Un foro para los Crímenes de Lesa Humanidad

La iniciativa de un grupo de integrantes del autodenominado Foro de Montevideo de solicitar una amnistía para los condenados por las atroces violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de  Estado es repudiable: desconoce todas las normas internacionales y nacionales al respecto.

Los represores  merecen la mayor condena pública y la mayor severidad judicial, no la solidaridad espiritual, moral y política.

Todos los condenados han gozado de las máximas garantías legales y procesales, con pruebas y evidencias abrumadoras; a nadie se le ha aplicado una ley retroactiva y se les han tipificado delitos previstos en el viejo Código Penal.

Desde el Tribunal de Nuremberg al cual nuestro país adhirió, la investigación, el esclarecimiento y la sanción de los responsables de las desapariciones, de los crímenes, de los secuestros, de las torturas y de otros execrables delitos, por parte del Poder Judicial, es el camino a seguir para que no vuelvan a ocurrir,  

Las Fuerzas Armadas asaltaron las instituciones democráticas  en el año 1973. La dictadura cívico militar, alentada por el gobierno de EEUU, fue una enorme calamidad nacional cuyos efectos desastrosos aún perduran.

Ante esta ofensiva publicitaria, política y parlamentaria de los nostálgicos de la dictadura que intenta otorgar, además, prisión domiciliaria para los terroristas estatales, trasmitiremos nuestra inquietud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros foros similares.

Junto a toda la ciudadanía democrática redoblaremos nuestros esfuerzos militantes para lograr que estas iniciativas no prosperen y que los responsables de las grandes violaciones a los derechos humanos de la dictadura, crímenes de Lesa Humanidad, sean juzgados, condenados y cumplan los castigos penales que las normas establecen y con la severidad que merecen. 

Crysol

Asociación de ex presas y ex presos políticos de Uruguay

8 de noviembre de 2021

Desproporcionada, intencional y muy peligrosa

                  

Expresamos nuestro frontal rechazo a la reciente decisión judicial de procesar a un   grupo   de   personas “deliberadamente   seleccionadas”   por   haberparticipado en una actividad de protesta pacífica en febrero del año 2013 en la puerta y en la sede del Poder Judicial cuando la Suprema Corte de Justicia, presidida por el Dr. Jorge Ruibal Pino sancionó a la Dra. Mariana Mota.

La propia sentencia deja en claro que se trató de una actividad convocada públicamente por varias organizaciones sociales, cubierta por medios masivos de comunicación, pacífica, momentánea y transitoria, que no generó daños y fue disuelta  rápidamente  por  la  policía  sin  necesidad  de  emplear  medios  de disuasión de ningún tipo.

Queda en evidencia la intencionalidad política de criminalizar la protesta social del promotor de la causa, el fiscal Dr. Gustavo Zubía, hoy parlamentario, firme defensor de la prepotencia policial y del gatillo fácil, un punitivista empedernido y de la LUC, ley  de la cual casi 800.000 personas han manifestado su decisión de anular 135 artículos y meta que acompañamos como colectivo organizado.

En defensa de la institucionalidad democrática, fallos como éste remarcan la importancia de lograr objetivos como la más profunda democratización del Poder Judicial, obtener  que todos los jueces sean designados mediante procedimientos claros, transparentes y democráticos, por concurso, y que la designación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia sea transparente y cristalina, de cara a toda la ciudadanía como hemos reclamo de manera reiterada.

Ratificamos de manera pública nuestra solidaridad y apoyo a los procesados, algunos de los cuales fueron presos políticos durante el terrorismo de Estado, al mismo tiempo que redoblaremos nuestros esfuerzos militantes para lograr que los responsables de las grandes violaciones a los derechos humanos de la dictadura, crímenes de Lesa Humanidad, sean juzgados, condenados y cumplan los castigos penales que las normas establecen.