Desaparición forzada, un mecanismo represivo que, inaugurado por los nazis, sigue aplicándose.
La Diaria. 30 8 12
En el Día Internacional del Detenido Desaparecido, el suplemento incluido en esta edición contiene un informe de Familiares que rastrea los orígenes de la desaparición forzada, mucho antes de que ese delito de lesa humanidad fuera cometido en forma sistemática por las dictaduras de América Latina durante la Guerra Fría, y analiza su permanencia hasta nuestros días en la región y en el resto del mundo. Complementan ese trabajo el adelanto de fragmentos de una obra inédita de Julio Castro que se publicará el año próximo, e información sobre los procedimientos que se aplican actualmente en nuestro país ante la desaparición de personas.
Cuando en 1942 el mariscal Keitel -ministro del Interior de Hitler- ordenó a las fuerzas alemanas en el extranjero el ocultamiento del paradero y destino final de los prisioneros de forma tal que “se perdieran como en la noche y en la niebla” (imagen que hizo conocer ese decreto como “Noche y Niebla”), estaba inaugurando una forma de represión propia de la época contemporánea: la desaparición forzada de personas (DF). Desde entonces, se da en un contexto represivo, de indefensión, acompañando otros crímenes de lesa humanidad como las ejecuciones extrajudiciales y las torturas.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, la DF pasó a engrosar el menú represivo de la contrainsurgencia. Fue practicada sobre los pueblos que llevaban adelante la lucha anticolonialista (la practicó Francia en Vietnam y Argelia), o antidictatorial, por ejemplo en América Latina (AL), o simplemente reivindicativas en regímenes democráticos (México, Perú).
Era la época de la “guerra sucia” en la AL de la Doctrina de la Seguridad Nacional, del combate al gran enemigo del momento: el comunismo. La etapa en que todo opositor que no compartiera las ideas del sistema era llamado (lo fuera o no) “comunista” y por ende era enemigo. Su marco internacional era la Guerra Fría, un estado de equilibrio entre las dos superpotencias de la época, en torno al cual el mundo se dividió en áreas de influencia, y en el que se conformaron las respectivas alianzas militares (OTAN y Pacto de Varsovia) que garantizaban la paz en sus metrópolis y se trazaban “fronteras ideológicas” resguardadas por los arsenales nucleares.
No obstante, durante la Guerra Fría ambos bloques protagonizaron episodios bélicos como las invasiones a países en Europa Oriental por parte de la URSS, la guerra de Vietnam (Francia y luego EEUU) y las múltiples intervenciones en AL por EEUU con las consecuencias que todos conocemos. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad de AL fueron instruidas en esta contrainsurgencia. La Escuela de las Américas (hasta 1984 instalada en la zona del Canal de Panamá) dictaba cursos permanentemente y los asesores de seguridad recorrían el hemisferio, al tiempo que las agencias de inteligencia prosperaban.
Fueron nuestros años tenebrosos. AL perdió decenas de miles de personas, vio distorsionado el desarrollo de sus sociedades y saqueados sus países. Mientras esto sucedía, el movimiento de derechos humanos y los familiares de las víctimas, organizados en asociaciones en cada país y en la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam) a nivel continental1, comenzaron a dar una lucha inclaudicable. Se denunció la DF, se le explicó a la ciudadanía las formas y los contenidos de esta aberración.
Se aprovecharon los resquicios y se llamó la atención del mundo sobre los hechos. Se trabajó a nivel internacional y se logró la Convención Interamericana (en vigor desde 1996) y la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada (en vigor desde 2010), precedidas de sus respectivas Declaraciones. Para ello nos juntamos con personas y organizaciones de otros continentes, se formó la ICAED (Asociación Internacional contra la Desaparición de Personas)2. El esfuerzo de cientos de personas pudo revelar la magnitud de este crimen en el mundo (www.ediec.org) y aunar esfuerzos para su prevención y condena.
La década de 1990, ya finalizados los desgarradores conflictos en Centroamérica, encontró una AL en la que predominaban los Estados de Derecho, en cuyos países se iban dando procesos tendientes a la verdad, la justicia y la prevención de los crímenes de Estado.
Hay, en la etapa final de la Guerra Fría, un episodio que conviene repasar por las consecuencias que hasta hoy afectan la paz mundial: la guerra de Afganistán. En 1979, a solicitud del nuevo gobierno afgano, que no podía contener las rebeliones internas, la URSS invade el país.
Comienza así una guerra enormemente cruenta y de larga duración, que se prolonga después del retiro (derrotada) de la URSS en 1987 hasta 1996. EEUU, junto a Arabia Saudita y otros países árabes, apoya a los rebeldes con cuantiosos recursos materiales e incentiva la Yihad que aporta miles de combatientes -armados y entrenados por EEUU- procedentes de distintos países, a quienes el entonces presidente norteamericano Ronald Reagan denomina “combatientes de la libertad”.
Son estos muyahidines el origen de los Talibanes (que toman Kabul en 1996) y de Al Qaeda, que encuentra un lugar donde desarrollarse. Será Afganistán el primer país que EEUU invadirá después del atentado a las Torres Gemelas (11- S) al declararle la guerra al “eje del mal” inaugurando así las peores violaciones de los derechos humanos.
La posguerra fría
La invasión a Afganistán (2001), llamada por George Bush “la primera guerra del siglo XXI” -Operación Libertad Duradera3-, deja un saldo enorme de ejecutados, torturados y prisioneros trasladados en vuelos clandestinos, sin ver, a lugares desconocidos (black points). Muchos de ellos terminaban en el centro Rayos X, en la base militar de Guantánamo.
Detenidos sin ningún derecho, se les negó la condición de prisioneros de guerra puesto que, según las autoridades, no eran soldados sino terroristas, pero tampoco se les dio el trato de civiles, no se les permitió la defensa y tampoco -obvio- visitas. Pero Guantánamo no era el único destino de estos prisioneros a los que no se identificaba, llamándolos prisioneros fantasmas.
A lo ancho de Europa (en donde la CIA practicaba detenciones ilegales con la complicidad de la OTAN), más de 1.200 vuelos chárter con prisioneros fantasmas concretaban el llamado Programa de Rendición Extraordinaria4 llevándolos hacia centros en países en los que fuera posible interrogarlos exhaustivamente (Pakistán, Egipto, Afganistán, etcétera) y algunos finalmente llegarían a Guantánamo. Cuando los familiares de los prisioneros con mayores posibilidades de conectarse y organizarse entre sí, a quienes primero se les ocultó la detención y luego el paradero, afirman que están desaparecidos, tienen razón.
A esto hay que agregar los padecimientos de los emigrantes árabes en EEUU e incluso el de ciudadanos estadounidenses de ese origen, más el retroceso en las libertades en ese país donde el FBI llevó una verdadera cacería de brujas en cuyo transcurso se realizaron investigaciones, detenciones y expulsiones ilegítimas (recuérdese la US Patriot Act).
Mary Robinson, por entonces (2002) alta comisionada de la ONU para los DDHH, sostuvo: “Se ha proyectado una sombra sobre los derechos humanos”. En la guerra contra el terrorismo (en la que lo prioritario y excluyente es el orden y la seguridad) “ha habido una tendencia a no tener la menor consideración hacia los principios establecidos de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional”.
A pesar de las protestas provenientes del mundo entero, EEUU volvió a usar Guantánamo para los presos iraquíes resultantes de una nueva invasión en 2003. Barack Obama prometió el cierre de Guantánamo, pero no cumplió y los detenidos continúan en la misma situación que en la época de Bush5. Otro centro de importancia es Bagram, administrado por EEUU en Afganistán, del que se asegura que es peor que Guantánamo y al menos tiene el triple de prisioneros.
Desatada la guerra contra “el eje del mal”, la estrategia de EEUU integra el concepto de guerra preventiva (es decir, de atacar al enemigo antes de que él lo haga), el de supremacía militar tan contundente que tenga poder disuasivo6, el de uso de todos los poderes (espectro completo), el de la expansión más amplia (“la expansión es la mejor garantía de seguridad”) que lleva a sembrar bases militares y a dispersar las flotas por todos los continentes, el de las guerras asimétricas (que justifica el uso de tácticas novedosas como los ataques con aviones no tripulados (drones), la incursión irregular de los cuerpos especiales7, etcétera. Igualmente se les da participación a empresas particulares para realizar tareas logísticas, de contrainsurgencia (mercenarización) y el apoyo a fuerzas paramilitares (paramilitarización).
En esta estrategia se instruye en mayor medida que antes a las “fuerzas amigas”. Se estrechan las alianzas militares y se usan todos los poderes: financieros y económicos, diplomáticos, de información, informático, de inteligencia y militar (espacial, aéreo, marítimo, de tierra y anfibio) y las distintas agencias de cooperación para el logro de los objetivos.
El concepto de terrorista, más ambiguo aún que el de comunista, se usa con una enorme amplitud, pero en el fondo sólo quiere decir “el que está contra mí”, ya sea Estado, organización política, civil o persona. “Contra mí” quiere decir “contra mis intereses”.
El eje del mal es una definición lo suficientemente vaga como para “justificar” cualquier acción militar en cualquier lugar del mundo. Ya sea para cooperar con la población de los estados fallidos o para reforzar sus gobiernos o sustituirlos. Han cambiado las características de la guerra y de la injerencia. Pero las nuevas guerras incorporan las viejas formas de violar los DDHH: los asesinatos, las torturas, la DF, aunque tiendan a enmascarar al Estado como responsable último.
En AL, donde los grupos guerrilleros han pasado de comunistas a terroristas, donde se agregó la “guerra contra el narcotráfico” y la combinación narcoterrorista, están en marcha dos planes: Colombia (2000) y México (2006). Se han registrado decenas de miles de víctimas y la DF campea por esos países.
Nos queda denunciar, solidarizarnos y difundir estas realidades para que todos los ciudadanos sigamos atentamente la política exterior, militar y de seguridad que llevan nuestros Estados. Sabemos que AL está en proceso de siembra de bases, que los cuerpos especializados están instruyendo a personal nativo8, que se están usando mercenarios y que los paramilitares “buenos” proliferan impunemente. Trabajar contra la DF no es tener ojos en la nuca, es tener información del presente y prever el futuro.
Época de “La Violencia”
Abordar la actual situación sociopolítica de Colombia demanda partir de un hito en su historia reciente, “La Violencia” (LV): el asesinato de Jorge Gaitán, líder del Partido Liberal, detona una serie de protestas y una revuelta social que se conoce como “El Bogotazo”, que inaugura el citado período (1948-1953). Algunos analistas ubican en su contexto el surgimiento de los movimientos guerrilleros.
En 1958 y por 16 años, los partidos Liberal y Conservador formaron un Frente Nacional para poner fin a LV, mediante el cual convinieron en apoyar a un único candidato presidencial y dividirse los cargos. Es en esta época que las elites colombianas contratan grupos privados para defensa de sus propiedades y privilegios, operando con apoyo y complicidad de las autoridades; en la década siguiente encontrarán sustento jurídico los “grupos de autodefensa” bajo el auspicio y control de las FFAA. En los años 80, en el contexto de la política de paz impulsada por el presidente Belisario Betancur (1982-1986), los militares, la derecha y los narcotraficantes impulsaron, crearon y financiaron grupos paramilitares como estrategia contrainsurgente.
El inicio de los diálogos de paz -enero de 1999- marca un nuevo impulso violento: los paramilitares incrementaron las masacres y los sabotajes al proceso. Se suscribe el Plan Colombia entre los presidentes Pastrana y Clinton. El presidente Álvaro Uribe (2002-2010) adoptó la Ley de Justicia y Paz o de legalización del paramilitarismo, a fin de asegurarles su impunidad, legalizar sus bienes ilícitos y facilitarles el ejercicio político.
Plan Colombia
El Plan Colombia (PC) tiene por objetivo la “guerra contra el narcotráfico”. Introduce la concepción de narco-guerrilla y caracteriza a los grupos guerrilleros como terroristas. Ya en los 90 se generaron circunstancias propias de un “Estado fallido”, concepto que implica, entre otros, la pérdida de credibilidad, del control territorial, ineficiencia para garantizar servicios imprescindibles, y altos niveles de corrupción, que habilitan el avance de distintas formas de intervencionismo. A su vez, el interés geopolítico sobre Colombia es señalado por diversos analistas en función del contenido del documento Santa Fe IV (2000)9.
En cumplimiento de la ejecución del PC se inicia la operación llamada “Reingeniería”, una reestructura del Ejército puesto bajo órdenes directas del Comando Sur, y la instalación de bases y radares militares de EEUU. Las estrategias de este plan abarcan desde la campaña mediática y psicológica hasta la tercerización de ejércitos mercenarios, la fumigación de territorios con glifosato y la aspersión indiscriminada del “hongo mata coca”.
Los planes Colombia, Patriota y de Consolidación Territorial constituyen una secuencia temporal del mismo objetivo, hoy contenido en la Ley Nacional de Desarrollo 2010-2014, que pretende “consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la paz, dar un gran salto de progreso social, lograr un dinamismo económico regional que permita el desarrollo sostenible y el crecimiento sostenido”10.
EEUU ha invertido en los años que lleva de aplicación el PC más de 8.000 millones de dólares en una guerra que ha fracasado en su objetivo, pero que ha recrudecido las violaciones a los DDHH, la militarización y paramilitarización territorial, la transnacionalización de las FFAA y una nueva formulación del “Estado de seguridad democrática”, en vistas a garantizar la inversión extranjera.
En materia de violaciones a los DDHH, sus daños conllevan:
• Desapariciones forzadas. El representante del alto comisionado de la ONU para los DDHH en Colombia, Christian Salazar, informó el 18 de agosto: “Colombia es uno de los países en América Latina y en el mundo con más desaparecidos”, y agregó que “décadas de conflicto armado interno y de persecución estatal” han dejado “miles y miles de desaparecidos y con ello un sufrimiento prolongado de sus familias”. Sobre las más de 16.600 desapariciones forzadas, explicó que fueron “cometidas por agentes del Estado y fuerzas paramilitares que colaboraban con ellos”11.
• Desplazamientos forzados. Más de cuatro décadas de conflicto armado interno -que tiene por centro la pugna entre modelos de propiedad y explotación de las riquezas naturales- han dejado cuatro millones de desplazados. La población civil, campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes son víctimas vulnerables, simplemente por el valor y la riqueza que encierran sus tierras para megaproyectos de explotación de empresas transnacionales, o por ser consideradas estratégicas para la lucha contrainsurgente. Este despeje de territorios se impone a comunidades enteras, conllevando masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, torturas, bombardeos indiscriminados, acciones de una guerra que se justifica en la destrucción de las supuestas “bases sociales” de apoyo a la guerrilla y/o en la lucha contra el narcotráfico, desplazando, asimismo, los mecanismos de control social.
• Falso positivo. Desde el accionar de las FFAA emerge una de las figuras de los albores de este siglo XXI en Colombia: el falso positivo. Esta verdadera escenografía del horror, enmarcada en una política de eficiencia de las fuerzas de seguridad, ejecuta a miembros de la población civil, presentados como supuestos combatientes abatidos. El relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, Philip Alston, en su informe sobre Colombia -junio de 2009- afirma: “Las fuerzas de seguridad han perpetrado una cantidad impresionante de asesinatos premeditados de civiles y han presentado de manera fraudulenta a los civiles como ‘muertos en combate’. Sin embargo, es claro que si bien los así llamados ‘falsos positivos’ no fueron asumidos como objeto de una política de Estado, tampoco ocurrieron como casos aislados. Los asesinatos [...] Se dieron porque las unidades militares se sintieron presionados a mostrar resultados exitosos contra las guerrillas mediante el número de muertos”12.
• Biodiversidad e inversión. Las políticas del PC orientadas a la implementación de capitales extranjeros en el país conducen a la afectación de derechos esenciales, a la apropiación de las riquezas naturales e incluso atentan contra su sustentabilidad ecológica. Se implementa así el monocultivo de palma africana13 -sustituto de cultivos “ilícitos”- para producir biodiésel y etanol y venderlo a EEUU libre de aranceles en el marco del TLC entre ambos países. Hoy esta producción ocupa 7,8% del territorio cultivable (350.000 hectáreas), pero se proyecta potencialmente a 3.352.000. Este megaproyecto, al igual que la hidroeléctrica del río Ranchería y las explotaciones mineras, requiere territorios despejados que se obtienen generando desplazamientos forzados. Las comunidades ven así afectadas sus formas tradicionales de cultivo y subsistencia, pero además la fumigación sistemática de vastas zonas con el fin de la eliminación de los cultivos ilegales elimina indiscriminadamente otras riquezas y contamina fuentes fluviales -con sus consecuentes secuelas sanitarias-.
La guerra al narcotráfico se reformula, vinculando su estrategia a la seguridad y al entorno de inversiones empresariales: “En muchos sentidos, los programas de Colombia y el apoyo de EEUU han evolucionado a partir de nuestro enfoque original más estrecho, hacia una estrategia integral que puede servir como modelo para informar esfuerzos en otros estados fallidos o deficientes”, declaró Bradford Higgins, subsecretario de Gestión de Recursos de EEUU14.
Citas:
1. Fedefam fue fundada en 1981. Posee estatus consultivo, categoría II, en el Ecosoc, ONU.
2. International Coalition Against Enforced Disappearances (ICAED). www.icaed.org .
3. Operación Libertad Duradera (OLD) es el nombre genérico que se les da a las intervenciones militares antiterroristas. Así hay OLD-Afganistán, OLD-Filipinas, OLD-Cuerno de África, etcétera.
4. Ver informe de Dick Marty (miembro de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, 2007). También campaña de Amnistía Internacional al respecto.
5. Jody Williams (premio Nobel de la Paz 1997) dijo que “la guerra contra el terror de Obama es más fuerte que la de Bush”. “En pocos meses mató a más gente con aviones teledirigidos que su predecesor en ocho años”.
6. El presupuesto de Defensa de EEUU en 2011 fue de 708.000 millones de dólares.
7. Ejemplo de esto fue el operativo de localización y ejecución, en Pakistán, de Bin Laden sin conocimiento de las autoridades locales.
8. Véase comunicado de Familiares de junio de 2012 relativo a la instrucción por Seals al Fusna: http://familiaresdedesaparecidos.blogspot.com/ .
9. www.visionesalternativas.com/militarizacion/articulos/geoestrat/7.htm .
10.http://www.setianworks.net/indepazHome/index.php?option=com_content&view=article&id=732:consolidacion-territorial-y-resurgimiento-de-paras-y-guerrilla&catid=59:paras&Itemid=74 .
11. http://m.eltiempo.com/ .
12. www.cinep.org.co .
13. www.pbi-colombia.org .
14. http://otramerica.com/temas/el-capitalismo-narco/2292 .
Familiares
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