De los usuarios
Las personas amparadas por las Leyes 18033 y/o 18596, Víctimas de Terrorismo de Estado y sus hijos y nietos, (hasta la 3era. Generación), tienen derecho a recibir en forma gratuita y vitalicia la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica, recibiendo cobertura integral de salud según el prestador elegido.
Sin perjuicio de lo cual el Estado ofrecerá además, los apoyos científicos y técnicos para la rehabilitación física y psíquica necesaria, con el objetivo de atender eventuales secuelas que puedan obstaculizar la capacidades de desarrollo educativo o de integración social de las personas.
Pueden ser pacientes y usuarios de los servicios de salud tanto las personas residentes en el país, como las no residentes.
Elección del prestador
Los usuarios deberán inscribirse en la institución de su preferencia, en forma personal y en las oficinas autorizadas al efecto.
Si se elige un prestador mutual, los usuarios deberán abonar los costos de la cuota mutual o de los seguros privados y los adicionales que conlleve: órdenes de consultas médicas, estudios clínicos, tickets de medicamentos, etc.
Aquellas indicaciones médicas que no se encuentren cubiertas por la canasta de prestaciones, de esos prestadores privados, serán gestionadas a través de la Oficina de Atención a Víctimas de Terrorismo de Estado.
Si se elige como prestador ASSE, los usuarios no deberán abonar costo alguno, por cualquiera de los servicios.
Medicamentos
Los usuarios tienen acceso a los Medicamentos incluidos en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) aprobado por el MSP.
En el caso de los usuarios que opten por prestadores privados el pago corre a cargo del usuario o paciente según las tasas moderadoras autorizadas por el Poder Ejecutivo.
Si los medicamentos indicados no están incluidos en el FTM, ni en el Vademécum institucional del prestador, serán gestionados a través de la Oficina de Atención a Víctimas de Terrorismo de Estado.
Salud Mental
El derecho a la asistencia psicológica y/o psiquiátrica, (consultas y tratamientos) es otorgado a través de la Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos (COSAMEDDHH), en forma gratuita, independientemente de que el prestador elegido, sea público o privado.
Chequeos
Todos los usuarios de ASSE, amparados en las leyes anteriormente mencionadas, tendrán derecho a hacer uso de chequeos cardiológicos, vasculares y/o ginecológicos.
OFICINA DE ATENCION A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO DE ESTADO
OAVTE
Ministerio de Salud Pública
Tel. 24007033 int. 108 y 119,
Cel. 099861798
Juana Tarallo
juana.tarallo@asse.com.uy
Lic. Susana Marchetti
susana.marchetti@asse.com.uy
por información adicional
agradecemos contactar
a la Comisión de Salud de Crysol
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sábado, 6 de agosto de 2011
viernes, 5 de agosto de 2011
Los soldados empiezan a hablar
CINCO PROCESAMIENTOS Y UNA REQUISITORIA POR GELÓS BONILLA
Caras y Caretas. 5 8 11. Por Roger Rodríguez
Cinco oficiales del Ejército son acusados por el delito de desaparición forzada en el caso del ex edil frenteamplista Horacio Gelós Bonilla, en 1976. Otro es requerido internacionalmente.
La fiscal Tellechea pidió el procesamiento con prisión luego de una indagatoria en la que, por primera vez, subalternos contradijeron a sus oficiales, admitieron la tortura y señalaron los nombres de quienes mataron a la víctima. La acusación fiscal por un crimen de lesa humanidad coincide con un reciente pronunciamiento de un tribunal de apelaciones.
La fiscal Ana María Tellechea solicitó el martes 2 de agosto a la jueza penal de 2° Turno, Mariana Mota, el procesamiento con prisión de cinco militares y la captura internacional de un oficial radicado en el extranjero, a quienes solicita enjuiciar como coautores de un delito de desaparición forzada, tipificado como crimen de lesa humanidad en la ley 18.026, contra Horacio Gelós Bonilla, en enero de 1976.
El pronunciamiento del Ministerio Público, al que accedió Caras y Caretas, implica al entonces teniente coronel Aquiles Ulises Moraes Rocha, jefe del Batallón de Ingenieros N° 4 de Laguna del Sauce, y a sus subalternos, los mayores Juan Antonio Tucci Sebastiani y Julio Antonio Techera Sánchez, el capitán Eduardo Juan Giordano DAmato y el médico José Luis Braga Rosado.
La doctora Tellechea también pidió el arresto a nivel internacional del entonces teniente Dardo Víctor Barrios Hernández, encargado de los interrogatorios en la unidad militar, y una ampliación de legajos de otros ocho militares que cumplían funciones en la dependencia militar donde, según los testimonios recabados en la instrucción judicial, Gelós Bonilla fue muerto por torturas.
La causa Gelós Bonilla, que derivó al juzgado penal de séptimo turno en el marco de la "megacausa" contra el fallecido dictador Juan María Bordaberry, se había iniciado en 1985 en el Juzgado de Maldonado, que declinó competencia.
El caso había sido amparado en la ley de caducidad por el presidente Julio María Sanguinetti en diciembre de 1988 y fue reabierto en 2005.
La nueva tipificación de un delito por "desaparición forzada" se propone a pocos días de que un tribunal de apelaciones ratificara un procesamiento que por el mismo crimen de lesa humanidad había ordenado la fiscal Mirtha Guianze contra el coronel Carlos Calcagno por la desaparición de Gustavo Inzaurral de y Nelson Santana en Paraguay, en 1999.
La resolución del Tribunal de Apelaciones de l1 Turno, integrado por los magistrados Alberto Reyes, Anabella Damasco y Sergio Torres, es el primero que convalida la aplicación de la ley 18.026, en la que se tipifican los crímenes de lesa humanidad, a pesar de sentencias las anteriores de la Suprema Corte de Justicia en las que casos de desaparición se tipificaron como homicidios.
LA MUERTE DE GELÓS BONILLA
En la solicitud de la fiscal Tellechea se alega que surge probado que Gelós Bonilla fue secuestrado el 2 de enero de 1976 en la plaza de la ciudad de Maldonado e introducido en un automóvil propiedad de un militar perteneciente a la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) de la División de Ejército IV, con asiento en Minas, departamento de Lavalleja.
En el proceso de instrucción, declararon familiares de la víctima, personas que fueron detenidas con él y que escucharon cómo era sometido a la tortura hasta que de|aron de escuchar sus gritos, y militares que -por primera vez- aportaron los nombres de los oficiales a cargo de los "interrogatorios" y admitieron que Gelós Bonilla murió en la unidad militar.
"Le tiraban agua en la cara, [de tal manera] que no podía respirar, de daban golpes en la cara y por todos lados, incluso uno que dijo déjalo que yo te lo ablando. Se escuchaban sus quejidos hasta que ya no se pudo quejar más. Yo me di cuenta por el silencio que se produjo por parte de él. A nosotros enseguida nos sacaron de ahí en una camioneta ya que se daban cuenta que si nosotros salíamos en libertad y veíamos lo que pasaba lo íbamos a contar", narró uno de los testigos.
Varios de los indagados negaron haber visto o conocido a Gelós Bonilla y llegaron a contradecir las fechas de sus propios legajos personales, proporcionados al juzgado por el Ejército, en lo que la fiscalía califica como "declaración mendaz". Sin embargo, en el testimonio tomado al personal subalterno se pudo confirmar quiénes eran los oficiales que torturaban a los detenidos y detalles de las torturas que se practicaban.
Uno de los soldados, que estaba encargado de la custodia de los detenidos, admitió el uso de picana eléctrica, la aplicación de torturas en una cama con elástico metálico y un poncho húmedo colocado sobre los prisioneros encapuchados y desnudos. "Luego lo vi a ese detenido que en la carpa estaba mal, que no reaccionaba en forma correcta, estaba acostado, y creo que murió en la noche", dijo un subalterno sobre un caso ocurrido en enero de 1976.
Su testimonio fue ratificado por otro soldado, quien recuerda que uno de los detenidos le dijo que Gelós Bonilla se sentía mal. Narra que le quitó la capucha "y tenía la cara desfigurada de los golpes y hematomas". Llamó a un enfermero y comunicó la situación al oficial de servicio que ordenó que un médico lo viera. Trasladaron al prisionero a una camilla de enfermería donde falleció. El soldado señaló el nombre de los torturadores del edil frenteamplista.
CRIMEN DE LESA HUMANIDAD
En su acusación, la fiscal Tellechea enmarca la muerte y desaparición de Gelós Bonilla en la denominada Operación Morgan contra militantes del Partido Comunista y subraya las características de la represión militar "destinadas a la destrucción total de ciertos grupos de personas pertenecientes a determinados sectores políticos en un contexto regional".
"De manera que se asistió a un exterminio sistemático de un grupo con una parte de la población civil sirviéndose del aparato del Estado para dicha tarea en un contexto regional en el cual ninguna registró a ninguna de las personas que fueron torturadas, asesinadas o desaparecidas.
De ahí que reunir las pruebas suficientes para el castigo de los culpables resulte una tarea nada sencilla", explica el Ministerio Público.
Sin embargo, Tellechea considera que la muerte y desaparición de Gelós Bonilla no es un hecho aislado, sino que forma parte de la política represora del Estado, por lo que es de aplicación lo dispuesto en el artículo 10° de la ley 18.026 cuando dice que: "El superior jerárquico, funcionario civil o militar, cualquiera sea su cargo oficial o de gobierno, será penalmente responsable por los crímenes establecidos en los Títulos I y II de la Parte II de la presente ley que fuesen cometidos por quienes estén bajo su autoridad, mando o control efectivo, cuando en razón de su investidura, cargo o función, hubiere sabido que estaban participando de cualquier manera en la comisión de los crímenes o delitos referidos y no hubiere adoptado, estando posibilitado para ello, todas las medidas razonables y necesarias a su alcance para impedir, denunciar o reprimir la comisión de dichos crímenes o delitos".
Concluye que se trata de un delito de desaparición forzada, establecido en el artículo 21 de la ley 18.026 y, por consiguiente, un delito de lesa humanidad. La tipificación del delito de desaparición forzada previsto en la ley 18.026 fue expresamente admitida en la resolución del Tribunal de Apelaciones de 1er Turno que se pronunció en el caso Santana-lnzaurralde.
"El que de cualquier manera y por cualquier motivo, siendo agente del Estado o sin serlo contando con ¡a autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado, procediere a privar de libertad a una persona, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o el paradero o la suerte de la persona privada de libertad; o que omita y se niegue a brindar información sobre el hecho de la privación de libertad de una persona desaparecida, su paradero o suerte, será castigado con dos a veinticinco años de penitenciaría", dice el artículo 21 de la ley, que agrega: "El delito de desaparición forzada será considerado como delito permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima".
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Caras y Caretas. 5 8 11. Por Roger Rodríguez
Cinco oficiales del Ejército son acusados por el delito de desaparición forzada en el caso del ex edil frenteamplista Horacio Gelós Bonilla, en 1976. Otro es requerido internacionalmente.
La fiscal Tellechea pidió el procesamiento con prisión luego de una indagatoria en la que, por primera vez, subalternos contradijeron a sus oficiales, admitieron la tortura y señalaron los nombres de quienes mataron a la víctima. La acusación fiscal por un crimen de lesa humanidad coincide con un reciente pronunciamiento de un tribunal de apelaciones.
La fiscal Ana María Tellechea solicitó el martes 2 de agosto a la jueza penal de 2° Turno, Mariana Mota, el procesamiento con prisión de cinco militares y la captura internacional de un oficial radicado en el extranjero, a quienes solicita enjuiciar como coautores de un delito de desaparición forzada, tipificado como crimen de lesa humanidad en la ley 18.026, contra Horacio Gelós Bonilla, en enero de 1976.
El pronunciamiento del Ministerio Público, al que accedió Caras y Caretas, implica al entonces teniente coronel Aquiles Ulises Moraes Rocha, jefe del Batallón de Ingenieros N° 4 de Laguna del Sauce, y a sus subalternos, los mayores Juan Antonio Tucci Sebastiani y Julio Antonio Techera Sánchez, el capitán Eduardo Juan Giordano DAmato y el médico José Luis Braga Rosado.
La doctora Tellechea también pidió el arresto a nivel internacional del entonces teniente Dardo Víctor Barrios Hernández, encargado de los interrogatorios en la unidad militar, y una ampliación de legajos de otros ocho militares que cumplían funciones en la dependencia militar donde, según los testimonios recabados en la instrucción judicial, Gelós Bonilla fue muerto por torturas.
La causa Gelós Bonilla, que derivó al juzgado penal de séptimo turno en el marco de la "megacausa" contra el fallecido dictador Juan María Bordaberry, se había iniciado en 1985 en el Juzgado de Maldonado, que declinó competencia.
El caso había sido amparado en la ley de caducidad por el presidente Julio María Sanguinetti en diciembre de 1988 y fue reabierto en 2005.
La nueva tipificación de un delito por "desaparición forzada" se propone a pocos días de que un tribunal de apelaciones ratificara un procesamiento que por el mismo crimen de lesa humanidad había ordenado la fiscal Mirtha Guianze contra el coronel Carlos Calcagno por la desaparición de Gustavo Inzaurral de y Nelson Santana en Paraguay, en 1999.
La resolución del Tribunal de Apelaciones de l1 Turno, integrado por los magistrados Alberto Reyes, Anabella Damasco y Sergio Torres, es el primero que convalida la aplicación de la ley 18.026, en la que se tipifican los crímenes de lesa humanidad, a pesar de sentencias las anteriores de la Suprema Corte de Justicia en las que casos de desaparición se tipificaron como homicidios.
LA MUERTE DE GELÓS BONILLA
En la solicitud de la fiscal Tellechea se alega que surge probado que Gelós Bonilla fue secuestrado el 2 de enero de 1976 en la plaza de la ciudad de Maldonado e introducido en un automóvil propiedad de un militar perteneciente a la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) de la División de Ejército IV, con asiento en Minas, departamento de Lavalleja.
En el proceso de instrucción, declararon familiares de la víctima, personas que fueron detenidas con él y que escucharon cómo era sometido a la tortura hasta que de|aron de escuchar sus gritos, y militares que -por primera vez- aportaron los nombres de los oficiales a cargo de los "interrogatorios" y admitieron que Gelós Bonilla murió en la unidad militar.
"Le tiraban agua en la cara, [de tal manera] que no podía respirar, de daban golpes en la cara y por todos lados, incluso uno que dijo déjalo que yo te lo ablando. Se escuchaban sus quejidos hasta que ya no se pudo quejar más. Yo me di cuenta por el silencio que se produjo por parte de él. A nosotros enseguida nos sacaron de ahí en una camioneta ya que se daban cuenta que si nosotros salíamos en libertad y veíamos lo que pasaba lo íbamos a contar", narró uno de los testigos.
Varios de los indagados negaron haber visto o conocido a Gelós Bonilla y llegaron a contradecir las fechas de sus propios legajos personales, proporcionados al juzgado por el Ejército, en lo que la fiscalía califica como "declaración mendaz". Sin embargo, en el testimonio tomado al personal subalterno se pudo confirmar quiénes eran los oficiales que torturaban a los detenidos y detalles de las torturas que se practicaban.
Uno de los soldados, que estaba encargado de la custodia de los detenidos, admitió el uso de picana eléctrica, la aplicación de torturas en una cama con elástico metálico y un poncho húmedo colocado sobre los prisioneros encapuchados y desnudos. "Luego lo vi a ese detenido que en la carpa estaba mal, que no reaccionaba en forma correcta, estaba acostado, y creo que murió en la noche", dijo un subalterno sobre un caso ocurrido en enero de 1976.
Su testimonio fue ratificado por otro soldado, quien recuerda que uno de los detenidos le dijo que Gelós Bonilla se sentía mal. Narra que le quitó la capucha "y tenía la cara desfigurada de los golpes y hematomas". Llamó a un enfermero y comunicó la situación al oficial de servicio que ordenó que un médico lo viera. Trasladaron al prisionero a una camilla de enfermería donde falleció. El soldado señaló el nombre de los torturadores del edil frenteamplista.
CRIMEN DE LESA HUMANIDAD
En su acusación, la fiscal Tellechea enmarca la muerte y desaparición de Gelós Bonilla en la denominada Operación Morgan contra militantes del Partido Comunista y subraya las características de la represión militar "destinadas a la destrucción total de ciertos grupos de personas pertenecientes a determinados sectores políticos en un contexto regional".
"De manera que se asistió a un exterminio sistemático de un grupo con una parte de la población civil sirviéndose del aparato del Estado para dicha tarea en un contexto regional en el cual ninguna registró a ninguna de las personas que fueron torturadas, asesinadas o desaparecidas.
De ahí que reunir las pruebas suficientes para el castigo de los culpables resulte una tarea nada sencilla", explica el Ministerio Público.
Sin embargo, Tellechea considera que la muerte y desaparición de Gelós Bonilla no es un hecho aislado, sino que forma parte de la política represora del Estado, por lo que es de aplicación lo dispuesto en el artículo 10° de la ley 18.026 cuando dice que: "El superior jerárquico, funcionario civil o militar, cualquiera sea su cargo oficial o de gobierno, será penalmente responsable por los crímenes establecidos en los Títulos I y II de la Parte II de la presente ley que fuesen cometidos por quienes estén bajo su autoridad, mando o control efectivo, cuando en razón de su investidura, cargo o función, hubiere sabido que estaban participando de cualquier manera en la comisión de los crímenes o delitos referidos y no hubiere adoptado, estando posibilitado para ello, todas las medidas razonables y necesarias a su alcance para impedir, denunciar o reprimir la comisión de dichos crímenes o delitos".
Concluye que se trata de un delito de desaparición forzada, establecido en el artículo 21 de la ley 18.026 y, por consiguiente, un delito de lesa humanidad. La tipificación del delito de desaparición forzada previsto en la ley 18.026 fue expresamente admitida en la resolución del Tribunal de Apelaciones de 1er Turno que se pronunció en el caso Santana-lnzaurralde.
"El que de cualquier manera y por cualquier motivo, siendo agente del Estado o sin serlo contando con ¡a autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado, procediere a privar de libertad a una persona, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o el paradero o la suerte de la persona privada de libertad; o que omita y se niegue a brindar información sobre el hecho de la privación de libertad de una persona desaparecida, su paradero o suerte, será castigado con dos a veinticinco años de penitenciaría", dice el artículo 21 de la ley, que agrega: "El delito de desaparición forzada será considerado como delito permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima".
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lunes, 1 de agosto de 2011
Cóndor
Inician causa por hija de paraguaya nacida en cautiverio y localizada hace cinco días en Argentina.
La Diaria. 1 8 11. Por Lourdes Rodríguez.
La paraguaya Victorina Godoy se fue de su país perseguida por la dictadura de Alfredo Stroessner y se estableció en Uruguay, donde se integró al movimiento tupamaro.
La información recabada por la Comisión de Derechos Humanos de Paraguayos en Buenos Aires establece que el 1º de noviembre de 1972 y estando embarazada Victorina es detenida de su casa en Altántida y trasladada a la base aérea Boiso Lanza. Según esta versión, en cautiverio dio a luz a dos hijos. El primero habría nacido entre fines de 1972 y principios de 1973. La segunda, Victoria, entre el 8 y el 9 de marzo de 1974.
Victorina fue separada de su hija, quien entre el 10 y el 11 de marzo de 1974 fue trasladada a Buenos Aires "a pedido y sugerimiento" de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU).
En Argentina todavía faltaban dos años para consumarse el golpe de Estado y se presume que ni bien llegó a la capital porteña la niña fue vendida a un matrimonio de civiles (hoy fallecidos) por un médico obstetra, también civil, que está implicado en otras denuncias de hijos de desaparecidos.
Victorina, en tanto, permaneció unos días más en Uruguay hasta que es trasladada a Paraguay, donde desaparece. Por testimonios recogidos en ese país se sabe que estuvo un tiempo recluida en centros clandestinos desde donde llegó a dedicar cartas a sus dos hijos.
Aquella niña, que hoy tiene 37 años, supo la verdad el miércoles 27 de julio. Esto se produce tras un intenso proceso de búsqueda de la Comisión de Derechos Humanos de Paraguayos en Buenos Aires, que le entregó su archivo biográfico familiar en el que narra la historia de su madre.
Adrián Martínez Moreira, integrante de dicha organización, explicó el viernes a Radio Uruguay que la información sobre los traslados y la situación de Victorina está plasmada en archivos provenientes del Centro de Documentación y Archivos para la Defensa de Derechos Humanos de Paraguay.
La FAU, en el informe del 8 de noviembre de 2005, reconoce el arresto de Victorina hasta el 27 de marzo de 1974.
Ese día, según el documento, “es trasladada al Aeropuerto Internacional de Carrasco" y "entregada en custodia a miembros de la Policía de la República del Paraguay; no existiendo registro de que se haya cumplido una misión de vuelo para trasladar a la Sra. Victorina Godoy Vera a dicho país”. Pero nada menciona sobre sus hijos.
En cambio, de los archivos de Paraguay figura que fue trasladada a ese país en un avión de la FAU "sindicada en dicho país por haber actuado con elementos subversivos". Además, según explicó Adrián, en los mencionados archivos figura el nombre del piloto uruguayo, del que mantienen reserva ya que este caso, que implica a los estados de Argentina, Paraguay y Uruguay, tendrá derivaciones judiciales.
En Argentina se abrirá una causa al tribunal de familia correspondiente contra el médico obstetra y se presentará un escrito para abrir un juicio de filiación, con el fin de que la identidad de Victoria sea restituida legalmente. Consultado por la diaria, Adrián adelantó que están haciendo las consultas jurídicas correspondientes para hacer la denuncia en nuestro país lo antes posible teniendo en cuenta que el 1º de noviembre prescriben los delitos cometidos en dictadura.
Victoria sabía que era adoptada y siempre buscó su identidad. Recurrió, por ejemplo, al banco genético de Argentina aunque no le daban las cuentas, ya que su nacimiento es anterior a marzo de 1976, fecha del golpe en ese país. Se trata de la cuarta persona hija de desaparecidos durante la dictadura de Stroessner que logró ser recuperada. Tres de ellos, incluyendo a Adrián, fueron encontrados en Argentina. La organización estima que los casos de niños apropiados en ese marco alcanzan los 200 aunque son 58 las denuncias concretas y documentadas.
Matices
El caso de Victorina fue incluido en la causa que investiga las torturas ejercidas en Boiso Lanza presentada en diciembre de 2010 mediante el testimonio de Elizabeth Barone, una de los más de 30 denunciantes.
Barone, quien también dio a luz en cautiverio, fue detenida con dos meses de embarazo en octubre de 1972, unos días antes que Victorina. En diálogo con la diaria, Barone dijo no recordar que Victorina ingresara embarazada, pero sí recuerda que luego quedó embarazada durante la prisión. Asimismo, aseguró que fue trasladada antes de dar a luz, presumiblemente a Santa Bernadina, la base aérea militar de Durazno.
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La Diaria. 1 8 11. Por Lourdes Rodríguez.
La paraguaya Victorina Godoy se fue de su país perseguida por la dictadura de Alfredo Stroessner y se estableció en Uruguay, donde se integró al movimiento tupamaro.
La información recabada por la Comisión de Derechos Humanos de Paraguayos en Buenos Aires establece que el 1º de noviembre de 1972 y estando embarazada Victorina es detenida de su casa en Altántida y trasladada a la base aérea Boiso Lanza. Según esta versión, en cautiverio dio a luz a dos hijos. El primero habría nacido entre fines de 1972 y principios de 1973. La segunda, Victoria, entre el 8 y el 9 de marzo de 1974.
Victorina fue separada de su hija, quien entre el 10 y el 11 de marzo de 1974 fue trasladada a Buenos Aires "a pedido y sugerimiento" de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU).
En Argentina todavía faltaban dos años para consumarse el golpe de Estado y se presume que ni bien llegó a la capital porteña la niña fue vendida a un matrimonio de civiles (hoy fallecidos) por un médico obstetra, también civil, que está implicado en otras denuncias de hijos de desaparecidos.
Victorina, en tanto, permaneció unos días más en Uruguay hasta que es trasladada a Paraguay, donde desaparece. Por testimonios recogidos en ese país se sabe que estuvo un tiempo recluida en centros clandestinos desde donde llegó a dedicar cartas a sus dos hijos.
Aquella niña, que hoy tiene 37 años, supo la verdad el miércoles 27 de julio. Esto se produce tras un intenso proceso de búsqueda de la Comisión de Derechos Humanos de Paraguayos en Buenos Aires, que le entregó su archivo biográfico familiar en el que narra la historia de su madre.
Adrián Martínez Moreira, integrante de dicha organización, explicó el viernes a Radio Uruguay que la información sobre los traslados y la situación de Victorina está plasmada en archivos provenientes del Centro de Documentación y Archivos para la Defensa de Derechos Humanos de Paraguay.
La FAU, en el informe del 8 de noviembre de 2005, reconoce el arresto de Victorina hasta el 27 de marzo de 1974.
Ese día, según el documento, “es trasladada al Aeropuerto Internacional de Carrasco" y "entregada en custodia a miembros de la Policía de la República del Paraguay; no existiendo registro de que se haya cumplido una misión de vuelo para trasladar a la Sra. Victorina Godoy Vera a dicho país”. Pero nada menciona sobre sus hijos.
En cambio, de los archivos de Paraguay figura que fue trasladada a ese país en un avión de la FAU "sindicada en dicho país por haber actuado con elementos subversivos". Además, según explicó Adrián, en los mencionados archivos figura el nombre del piloto uruguayo, del que mantienen reserva ya que este caso, que implica a los estados de Argentina, Paraguay y Uruguay, tendrá derivaciones judiciales.
En Argentina se abrirá una causa al tribunal de familia correspondiente contra el médico obstetra y se presentará un escrito para abrir un juicio de filiación, con el fin de que la identidad de Victoria sea restituida legalmente. Consultado por la diaria, Adrián adelantó que están haciendo las consultas jurídicas correspondientes para hacer la denuncia en nuestro país lo antes posible teniendo en cuenta que el 1º de noviembre prescriben los delitos cometidos en dictadura.
Victoria sabía que era adoptada y siempre buscó su identidad. Recurrió, por ejemplo, al banco genético de Argentina aunque no le daban las cuentas, ya que su nacimiento es anterior a marzo de 1976, fecha del golpe en ese país. Se trata de la cuarta persona hija de desaparecidos durante la dictadura de Stroessner que logró ser recuperada. Tres de ellos, incluyendo a Adrián, fueron encontrados en Argentina. La organización estima que los casos de niños apropiados en ese marco alcanzan los 200 aunque son 58 las denuncias concretas y documentadas.
Matices
El caso de Victorina fue incluido en la causa que investiga las torturas ejercidas en Boiso Lanza presentada en diciembre de 2010 mediante el testimonio de Elizabeth Barone, una de los más de 30 denunciantes.
Barone, quien también dio a luz en cautiverio, fue detenida con dos meses de embarazo en octubre de 1972, unos días antes que Victorina. En diálogo con la diaria, Barone dijo no recordar que Victorina ingresara embarazada, pero sí recuerda que luego quedó embarazada durante la prisión. Asimismo, aseguró que fue trasladada antes de dar a luz, presumiblemente a Santa Bernadina, la base aérea militar de Durazno.
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Una baldosa frente a la casa de un desaparecido
La República. 1 8 11. ALDO R. DIFILIPPO. Mercedes
Hoy lunes, al cumplirse 34 años de la desaparición del maestro Julio Castro, la Comisión Memoria y Justicia contra la Impunidad, recordará al profesor Carlos Cabezudo, uno de los mercedarios víctimas de la represión durante la dictadura civil y militar.
La comisión colocará una baldosa en el frente de lo que fue su casa paterna. El proyecto consiste en colocar una baldosa recordatoria en el lugar de trabajo, centro de estudio, o casa donde viviera cada uno de los detenidos desaparecidos de Soriano.
Ya se homenajeó a Antonio Omar Paitta, Nebio Ariel Melo, Ricardo Blanco y Winston Mazzuchi. Hoy será honrado Carlos Federico Cabezudo Pérez, profesor de matemáticas, ajedrecista, militante y dirigente del Partido Comunista Revolucionario.
Cabezudo nació el 27 de Abril de 1948. Detenido en Buenos Aires el 30 de diciembre de 1977, aún permanece desaparecido. Fue visto en cárceles clandestinas como el Pozo de Banfield en Argentina y La Tablada en Uruguay.
El homenaje será frente a su casa paterna, en Braceras y Giménez, a las 17.30 horas. Asistirán sus familiares, entre ellos su hija, que llegará desde Buenos Aires.
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Marcados por la memoria del horror
Página 12. 1 8 11. Por Mariana Carbajal
El Centro Ulloa, de la Secretaría de DD.HH. de la Nación, brinda asistencia integral a víctimas de abusos de fuerzas de seguridad, gatillo fácil, torturas y tratos crueles en cárceles y comisarías. Organizan un equipo para intervenir en casos de trata.
Se creó para intentar suavizar las huellas profundas en la salud psíquica y física de las víctimas del terrorismo de Estado –y de sus familiares– y acompañarlas en su recorrido como testigos en los juicios contra los represores.
Pero el Centro Ulloa, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, amplió sus incumbencias. Y también brinda asistencia integral a víctimas de violaciones de los derechos humanos perpetradas en democracia: abusos de fuerzas de seguridad, gatillo fácil, torturas y tratos crueles en cárceles y comisarías.
Están organizando un equipo, además, que pueda intervenir en casos de trata. La atención no está centralizada en su sede, en la ciudad de Buenos Aires. Para cubrir todo el territorio del país, armaron una red de profesionales, con perspectiva de derechos humanos, de hospitales públicos en las diversas provincias.
“Si creamos este Centro de Asistencia no podemos solo abocarnos a las violaciones de derechos humanos del terrorismo de Estado. Hay muchas marcas en las fuerzas de seguridad, en las estructuras del Estado, de eso que ocurrió. Las marcas son tan profundas que por supuesto se siguen generando violaciones en la actualidad y no podemos dejar por fuera a esas víctimas.
La lógica de trabajo es la misma que aplicamos a las víctimas de terrorismo de Estado”, explica a Página/12 Fabiana Rousseaux, directora del Centro Ulloa. También ella tiene sus propias huellas del horror de aquellos años oscuros: su padre está desaparecido.
El Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de DD.HH. Dr. Fernando Ulloa se creó en octubre de 2010: sus incumbencias se ampliaron en febrero último por decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Funciona desde hace pocos meses en una casona con patio andaluz en el microcentro porteño, Esmeralda 138, en las mismas habitaciones que albergaron al extinto Banco General de Negocios, denunciado por la fuga de 250 millones de dólares, de los hermanos Rohm y en cuyo directorio también tenía participación el ex ministro de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz.
El pasado y el presente deambulan y se chocan por los pasillos. Pero la casona respira el espíritu del psicoanalista Fernando Ulloa –a quien homenajea con su nombre–, fallecido hace tres años, a los 84 años, reconocido por su compromiso social y político, y sus aportes conceptuales y prácticos a la lucha por los derechos humanos.
En realidad, el Centro Ulloa es la continuación de otras iniciativas promovidas desde la Secretaría de Derechos Humanos para dar contención, acompañamiento y asistencia en salud mental a víctimas-testigos del terrorismo de Estado. “Pero estamos también empezando a trabajar con médicos. Este no es un tema solo de salud mental: cuando una persona, luego de testimoniar en cualquier causa, desarrolla una enfermedad autoinmune y se muere, como ha pasado, es un tema muy grave”, apunta Rousseaux.
–¿Lo ven como un patrón?
–Sí. Por eso hablamos de la importancia del acompañamiento del testigo: el testimonio en el juicio no es volver a contar sino volver a vivir. Y eso trae consecuencias. Algunas personas, como el papá del Negrito Avellaneda (Floreal tenía 15 años cuando fue secuestrado; su cuerpo mutilado apareció en la costa uruguaya en 1976) no podemos decir que murió después del testimonio. Pero como profesionales podemos decir que hay algo del cuerpo que se desadormece después de que toda su vida fue pensada en función de llegar a ese testimonio, a que se haga justicia. ¿Y luego qué viene? Lo vimos en otros casos, en otras provincias. Hay algo que se descongela en el cuerpo. Muchas de estas personas jamás han podido ir a hacerse estudios básicos, indispensables, como un electrocardiograma o una mujer estudios ginecológicos. Son cuerpos marcados por la memoria del horror. En el Centro escuchamos gente que llega derivada de un juzgado, de una fiscalía, que dice: “Yo tengo esta enfermedad hace muchos años, pero jamás pude ir a un médico”. No se animaron, tal vez, porque viven en pueblos chicos, donde el médico del lugar pudo estar vinculado con represores.
Una de las asesoras del Centro Ulloa es Alicia Stolkiner, titular de la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Psicología de la UBA y profesora de posgrado en el Departamento de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús.
El equipo se integra con profesionales más jóvenes, como la psicóloga Juliana Serritella, coordinadora del Area de Terrorismo de Estado, y Virginia Delgado, psicóloga y psicopedagoga. “Cuando se funda este Centro, se establece un puente entre las violaciones de los derechos humanos durante el terror de Estado y las actuales, que tienen que ver con la actuación, aun en un marco democrático, de las fuerzas de seguridad de manera inadecuada”, puntualiza Stolkiner.
La formación de una red de profesionales en distintos hospitales, que puedan dar respuesta a víctimas de violaciones de derechos humanos, es una prioridad para la Secretaría de Derechos Humanos.
“El Programa Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado (CATE) –del cual depende el Ulloa– surge en 2005 con el objeto de volver a instalar el tema de la actualidad del terrorismo de Estado en la salud mental y en la población en general. No se trataba de un hecho del pasado, sino que retornaba sistemáticamente en las consultas y las profesionales daban una respuesta muy curiosa, sobre todo en el interior del país, cuando se acercaba una víctima de terrorismo de Estado tres décadas después a atenderse: ‘Vaya con los de los derechos humanos, esto es un problema de los derechos humanos, nosotros no tenemos nada que ver con el tema’.
Dentro de la Secretaría, planteamos la necesidad de que ningún profesional del país, que tenga una matrícula y que sea funcionario público también, pudiera decir que no tenía nada que ver con el problema del terrorismo de Estado, porque la gente, sobre todo en el interior de país, veía acotada su posibilidad de asistencia”, dice Rousseaux.
–¿Qué particularidad puede tener la intervención de profesionales de la salud mental o médicos de la red que han armado?
–Nuestra mirada particular y específica es pensar la representación subjetiva que cada uno tiene respecto de esa violación de derechos. A veces viene gente que uno puede interpretar que no ha sufrido una violación efectiva de derechos humanos en la definición estricta y, sin embargo, hay una interpretación subjetiva. Nos llamaron para intervenir en el primer juicio oral que se va a llevar adelante por el caso de Marita Verón en Tucumán, en el acompañamiento a las víctimas-testigos que van a declarar. Finalmente no nos vamos a ocupar, pero sí pensamos que tenemos que acompañar a víctimas de trata, que es un trabajo casi a la inversa del que hacemos con víctimas de terrorismo de Estado.
–¿Cuál es la diferencia?
–Por la posición subjetiva de las víctimas. Pareciera ser que lo que hay que construir es la condición de sujeto de derecho en ese caso. Nos parece muy importante –como en el caso de la causa de Automotores Orletti, que muchos testigos venían de Uruguay– qué pasa con el post testimonio y cómo nosotros sostenemos y armamos una red de contención luego de que declaren en el juicio, que es el momento más riesgoso y en el que tal vez la Justicia no piensa, porque está enfocada en el testimonio.Actualmente brindan asistencia a unas quinientas personas, víctimas del terrorismo de Estado. Hay una propuesta de hacer un espacio grupal para mujeres que han sufrido violaciones sexuales en los centros clandestinos.
Acompañamiento y contención
El Centro Ulloa también se dedica a la investigación. El Programa CATE (Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado), recuerda Fabiana Rousseax, se plantea como “una especie de difusión y reinstalación de la temática a nivel de producción teórica, rescatando también las conceptualizaciones de la década del ’70 y del ’80, no solo con los intelectuales y profesionales de la salud que en la Argentina habían trabajado esto, sino también con la gente de América latina, de los países que habían formado parte del Plan Cóndor, como Marcelo Viñar, psicoanalista uruguayo, que también fue referente, junto con Fernando Ulloa, de la conceptualización sobre estos temas”.
Cuando luego de un año de recorrido se disponen a presentar formalmente el Programa CATE en el marco de un seminario con la primera publicación, en ese momento, ese mismo día, desaparece Jorge Julio López. “Y ahí se da un giro rotundo en el trabajo que veníamos haciendo –indica la coordinadora del Ulloa–, porque ya no estábamos hablando solo de la actualidad de hechos del pasado y cómo estaban inscriptos y cómo retornaban, y qué huellas había de ellos, sino que estábamos hablando de la desaparición en ese momento de una persona, en el marco de un juicio, donde además la preocupación fundamental era cómo hacer para que no se cayeran los juicios.
Si desaparece un testigo en el marco de la reapertura del primer juicio, el primer temor era que los testigos renunciaran a su condición de testigos y se cayeran los juicios.
Hicimos una reunión especial de altas autoridades de derechos humanos de todas las provincias, para analizar el caso López y se pone a disposición el Programa CATE.
En ese momento Néstor Kirchner plantea que la respuesta no podía ser ya la protección de testigos víctimas del terrorismo de Estado sino alguna otra cuestión vinculada con cómo garantizar cierto acompañamiento y contención a los testigos en el marco del horror que esto había vuelto a meter por la ventana. Ahí se funda el Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia a Querellantes y Testigos Víctimas del Terrorismo de Estado en el 2007”.
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