Los militares vuelven a ser reparados
En los últimos tiempos fue frecuente ver en los medios televisivos a jerarcas gubernamentales de primer nivel fundamentar a favor de una ley de reparación para las víctimas de la violencia no estatal.Según ellos, aludiendo a las leyes reparatorias aprobadas durante el primer gobierno del gobierno del doctor Tabaré Vázquez, existirían víctimas de primera y de segunda.
El gesto compungido de los jerarcas ante las cámaras se choca de frente con la realidad. Históricamente, los funcionarios policiales que fallecen en actos de servicio cuentan con normas legales que amparan a sus familiares para hacer frente a tan dolorosas contingencias.
Luego de presentado el proyecto gubernamental en el Senado, manos amigas informaron a Crysol que los familiares de los funcionarios militares fallecidos ya habían sido resarcidos mediante el Artículo 115 de la Ley 14 106 del 13 de marzo de 1973, meses antes de la disolución de las Cámaras por parte de Juan María Bordaberry.
Si bien aún quedan familiares de víctimas de la violencia estatal no resarcidas, los familiares de los policías y de los militares ya fueron resarcidos desde hace años.
Los funcionarios del Estado tienen coronita
La vida humana es única e irrepetible. No hay dinero suficiente para resarcirla. Lo cierto es que la ley 14 106 que asistió a los familiares de los militares les otorgó montos superiores a los que, 26 años después del retorno a la institucionalidad democrática, el Estado otorgó a los familiares de los detenidos desaparecidos y de los asesinados durante la actuación ilegítima y del terrorismo de Estado.
La Ley 14 106 estableció cifras diferentes a la hora de asistir a los funcionarios militares: otorgó u$s 85.000 a los familiares de los oficiales y u$s 75.000 a los familiares del personal subalterno y de tropa, a valores actuales.
Estos montos son superiores a los que la Ley 18 596, aprobada en setiembre de 2009, otorgó a los familiares de los detenidos desaparecidos y de los asesinados a raíz o en ocasión del accionar de funcionarios del Estado o con su aquiescencia en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985.
La Ley 18 596 otorgó a ellos, a modo de indemnización, la cantidad de 500.000 Unidades Indexadas (UI), unos u$s 70.000, a valores actuales, por única vez y a repartirse entre padres, hermanos, cónyuges, hijos y nietos, según el Decreto 294/2010.
Alimentar la teoría de los dos demonios
El verdadero propósito de este proyecto de ley, aprobado entre gallos y medianoche en el Senado, es alimentar la teoría de los dos demonios como interpretación del proceso histórico uruguayo. Impulsada por el expresidente Julio María Sanguinetti como principal exponente, se orienta a ocultar la responsabilidad de los sectores sociales, políticos y mediáticos responsables de la dictadura y del terrorismo de Estado. Es un proyecto de ley impulsado por los sectores conservadores de la sociedad y los nostálgicos de los “latorritos” como los denominó el senador Amílcar Vasconcellos a comienzos de 1973 cuando ya era evidente el rumbo que habría de tomar el país.
13 de junio de 1968: una fecha clave
El proceso uruguayo no fue resultado de un simple capricho presidencial o del accionar de un grupo de sangrientos militares que, entrenados en la Escuela de las Américas por parte de EEUU, una vez convocados a la vida política, dieron rienda suelta a sus ansias de poder.
Ante la crisis económica heredada del anterior gobierno blanco, Jorge Pacheco Areco, sucesor del general Oscar Gestido, fallecido en diciembre de 1967, implantó las Medidas Prontas de Seguridad (MPS). Estas son un mecanismo institucional que otorga poderes extraordinarios al titular del Poder Ejecutivo pero es un procedimiento de carácter transitorio.
Jorge Pacheco Areco implantó las Medidas Prontas de Seguridad a los efectos de aplicar un programa de ajuste económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional para otorgar nuevo financiamiento internacional. A los 15 días, congeló los salarios, convocó a las Fuerzas Armadas para reprimir y decretó la militarización de los trabajadores del Banco de la República (BROU) y del Banco Central.
Al mismo tiempo, decretó la congelación de precios y salarios, además de enviar al Parlamento un proyecto de presupuesto sin aumento de sueldos para los funcionarios públicos cuando la inflación batía records históricos. Sin negar la influencia de la confrontación Este – Oeste, el impacto de la Revolución Cubana y de la rebeldía juvenil que sacudía a Europa, Jorque Pacheco Areco encendió la mecha de la confrontación y de la conflictividad social, enterró el viejo modelo batllista de negociación para encauzar al país. De ahí en más, el Uruguay se dirigió hacia la dictadura y el terrorismo de Estado.
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Opinando N° 4 – Año 12 – Jueves 2 de marzo de 2023