Audiencia de la Comisión Interamerica

 

Ex presas políticas elevaron denuncia de violencia sexual a la CIDH: “El tiempo transcurrido sólo agrava los impactos de las violaciones y de la impunidad”

La Diaria - 18 de marzo de 2021

Las mujeres pidieron al organismo una “visita virtual” para que

 se analicen las demoras en el proceso.

Ana Amorós, Luz Menéndez e Ivonne Klingler (archivo, febrero de 2021). Foto: Federico Gutiérrez

En octubre de 2011, un grupo de 28 ex presas políticas denunció ante la Justicia haber sufrido torturas y violencia sexual durante el terrorismo de Estado. Esa violencia fue ejercida a través de agentes del Estado bajo la forma de desnudez forzada, humillación con connotación sexual, violación, amenaza de abuso sexual, abuso sexual, explotación sexual, acoso sexual y embarazos y abortos forzados, entre otras prácticas que, según las denunciantes, se ejercieron de manera sistemática y coordinada. El caso fue novedoso porque incluía por primera vez la perspectiva de género en una denuncia por crímenes cometidos en la dictadura de Uruguay.

 

Casi una década después, no ha habido avances. De los más de 100 exintegrantes de las Fuerzas Armadas denunciados, ninguno fue condenado. Sólo se concretó el procesamiento del excapitán Asencio Lucero, pero no fue detenido por delitos de violencia sexual, sino por privación de libertad.

 

Ante la falta de respuestas, las ex presas políticas decidieron elevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La audiencia tuvo lugar este jueves al mediodía, de forma virtual. Participaron Jacqueline Gurruchaga y Blanca Luz Menéndez en nombre de las ex presas; la abogada defensora, Flor de María Meza; y María Noel Leoni, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). También expusieron representantes del Estado uruguayo, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la CIDH.

 

“Esta comisión conoce muy bien que en el marco de la dictadura en Uruguay se cometieron varias violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y conoce muy bien también que la deuda de verdad, justicia y reparación con las víctimas y sus familiares no se ha saldado”, comenzó Leoni. En ese sentido, aseguró que, según la sociedad civil, 70% de las 200 causas activas se encuentran en etapa inicial de presumario, incluido este caso.

 

Este y otros factores “han determinado que la causa de las denunciantes siga impune”. Pero en este caso, se agrega “la estigmatización, la revictimización y la discriminación que enfrentan las mujeres que denuncian violencia sexual”, dijo la representante del Cejil, y aseguró que también en Uruguay “la violencia sexual constituyó un arma de guerra del Estado para humillar, castigar y violentar a las mujeres presas políticas”, pese a que son prácticas que “permanecen en el silencio”. “Estamos acá con la firme convicción de que esta audiencia y camino de la Justicia internacional pueda ayudar a derribar el silencio”.

 

Desde la sala Maggiolo de la Universidad de la República se conectaron las ex presas políticas y la abogada. Gurruchaga afirmó que “la sistematización y la repetición de los procedimientos represivos” a los que fueron sometidas “dejan en evidencia el carácter de delito de lesa humanidad y pone de manifiesto que la práctica de la violación contra las mujeres formaba parte de un estudiado método de tortura y aseguraba un nivel de daño que dejó secuelas tanto físicas como psicológicas muy profundas y difíciles de superar”. Diez años después de la denuncia penal, cuestionó, “aún no hemos recibido reparación integral”.

 

La denunciante criticó también la revictimización a la que han sido sometidas en cada etapa del proceso judicial, al verse obligadas a declarar varias veces y revivir en cada relato los episodios de violencia sexual. Al mismo tiempo, dijo que los denunciados “se amparan en mecanismos de impunidad”, anteponiendo “recursos dilatorios que entorpecen el accionar de la Justicia”. “La falta de justicia nos llevó a convivir en la misma sociedad con nuestros torturadores”, agregó.

 

Por su parte, Menéndez exigió “justicia y reparación integral y que el Estado reconozca que vulneró nuestros derechos, y que ello se difunda, pues forma parte de nuestro derecho a la reparación y a la garantía de no repetición”.

 

A la vez, denunció que en marzo de 2020 se discontinuaron los servicios de atención psiquiátrica y psicológica que recibían las ex presas y ex presos políticos y sus familiares, según lo establece el artículo 10 de la Ley 18.596.

 

La espera por la justicia demoró tantos años, dijo Menéndez, que ya fallecieron tres compañeras que iniciaron la denuncia colectiva. “El tiempo transcurrido sólo agrava los impactos de las violaciones que vivimos y de la impunidad. Cada día que pasa esa injusticia, nuestra dignidad se ve afectada”, puntualizó, y sentenció: “Con esta audiencia, iniciamos un camino de búsqueda de justicia internacional”.

 

La abogada de las denunciantes pidió a la CIDH que haga una visita virtual a Uruguay “para examinar los obstáculos de acceso de los casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, con especial énfasis en las mujeres que denuncian violencia sexual”. Solicitó además apoyo técnico para acompañar a las denunciantes durante el proceso judicial. 

La palabra del Estado

La directora de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Marina Sande, presentó la respuesta en nombre del Estado uruguayo. La jerarca dijo que el Estado “reconoce, condena y repudia los abusos ocurridos durante el periodo dictatorial” y aseguró que ha dado “pasos decididos para llegar a la verdad y condenar a los culpables”. Enumeró algunos, como la aprobación de la ley que dejó sin efecto la ley de caducidad, la búsqueda de restos de desaparecidos y la investigación de las circunstancias de la desaparición forzada de las personas, “así como la identificación y la imputación de los responsables”.

 

En la causa de las expresas políticas, Sande aseguró que el Estado “ha hecho y continúa haciendo todos los esfuerzos por aclarar todos los hechos y detener a los responsables”, y dijo que las demoras producidas durante el proceso responden a los recursos presentados “de manera abusiva” por la defensa de los denunciados.

 

Junto a ella estaban presentes Luis Bermúdez, de la Dirección para Asuntos Políticos de la cancillería; Luján Criado, en representación de Matilde Rodríguez Larreta, directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia; Ricardo Perciballe, fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, y el secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia, Gustavo Licastro. 

La interpelación de la CIDH

Después de escuchar las intervenciones de las dos partes, integrantes de la CIDH extendieron sus preguntas e inquietudes al Estado. La primera vicepresidenta de la comisión y relatora para Uruguay, Julissa Mantilla, preguntó si el Poder Judicial realiza capacitaciones específicas en materia de género a sus funcionarios y si la legislación uruguaya contempla la tipificación de los delitos de violencia sexual durante la dictadura.

 

La segunda vicepresidenta, Flávia Piovesan, quiso saber si existen protocolos específicos para el abordaje judicial de los casos de violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado. Consultó además si en el caso particular de las expresas políticas están garantizadas “su participación y escucha activa” en las etapas del proceso.

 

Por su parte, Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, insistió en la necesidad de que el Estado reafirme que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y que cumpla con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman.

 

En los próximos días el Estado y el grupo de ex presas enviarán los comentarios requeridos por la comisión en formato escrito. En principio, Urrejola aseguró que la CIDH está dispuesta a cumplir con la visita virtual y el apoyo técnico solicitado para las denunciantes, si el Estado está de acuerdo.

 

“Ha pasado mucho tiempo y los avances en las investigaciones son muy lentos”, concluyó Urrejola antes de finalizar la audiencia. También se dirigió a las ex presas políticas: “Espero que este sea un espacio de escucha para esos silencios que ustedes llevan tanto tiempo queriendo que sean oídos”.

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Audio inédito del 14 de abril de 1972

 Audio inédito del 14 de abril de 1972:
“Dejalos, pero fritos. Heridos no”

Por Leonardo Haberkorn – El Observador – 13 4 2021

En un audio policial nunca publicado hasta hoy se escucha a un mando policial ordenar que se ejecute a tupamaros heridos el 14 de abril de 1972

Una grabación nunca divulgada hasta hoy muestra como un mando policial ordenó ejecutar a tupamaros heridos en un procedimiento de 1972.

"No, no, dejalos no. Dejalos, pero fritos. Heridos no. Heridos graves no”, dice un oficial en el registro sonoro.

Se trata del audio de las conversaciones realizadas por la propia inteligencia policial en el teléfono de la casa de la calle Amazonas 1440, en Malvín, los días 13 y 14 de abril de 1972.

En esa casa funcionaba una base importante del MLN-Tupamaros, que la policía tenía identificada. Su teléfono había sido intervenido. Las conversaciones eran escuchadas y grabadas.

Parte de esas cintas ya habían sido divulgadas por José Gavazzo en 2012 en la desaparecida página web En Voz Alta, que mientras existió ofició como vocera de los militares presos por violar los derechos humanos en la dictadura. Gavazzo acompañó los audios con una nota en la que sostenía que difundía las grabaciones como forma de denunciar “el descaro, la soberbia, y el desprecio por la vida humana” del MLN.

En aquella oportunidad, Gavazzo explicó que las cintas se las había obsequiado el inspector Víctor Castiglioni, jefe de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia en 1972, y quien estuvo al mando de los operativos del 14 de abril.

Sin embargo, Gavazzo –hoy en prisión domiciliaria condenado por 28 homicidios- excluyó de los audios que divulgó la conversación en la que se ordena ejecutar a los prisioneros heridos.

Llegar a ese audio fue posible gracias a que Castiglioni también le obsequió un cassette con las grabaciones del 14 de abril al periodista César Di Candia, cuando éste lo entrevistó en 1998 para el semanario Búsqueda.

La comparación entre los audios divulgados en 2012 por Gavazzo en el sitio En Voz Alta y el cassette que Di Candia generosamente compartió este trabajo, permitió hallar la grabación inédita.

Confesión y asesinatos

El 14 de abril de 1972 fue uno de los días más negros y sangrientos en la historia de Montevideo.

En esa jornada, el MLN-T realizó múltiples atentados destinados a ejecutar a presuntos integrantes del llamado Comando Caza Tupamaros, un grupo de ultra derecha que mataba militantes izquierdistas.

La guerrilla había condenado a muerte a una larga lista de supuestos integrantes de esa organización. La habían elaborado en base a la confesión del fotógrafo Nelson Bardesio, a quien habían secuestrado e interrogado mientras lo retenían en cautiverio en forma ilegal.

Bardesio había trabajado en la Inteligencia policial.

Castiglioni era uno de los condenados por el MLN por ser un supuesto integrante del Comando Caza Tupamaros, también llamado Escuadrón de la Muerte.

A las ocho de la mañana, en la esquina de Rivera y Soca, integrantes del MLN ametrallaron un patrullero y asesinaron al subcomisario Oscar Delega y al agente Carlos A. Leites. También hirieron de gravedad al agente Facundo Goñi, quien falleció meses después a causa de las heridas. Una hora más tarde, en Las Piedras, fue asesinado el capitán de corbeta Ernesto Motto. A las 11 de la mañana, francotiradores apostados en la iglesia de Constituyente y Médanos (hoy Barrios Amorín), asesinaron al ex subsecretario del Interior Armando Acosta y Lara. Había otras ejecuciones programadas, entre ellas la de Miguel Sofía, pero fracasaron.

Delega y Acosta y Lara habían sido condenados a muerte por el MLN, que los acusaba de ser integrantes del Comando Caza Tupamaros. Motto tenía una orden de “captura” de la guerrilla por idéntico motivo. Leites y Goñi fueron “daños colaterales”.

La respuesta policial no fue menos cruenta y fue dirigida por el inspector Castiglioni. A las 14 horas partidas de agentes se dirigieron a dos refugios tupamaros ya conocidos por la policía: el de la calle Amazonas, en Malvín, y otro en Pérez Gomar 4392, en el Buceo.

La partida que se dirigió a la calle Amazonas tomó la vivienda, un procedimiento en el cual fueron muertos los dueños de casa, el escribano Martirena y su esposa Ivette Giménez, ambos integrantes del MLN.

La policía dijo que las muertes ocurrieron en un tiroteo, pero otros testimonios apuntaron a que los Martirena fueron asesinados.

Horas más tarde, ya con el juez Daniel Echeverría presente en la casa, se descubrió a dos tupamaros ocultos en un “berretín”: Eleuterio Fernández Huidobro y David Cámpora. Fueron apresados.

En el procedimiento de la calle Pérez Gomar fueron muertos tres de los principales cuadros del aparato armado del MLN: Alberto Candán Grajales, Gabriel Schroeder y Armando Blanco Katras. También Horacio Rovira Griecco, quien les daba refugio.

Candán Grajales era uno de los integrantes de la guerrilla más buscado en esos momentos.

Otro tupamaro, Jorge Gropp, fue muerto ese día, en otro lugar de Montevideo, tras uno de los atentados fallidos del MLN.

En total, el 14 de abril de 1972 se cobró 12 vidas.

“Gente tan ejecutiva”

Las grabaciones que la inteligencia policial hizo en el teléfono de la calle Amazonas –y que por primera vez son analizadas completas- son resumen de la violencia y el horror de aquel día.

El registro comienza con llamadas en las que los tupamaros coordinan reuniones y acciones encubriéndolas con un lenguaje figurado. Luego, más adelante en las grabaciones, las conversaciones pasan a referirse a los atentados que ya comenzaron a realizarse, celebrando su éxito. Por ejemplo, dos hombres tienen el siguiente diálogo:

- ¿Te acordás del Tuerca (o Yorka)? ¡Marchó”!

- ¡Eso sí que es un alegrón, porque no pensaba que esa venta se fuera a dar!

-El problema es que frente a las alegrías vienen las tristezas, ¿sabés? Porque Fangio tuvo un accidente.

-Ahh.

-Parece que no va a poder manejar.

- ¿Fangio tuvo un accidente? Qué lástima, che. ¿Pero habrá sido grave?

-Y parece que sí, muy grave.

-Ahhh.

-Incluso lo que no sabemos es… en qué situación está…

-Qué lástima, che, qué lástima…

Según el artículo escrito por Gavazzo en En Voz Alta, esta conversación se refiere al asesinato del subcomisario Delega, quien sería el “Tuerca”. Y “Fangio” sería Jorge Gropp, integrante del MLN muerto ese día por la Policía.

Otra de las conversaciones grabadas registra a dos mujeres que comentan el asesinato de Acosta y Lara.

-Estoy con los nervios de punta –dice una de ellas- porque andan a los tiros acá abajo (…) Acá en Médanos y San José, por ahí.

-Y será algún asalto -responde la otra.

-Sí, yo no sé, pero las piernas me temblaban, fuimos a mirar por la ventana y la gente toda se amontona, son inconscientes.

-¡Ay, qué horrible! Van a mirar, ¿no?

-Van a mirar como estúpidos.

-Qué cosa bárbara.

Más adelante, las mujeres hablan del atentado que le costó la vida a Delega.

-Hubo otra matanza, ahí en Soca (…) Mataron dos policías, iban en un patrullero.

-Ahhh.

Sigue otra conversación entre un hombre y una mujer.

-Mataron a Acosta y Lara y a un teniente de navío, me quiero morir de nervios –dice la mujer.

-¡Pero mirá vos! –le responde el hombre.

 

Luego hay otra llamada en la que dos hombres comentan otro de los atentados y alaban al compañero que lo perpetró por haber cumplido su objetivo. Uno de ellos comenta: “Es una suerte contar con gente tan ejecutiva”.

“Dejalos, pero fritos”

Una vez que las fuerzas policiales tomaron la casa de la calle Amazonas, el teléfono de la vivienda pasó a ser usado por los mandos para ordenar nuevas actuaciones y para atender a los tupamaros que llamaban sin saber que el refugio había caído y que los Martirena estaban muertos.

La grabación policial, sin embargo, no se detuvo. En las cintas también se registraron estas conversaciones.

Cuando divulgó los audios, Gavazzo solo incluyó un par de estas llamadas y omitió las otras. En el artículo que escribió, dijo que el jefe policial que comenzó a usar el teléfono y cuya voz quedó registrada era el propio Castiglioni. Escribió: “Posteriormente, después de efectuada la operación se escucha la voz del Inspector Castiglioni comunicando las novedades ocurridas y solicitando la presencia de la Policía Técnica”.

Dice Castiglioni en el audio:

“Acá hubo un tiroteo en Amazonas 1440, hay dos personas muertas. Estamos buscando el berretín que tiene que estar acá, lleno de tipos dentro. Pedime la Técnica. Y me hacés el favor, a ver si das a Investigaciones, para que vayan a la calle Hudson 5326, es una dirección que apareció acá, que no sabemos qué puede haber. Que vayan con cuidado, que no sabemos que haya nada positivo”.

Luego viene una de las conversaciones que Gavazzo se cuidó de no difundir.

Se escucha a una voz masculina que habla de lo ocurrido en la calle Pérez Gomar.

“No, no, dicen, al parecer, están comunicando eso. A Candán Grajales entre ellos”.

Otra voz responde:

“Ta, dejalo, claro”.

Entonces interviene otra voz que, por la claridad con la que quedó registrada, parece hablar desde el teléfono de la calle Amazonas:

"No, no, pero… Dejalos no. Dejalos, pero fritos. Heridos no. Heridos graves no”.

*El audio fue digitalizado y mejorado por el colega Diego Ríos.

Existían testimonios de que Candan Grajales, Schroeder, Blanco Katras y Rovira Griecco habían sido ejecutados, pero eso nunca pudo ser probado. El audio apunta con claridad en ese sentido.

En la entrevista que le dio a Di Candia en 1998 y que publicó Búsqueda, Castiglioni admite haber estado en la casa de la calle Amazonas esa tarde. “Yo llegué cuando las dos personas que habitaban esa casa ya estaban muertas”, dijo en aquel reportaje.

Al día siguiente de las matanzas del 14 de abril de 1972, y bajo el impacto de la docena de muertes, la Asamblea General votó el “Estado de Guerra Interno”, que supuso la suspensión de las garantías individuales y la posibilidad de juzgar civiles por la justicia militar.

El 14 de abril quedó instituido como “Día de los caídos en la defensa de las instituciones democráticas”.

En junio de 2020, el ministro Jorge Larrañaga decidió retirar una placa que homenajeaba a Castiglioni en el salón de actos de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia.

La placa había estado allí hasta 2016, cuando fue retirada. Pero en 2020 el director de la Policía Nacional, el comisario mayor retirado Diego Fernández, la restituyó y volvió a darle el nombre de Castiglioni a la sala de actos. Las protestas de exdetenidos políticos que acusan a Castiglioni de haberlos torturado, hizo que el ministro Larrañaga retirara el homenaje.

“Castiglioni, con sus claroscuros, fue un referente de una época”, dijo entonces Fernández a El Observador.

El exjefe de Inteligencia se retiró en 1985 y falleció en el 2000.

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