La Suprema Corte de Justicia acaba de declarar
inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley 18 831 en el recurso
presentado por los coroneles Rudyard Scioscia y Mario Cola. El Cnel. ® Guillermo
Cedrez ya ha comenzado a organizar una cena de camaradería y confraternidad con
los integrantes de la misma. Probablemente, dependiendo de la decisión que
adopte cada juez, las causas en las cuales no hayan procesados hasta el
momento, serán archivadas. Quizás, ni siquiera el Gral. ® Pedro Barneix, con
evidencias abrumadoras en su contra, surgidas de un expediente desarrollado
durante “el proceso” por la propia justicia
militar, sea procesado por el asesinato, a manos propias, en la tortura, de
Aldo Perrini, en 1974, en el departamento de Colonia. Una verdadera vergüenza
nacional.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia genera legítima
indignación en importantes sectores de la ciudadanía en general. Muy
especialmente en los centenares de familiares y de víctimas directas que han
presentado las correspondientes denuncias y que observan que el órgano con potestades
de impartir justicia, con la obligación de ejecutarla, les niega su derecho,
consagrado por las disposiciones constitucionales y las normas internacionales
de derechos humanos.
Se reclama justicia.
Todas las denuncias presentadas, absolutamente todas, fueron
presentadas en el ámbito penal, reclamando justicia, la sanción legal de los
responsables de los delitos. El País, en
crónicas recientes, ha señalado que es el afán por obtener
indemnizaciones lo que ha impulsado los juicios, para desmerecer a los
denunciantes y desacreditarlos. El derecho a una adecuada reparación, en todos
los planos, integral, está consagrado por la normativa internacional de
derechos humanos. Como colectivo siempre lo hemos reivindicado y lo seguiremos
haciendo en las instancias que correspondan. Las denuncias no se presentaron en
el ámbito civil donde seguramente hubieran tenido andamiento sino en la esfera
penal, para obtener la verdad y la justicia que existen en un Estado de derecho
e institucional democrático.
El mensaje para el
presente y el futuro.
Lo más trascendente y preocupante de la decisión adoptada por
la Suprema Corte de Justicia es el mensaje implícito que trasmite, con el
beneplácito del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Partido
Independiente, a los potenciales golpistas y perpetradores de futuras
violaciones a los derechos humanos: en Uruguay, estos crímenes que se condenan
en todo el mundo, gozan de impunidad.
Investigar, esclarecer y sancionar las graves violaciones a
los derechos humanos, al igual que con todos los delitos, es el elemento básico
y esencial, para generar las condiciones que impidan que ellos vuelvan a
repetirse. Es la base del orden democrático institucional y del Estado de
derecho.
Recurrir a la justicia es el camino que tienen las personas
violentadas para que los perpetradores reciban el castigo que merecen, para no
tener que hacer justicia por mano propia, para que no haya “ajustes de cuentas”
y la convivencia sea pacífica y civilizada, encausada de acuerdo a las leyes.
La investigación, el esclarecimiento y la sanción de las
graves violaciones a los derechos humanos, siempre, y muy especialmente cuando,
como en el caso uruguayo, son masivas, sistemáticas y generalizadas, es la
herramienta que permite erradicar de los órganos y cuerpos del Estado a todas
aquellas personas que son una amenaza real para la sociedad y que además gozan
del privilegio de portar armas.
Sancionar, penal y administrativamente, a los autores
materiales e intelectuales, mediatos e inmediatos de las graves violaciones, de
los crímenes, es un elemento educador, de promoción de valores, de conductas y
de prácticas apropiadas en las instituciones del Estado. Del mismo modo que se
sanciona y castiga la corrupción, deben castigarse las violaciones a los
derechos humanos.
Aquellos lodos y las
actuales conductas: la ley de seguridad del Estado.
Promover, apoyar y
defender la impunidad, en forma militante, por parte de los partidos
tradicionales, no es solo una estrategia electoral o electorera,
circunstancial, por parte de los mismos para enfrentarse al partido de gobierno.
Con honrosas excepciones, la han defendido a capa y espada, desde el mismo
retorno a la institucionalidad democrática.
Así como jamás
mencionan en sus discursos, declaraciones y documentos las normas de DDHH, ni
reconocen los tratados en la materia, rechazan a la Comisión Interamericana de
DDHH y a la Corte IDH, la impunidad para los violadores de los derechos humanos
del terrorismo de Estado se ha
transformado en parte consustancial de la identidad de ambos partidos,
para todas sus corrientes internas y han logrado incorporar a la militancia por
la misma al Partido Independiente en los últimos tiempos. Les duelen prendas
históricas.
Las FFAA fueron convocadas al escenario político nacional por
Jorge Pacheco Areco en el año 1968, al amparo de las Medidas Prontas de
Seguridad, para reprimir a los gremios en lucha, cuando se decretó la
congelación de los salarios y se militarizó a los trabajadores bancarios, de la
UTE y de OSE.
En el año 1971, meses antes de las elecciones que se llevaron
a cabo bajo dichas medidas, en setiembre, mediante el Decreto 560/71, se les
encomendó la represión a los grupos que hacían política armas en mano, se
supeditó a la policía a ellas, se crearon las Fuerzas Conjuntas (FFCC) y se
designó al frente del Estado Mayor Conjunto al recientemente ascendido Gral.
Gregorio Álvarez.
Las violaciones a los derechos humanos, las detenciones
masivas sin garantías de ningún tipo, los apremios, las torturas, los homicidios,
las ejecuciones extrajudiciales fueron autorizadas, por la vía de los hechos,
por el Parlamento en el año 1972 cuando se votó, por el Partido Colorado y por
el Partido Nacional, con sus únicos votos, el Estado de Guerra interno el 15 de
abril.
Meses más tarde, cuando ya había sido asesinado en la tortura,
en Treinta Tres, el militante demócratacristiano Luis Batalla, con miles de
ciudadanos detenidos en todo el país, siendo sometidos a apremios y
feroces torturas, sin garantías de
ningún tipo, sin ser sometidos a jueces, el Parlamento votó la Ley de Seguridad del Estado que
modificó el Código Penal, creó nuevos delitos, aumentó las penas y le adjudicó
competencia a la justicia militar para juzgar a dichos ciudadanos. Las
prácticas represivas de las fuerzas armadas contaron, en su momento, con la
aquiescencia de los parlamentarios de los partidos tradicionales.
La invocación de que la Ley de Caducidad fue ratificada dos
veces en las urnas por la ciudadanía, por parte de los defensores de la impunidad,
no es más que una excusa, elegante, disfrazada de democratismo y de falso
respeto a la voluntad popular, para seguir transitando el camino elegido hace
más de cuarenta años, falseando la verdad histórica y asegurando la impunidad.
La derecha está hecha
de hipocresía.
El ingreso de algunos centenares de personas a la sede de la
SCJ para asistir a la ceremonia pública, acompañando y respaldando a la Dra.
Mariana Mota, la negativa a desalojarla
y los forcejeos, obvios y habituales ante este tipo de circunstancias, han sido
calificados como “asonada”, desempolvando la vieja terminología dictatorial,
por el Partido Colorado y los medios de la oposición que los han amplificado.
La Suprema Corte de Justicia que nunca dio orden de
investigar ninguna de las desapariciones forzadas, ni de los asesinatos, ni
ninguna grave violación a los DDHH, de las miles que ocurrieron, incluso ordenó
una investigación judicial. El País y Búsqueda que han dedicado editoriales
enteros para presionar a la Corte, haciendo campaña contra la jueza y pidiendo
su destitución, que ensalzaron y destacaron la entrevista del Dr. Jorge Batlle
y del Dr. Gonzalo Aguirre cuando la cuestionaron ante la magistratura, dicen
que se presiona al Poder Judicial y que está en riesgo el orden institucional.
El vocero oficial del terrorismo Estado pontificando sobre el Estado de
Derecho, la separación de poderes y las disposiciones constitucionales. ¿La
justicia, el derecho a la justicia, no figura en las disposiciones
constitucionales? ¡Cuánta hipocresía y falsedad!
La Resolución 60/147 de
las Naciones Unidas es el camino a transitar.
La investigación, esclarecimiento y sanción de las graves
violaciones a los derechos humanos es la piedra angular del restablecimiento
pleno de la institucionalidad democrática, de la vigencia certera de las
disposiciones constitucionales, del Estado de derecho, pero las obligaciones
del Estado no se reducen a ese solo aspecto en la actualidad.
La Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones
Unidas, aprobada por la Asamblea General en diciembre de 2005, por unanimidad
de los Estados miembro, Uruguay incluido, es la declaración universal de los
derechos de todas las personas que han sufrido graves violaciones a los
derechos humanos como los ocurridos en nuestro país. Es también un instrumento
internacional que explicita, clara y detalladamente, las obligaciones de los
Estados para superar dichas situaciones. Es el estándar internacional de la
calidad democrática con respecto al pasado reciente.
El Estado uruguayo aún tiene materias pendientes con las
víctimas y no solo en cuanto a la verdad y la Justicia. No es solamente el
Poder Judicial el que está omiso. El Estado uruguayo aún no ha asumido
públicamente su responsabilidad por lo ocurrido, en una ceremonia oficial y
pública como lo señala la Resolución 60/147 y no ha ofrecido las disculpas
correspondientes, para establecer la Verdad histórica. Por mandato de la Corte
IDH en el caso Gelman vs Uruguay lo ha hecho solamente para dicho caso, dando
cumplimiento a la sentencia específica, pero lo tiene aún pendiente hacia el
resto de las víctimas, sus familiares y la sociedad toda.
Tampoco ha establecido un día de Recordación y Homenaje
nacional a todas las víctimas por su dolor y su sufrimiento, para dignificarlas,
para valorizar y ensalzar las normas de derechos humanos como pilar básico de
la convivencia pacífica y civilizada, como ideal de vida a perseguir para
construir una sociedad plena. También para evitar que nazcan y se fortalezcan
las tesis revisionistas destinadas a ocultar el pasado, a negarlo o a
distorsionarlo, señal clara de lo cual es el libro “Agonía de una democracia”
del Dr. Julio María Sanguinetti, que reescribe “Las FFAA al pueblo”, usando un
lenguaje más pulido y menos rústico que el original.
Tal como lo señalara recientemente la Institución Nacional de
DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) en su sentencia de diciembre del año
pasado, el Estado uruguayo aún continúa violando el derecho a una auténtica
reparación, a miles de víctimas u obligándolas a renunciar a otros derechos
ciudadanos para acceder a ella.
La condena de la ONU
La
Alta Comisionada para los DDHH de la Organización de las Naciones Unidas, Navi
Pillay, ha expresado su preocupación por el reciente fallo de la Suprema Corte
de Justicia y en los hechos la ha desautorizado por ser un impedimento para la
justicia. El descrédito, el desprestigio, la falta de legitimidad de los
integrantes del cuerpo con esta sentencia es grande. Han generado alarma
pública en importantes sectores de la población y expuesto al país a la
vergüenza internacional.
El proyecto de sociedad
Nuestro colectivo, formado por personas maduras sabe de
derrotas. Nunca son definitivas. La única lucha que se pierde es la que se
abandona. La vida nos ha enseñado que el capitalismo no es el destino de la
humanidad. Como sistema es incapaz, por su propia naturaleza, de preservar el
planeta, de crear una sociedad justa, de abundancia material y espiritual, de
paz y de convivencia pacífica y civilizada. El sistema que lo sustituya,
construcción colectiva de los trabajadores y sectores populares,
independientemente de la forma que adopte, tendrá como pilares básicos y
esenciales la doctrina de los Derechos Humanos y los principios de la
democracia, del republicanismo, del Estado de derecho y de la libertad en todos
los planos.
Junto a los trabajadores, junto a todos los sectores
populares, seguiremos bregando por profundizar la transición democrática
iniciada en marzo de 1985, batallando contra la impunidad, en defensa de las
normas de DDHH, por Verdad, Justicia y Memoria, teniendo como hoja de ruta la
plena implementación en la realidad del país de la Resolución 60/147 de las
Naciones Unidas. ¡Hasta que las velas ardan! Es nuestro compromiso con nuestros
detenidos desaparecidos y los que siempre nos acompañan en nuestro corazón.
Nunca Más terrorismo de Estado.
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Opinando N° 32 - Año 2 - Lunes 25 de febrero de 2013
