realizaban entrenamientos. El general Raúl Gloodotfsky, que oficiaba de maestro de ceremonias en el Batallón 14, nunca llegó a explicar quién le sugirió que mostrara simples trincheras como si fueran fosas de enterramientos, y a identificar como alteraciones del terreno de supuestas exhumaciones lo que eran pozos de tiradores. Los cuatro generales mencionados podrán aportar importantes insumos a la tarea de depurar al Ejército de "la horda".

Las informaciones falsas y las falsas pistas fueron aceptadas como válidas por la Comisión para la Paz, en la medida en que, salvo algunos contados casos, se incorporaban tales versiones en el informe final. Así ocurrió en el anexo referido a Julio Castro, donde se consignó que sus restos habían sido exhumados, incinerados y arrojados al mar. La misma versión se incluye en el anexo de Elena Quinteros y se detalla el mismo procedimiento –que Ramela confirmó en el juzgado, en función del "testimonio de múltiples fuentes militares y policiales" que "reconocieron expresamente haber participado en ese operativo".

Por su parte, Gonzalo Fernández declaró ante el juez: "Cuando se inaugura el Batallón número 14 con sede en Toledo, aproximadamente del 73 en adelante o principios del 74, se nos informó que todas las personas muertas en dependencias militares, cualesquiera fueren éstas, fueron sepultadas en el predio del 14 lindero o lindante con la ruta que lo atraviesa y que los militares identificaban con mordacidad como 'Arlington', en alusión al conocido cementerio militar estadounidense". Agregó: "Yo creo que quienes permanecían sepultados en el 14 fueron removidos sus restos en el marco de la llamada Operación Zanahoria en el año 1984". Los que Fernández señaló en noviembre de 2003 como "indicios objetivos y bastante significativos, a mi modesto entender, de que ella se realizó", aludiendo a la llamada Operación Zanahoria, no encuentran, según los magistrados, "sustento en la información obtenida".

El obrero de la construcción Horacio Gelós Bonilla fue torturado en el Batallón de Ingenieros de Laguna del Sauce y, según lo informado por Fernández, su tumba, abierta, fue encontrada por unos particulares en un predio cercano al aeropuerto de esa localidad, confirmando la versión de militares de que los restos fueron desenterrados, incinerados y arrojados al mar. Sin embargo el equipo de arqueólogos descartó esa información. Fernández también anunció "la desaparición (sic) de la tumba de Gomensoro Josman en el Cementerio de Paso de los Toros y la ubicación de una nueva sepultura de un niño exactamente en el mismo lugar". El expediente afirma que "esos datos tampoco son ciertos. La tumba de Gomensoro Josman no había sido nunca excavada entonces. Su cráneo fue hallado en poder de un médico que había practicado la autopsia en la época de la aparición del cuerpo. El antropólogo Horacio Solla excavó después en el lugar por orden del señor juez de Paso de los Toros, se localizaron restos óseos (pero no de un niño), que están depositados en el Instituto Técnico Forense".

La contradicción entre el informe final de la Comisión para la Paz y la realidad que dejó al descubierto el hallazgo de los restos de Julio Castro, promovió una intensa controversia entre los que respaldan la actuación de la Comisión y quienes afirman que el informe avaló flagrantes mentiras de militares. Ramela, quien recientemente denunció "canalladas" de quienes lo fustigan, resultó en última instancia extremadamente crédulo con sus informantes militares. Lo importante es que los equipos que investigan el destino final de los desaparecidos están recabando informaciones que, muy probablemente, permitan avanzar; será anecdótico si esas informaciones desmienten a los informantes de Ramela y Gonzalo Fernández. Y quizás, si los militares cumplen la orden de su comandante en jefe, el flujo de información podrá acelerarse, siempre y cuando no se reincida en la información falsa.

Disculpas y demoras

El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, anunció ayer, en una conferencia de prensa de la que participaron además los ministros de Educación, Ricardo Ehrlich; de Interior, Eduardo Bonomi, y de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, la postergación para marzo de 2012 del acto público de disculpas del Estado uruguayo a la familia del poeta Juan Gelman ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh) en su sentencia dada a conocer en mayo pasado. En la misma rueda de prensa el gobierno hizo un balance de las medidas adoptadas en el área de los derechos humanos.

"Se ha dispuesto todo lo necesario y hemos entablado contactos permanentes con Macarena Gelman a los efectos de coordinar los detalles públicos de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado sobre los hechos de la dictadura", dijo Breccia. A su vez, afirmó que "está en vías de realizarse" la indemnización ordenada por la Corte como compensación del daño causado a Macarena Gelman. Sobre el final, Almagro dijo que el procedimiento de extradición del ex marino Jorge Tróccoli, requerido por la justicia de nuestro país, continúa, aunque por el momento "no hay una decisión final sobre ese tema".

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