miércoles, 22 de octubre de 2014
Lesa humanidad: hay cierta "involución" en la Justicia
Mirtha Guianze fue la fiscal que movilizó el recurso por el cual la Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley 15.848. Seis días antes de las elecciones generales de 2009, el máximo Tribunal del país se expedía al respecto, aunque la jurista remarca que esta decisión "demoró un año".
martes, 21 de octubre de 2014
A votar con Memoria, por Verdad y Justicia
Salvo por el exhabrupto verbal proferido por Luis Lacalle Pou
hace algunas semanas sobre el tema de los detenidos desaparecidos, del cual
inmediatamente pidió disculpas, los temas del pasado dictatorial han estado
casi ausentes en la actual campaña electoral del país. Aunque en los últimos 10
años Uruguay ha dado pasos muy importantes, no todos los que debería ni con la
intensidad necesaria, tal como lo señaló el Relator Especial de la ONU para la
promoción de la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no
repetición, Pablo de Greiff, aún quedan importantes desafíos y obligaciones
estatales que el actual gobierno y el que asuma el próximo 1º de marzo de 2015
deberán implementar, algunos en forma apremiante, dada la edad avanzada de las
víctimas.
Entre jingle y jingle, entre tanda y tanda publicitaria, estos días quedará poco espacio para señalar
que el miércoles 22 de octubre se cumplen exactamente 5 años de que la Suprema
Corte de Justicia emitió la Resolución 365/2009 por medio de la cual declaró
inconstitucional la Ley 15 848, Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del
Estado, que impidió durante más de 20 años que se pudieran investigar las
graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Más allá de que no cumpliera con las disposiciones
constitucionales para una norma de dicha naturaleza, fue concebida como tal y
ofició, en los hechos, como una ley de amnistía para todos los militares y
policías que durante el período del terrorismo de Estado cometieron, dentro y
fuera de las fronteras nacionales, los crímenes más aberrantes y atroces desde
el genocidio de Salsipuedes, cuando el Gral. Fructuoso Rivera mandó exterminar
a los charrúas. Los gobiernos que se sucedieron desde que fuera ratificada por
un plebiscito en 1989 ni siquiera cumplieron con el compromiso de investigar lo
ocurrido con los ciudadanos detenidos desaparecidos y extendieron su alcance,
contrariando la letra de la misma, a los crímenes cometidos fuera del país, en
el marco del Plan Cóndor, y a los mandos de la época que fueron explícitamente
excluidos de los beneficios de la amnistía.
La Resolución 365/2009, redactada por el Dr. Jorge Chediak,
declaró inconstitucional la Ley de Caducidad para el caso Nibia Sabalsagaray,
asesinada por torturas en 1974 en una unidad militar, condujo al procesamiento del Gral. Julio Dalmao
y del Tte. Cnel. José Chialanza. La sentencia de la SCJ dejó esclarecido que
durante la vigencia de la norma impugnada, en los hechos, el Poder Judicial
estuvo supeditado al Poder Ejecutivo violentando la separación de poderes que
señalan las disposiciones constitucionales.
Un aspecto de gran trascendencia y de vigencia actual cuando
el Estado, a través de la Ley 18 831, restableció la pretensión punitiva, es el
hecho de que la Resolución 365/2009 aseveró de manera contundente que durante
la vigencia de la Ley de Caducidad las víctimas de las graves violaciones o sus
familiares no tuvieron acceso a la justicia, se vieron injustamente impedidas.
De esta afirmación tajante y vigente hasta el momento se
deduce claramente, de acuerdo a los principios jurídicos de nuestro país, que
dicho período, dos décadas, no debe computarse a los efectos del cálculo
prescripcional de los delitos. Dicho de otro modo: habiéndose restablecido la
pretensión punitiva del Estado mediante el Artículo 1 de la Ley 18 831 y no
computándose a los efectos legales el tiempo en que estuvo vigente la Ley de
Caducidad, todas las causas en proceso pueden continuar tramitándose y sus
culpables pueden ser sancionados con todas las garantías del debido proceso.
Dos caras del mismo proyecto de país
El próximo domingo se llevará a cabo junto con las elecciones
nacionales una consulta ciudadana con el propósito de reducir la edad de
imputabilidad penal de los menores infractores. Solo dos candidatos
presidenciales, el Dr. Pedro Bordaberry y el Dr. Luis Lacalle Pou, son
promotores militantes de dicha iniciativa de reforma constitucional. Para ambos
la seguridad nacional, el futuro del país, mejorar la convivencia ciudadana,
demanda castigar con mayor severidad y dureza a los jóvenes que delinquen.
No solamente por tradición familiar o histórica de los
sectores políticos y sociales que ambos representan sino por compromiso
personal, la dureza represiva frente a los jóvenes contrasta con la postura que
mantuvieron y mantienen frente al pasado dictatorial.
Ignorando la normativa internacional que desde el Tribunal de
Nuremberg, cuando se juzgó a los jerarcas nazis, califica de crímenes contra la
humanidad las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en
Uruguay, desconocen incluso el tajante pronunciamiento de la SCJ de 2009 con
respecto a la Ley de Caducidad. Votaron en contra de la ley que restableció la
pretensión punitiva del Estado, sumaron sus piedras discursivas a la lapidación
pública de la jueza Mariana Mota. Fueron y son defensores militantes de la
impunidad aunque por el momento hagan silencio en sus discursos y sus spots
publicitarios. De ser posible usarán las mayorías parlamentarias como lo han
hecho hasta el año 2005 para impedir que se avance en el juzgamiento de
los crímenes y torturas, para detener la búsqueda de los detenidos
desaparecidos. Probablemente
gestionarán la libertad de quienes hoy, habiendo sido condenados, están
recluidos en un verdadero spa carcelario.
En las elecciones del próximo domingo, tal como lo señaló,
llevando agua para las ideas conservadoras, la Asociación Rural, que en su
momento supo colocarle la máxima cocarda al golpe de Estado de Juan María
Bordaberry, mientras miles éramos torturados y sufríamos tormentos como lo
reconoció recientemente el Capitán ® Ascencio Lucero en sede judicial, se juega
el destino del país.
Volver a las viejas mayorías parlamentarias de la Ley de
Caducidad y de la cultura de la impunidad, también en este plano, sería funesto para los
intereses de la ciudadanía en general, para el esclarecimiento de la suerte de
los detenidos desaparecidos y la causa de la verdad y de la justicia. Las
víctimas del terrorismo de Estado, agrupadas en Crysol, no fuimos, no somos, ni
seremos neutrales. Los actuales menores infractores son hijos de las políticas
económicas de las mayorías parlamentarias proimpunidad. Llamamos a no acompañar
la baja de la imputabilidad penal. Votaremos y llamamos a votar lo que
corresponda con memoria militante.
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Año 3 - Martes 21 de Octubre de 2014
viernes, 10 de octubre de 2014
Estado de conmoción
Militar retirado reconoció que torturó a presas políticas con plantones,
submarinos, picana y desnudos.
La Diaria - 10 10 14
El capitán
retirado Asencio Lucero admitió ante la Justicia que interrogó a presas
políticas aplicando métodos de tortura como “el plantón”, “el tacho” o
submarino seco y mojado, la picana eléctrica, o haciéndolas desnudarse. Según
publicó ayer el semanario Búsqueda,
Lucero declaró el martes 30 de setiembre ante la jueza Penal de 16º Turno,
Julia Staricco, y la fiscal adjunta en lo Penal de 10º Turno, Silvia Nipoli, en
la causa que investiga una denuncia colectiva de tortura y abuso sexual durante
la dictadura, presentada por 28 ex presas políticas.
Según el semanario, Lucero, que entre 1972 y 1978 fue responsable
de inteligencia en el Regimiento de Caballería Nº 9, justificó los métodos de
interrogatorio: cuando “se entra en un estado de guerra o conmoción todo vale y
se pierden las referencias”. El militar dijo que la tortura “no era tal como se
la describe” ahora, sino que más bien se trataba de “presión psicológica”, como
interrogar a los presos “a las tres de la mañana” o “no dejarlos dormir”.
Lucero reconoció que se practicaba “el plantón”, tortura que consistía en
mantener a un preso “perfectamente vestido, sin asiento, parado hasta que se
desplomaba, porque una persona parada durante cinco o seis horas se desploma”.
Afirmó también que usó el “tacho” o submarino, aunque aclaró que “el tacho con
agua tenía agua limpia” y en el tacho seco al preso “le vendaban la cara y los
ojos”. “Hablábamos de un submarino seco: envolverle la cabeza con una bufanda;
si yo le envuelvo la cabeza con una bufanda y la dejo parada cinco horas atada
contra una pared, después de ese tiempo la persona por lógica entraba a
hablar”, explicó el militar. En cuanto al uso de la picana eléctrica, Lucero
dijo que “sí, se usaba” y que se “aplicaba en las piernas” y que era “un
cosquilleo”. La jueza le preguntó si también se aplicaba en los genitales, pero
el militar respondió que no.
La jueza y la fiscal le preguntaron luego por los pasos que se
seguían para interrogar a un detenido y el militar expresó que primero se veía
si “entraba a hablar o no entraba a hablar”. “Si hablaba, firmaba [una
declaración] y si no, plantón. Segundo paso, caía; tercer paso, submarino, y
así hablaban”, agregó. Si bien Lucero aseguró que los métodos de tortura se
usaban tanto con hombres como con mujeres, éstas “eran más sensibles” porque
“las ablandaba el desnudo y el pudor, y entonces empezaban a hablar”.
Al
comandante también
Cuando se le preguntó quiénes daban las órdenes en los
interrogatorios Lucero respondió que se trataba de “un sistema” en el “nadie daba
la orden” y que él “tenía que conseguir información”. “Los interrogatorios se
hacían en equipo de tres personas, normalmente las mismas”, explicó, y dijo que
el “teniente Braida y Brusconi”, que “murieron”, integraban su grupo. El
militar aseguró que a los presos que se desplomaban después de un plantón se
les “daba la oportunidad de hablar” y luego “los pasaban a un médico”, que era
el que “daba la última palabra” para “seguir el interrogatorio”.
Según consigno Búsqueda,
la abogada de Lucero, Rosana Gavazzo, hija del militar condenado por
violaciones a los derechos humanos durante la dictadura José Gavazzo, le
preguntó a su cliente si el comandante del Regimiento, de apellido Livtosky,
“tomó conocimiento de estos interrogatorios”, a lo que Lucero respondió
afirmativamente.
Sobre el final de la audiencia, Lucero dijo que los métodos de
tortura no fueron “correctos”, pero argumentó que cuando “se necesita
información hay que presionar”. “No era correcto, pero era necesario”, agregó.
El militar también declaró que tuvo en custodia hasta 1977, para protegerlos, a
los ex tupamaros y colaboradores con la dictadura Amodio Pérez y Alicia Rey,
porque “sus ex amigos los querían matar porque ellos habían hablado”.
El abogado denunciante, Federico Álvarez Petraglia, dijo a la
diaria que fue la primera vez que presenció un testimonio de este tipo de un
militar acusado, y que Lucero había presentado un recurso por entender que los
delitos habían prescripto. Sin embargo, Staricco emitió un fallo en el que los
calificó como imprescriptibles. Además de Lucero, en la causa figuran más de
100 militares acusados, y la semana próxima concurrirán a declarar los ya
presos Gilberto Vázquez, Jorge Silvera y Gavazzo.
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miércoles, 8 de octubre de 2014
ANTE LA DRAMATICA SITUACION DE LOS
PRISIONEROS DE GUANTANAMO
1.- El 26 de marzo pasado, Crysol -en un comunicado - consideró positiva la decisión del gobierno uruguayo de aceptar como refugiados a prisioneros del ilegal centro de detención y torturas que EEUU mantiene en Guantánamo, en territorio ilegalmente arrebatado a la nación cubana. Se demandaba además la liberación de los más de 150 prisioneros mantenidos en ese cautiverio. Por último, nuestro colectivo ofrecía apoyo y sostén a estos seres humanos, a su arribo a nuestro país. Crysol fue la primera organización uruguaya que apoyó desde el primer día esta iniciativa.
2.- Ha pasado casi medio año y esta resolución aun no se ha podido instrumentar en la práctica. El día 6 del presente mes, la prensa nacional e internacional informó, que el detenido ABU DHIAB, uno de los seis prisioneros a ser trasladados a Uruguay, quien lleva 12 años preso y torturado sin acusación ni juicio alguno, está en huelga de hambre y recibe alimentación en forma forzada. Este recluso ha dejado de creer en su traslado a Uruguay y quiere continuar su huelga hasta la muerte.
3.- En las dos últimas semanas hemos constatado que el gesto humanitario del gobierno uruguayo, dentro del marco legal vigente, ha sido abordado de manera sensacionalista por medios de comunicación tradicionalmente opositores y explotado con fines mezquinos y electorales por actores políticos olvidando las mejores tradiciones solidarias del pueblo uruguayo.
4- Crysol, la organización que nuclea a l@s ex preso@s polític@s uruguayos, rechaza la tortura como un crimen aberrante y sin justificación. Todos los expresos políticos uruguayos fuimos torturados y sumamos en total miles de años de prisión en condiciones diseñadas para la destrucción.
Es por esta situación vivida en carne propia durante el período de Terrorismo de Estado, que somos muy sensibles al padecimiento de cualquier preso político en cualquier parte del mundo. Sentimos como propio el sufrimiento de Abu Dhiab y sus compañeros de cautiverio. Nos solidarizamos plenamente con ellos desde el punto de vista estrictamente humanitario.
5.- Por lo dicho anteriormente es que:
Consideramos urgente el traslado de los prisioneros de Guantánamo a Uruguay y exhortamos al gobierno uruguayo, en particular al Presidente Mujica a que, en la medida de sus posibilidades y de lo que de él dependa, habiliten la pronta llegada de estos prisioneros a Uruguay para rescatar a estos seres humanos del infierno en que se encuentran.
Convocamos a todos los expresos políticos y a la ciudadanía en general a respaldar este gesto humanitario dentro de las leyes vigentes y las mejores tradiciones nacionales.
La cárcel de Guantánamo avergüenza no sólo a la nación norteamericana, sino a todas las naciones civilizadas del mundo.
Crysol
8 de octubre de 2014