.......
miércoles, 19 de septiembre de 2018
martes, 18 de septiembre de 2018
domingo, 16 de septiembre de 2018
La corporación
Como ocurrió otras veces en la historia, ciertas coyunturas
impulsan a militares al rango de “poder paralelo”. El comandante del Ejército,
Manini Ríos, ha extremado sus críticas a políticas de gobierno hasta un punto
muy cercano al doble poder. El arresto a rigor de 30 días decretado por el
gobierno fortalece su ascendiente en el Ejército, por lo que no es esperable
que pase a retiro.
La última noticia que tuvo un organismo oficial uruguayo del
prófugo Eduardo Ferro fue en el Servicio de Pensiones y Jubilaciones Militares.
Ferro, quien mediante una artimaña legal y con apoyo de los amigos
“nostálgicos” franquistas fue puesto en libertad en Madrid cuando se tramitaba
su extradición a Uruguay, pretendió cobrar su jubilación, que ronda los 120 mil
pesos.
Por Samuel Blixen – Brecha 14 9 18
 |
| Foto: Foco, Gastón Britos |
Aquellas lluvias trajeron estos lodos. No es la primera vez
que un jerarca militar trata de mentiroso a un jerarca civil del gobierno, ni
la primera que se dicen mentiras. Hoy, a la luz de la situación creada por las
declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, parece
evidente que, de haberse resuelto de otra manera los episodios anteriores, las
consecuencias de los actuales desplantes hubieran sido diferentes.
Se discute,
entonces, si el presidente Tabaré Vázquez actuó con debilidad, evitando la
destitución, o si los 30 días de arresto a rigor con que fue sancionado el
teniente general constituye una movida inteligente del primer mandatario. Sea
como sea, el gobierno se enfrenta a una coyuntura en la que un jefe militar
trata de forzar la muñeca de un presidente en medio de operativos de
inteligencia y rumores de todo tipo y con una oposición que, una vez más, se
olvida de lo que cuesta hacerle guiñadas al uniforme.
DIMES Y DIRETES.
Era inevitable que Manini Ríos volviera a hablar sobre la
reforma de la Caja Militar. Como sabe cualquier dirigente sindical, la defensa
del salario es la herramienta más idónea, y en el caso del comandante, una
oportunidad inmejorable si, como opina el historiador Gerardo Caetano, actúa
como un verdadero caudillo (véase entrevista en estas páginas). Por ahora, al
parecer, se trata de “acumular fuerzas”, de abroquelar a la “familia militar”.
Averiguar para qué es tarea de analistas.
Por lo pronto, las declaraciones de Manini al programa Todo
Pasa, de Océano FM, reiteraron las críticas sobre la reforma del sistema de
jubilaciones y pensiones militares aprobada en el Senado en primera instancia y
que, en la segunda en Diputados, depende de la voluntad de un solo diputado del
Frente Amplio para consagrarse en ley. Sintéticamente, Manini afirma que las
medidas propuestas para reducir el déficit de la Caja (cuya cifra, 550 millones
de dólares anuales, también cuestiona) afectarán gravemente a los clases y
soldados, el personal de tropa que, dice, en algunos casos ni siquiera podrán
llegar al mínimo jubilatorio.
Las diferencias de enfoque en materia de cuentas
aritméticas ya había generado un encontronazo cuando un general retirado, en
presencia del comandante, había calificado de mentiroso al subsecretario de
Economía; el episodio se mantuvo oculto hasta que el mismo general contó la
anécdota a un periodista y el gobierno no tomó, al menos abiertamente, ninguna
medida. Ahora el propio comandante insinúa que quien miente es el ministro de
Trabajo, Ernesto Murro, lo que da a entender que no se trata de un debate sobre
diferencia de criterios por cálculos financieros, sino que se pretende forzar
una agresión.
Al día siguiente, el comandante tomó un avión rumbo a México,
donde permanecerá hasta el lunes 17. El lunes 3, Manini recibió una llamada
telefónica del ministro de Defensa, Jorge Menéndez, quien le informaba que
había sido sancionado con 30 días de arresto a rigor por sus declaraciones a Océano
FM. El arresto comenzará a regir desde el momento en que el militar se
notifique, esto es, en la mañana del martes 18.
La medida fue adoptada por el
presidente Tabaré Vázquez, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas
Armadas en acuerdo con el ministro Menéndez, pero el tema fue discutido ese
lunes en el Consejo de Ministros (véase nota aparte). Ya en ese momento se
dispararon los rumores: se dijo, y así lo anotó puntualmente el diario El País,
que los ministros Ernesto Murro y Danilo Astori habrían reclamado la
destitución de Manini, una medida que, según esos trascendidos, no prosperó por
“la oposición del Mpp”. Al respecto, el diputado emepepista Alejandro Sánchez
dijo a Brecha que “(la destitución) no estuvo sobre la mesa y no es un tema a
considerar (en su sector). Podrá ser uno de los tantos bolazos que andan en la
vuelta. Y, además, no creo que consulten al Mpp, en todo caso será una
situación que discutan en el Consejo de Ministros”.
Pero sí es cierto que la opción de la destitución fue efectivamente
considerada, y descartada. Para algunos, como el ex presidente Julio María
Sanguinetti, el arresto a rigor es una sanción de tal calibre que “humilla”;
para otros, fue la alternativa de la medida más drástica. Sin embargo, habrá
que recordar que en 2006 el presidente Vázquez, en acuerdo con la ministra de
Defensa, Azucena Berrutti, aplicó al teniente general Carlos Díaz una sanción
similar, a raíz de una invitación de Sanguinetti y Jorge Batlle, que no
consideraron la eventualidad de una humillación al reunirse con el comandante
del Ejército sin autorización del comandante supremo.
Ese episodio tuvo un desenlace que arroja luz sobre la actual
coyuntura: el teniente general Díaz prefirió pasar a retiro, en una actitud que
no está contemplada o impuesta en los reglamentos, pero que se apoyaba en la
tradición, como antes hacían también los ministros que perdían el respaldo
parlamentario en una interpelación. En este caso, la actitud del teniente
general Manini recién se saldará formalmente cuando regrese al país, pero todo
hace pensar que cumplirá los 30 días de arresto con tal de permanecer en el
cargo.
Visto el antecedente más cercano, las circunstancias no son las mismas.
Díaz violó expresamente la norma al entrevistarse con personalidades políticas
sin el consentimiento de su superior; Manini lanzó el insulto de mentiroso
calculando en extremo sus palabras: “No le puedo atribuir de ninguna manera al
ministro mala fe y no puedo ni siquiera creer y no creo que mienta a
sabiendas”, dijo. Es el estilo de decir a medias: “proceso” por dictadura,
“apremios” por torturas, “pérdida de los puntos de referencia” por asesinatos y
desapariciones.
Aunque hasta ahora se desconocen los fundamentos de la
resolución presidencial (primero deben ser comunicados al interesado), tal
parece que la sanción no se apoya exclusivamente en una falta a la prohibición
de los militares de dar opiniones políticas; son, como explicó el presidente
Vázquez, un cúmulo de reiteraciones que en su momento merecieron observaciones,
que no merecieron medidas más graves en atención a la lealtad institucional que
ha manifestado Manini hasta ahora. Esa aclaración del presidente fue
considerada, ésta sí, como una debilidad, una inoportuna práctica del recurso
“una de cal y otra de arena”.
CARTAS Y COQUETEOS.
Hubo dos consecuencias inmediatas de la decisión de arrestar
a rigor a Manini. Una fue la reacción de la oposición política, blanca y
colorada, que no ahorraron cuestionamientos al gobierno. En una especie de
paroxismo, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, invitó a la ciudadanía
a concurrir, en la madrugada del martes, al Aeropuerto de Carrasco para recibir
a Manini “como lo hicimos con Wilson”.
Puesto que sería demasiado atribuirle a
Botana una ironía tan fina como para creer que está sugiriendo que habría que
encarcelar a Manini como encarcelaron a Ferreira Aldunate a su regreso al país
en 1984, hay que concluir que su apoyo al militar sancionado es tal que hunde
sus raíces en la historia. Otros dirigentes blancos cuestionaron duramente al
gobierno y coincidieron con Manini en que Murro “miente”. El grado de respaldo
a Manini de esos dirigentes de oposición excede la explicación del simple
impulso electoralero de golpear al gobierno.
Pero no toda la oposición tuvo esa reacción. El diputado
Rubio, de Unidad Popular, que no piensa votar la reforma de la Caja, no
obstante, respaldó a Vázquez en su decisión de sancionar al comandante del
Ejército. Los Jóvenes Blancos, una agrupación nacionalista que tiene como
referente al diputado Pablo Iturralde, tuvieron un gesto de independencia de
sus referentes políticos. Y el senador Pablo Mieres, del Partido Independiente,
opinó que “hay que apoyar al gobierno en esta situación. Es muy importante una
señal de mando; hay que marcar con firmeza y claridad cuando un militar cruza
la línea”.
Pero si blancos y colorados juegan al coqueteo, otros juegan
otras cartas. A 24 horas de la decisión presidencial, comenzaron a circular
grabaciones de conversaciones telefónicas de supuestos militares retirados anunciando
movimientos castrenses, como acuartelamientos y órdenes de desplazarse hacia
Montevideo. En el ámbito político se coincide en que dichos audios son falsos,
es decir, no corresponden a conversaciones telefónicas auténticas de supuestos
oficiales de reserva que convocan a desplazarse desde el Interior para dar una
muestra de apoyo al comandante en jefe cuando el avión aterrice en Carrasco.
Si no son ciertas esas conversaciones, entonces el hecho es
mucho más grave, porque revela operativos de inteligencia para generar esa
reacción y esa movilización. A caballo de la crítica opositora, las usinas de
rumores han hablado de acuartelamientos y de pronunciamientos de la oficialidad
en respaldo al comandante en jefe, como si la sanción fuera un agravio a toda
la institución militar.
Sería descabellado suponer, como dice algún audio, que el
respaldo puede llegar al golpe de Estado. Pero el abanico es amplio y, como
demostró el trámite de la ley de caducidad en 1986, hay distintas cajas fuertes
antes de llegar a la ruptura del orden institucional.
Por lo pronto, el propio comandante Manini habría recomendado
desarticular cualquier muestra de apoyo público a su persona, cuando retorne al
país. Y esa también puede ser otra movida calculada, como lo son sus reiteradas
apariciones públicas, incluidas aquellas que notoriamente incorporaban la
mentira, como lo fue la falsa información sobre presuntos enterramientos de
detenidos desaparecidos.
---------
“Manini debió haber sido retirado de
su cargo”
Para el politólogo e historiador, el comandante en jefe del
Ejército cobró un protagonismo político que lo convierte, con el respaldo
inconveniente de importante figuras de la oposición, en un “caudillo militar”,
el primero desde el ministro de Defensa de Julio María Sanguinetti, Hugo
Medina. En asuntos como este “no puede haber dos opiniones”.
 |
| Gerardo Caetano |
—¿Qué valoración hace de las declaraciones del general Guido
Manini Ríos y la sanción del Ejecutivo?
—Desde hace mucho tiempo viene trasgrediendo el artículo 77
de la Constitución con comentarios políticos que sobrepasan las fronteras –o se
pone en un límite peligroso– de lo que ha sido la pauta de normalidad de estos
últimos años. Ha hablado del tema traumático de la dictadura y no ha colaborado
ni con sus dichos ni con sus hechos, incluso en algunas ocasiones lo ha hecho
con cierto desdén hacia las víctimas.
A veces, casi que naturalmente, emite
comunicaciones muy controversiales en las redes. Hace unas semanas twiteó,
durante una visita, la imagen de un muro del cuartel de Rivera que claramente
fue pintado durante la dictadura y que claramente puede tener una
interpretación golpista (véase captura de pantalla). Para quien vivió la
dictadura eso es una afrenta. Ha hecho comentarios de corte político sobre
distintos temas, el de la reforma de la caja militar no es el primero. Por eso
creo que él ya hace tiempo que debiera haber sido apercibido, y que de no haber
modificado su acción, como no la ha modificado, debió haber sido retirado de su
cargo. Es más, creo que esto era mucho más pertinente y correcto en este caso,
que no fue sino la gota que desbordó el vaso.
El arresto a rigor por 30 días realmente no me parece la
sanción más adecuada para esta situación ni para su cargo, con el agravante de que
se demoró demasiado tiempo. La destitución era mucho más pertinente, como se
manejó en el gabinete, incluso lo sugirió Julio María Sanguinetti, advirtiendo
que esta sanción huele a humillación.
Hay otro ejemplo de cierto desborde, en
un país tan sensible al tema de la laicidad: a mí me parece absolutamente
correcto que él exprese públicamente su fe, pero no cuando lo hace
oficialmente, con su uniforme y en un acto de rebeldía en la catedral. Además
afirmando algo que es incorrecto históricamente, que la Iglesia y el Ejército
son las fuerzas fundadoras de la nación, lo cual supone creer que la “admirable
alarma”, el pueblo artiguista en armas, es el origen del Ejército uruguayo,
cuando el pueblo en armas de 1811 no tiene nada que ver con el ejército por primera
vez profesional y corporativo de Lorenzo Latorre y de Máximo Santos. Ese es el
origen del Ejército.
—De acuerdo a lo publicado ayer por Búsqueda, Manini dio la
orden a “retirados y demás” de no iniciar acciones para respaldarlo frente a la
sanción de Tabaré Vázquez. ¿Qué lectura hace?
—Hay una política militar de este tercer gobierno que resulta
difícil de entender. Primero la designación de Eleuterio Fernández Huidobro, un
hombre que en su momento, y yo no quiero hablar de los muertos, no tenía la
adhesión del Frente Amplio. Salíamos de una elección en la que su grupo
político prácticamente había dejado de existir. ¿Quién lo reclamaba como
ministro de Defensa? Los militares. Eso llevó a una cuestión muy extraña,
inadecuada: un sector del Ejército con un caudillo militar, tal vez por primera
vez después del teniente general Hugo Medina (ministro de Defensa entre 1987 y
2000). Un caudillo militar que habla en nombre de la tropa, que toma un
protagonismo inequívocamente político, que no es el que corresponde de acuerdo
a la Constitución para un comandante en jefe del Ejército.
—¿Y cómo lo interpreta?
—Estamos en presencia de un caudillo militar, y en democracia
no puede haber caudillos militares, no pueden reconocerse ni legitimarse, la
lógica de la subordinación constitucional y la prohibición de toda acción
política, salvo el voto, son muy claras. Esta situación realmente hay que
tomársela en serio. Los caudillos militares emergen en las dictaduras, en las
predictaduras o en los períodos inmediatamente posteriores. Hay quienes han
dicho “Manini Ríos les habló a sus fuerzas”. No, de ninguna manera. Él no tiene
fuerzas, le habló al Ejército nacional y el Ejército es de la República, no
tiene caudillo que lo represente. El comandante en jefe de todas las Fuerzas
Armadas es el presidente de la República, y no puede haber intermediarios.
—La oposición, justamente, ha mostrado su respaldo a este
“caudillo”.
—La verdad es que esta articulación ampliamente mayoritaria
de la oposición es algo que hay que lamentar, más allá de cualquier bandería,
desde un punto de vista estrictamente institucional. Yo no la puedo entender,
me genera profundo desencanto frente a un tema como este, en un continente muy
complicado, donde en algunos países vuelve a haber ruido de sables, donde
algunos han querido preparar un recibimiento en términos de apoteosis, cuando
incluso algunos políticos, realmente con errores garrafales, comparan el
retorno de Manini con el retorno de Wilson Ferreira (se refiere al intendente
nacionalista Sergio Botana). No puede ser más descaminado. Por lo menos hasta
que digo esto, con las excepciones honrosas de Pablo Mieres (senador del
Partido Independiente), de Los Jóvenes Blancos (así se llama la agrupación del
diputado Pablo Iturralde) y de Unidad Popular, no hay matiz en la oposición. No
puede haber dos opiniones respecto a la subordinación del Ejército y de sus
mandos con respecto al presidente. Esto me hace sentir que entramos en una
lógica de confrontación ciega de dualidad irreconciliable, en la cual la
oposición va a estar siempre en contra de lo que diga o haga el gobierno. Me
parece una situación muy grave.
—Hubo también contradicciones dentro del Ejecutivo. El
ministro de Defensa argumentó que la sanción no estuvo amparada en el artículo
constitucional al tratarse solamente de “faltas disciplinarias”, algo que luego
fue desmentido por Vázquez.
—El presidente lo desmiente porque sí hay trasgresión, y no
es la primera. Esto muestra una profunda debilidad. El Ejército es una fuerza
subordinada. El monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado se
funda en un principio republicano según la cual el Ejército y las fuerzas
militares, así como la Policía, detentan ese monopolio pero bajo subordinación
absoluta al poder civil.
No pueden incurrir en ningún pronunciamiento, en
ningún comentario de corte político, salvo el voto, de acuerdo a la Constitución.
Por experiencia ya sabemos lo que ocurre cuando se aflojan estos principios
institucionales que no tienen ni pueden tener color político. Me resulta
realmente descorazonador que frente a un tema de tanta sensibilidad, que supo
unirnos a todos los uruguayos hace algunas décadas, hoy estemos partidos. Tiene
que haber ciertos consensos institucionales que rompan la lógica
oposición-gobierno.
Los dichos del
comandante en jefe del Ejército
y la decisión del
gobierno
Debe mejorar su comportamiento
La decisión de sancionar a Guido Manini Ríos fue tomada el
lunes en el Consejo de Ministros, después de un intercambio en el que fueron
duros los cuestionamientos a Manini, indicaron fuentes del Ejecutivo a Brecha.
Varios secretarios de Estado pidieron su remoción, entre ellos el titular de
Economía, Danilo Astori, como lo reafirmó el jerarca en una entrevista
realizada el miércoles en TV Ciudad.
Sin embargo, el nombrado directamente por
el jerarca del Ejército (Murro) no fue de los que solicitó su separación del
cargo, como manejan algunas versiones circulantes, en el entendido de que debía
abstenerse de fijar una posición por estar directamente involucrado.
Finalmente, el presidente Tabaré Vázquez se inclinó por la opción de la sanción
de los 30 días y lo hizo tras consulta telefónica con la vicepresidenta Lucía
Topolansky, de viaje por China, según la información que se hizo llegar a este
semanario.
Manini tenía dos observaciones escritas y una verbal, por
reiteradas incursiones en asuntos políticos en sus distintas intervenciones.
Una de las que generó mayor malestar en el Ejecutivo fue su discurso del 18 de
mayo de 2017, al grado que para este año, Vázquez se comunicó con el comandante
para decirle que no quería volver a escuchar una retahíla de demandas y cuestionamientos
a la gestión gubernamental. Entre los integrantes del Ejecutivo existe
preocupación por reencauzar la relación de necesaria subordinación al poder
civil de las Fuerzas Armadas, y también por la reacción de la mayoría de la
oposición.
Según comentaron a Brecha integrantes del gobierno, entienden
que hubo falta de lealtad institucional, ante actitudes del jefe del Ejército
que desconocen la Constitución. Algo que, sostienen, sólo puede explicarse por
la proximidad del período electoral. También, porque visualizan una ofensiva de
la derecha en todos los terrenos; en esa lógica incluyen el retiro de las
cámaras empresariales del campo de la negociación colectiva y los continuos
vaticinios de que el país se desbarrancará en una crisis económica.
Sin embargo, no faltan críticas desde dentro del oficialismo
a la política militar desarrollada durante el período en que Eleuterio
Fernández Huidobro fue ministro de Defensa. En esa dirección se sostiene que se
les “dio alas” a las Fuerzas Armadas, con una interlocución en la que las
partes se reconocían como “combatientes” de otrora, que podían tener intereses
similares y derechos no reconocidos.
La sensación en el partido de gobierno es que se debió
recorrer el camino de la destitución. Que no dar señales claras sobre la
subordinación al poder civil sólo “victimiza” a Manini ante sus generales, más
allá de que el propio comandante en jefe llamó a acatar la decisión del
Ejecutivo y a no realizar ninguna manifestación de descontento. Por eso la
sanción de 30 días de arresto a rigor no contenta a muchos frenteamplistas,
pues entienden que puede tomarse como un gesto de debilidad, que no haría más
que complicar la cancha.
V H A
Se analizan modificaciones a la reforma de la Caja Militar
Por la cincuentena
La decisión del diputado Darío Pérez (y de su grupo, la Liga
Federal) de no aportar el voto 50 para la ratificación en la Cámara de
Representantes de la reforma de la Caja Militar votada en primera instancia en
el Senado generó una tormenta de reproches en el Frente Amplio, enfrentado a la
posibilidad de perder la frágil mayoría parlamentaria en un asunto que el
gobierno y, en particular, el ministro de Economía, Danilo Astori, consideran
vital.
Las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini
Ríos, tuvieron la virtud de desplazar el centro de atención (aunque no el peso
específico del problema) y, por tanto, restó protagonismo a una posible
solución que abroquelaría esa mayoría cambiante y elusiva que en Diputados
genera sofocones al oficialismo.
Esa solución podría acercarse a las pretensiones del diputado
Pérez si, como trascendió, su preocupación son los posibles perjuicios que el
texto de la media ley generaría al personal de tropa. Según informó el diputado
comunista Gerardo Núñez a Brecha, una eventual modificación será discutida
probablemente la semana próxima en una reunión de la comisión bicameral de los
legisladores frenteamplistas que habían logrado un acuerdo sobre la reforma de
la Caja. Se espera que la Liga Federal especifique en detalle cuáles son las
modificaciones que contemplarían sus posturas.
Se conocen, no obstante, algunos lineamientos generales: las
discrepancias se concentran en dos artículos del texto aprobado en el Senado,
los artículos 8 y 40. Algunos incisos del octavo se refieren a la edad y años
de servicio para que el personal de tropa pueda acceder a la jubilación.
Se
requiere un mínimo de 48 años de edad y 22 de servicio; una transacción sería
modificar la cifra respecto al servicio cumplido. El artículo 40 se refiere a
las bonificaciones que permiten computar dos por uno ciertos años de servicio,
y una forma de contemplar los planteos de la Liga Federal es incorporar otros
rubros a las bonificaciones, como por ejemplo Sanidad Militar. También se
considera posible incrementar el monto de las pensiones que recibirían las
viudas por deceso de sus maridos en actos de servicio.
Pero cualquier solución, en opinión de Núñez, debe respetar
los objetivos generales de la reforma, que pretende disminuir un déficit anual
cercano a los 500 millones de dólares. “No vamos a aceptar soluciones que
impliquen cambios de fondo en el proyecto”, dijo Núñez. Puesto que las posibles
modificaciones apuntan a mejorar la situación del personal de tropa, de
prosperar la solución, de hecho, se estaría diluyendo uno de los argumentos de
más peso en la postura cuestionadora del comandante en jefe del Ejército, que
detonó la crisis política.
S B
Las Fuerzas Armadas: un poder mediado
por la
reacción del sistema político
Con el historiador Carlos Demasi
—¿Qué tan importantes siguen siendo las Fuerzas Armadas como
poder fáctico a más de 30 años del fin de la dictadura?
—Es difícil definirlo con precisión. No está claro cuánto
retienen de poder fáctico y autónomo y cuánto resulta instituido
performativamente cuando se habla de ese poder. Habitualmente ese poder se
invoca desde fuera de las Fuerzas Armadas, y no por declaraciones o gestos de
los mismos militares. Por ejemplo, en este momento se lo instituye
simbólicamente cuando se habla de que “los generales apoyan en bloque a
Manini”, ya que supone una voluntad común de los generales, lo que equivale a
reinstituir simbólicamente la Junta de Oficiales Generales de los tiempos de la
dictadura.
Si atendemos solamente a los hechos, es claro que las Fuerzas
Armadas han podido preservar un espacio de autonomía que, por ejemplo, les ha
garantizado la impunidad para los crímenes de lesa humanidad, pero ese espacio
parece acotado a quienes actuaron en circunstancias específicas, definidas en
la ley de caducidad. En la acción posterior, el margen de acción está marcado
“de facto” por la reacción del poder político: las Fuerzas Armadas aparecen
fortalecidas si el presidente no reacciona con fuerza, como ocurrió con el caso
de las citaciones de Medina en 1986, o con el secuestro de Berríos o las
denuncias de espionaje durante la presidencia de Lacalle; en cambio las
reacciones rápidas y vigorosas, como ocurrió con la destitución del general
Díaz, contribuyen a redefinir la relación en favor del poder político.
En resumen: en estos 33 años las Fuerzas Armadas retienen una
cuota de poder –reducida pero relevante– que no ha sido la misma a lo largo del
tiempo y que se renegocia en cada oportunidad: este arresto de Manini puede
verse como otro momento en ese diálogo conflictivo.
—¿Considera que el gobierno está decidido a afectar el tamaño
de las Fuerzas Armadas y el gasto público que implican, en un país de las
características de Uruguay?
—Las funciones de las Fuerzas Armadas uruguayas han sido
definidas de manera diferente a lo largo del tiempo, y eso ha incidido en su
tamaño. Sería interesante verificar la relación actual en la cantidad de
soldados y de oficiales, ya que desde los años cuarenta se organizó previendo
una agresión exterior. Esa hipótesis suponía que una parte de la población
civil sería movilizada e incorporada al ejército, por lo que ya se creaba la
dotación de oficiales que sería necesaria en esa situación extrema. Es decir,
el número de oficiales estaba previsto para una cantidad mayor de efectivos,
excepto en la División de Ejército I –con sede en Montevideo–, que era la única
que tenía los efectivos completos. Esta era todavía la situación en los años
sesenta, y no tengo información de que haya habido una modificación estructural
en la época de la dictadura o luego de ella.
—¿Qué rol estaría cumpliendo Darío Pérez? ¿El lobby militar
es tan fuerte que siempre encuentra una llave que se cierra, aun en el FA?
—De eso tengo poca información, más allá de algunos datos que
son públicos. El diputado Pérez ha tenido actitudes fuertemente perfilistas en
varios temas, y no solamente en este. Ahora sus argumentos me resultan
desconcertantes, porque si bien reconoce la necesidad de la reforma, invoca
situaciones que son comunes a muchos trabajadores –no llegar a configurar la
causal, ganar menos como jubilado que como activo…– y las refiere a los que
ganan menos, pero las usa como argumento para rechazar todo el proyecto, sin
formular alternativas para corregir las pasividades de los que ganan más, que
son el verdadero problema. Invocar los derechos de los débiles muchas veces ha
sido una estrategia para amparar a los privilegiados.
—¿Fue tibio el Ejecutivo ante las reiteradas críticas de
Manini Ríos? Lo sancionó pero lo podía haber destituido. Vázquez relevó al
general Carlos Díaz por haber participado en un asado con Julio María
Sanguinetti y Yamandú Fau en 2006…
—No creo que haya sido tibio, incluso la sanción ha sido
criticada por demasiado severa, pero tal vez se ha demorado. Tampoco me parece
que la reunión de Díaz con los políticos haya sido menos relevante que esto,
más bien creo que fue mucho más grave porque implicaba realizar una operación
política que involucraba conjuntamente a civiles y militares. En ese momento
Vázquez marcó una frontera muy fuerte que no iba a permitir que nadie
traspasara. En el caso actual, y frente a declaraciones “desobedientes” del
comandante, el poder político ha ido graduando progresivamente las sanciones:
el arresto llegó cuando el comandante acusó elípticamente a un ministro de
mentir.
—¿Cómo interpreta el alineamiento de la oposición con las
Fuerzas Armadas, y su negativa a las reformas?
—La actitud de la oposición puede tener fundamentos cuando se
opone a las reformas en las Fuerzas Armadas, pero no me parece que sean buenos
sus argumentos. No se entiende la razón de reclamar una reforma total de todas
las fuerzas antes de votar la reforma de la Caja Militar, cuando no se ha
reclamado nada similar ante la modificación del régimen de retiro de otras
categorías profesionales. ¿Acaso parece necesaria una ley que redefina y regule
la función de “bancario” o la de “profesional universitario” antes de modificar
sus respectivas cajas? Más extraños parecen los argumentos que explican las
reformas como una forma de “venganza” o “asfixia” del gobierno hacia las
Fuerzas Armadas, como si el FA hubiera sido el único enemigo de la dictadura.
Todavía más criticable es la reacción frente a la sanción a
Manini. Rescato la declaración de Los Jóvenes Blancos y la que, luego de
algunas vacilaciones, emitió (Pablo) Mieres. Pero el resto de los líderes de la
oposición ha guardado silencio o, queriendo criticar al gobierno, ha hecho
causa común con el comandante. Esto parece mostrar un síntoma de
“brasileñización” de una oposición política que parece privilegiar otros
valores por encima del mantenimiento del sistema democrático.
Algunos casos
resultan casi escandalosos. Sanguinetti pretende argumentar que cuando el gobierno
constitucional aplica una sanción prevista en el reglamento lo hace para
“humillar” a las Fuerzas Armadas. Recuérdese que en su primer gobierno hubo dos
casos de generales que pasaron a retiro por hacer afirmaciones
“inconvenientes”. El caso del Partido Nacional es también muy chocante. Algunos
de sus principales dirigentes, o referentes, como el presidente de la Comisión
de Defensa del Senado (Javier García), pretenden equiparar la opinión de un
ministro de Estado y la de un comandante en funciones, sin atender al debido
respeto del texto constitucional que por su juramento todos se han comprometido
a custodiar.
El caso de (Sergio) Botana, cuando compara la situación de
Ferreira Aldunate en 1984 con la de Manini, es muy desconcertante. En
definitiva, cabe preguntarse si el confundido es Botana o si es verdad lo que
dijo recientemente Juan Raúl Ferreira y ya no queda nada de wilsonismo en ese
partido.
Ferro sin jubilación
La última noticia que tuvo un organismo oficial uruguayo del
prófugo Eduardo Ferro fue en el Servicio de Pensiones y Jubilaciones Militares.
Ferro, quien mediante una artimaña legal y con apoyo de los amigos
“nostálgicos” franquistas fue puesto en libertad en Madrid cuando se tramitaba
su extradición a Uruguay, pretendió cobrar su jubilación, que ronda los 120 mil
pesos.
Para ello era necesario que el coronel retirado, acusado de
múltiples crímenes de lesa humanidad, que está fuera del país desde agosto de
2017 y con paradero desconocido desde diciembre de ese año, diera pruebas de que
sigue vivo. La “fe de vida” que envió a Uruguay en fechas que las fuentes no
pudieron precisar estaba testificada por un escribano, pero fue rechazada.
Según los criterios vigentes, el pasivo interesado debe
presentarse en un consulado uruguayo para demostrar que las personas por él
autorizadas pueden efectuar el cobro de la jubilación. Ferro no se presentó al
consulado en España donde supuestamente fue fechado el documento inválido con
el que pretendió cobrar.
Esté donde esté, deberá hacerlo para cobrar la jubilación y
será entonces que se activará la solicitud de captura de Interpol.
----------
viernes, 7 de septiembre de 2018
Por ellos canto
Se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Reconocimiento
Daniel Viglietti a los Derechos Humanos.
La Diaria - 7 9 18
La Diaria - 7 9 18
Ayer, en la sede de la asociación de ex presos políticos
Crysol, se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Reconocimiento Daniel
Viglietti a los Derechos Humanos, recibido por la doctora Ana María Tellechea y
el general retirado e ingeniero Luis Lazo. Se trata de una distinción que se
entrega anualmente a personas que se han destacado en la defensa de los
derechos humanos.
 |
| Baldemar Taroco y Ana María Tellechea ayer, en la sede de Crysol. Foto: Federico Gutiérrez |
Como representante del Ministerio Público, y hasta que
decidió renunciar como fiscal en diciembre del año pasado, Tellechea tuvo un rol
fundamental en la investigación de diversos casos de violaciones de los
derechos humanos durante la dictadura y en el pedido de procesamiento de sus
responsables. Este año recibió en Brasil la medalla Chico Mendes a la
Resistencia. Por su parte, Lazo actualmente se desempeña como director nacional
de Vialidad y trabajó para la construcción del Memorial del Penal de Libertad.
-----
Una nueva estrategia
Se trata de una nueva estrategia para
poner “escollos” a las investigaciones,
según el fiscal Ricardo Perciballe
Militares cuestionan en
la Justicia legalidad de fiscalía
que investiga delitos de lesa humanidad
Por Victoria Fernández – Búsqueda 6 9 18
En sus primeros seis meses de existencia, la Fiscalía
Especializada en Delitos de Lesa Humanidad no estuvo quieta. Después de algunas
semanas dedicadas a estudiar y poner en orden los más de 200 expedientes
desperdigados en sedes de todo el país, el fiscal Ricardo Perciballe se puso en
marcha. Pidió, hasta el momento, el procesamiento de unos 25 militares,
policías y civiles por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la
dictadura. También dispuso el archivo de algunas causas y retomó las
excavaciones en dos predios en busca de restos de desaparecidos.
A pesar de todo ese movimiento, las causas no han tenido demasiado
avance en los juzgados, ya que ningún juez dispuso nuevos procesamientos. Pero
sí ha generado reacciones en la defensa de los militares.
De acuerdo con la información recabada por Búsqueda, en al
menos cinco causas las defensas interpusieron recursos que piden la nulidad de
los juicios bajo el argumento de que la fiscalía especializada no tiene
competencia para intervenir en ellos.
Estos recursos son una novedad en la estrategia de las
defensas, que hasta ahora habían planteado la prescripción de los delitos y la
inconstitucionalidad de la Ley 18.831, que calificó los crímenes de la
dictadura como de lesa humanidad.
Según explicó a Búsqueda el director de Jurídica del Centro
Militar, cuyos abogados representan a varios de los investigados por esos crímenes,
la defensa entiende que la sede especializada no tiene competencia para
investigar esas causas. “Planteamos la incompetencia de la fiscalía, porque se
creó para investigar delitos de lesa humanidad, cuando todos estos hechos
fueron declarados delitos comunes por la Suprema Corte de Justicia”, dijo el
teniente coronel Jorge Gómez.
En ese sentido, entienden que se viola el principio de
legalidad, que establece que nadie puede ser juzgado por un delito que no
existía al momento de cometer el hecho. Los crímenes de “lesa humanidad” no
estaban tipificados en el Código Penal durante los años de la dictadura
(1973-1985), sino que fueron incorporados posteriormente, tras ratificar el
Estatuto de Roma en 2002, afirmó.
Para los abogados de las víctimas, en cambio, ese argumento
es “muy endeble” y no tiene una “mínima legitimidad”.
Según explicó a Búsqueda el director de Jurídica del Centro
Militar, cuyos abogados representan a varios de los investigados por esos
crímenes, la defensa entiende que la sede especializada no tiene competencia
para investigar esas causas.
“Podría valer si se tratara de juzgados especializados en el
tema, pero siendo una fiscalía, que es parte en el proceso y que representa los
intereses de la sociedad, el argumento cae por su propio peso”, dijo a Búsqueda
Pablo Chargoñia, coordinador del equipo legal del Observatorio Luz Ibarburu,
que patrocina varias de las denuncias.
Se trata de otro “intento de alargar los procesos y retrasar
la resolución de los pedidos de procesamiento”, afirmó. Es que aunque los
jueces rechacen los planteos, las defensas presentan apelaciones, por lo que
los expedientes pasan meses y hasta años detenidos hasta que se resuelven los
recursos.
El abogado cree que esta “novedad” en la estrategia defensiva
se extenderá a otras causas. Por el momento, los recursos contra la fiscalía se
presentaron en algunos expedientes que se investigan en el interior del país y
en al menos dos casos de Montevideo, según supo Búsqueda.
“Uno espera que los juzgados no caigan en la trampa dilatoria
obvia y que se responda a los pedidos de enjuiciamientos porque la demora es
una violación de los derechos humanos de las víctimas. Quien debe neutralizar
esta estrategia abusiva, esta chicana, son los propios juzgados y los
tribunales”, afirmó.
“Escollo”.
Perciballe también considera que se trata de una estrategia
para demorar la resolución de las causas y que los cuestionamientos contra la
intervención de la fiscalía no tienen “asidero real”.
En los escritos que presentó en respuesta a los recursos,
Perciballe afirmó que le resulta “llamativo” el planteo de la defensa y que “no
lo comparte en absoluto”.
“Podría valer si se tratara de juzgados especializados en el
tema, pero siendo una fiscalía, que es parte en el proceso y que representa los
intereses de la sociedad, el argumento cae por su propio peso”, dijo a Búsqueda
Pablo Chargoñia.
“A poco que se analice su línea argumental, se verá que, a
tan caro principio en materia penal (el principio de legalidad), lo considera
una especie de goma de mascar que se extiende en forma infinita, y logra
envolver y alcanzar todos los temas vinculados a las graves violaciones a los
derechos humanos acaecidas en el pasado reciente”, planteó el fiscal.
“Mal puede entenderse que una ley que atribuya competencia a
una fiscalía pueda vulnerar dicho principio”, agregó.
Además, sostuvo que la Ley Nº 19.550, que creó la sede, “en
ningún momento utiliza el término ‘lesa humanidad’ para establecer su
actuación”.
Afirmó a su vez que no comprende por qué el hecho de que la
mayoría de la Corte entienda que los delitos ocurridos durante la dictadura no
son de lesa humanidad tendría relevancia “con la transformación de una
fiscalía”.
Perciballe cuestionó, por otra parte, la “inconsistencia” de
que la defensa pida que la causa retorne a las fiscalías originales, cuando a
raíz de la reforma del Código del Proceso Penal, esas sedes ya no existen.
El fiscal concluyó que el recurso interpuesto por la defensa
“resulta un nuevo escollo a que las causas sobre violaciones a los derechos
humanos avancen hacia su dilucidación”.
-----------
"Ineficacia" en la investigación criminal
Hay “ineficacia” en la investigación
criminal, desprotección de las
víctimas y “amarillismo” en los medios, dice
experta de ONU
Por Sergio Israel – Búsqueda 6 9 18
Esta semana, Gerstenberg visitó por primera vez Uruguay como
representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los
Derechos Humanos, que tiene sede en Santiago de Chile.
En entrevista con Búsqueda explicó que la principal prioridad
de este viaje es respaldar la urgente reparación de las víctimas de la
dictadura, una postura que quedará patente al asistir a un acto en la sede de
la asociación de expresos políticos Crysol.
Aunque advirtió que los derechos humanos también incluyen el
estado de los mares, las ciudades y en general los derechos económicos,
sociales y culturales, y no solo la tortura, fijó entre las prioridades para
Uruguay la seguridad pública, la discriminación de las mujeres, las violaciones
a los derechos humanos durante la dictadura y las cárceles, que han mejorado,
aunque aún “un 33% de los presos” están en condiciones “inhumanas”.
Con respecto a la criminalidad dijo que si bien el país está
lejos de Guatemala y El Salvador, se ha producido una fragmentación social que
hace más difícil la convivencia y resaltó que el Estado es responsable de una
investigación criminal eficaz para que violar la ley conlleve un riesgo real.
—¿Cómo está la situación de los derechos humanos en Uruguay?
—En cada país tratamos de mirar todos los temas, aunque
obviamente tenemos que priorizar, porque no somos una oficina con capacidad
ilimitada. Hemos formulado un plan de trabajo que incluye: Estado de derecho e
impunidad, seguridad pública y violencia, discriminación de todo tipo y
pobreza, porque son importantes los derechos económicos, sociales y culturales.
Dentro del concepto discriminación caben muchas cosas: el
tema de los indígenas, la discapacidad, los migrantes. El de la mujer no es un
asunto pequeño, porque se trata de discriminación del 50% de la población.
También está la situación de los afrodescendientes, los colectivos LGTB y los
adolescentes en conflicto con la ley.
Esta es mi primera visita. Tuvimos una reunión con unos 20
representantes de la sociedad civil en la que entraron más temas de los que
pensábamos. Escuchamos a representantes del pueblo charrúa; a pesar de los tratados,
de acuerdo a la Constitución no hay indígenas y tampoco existe una visión
política del tema. Es un tema para poner en la agenda, igual que la migración.
También atendemos la judicialización de los derechos
económicos, culturales y sociales. El derecho a la salud, la educación y a una
vivienda digna tienen que ser tratados como cualquier otro derecho humano y
pueden ser exigibles, aunque Uruguay ha ratificado todos los tratados y ha
demostrado excelente voluntad política.
Un eje de esta visita es el tema de verdad, justicia y
reparación. La asociación de expresos políticos Crysol nos visitó en julio para
plantear que hay una ventana de oportunidad hasta octubre para producir una
reforma en la ley de reparación. No solamente es una demanda legítima de las
víctimas sino una obligación del Estado responder. Hablamos de este tema con la
Institución Nacional de Derechos Humanos y con el ministro de Relaciones
Exteriores y hay un compromiso fuerte del gobierno de mejorar.
—Todo gobierno va a decir que quiere mejorar...
—Y han hecho cosas. Las reformas en las cárceles después del
informe del relator especial Manfred Novak han dado frutos. Por ejemplo, ahora
hay centros carcelarios que se pueden mostrar. Sin embargo, aún 33% de los
centros carcelarios están en condiciones muy infrahumanas, 33% con problemas y
33% en buenas prácticas. Nos preocupa la previsión de la tortura, que la
situación en las cárceles mejore, la seguridad pública y la violencia, que
obviamente es una preocupación actual, no solamente en Uruguay.
—Según el director nacional de la Policía, Uruguay va camino
a convertirse en una sociedad con niveles de criminalidad como Guatemala y El
Salvador.
—Uruguay todavía está muy lejos, por suerte, de esas
situaciones. De todas formas, cada empeoramiento preocupa y requiere del Estado
una respuesta eficaz y de acuerdo a los derechos humanos. Es un esfuerzo
institucional que hay que hacer y ahí vemos conectados los temas de impunidad
de crímenes y delitos y la ineficacia en la investigación criminal, de ausencia
de protección de las víctimas y de amarillismo en los medios.
Hay que mejorar la respuesta institucional. El crimen que
ocurre en todo el Cono Sur tiene múltiples dimensiones. Por un lado vemos el
crimen organizado como el tráfico de drogas, que siempre es corrupción del
Estado. El contexto influye pero además el tejido social ha cambiado; la
fragmentación de la sociedad en la que se territorializa la pobreza es más
difícil de interrumpir, y a pesar de los logros que ha tenido el país en
construir una sociedad de altos ingresos, no ha logrado eliminar la división de
la sociedad en ricos y pobres y la red social se ha reducido. Hay más
aislamiento, más dificultad para construir vínculos de solidaridad con los que
quedan atrás.
Eso y la administración de justicia han dejado huellas en la
seguridad pública. No lo he podido estudiar aún en forma detallada, pero lo que
escuchamos de forma repetida es la ineficacia para contrarrestar el crimen.
Otro factor es la educación y que ha disminuido la fortaleza de las
familias. Lo importante no es el aumento
de las penas sino la respuesta al crimen. Si más del 80% de los homicidios
quedan sin sentencia, entonces yo puedo asesinar y tengo una alta probabilidad
de que nada me va a ocurrir por más que haya pena de muerte. La probabilidad de
que te pesque el sistema es bastante baja.
Luego está la violencia contra la mujer. Si yo le pego a mi
mujer y ella tiene que ir al hospital y eso no representa más que un año o
menos de prisión para un juez, eso es un peligro, porque al salir tendrá ganas
de vengarse. La legislación es avanzada, pero el problema son los patrones
culturales de la sociedad.
—¿Entonces una buena parte del problema son los jueces?
—Un juez al fin y al cabo es un miembro de la sociedad
uruguaya y está creciendo con los mismos patrones culturales. El machismo es un
problema. Eso se refleja en la participación de la mujer en el Parlamento o en
las zonas rurales donde no consiguen contratos de trabajo. Los procesos de
justicia y verdad en muchos casos están relacionados con los de reparación.
Mejor justicia deja más claro a la sociedad la necesidad de la reparación.
Hay
muchos reclamos en el sentido de que no existe una reparación integral. Son
temas que internacionalmente están claros pero que Uruguay no cumple
cabalmente. De todas formas, la atmósfera en el gobierno es que se puede hablar
del tema de los derechos humanos. No hay país en el mundo que no tenga una
cantidad de problemas de derechos humanos. El asunto es cómo reacciona el
Estado para confrontarlos. Si omite darles atención o consulta, rinde cuentas y
toma medidas.
En todos los países hay temas no resueltos. ¿Quién esperaba que en Alemania el tema de la
xenofobia tomara unas dimensiones tales que puedan cambiar el gobierno?
No creo que Uruguay esté muy mal. Y lo que valoramos es el
esfuerzo y la capacidad de rendir cuentas. Los derechos humanos no son solo los
civiles y políticos, también los económicos, sociales y culturales. Cada ámbito
es importante, como el cambio climático. Hay muchos temas novedosos, el
desarrollo de las ciudades, la protección de los mares. A menudo la resistencia
se debe a una mirada reducida.
-------