Los desafueros robustecen la democracia
El desafuero de
parlamentarios que han violado la ley está perfectamente regulado por las
disposiciones constitucionales. Asegura la integridad política, jurídica y
ética de los integrantes de un poder estatal tan importante como el Parlamento
en un sistema democrático republicano.
Al conceder el desafuero
a un integrante involucrado en hechos de apariencia delictiva el órgano, ya sea
la Cámara de Senadores o la de Representantes, se fortalece a sí mismo,
refuerza su credibilidad, su imagen pública, permitiendo la actuación del Poder
Judicial.
El
Parlamento, órgano que elabora y aprueba las leyes, además de vigilar la
aplicación de las mismas por parte del Poder Ejecutivo, no puede estar
integrado por delincuentes, por personas que las violen.
Manini Ríos:
ocultó información para favorecer la impunidad de Gavazzo
Indudable apariencia delictiva
Tal como lo puso de
manifiesto el periodista y escritor Leonardo Haberkorn, en varias notas
publicadas en El Observador, en ningún momento Guido Manini Ríos señaló haber
informado a la Justicia acerca del testimonio incriminatorio
brindado por José Nino
Gavazzo. En su declaración ante el tribunal, se refirió a la desaparición del
cuerpo de Roberto Gomensoro Josman, asesinado en el cuartel de Artillería N°1,
en marzo de 1973, durante el gobierno de Juan María Bordaberry. Tampoco informó
acerca de las declaraciones de Jorge “Pajarito” Silveira en lo referido a la
desaparición de Eduardo Pérez Silveira y de una ciudadana enterrada en forma
clandestina luego de su asesinato en la tortura.
En las diferentes
entrevistas que concedió Manini Ríos, explicó de manera reiterada, cuáles
fueron las razones de no cumplir con su obligación de poner en conocimiento de
la justicia los hechos de apariencia delictiva de los que fue informado por sus
subordinados. Las grabaciones de Radio Carve, Radio Universal y de “Buen día
Gente” de Canal 10 son un testimonio indudable de su reconocimiento público de
sus omisiones, de su tránsito institucional al margen de la ley, aunque ahora
se presente como una víctima perseguida del sistema.
Las leyes son claras
De acuerdo a las normas
vigentes, todos los funcionarios estatales tienen la obligación de denunciar
los hechos de apariencia delictiva de los cuales toman conocimiento mientras
ejercen sus actividades oficiales.
Las leyes son
disposiciones destinadas a regular la convivencia social de una manera
armoniosa y pacífica de las sociedades. Son aprobadas siguiendo procedimientos
públicos y reglamentados, por un poder del Estado elegido cada cinco años, de
manera democrática, a tales efectos.
Tal como lo
establece el Código Penal uruguayo, los funcionarios que no informan al poder
judicial cometen un delito y deben ser sancionados penal y administrativamente,
de acuerdo a la gravedad de la falta, siendo juzgados con todas las garantías
del debido proceso.
Pruebas irrefutables y
abrumadoras
Las evidencias en contra
de Guido Manini Ríos son abrumadoras. No existe ningún documento que acredite
que haya cumplido con su obligación de informar al Sistema Judicial como
correspondía.
Manini Ríos entregó las
actas del Tribunal de Honor a las jerarquías del Ministerio 10 meses después
que José Nino Gavazzo realizó su primera confesión. Lo hizo, además,
presentando un escrito propio que no aludía al asesinato de Gomensoro Josman y
tampoco hacía mención al testimonio autoincriminatorio de Gavazzo ni a las
declaraciones formuladas por Jorge “Pajarito” Silveira.
El general retirado
Gustavo Fajardo es contundente
El general retirado
Gustavo Fajardo, que era el presidente del Tribunal de Honor que juzgó a
Gavazzo y Silveira, declaró ante el fiscal Morosoli que el
mismo día que escuchó la
declaración de Gavazzo, le solicitó a Manini Ríos una entrevista que se
concretó al día siguiente en el despacho del comandante en jefe, aunque no hay
registros documentales de la misma.
Tras escuchar el informe,
Manini Ríos acusó recibo y ordenó suspender las actuaciones, indicando que
posteriormente daría las directivas correspondientes, haciéndose cargo de la
situación. "Era un tema para la justicia penal, lo conversamos con el
comandante y le dijimos esto es así, quedó con los papeles y dijo, 'yo me hago
cargo de esto'… estamos hablando de la máxima jerarquía de la institución, tres
generales con el comandante en jefe… después la decisión la toma él...”,
declaró Fajardo, según señala el dictamen de la Fiscalía.
Unos veinte
días después, Manini llamó a Fajardo y le dio la orden de continuar con las
tareas "fundándose en la urgencia de culminar las actuaciones, y en que a
su juicio, lo declarado por Gavazzo era una 'chicana' para dilatar la
decisión".
Un crimen de Lesa
Humanidad
Como comandante en jefe
del Ejército, Manini Ríos sabía que José Nino Gavazzo había sido eximido de
responsabilidad por el asesinato y desaparición de Roberto Gomensoro Josman,
que la causa había sido archivada, siendo un crimen impune, al igual que el de
Eduardo Pérez Silveira. Su ocultamiento deliberado de los testimonios de José
Nino Gavazzo y de Jorge “Pajarito” Silveira fue un acto de complicidad con los
responsables de dos causas pendientes de resolución para garantizar su
impunidad.
El voto popular no
sustituye al Poder Judicial
La Cámara de Senadores no
puede estar integrada por personas con causas judiciales, con personas que
violentaron las disposiciones legales vigentes. Los desafueros concedidos a
Wilson Ezquerra y a César Bianchi en la pasada legislatura, son claros
ejemplos.
En el caso de Guido
Manini Ríos el delito es más grave, no es acusado de manejar alcoholizado: ha
ocultado información a un poder del Estado, ha encubierto a los responsables de
crímenes de Lesa Humanidad para que puedan evadir su castigo, transformándose
en cómplice de ellos.
Aunque en su momento
anunció que pediría que se votara su desafuero, todo parece indicar que al
general no le dará la nafta y que se amparará en sus fueros para evitar ser
juzgado por sus crímenes.
Para afirmar la
institucionalidad republicana y demostrar su integridad moral, el Senado debe
votar su desafuero. Sobran evidencias en su contra. Todos los senadores deben
asumir su responsabilidad y su obligación de contribuir con el Poder Judicial
para aplicar las leyes vigentes. Votar el desafuero de
Manini Ríos para que sea
juzgado, como corresponde, es un compromiso imperativo con la legalidad
democrática y de rechazo al terrorismo de Estado.
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Opinando N° 6 – Año 9 – Martes 21 de abril de 2020
